Señores
Presidentes
Unión Suramericana de Naciones UNASUR
E. S. M.
Respetados Señores y Señoras Presidentes de UNASUR:
Los acuerdos de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos afectan la seguridad de la región. La voz de los mandatarios de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Venezuela se ha levantado para alertar y disentir de las negociaciones militares de los dos países. Sin embargo, en rueda de prensa ofrecida en la visita del canciller colombiano, Jaime Bermúdez, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, señaló que “Este acuerdo no les incumbe a otros países, es sobre cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, dentro de Colombia”, y apremió a los países vecinos de Colombia a apoyar y contribuir de manera propositiva.
Más allá de las declaraciones de los altos funcionarios de Estados Unidos y las palabras del presidente Uribe y su canciller, es preciso poner atención a exposiciones provenientes de medios militares norteamericanos. Antes de que los acuerdos tomaran alguna forma, en abril de este año, se conoció un informe elaborado por el Comando Aéreo para la Movilidad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (AMC). En él examinaban las posibilidades de la base colombiana de Palanquero para los intereses militares de su país y se mencionaban consideraciones, como la siguiente: “Recientemente el Comando Sur se ha comenzado a interesar en establecer un punto para ejecutar operaciones de movilidad (…) El Comando Sur ha identificado Palanquero, Colombia, como una localidad de cooperación en seguridad”. Se precisaba, además, que el objetivo no era únicamente la persecución al narcotráfico: “Incluir a Suramérica en la estrategia de ruta global logra dos objetivos: ayuda a materializar nuestra estrategia de compromiso en la región y asiste con la movilidad en la ruta hacia África”.
La posición de varios países del Continente en torno a la relación militar entre Estados Unidos y Colombia no resulta entonces sorprendente. Con ocasión de la Cumbre de Países Suramericanos, el 31 de agosto de 2000, los gobiernos de Perú, Brasil, Ecuador y Venezuela expresaron en aquel entonces su preocupación por la firma del Plan Colombia. Si se tiene en cuenta que el primer año del presente milenio se diferenciaba de la configuración geopolítica actual, se convendrá que ha existido en la región preocupación de los Estados por un tema que trasciende los cambios en los regímenes políticos.
Más allá de esa información, que permite entender que el acuerdo proyectado tiene dimensiones que desbordan el alcance bilateral que se declara, es importante tener en cuenta que en el mundo contemporáneo el desarrollo científico y técnico ha modificado de manera significativa las actividades de carácter militar. Aunque se proclame que su alcance no trascenderá determinadas fronteras, como serían las de Colombia, es indudable que esas acciones pueden sobrepasar esos límites de forma incontrolada, lesionando la soberanía territorial de otros países que no participan en el Acuerdo de cooperación militar.
Nadie puede garantizar que se utilicen de manera oculta los novedosos instrumentos militares para fines diferentes a los que se definan de manera formal. Ni tampoco basta que ondee la bandera nacional o que se diga que las operaciones serán previamente autorizadas por las fuerzas colombianas. Por su desequilibrio en el conocimiento y operación de los elementos técnicos disponibles, en el país no habrá capacidad de ejercer control.
Desde otra perspectiva, se debe tener en cuenta que el conflicto armado interno en el país tiene características tales que sus consecuencias afectan los países vecinos, como lo reconoce el gobierno nacional. A título ilustrativo, basta mencionar los episodios que han tenido como protagonistas a las fuerzas insurgentes o a las mafias paramilitares en los territorios de Venezuela y Ecuador, imponiéndoles a los gobiernos de estos países onerosas cargas por un conflicto que no es el suyo. Además, esas fuerzas irregulares han llegado a violar la soberanía territorial. De igual manera, el conflicto ha provocado fenómenos migratorios y desarticulación de las relaciones económicas fronterizas, que afectan de manera sensible la organización social de la población de las fronteras.
En estas circunstancias, no es posible explicar y justificar la cooperación militar de Estados Unidos con el gobierno colombiano como un asunto sólo bilateral, que responde en forma exclusiva a la voluntad soberana de los dos gobiernos. No está sólo en juego el interés nacional colombiano, como se destaca para alentar nacionalismos, sino el de toda la región y, en especial, el de los países limítrofes.
Este problema debe ser, por consiguiente, materia de debate, de negociación y acuerdo entre los afectados por el conflicto, para examinar, como lo viene impulsando 'Colombianas y colombianos por la Paz', dentro de una alternativa humanitaria que abra el camino a una superación del conflicto interno colombiano. Los recursos que exige la guerra podrían tener una destinación diferente, en la dirección del cambio de las situaciones socioeconómicas injustas que representan, en última instancia, las raíces de este prolongado, complejo y difícil conflicto que padece la sociedad colombiana.
