Documentos de la infamia

El expediente contra Jaime Fernando Ovalle Olaz, coordinador de las “chuzadas” del DAS

*La Agencia de Prensa IPC conoció el voluminoso informe preparado por la Policía Judicial sobre las “chuzadas” del DAS y preparó el siguiente ionforme especial

*IPC
Jaime Fernando Ovalle Olaz fue capturado el pasado martes 22 de septiembre y se le acusa del delito concierto para delinquir agravado. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el detenido aceptó la responsabilidad en los cargos que le viene imputando el ente acusador relacionados con su participación en procedimientos ilegales en su calidad de Coordinador del G3.

Inicialmente, los investigadores establecieron que los documentos archivados en cada una de las carpetas se referían a labores de inteligencia desplegadas por el DAS que fueron realizadas de manera directa por servidores de ese organismo u obtenidas de fuentes humanas y dirigidas a unos objetivos que ellos denominan “blancos”. Las actividades allí consignadas se realizaron entre los años 2004 y 2005.

Una de las particularidades del informe es que constantemente hace referencia a Ovalle Olaz y a sus actividades de coordinación del G3, tales como recepcionar sendos informes sobre los llamados “blancos”, es decir, las personas objeto de seguimiento e interceptación; solicitar nuevos procedimientos; participar en reuniones con la Dirección General del DAS, en esa época en cabeza de Jorge Noguera; y sugerir nuevos “blancos” de seguimiento.

Los documentos de la infamia

Uno de los documentos está relacionado con unos memorandos “donde le hacen entrega de una serie de informes de inteligencia todos relacionados con seguimientos y controles a Alirio Uribe Muñoz y su familia, soportados con fotografías al inmueble y personas que salen y entran del mismo. La mayoría de estos informes son manuscritos”.
Alirio Uribe Muñoz es uno de los abogados que integra el cuadro directivo de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), organización no gubernamental conformada por profesionales del derecho, defensores de los derechos humanos con sede en Bogotá, con estatus consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y quien ha llevado diversos casos contra el Estado colombiano.

Los documentos encontrados no sólo dejan en evidencia los seguimientos al directivo del Colectivo de Abogados, sino a sus visitas institucionales. En uno de las carpetas se halló un informe que demuestra cómo agentes del DAS le hicieron un seguimiento a una comitiva extranjera que visitó a esta organización no gubernamental.

“El informe registra detalladamente su desplazamiento, sitio de almuerzo, llegada a la sede del CCAJAR, desplazamiento al aeropuerto e incluso se deja ver claro que en ese momento suspenden el seguimiento por haber sido detectados por el equipo de contrainteligencia del esquema protectivo de los miembros del CCAJAR. Este seguimiento se apoya con imágenes y fotos de pasaportes de la comisión extranjera, fotografías en desarrollo del evento que se celebró el 27 de febrero y los días siguientes, igualmente registro de placas de los vehículos, registros de correos electrónicos y teléfonos”.

Contra Justice for Colombia

Uno de los memorandos que más llamó la atención de los investigadores es el remitido a Ovalle Olaz por el funcionario del G3 José Alexander Velásquez Sánchez con el visto bueno del Subdirector de Operaciones Hugo Daney Ortíz García. El documento contiene información de inteligencia referida a Liam Craig Best, director de la organización británica Justice for Colombia y se indica que “se obtuvo el número del pasaporte, el conocimiento de acciones ante el Parlamento Europeo contra el presidente Álvaro Uribe” y se reseña que estaría coordinando en el extranjero la creación de una organización no gubernamental.

El presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria Díaz, también fue objeto de interés por parte del grupo que coordinaba Ovalle Olaz. En uno de los informes presentados por sus subalternos, se reseña una lista en manuscrito de personas y contactos de este dirigente de izquierda con sus respectivos teléfonos.

Otros dos documentos interesaron a la Policía Judicial. El primero de ellos es una solicitud impartida por Ovalle Olaz a Hugo Daney Ortiz García, subdirector de Operaciones, donde le pide que adelante “labores de inteligencia a cubierta” con el fin de verificar la dirección de la residencia y laboral de Carlos Arturo Lozano Guillen, director del periódico VOZ. El segundo es el informe dirigido a Ovalle Olaz. A través de ese escrito se le entrega un informe de inteligencia relacionado con el periodista Lozano Guillen.

Más y más seguimientos

Otro de los informes conocidos por Ovalle Olaz y enviado a su despacho por el funcionario José Alexander Velásquez Sánchez, el cual hace referencia a la información de inteligencia “aportada por la fuente código S-204, quien informa que el hoy senador Petro y ahora candidato presidencial del PDA se contacta con representantes del Eln y adelanta campañas para boicotear la reelección de Álvaro Uribe Vélez”.

Dentro de los cientos de documentos se encontró el acta de una reunión del G3 celebrada del 25 de julio de 2005 y que estuvo presidida por Ovalle Olaz. En ella se impartieron instrucciones a fin de precisar los casos que estaba conociendo este grupo de inteligencia; se solicitó, además, coordinar trabajos en otras seccionales, y se pidió establecer la ubicación del sacerdote jesuita Javier Giraldo para “coordinar la intervención de su celular”.

Para esa época el sacerdote Giraldo venía denunciando con insistencia la complicidad de miembros del Ejército Nacional adscritos a la Brigada XVII, con sede en Carepa, Uraba antioqueño, en la masacre perpetrada por paramilitares del bloque Héroes de Tovolá contra ocho miembros, cuatro de ellos menores de edad, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en hechos ocurridos el 21 de febrero de 2005.

Concierto para delinquir

Los investigadores del CTI también pudieron establecer que las actividades realizadas por el G3 eran de conocimiento del entonces director general del DAS, Jorge Noguera Cotes. Así quedó establecido en el acta de una reunión realizada el 8 de marzo de 2005. En ella participaron varios altos funcionarios, entre ellos Valle Olaz. En ella se hizo un balance sobre la gestión del Grupo Especial de Inteligencia y Noguera Cotes se mostró inconforme por “la no judicialización de los casos conocidos, la falta de cooperación con otros grupos del mismo DAS y sugiere estrategias para mejorar dicha situación”.

Los funcionarios del CTI que analizaron la información infirieron que esas actividades “se hicieron sin orden de autoridad judicial competente, pues no se encontró ningún respaldo judicial”; además, detectaron que “se imparten órdenes violatorias del derecho a la intimidad y se encuentran soportes que indican que efectivamente existió la vulneración de esos derechos, como son los correos electrónicos, las transcripciones y resumen de llamadas telefónicas, los seguimientos soportados en informes de inteligencia con fotografías, no solo del objetivo sino de sus familias, incluso donde se involucran menores de edad, imágenes de sus bienes muebles e inmuebles, sitios a donde se desplazaron y personas con las que se contactaban”.

Se espera ahora que el proceso judicial que comienza a partir de la captura de Jaime Fernando Ovalle Olaz, ex coordinador del G3, arroje luces sobre quiénes estaban detrás de sus decisiones, de quién recibía órdenes y a quién le tenía que reportar sus resultados para determinar su responsabilidad política y judicial.

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Los avivatos

Por: Carlos A. Lozano Guillén

La semana pasada, el fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago, denunció que el CTI también estaba practicando “chuzadas” y espionaje a magistrados y opositores al Gobierno, aún después del escándalo en el DAS, en particular al magistrado auxiliar Iván Velásquez, uno de los más acuciosos funcionarios de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia que adelanta las investigaciones a los congresistas uribistas de la “parapolítica”.

Ahí mismo saltaron los altos funcionarios del gobierno de Uribe Vélez, entre ellos los inefables vicepresidente Francisco Santos y el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, para reclamar la inocencia de la “Casa de Nari” y revelar la existencia de un complot contra el Gobierno Nacional. Quisieron convencer al país que el DAS no tiene nada que ver con las “chuzadas” y que todo obedece a un complot, porque es el CTI el que adelanta estos procedimientos irregulares.

Muy avivatos los voceros gubernamentales, porque poco a poco se ha ido decantando la denuncia del fiscal encargado, hasta el punto que se ha demostrado que detrás de las “chuzadas” del CTI están oficiales de la inteligencia del Ejército. El señor Iván Reynaldo Casas, un comerciante que estaba siendo extorsionado por delincuentes y en cuya denuncia aparece registrado el número del magistrado auxiliar Velásquez, aclaró que nunca dio ese número, que le fue cambiado y que siempre ha estado asesorado por dos miembros del Ejército.