En Colombianas y colombianos por la Paz luchamos por el Intercambio Humanitario e inscribimos nuestros esfuerzos en el horizonte de una superación política del conflicto interno. Condenamos los actos de terror independientemente de los agentes que los propicien sean estos los organismos del Estado o las formaciones de la insurgencia. Rechazamos la pretensión de buscar cambios de la sociedad y del Estado por el camino de la acción armada pero al tiempo auspiciamos iniciativas que desde la sociedad civil conviertan a la Insurgencia en referencia de interlocución y no únicamente la destaquen como objeto de estigmatización y diatriba.
Estamos persuadidos de que la prolongación de la guerra interna en Colombia no sólo descompondrá de manera creciente a los actores directos del conflicto sino que profundizará el envilecimiento moral y político de la vida colectiva.
Nos preocupa que decisiones de algunos gobiernos afecten el empleo de emigrantes nacionales. Aparte de castigar a quienes nada tienen que ver con las actuaciones oficiales, se ofrece una ocasión propicia para que se emprendan inconvenientes campañas nacionalistas, con el ánimo de fortalecer las encuestas de opinión.
Apelamos, por lo tanto, a UNASUR, y en particular a cada uno de los mandatarios nacionales, a reflexionar sobre la situación colombiana, para impedir la posibilidad de que se profundice el conflicto. Este riesgo se derivaría del acuerdo de cooperación proyectado, puesto que traería consecuencias lesivas para la región y los países limítrofes, comprometiendo las soberanías nacionales. Nuestros pueblos tienen el derecho a vivir en paz, bajo condiciones de convivencia dignas y justas.
No se trata de prolongar y profundizar el conflicto mediante el exterminio como única perspectiva, sino de encontrar senderos novedosos para construir la paz. Clamamos por soluciones que eviten un clima de tensión y armamentismo. Se debe buscar una verdadera cooperación con alternativas pacíficas de superación del conflicto armado colombiano.
Confiamos, Señores y Señoras Presidentes de UNASUR, que nuestra voz tenga audiencia en esta prometedora organización de la comunidad de naciones suramericanas.
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Los acuerdos de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos afectan la seguridad de la región. La voz de los mandatarios de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Venezuela se ha levantado para alertar y disentir de las negociaciones militares de los dos países. Sin embargo, en rueda de prensa ofrecida en la visita del canciller colombiano, Jaime Bermúdez, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, señaló que “Este acuerdo no les incumbe a otros países, es sobre cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, dentro de Colombia”, y apremió a los países vecinos de Colombia a apoyar y contribuir de manera propositiva.
Más allá de las declaraciones de los altos funcionarios de Estados Unidos y las palabras del presidente Uribe y su canciller, es preciso poner atención a exposiciones provenientes de medios militares norteamericanos. Antes de que los acuerdos tomaran alguna forma, en abril de este año, se conoció un informe elaborado por el Comando Aéreo para la Movilidad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (AMC). En él examinaban las posibilidades de la base colombiana de Palanquero para los intereses militares de su país y se mencionaban consideraciones, como la siguiente: “Recientemente el Comando Sur se ha comenzado a interesar en establecer un punto para ejecutar operaciones de movilidad (…) El Comando Sur ha identificado Palanquero, Colombia, como una localidad de cooperación en seguridad”. Se precisaba, además, que el objetivo no era únicamente la persecución al narcotráfico: “Incluir a Suramérica en la estrategia de ruta global logra dos objetivos: ayuda a materializar nuestra estrategia de compromiso en la región y asiste con la movilidad en la ruta hacia África”.
La posición de varios países del Continente en torno a la relación militar entre Estados Unidos y Colombia no resulta entonces sorprendente. Con ocasión de la Cumbre de Países Suramericanos, el 31 de agosto de 2000, los gobiernos de Perú, Brasil, Ecuador y Venezuela expresaron en aquel entonces su preocupación por la firma del Plan Colombia. Si se tiene en cuenta que el primer año del presente milenio se diferenciaba de la configuración geopolítica actual, se convendrá que ha existido en la región preocupación de los Estados por un tema que trasciende los cambios en los regímenes políticos.