Este procedimiento es frecuente en las investigaciones de los organismos de seguridad del Estado. Introducen en cualquier investigación los teléfonos que quieren “chuzar”, para darle cobertura legal a un acto ilegal y provocador. Así han hecho, no sólo en el DAS, porque es algo común a los organismos de seguridad del Estado, con mayor razón bajo los rigores y la filosofía de la “seguridad democrática”, para interceptar teléfonos de magistrados, periodistas y dirigentes de la oposición. Es una práctica grosera y delincuencial, orquesta por los Montesinos de la “Casa de Nari”, que ahora pontifican desde la “gran prensa” que los acoge sin ninguna reticencia.

Recuerdo que en el expediente por el presunto delito de rebelión que me adelantó la Fiscalía General de la Nación, a propósito de los computadores de Raúl Reyes, la Policía Judicial de la Dijin que realizó la instrucción, incluyó como míos unos teléfonos celulares y un avantel que jamás me pertenecieron y reportaron el domicilio del dueño en el barrio “La Soledad” de Bogotá y en Guatavita (Cundinamarca), lo cual denuncié en la indagatoria. Aunque nunca supe cuál fue la pretensión de la Dijin me la imagino.

Esta práctica generalizada no se va a resolver con la liquidación del DAS. Va a continuar con la nueva ley de inteligencia. Se requieren cambios estructurales, incluyendo al soporte investigativo de la Policía Judicial.

carloslozanogui@etb.net.co

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Más de 6,5 millones de trabajadores británicos dicen que el gobierno Colombiano es cómplice

Comunicado de Prensa

Una resolución aprobada durante el congreso nacional del TUC (la central sindical británica que representa a 6,5 millones de trabajadores) denunció que “la administración del presidente Uribe es cómplice en la violencia” en Colombia y por tanto confirmó la oposición del TUC al tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Colombia y a la ayuda militar a Colombia.
También se puso de acuerdo que el TUC hará un llamado al gobierno británico exigiendo que denuncie la situación de presos políticos en las cárceles colombianas.

“No debemos tener relaciones con un régimen que es cómplice en el asesinato de personas inocentes y voces de la oposición” planteó Sally Hunt, portavoz internacional del TUC. Steve Davison, representante de Unite, el sindicato más grande del Reino Unido, añadió que “el gobierno participa en el asesinato amplio y sistemático de su oposición, incluyendo la ejecución de sindicalistas.”

Además, Jeremy Dear, portavoz de Justicia por Colombia y líder del Sindicato Nacional de Periodistas (NUJ), comentó que “El gobierno colombiano malgasta recursos en campañas de relaciones públicas. Sin embargo, el asesinato de sindicalistas aumentó un 25% el año pasado y las ejecuciones extrajudiciales continúan. Sería mucho mejor invertir recursos en cambiar ésta realidad en vez de gastarlos en estas campañas de manipulación.”

El congreso, el cual gozó de la presencia del Sr. Gordon Brown, el Primer Ministro Británico, tuvo lugar la semana pasada en Liverpool.

En la foto del Sr. Gordon Brown en el congreso, presentando un premio a Helen Flanagan activista de Justicia por Colombia, por su trabajo sindical. violaciones de Derechos Humanos.

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Resolución del TUC sobre Colombia

El congreso está indignado que el número de sindicalistas asesinados en Colombia sigue aumentando. En adición a los asesinatos, nuestros colegas son encarcelados sin juicio frecuentemente, amenazados, agredidos físicamente o forzados a huirse de sus hogares y trabajos. Colombia sigue siendo el país más peligroso en el mundo para sindicalistas.
El congreso cree que la administración del Presidente Uribe es cómplice en la violencia y está horrorizado que el régimen no ha hecho ningún esfuerzo para poner fin a los ataques o para salvaguardar la vida de los sindicalistas colombianos.

El congreso reconoce que el movimiento sindical colombiano se opone claramente a la ayuda militar y el propuesto Tratado de Libre Comercio (TLC) entre La Unión Europea y Colombia.