Más allá de esa información, que permite entender que el acuerdo proyectado tiene dimensiones que desbordan el alcance bilateral que se declara, es importante tener en cuenta que en el mundo contemporáneo el desarrollo científico y técnico ha modificado de manera significativa las actividades de carácter militar. Aunque se proclame que su alcance no trascenderá determinadas fronteras, como serían las de Colombia, es indudable que esas acciones pueden sobrepasar esos límites de forma incontrolada, lesionando la soberanía territorial de otros países que no participan en el Acuerdo de cooperación militar.
Nadie puede garantizar que se utilicen de manera oculta los novedosos instrumentos militares para fines diferentes a los que se definan de manera formal. Ni tampoco basta que ondee la bandera nacional o que se diga que las operaciones serán previamente autorizadas por las fuerzas colombianas. Por su desequilibrio en el conocimiento y operación de los elementos técnicos disponibles, en el país no habrá capacidad de ejercer control.
Desde otra perspectiva, se debe tener en cuenta que el conflicto armado interno en el país tiene características tales que sus consecuencias afectan los países vecinos, como lo reconoce el gobierno nacional. A título ilustrativo, basta mencionar los episodios que han tenido como protagonistas a las fuerzas insurgentes o a las mafias paramilitares en los territorios de Venezuela y Ecuador, imponiéndoles a los gobiernos de estos países onerosas cargas por un conflicto que no es el suyo. Además, esas fuerzas irregulares han llegado a violar la soberanía territorial. De igual manera, el conflicto ha provocado fenómenos migratorios y desarticulación de las relaciones económicas fronterizas, que afectan de manera sensible la organización social de la población de las fronteras.
En estas circunstancias, no es posible explicar y justificar la cooperación militar de Estados Unidos con el gobierno colombiano como un asunto sólo bilateral, que responde en forma exclusiva a la voluntad soberana de los dos gobiernos. No está sólo en juego el interés nacional colombiano, como se destaca para alentar nacionalismos, sino el de toda la región y, en especial, el de los países limítrofes.
Este problema debe ser, por consiguiente, materia de debate, de negociación y acuerdo entre los afectados por el conflicto, para examinar, como lo viene impulsando 'Colombianas y colombianos por la Paz', dentro de una alternativa humanitaria que abra el camino a una superación del conflicto interno colombiano. Los recursos que exige la guerra podrían tener una destinación diferente, en la dirección del cambio de las situaciones socioeconómicas injustas que representan, en última instancia, las raíces de este prolongado, complejo y difícil conflicto que padece la sociedad colombiana.
En Colombianas y colombianos por la Paz luchamos por el Intercambio Humanitario e inscribimos nuestros esfuerzos en el horizonte de una superación política del conflicto interno. Condenamos los actos de terror independientemente de los agentes que los propicien sean estos los organismos del Estado o las formaciones de la insurgencia. Rechazamos la pretensión de buscar cambios de la sociedad y del Estado por el camino de la acción armada pero al tiempo auspiciamos iniciativas que desde la sociedad civil conviertan a la Insurgencia en referencia de interlocución y no únicamente la destaquen como objeto de estigmatización y diatriba.
Estamos persuadidos de que la prolongación de la guerra interna en Colombia no sólo descompondrá de manera creciente a los actores directos del conflicto sino que profundizará el envilecimiento moral y político de la vida colectiva.
Nos preocupa que decisiones de algunos gobiernos afecten el empleo de emigrantes nacionales. Aparte de castigar a quienes nada tienen que ver con las actuaciones oficiales, se ofrece una ocasión propicia para que se emprendan inconvenientes campañas nacionalistas, con el ánimo de fortalecer las encuestas de opinión.
Apelamos, por lo tanto, a UNASUR, y en particular a cada uno de los mandatarios nacionales, a reflexionar sobre la situación colombiana, para impedir la posibilidad de que se profundice el conflicto. Este riesgo se derivaría del acuerdo de cooperación proyectado, puesto que traería consecuencias lesivas para la región y los países limítrofes, comprometiendo las soberanías nacionales. Nuestros pueblos tienen el derecho a vivir en paz, bajo condiciones de convivencia dignas y justas.
No se trata de prolongar y profundizar el conflicto mediante el exterminio como única perspectiva, sino de encontrar senderos novedosos para construir la paz. Clamamos por soluciones que eviten un clima de tensión y armamentismo. Se debe buscar una verdadera cooperación con alternativas pacíficas de superación del conflicto armado colombiano.
Confiamos, Señores y Señoras Presidentes de UNASUR, que nuestra voz tenga audiencia en esta prometedora organización de la comunidad de naciones suramericanas.
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