El congreso da la bienvenida a la decisión de los Estados Unidos, Canadá, y Noruega de negarse a aprobar los TLCs, debido a preocupaciones relacionadas a los derechos humanos y reconoce que Los Estados Unidos ha congelado millones de dólares de ayuda militar a Colombia.

Por lo tanto el congreso está horrorizado por las negociaciones actuales del TLC entre Colombia y La Unión Europea y por el aporte de ayuda militar que el gobierno británico sigue entregando a Colombia. Premiar a Colombia con Tratados de Comercio y asistencia militar cuando no ha habido una mejora en la situación de los derechos humanos no contribuye a mejorarla.

El congreso confirme que el Consejo General se compromete a:

i) realizar una campaña fuerte para prevenir que la Unión Europea firme el TLC con Colombia.

ii) oponerse fuertemente a la ayuda militar del Reino Unido a Colombia.

iii) hacer un llamado al gobierno británico para que denuncie la situación de presos políticos en Colombia.

iv) apoyar el trabajo de Justicia por Colombia.
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Medellín del alma

Por: Carlos A. Lozano Guillén

VOZ edición 2510 del 23 al 29 de septiembre de 2009

Medellín, la capital antioqueña, tan en el alma de los colombianos, ciudad emprendedora y de gente laboriosa, vuelve a estar en el ojo del huracán. Las cifras de la violencia urbana están al nivel de los años 90, antes de la entrega de Pablo Escobar en el Gobierno de César Gaviria y posterior a su evasión de “La Catedral”. Van al ritmo macabro de las 2.600 muertes anuales, con el agravante que la violencia penetró a los colegios de secundaria. Se dice que 65 estudiantes murieron este año en enfrentamientos y actos violentos. Las alarmas están encendidas y en las alturas del poder se rasgan las vestiduras como siempre.

En Medellín estuvo el presidente Uribe Vélez la semana pasada con su discurso retardatario y belicista. En su peculiar estilo, invocando la “seguridad democrática”, anunció medidas de orden público, incremento de la Policía, vigilancia militar y que la situación será atendida por el general Naranjo, como si se tratara del escenario de la guerra y la confrontación armada. Al comienzo de su primer Gobierno le entregó esa misión al general Montoya, quien bombardeó la Comuna 13 para exterminar al último de los milicianos de las FARC y del ELN. Fue con el apoyo de “Don Berna”, según lo confesó el capo, extraditado después a Estados Unidos, y además muchos de los muertos fueron arrojados al río Cauca al otro extremo de la ciudad.

La ciudad presenta todas las contradicciones y complejidades de la ciudad urbana capitalista. Los gobernantes nacionales y locales se dedicaron a embellecerla, a construir moles de piedra y atractivos espacios, pero olvidaron que en la periferia y en el mismísimo centro abundan la pobreza y las lacras sociales. Es lo singular de la ciudad capitalista, agobiada por el desmedido interés de la oligarquía a la que sólo le interesa abultar sus utilidades y sus negocios.

Por eso no prosperaron ni el sometimiento a la justicia de Pablo Escobar, ni la debacle del cartel de Medellín, ni la guerra sucia contra “los desadaptados” y mucho menos los bombardeos contra las milicias guerrilleras. Una capital con el despelote social de Medellín, en donde confluyen todas las lacras de un país sin soluciones sociales y con una clase gobernante mezquina y sinvergüenza, sólo puede convertirse en albergue de mafias, de paramilitares, de bandas sicariales y en escenario del conflicto social y armado. Los documentales y películas que abundan sobre el tema son el reflejo de la patética realidad.

Sergio Fajardo creyó, que negociando en scereto con los paramilitares podía resolver el asunto, pero “Don Berna” continuó gobernando, como lo demostró el día de su extradición en que se paralizó Medellín. El único antídoto es atacar las causas de la miseria y del conflicto, para ello se requieren gobernantes que tomen distancia de los intereses del capital. Es lo que falta.

carloslozanogui@etb.net.co

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La mayoría de los concejales del Polo apoya a Carlos Gaviria

En un acto programado en el patio interior del Concejo de Bogotá, seis concejales del Polo Democrático Alternativo, la mayoría de la bancada, presentaron su respaldo a Carlos Gaviria y a la campaña Por un Pais Decente. En el acto,estuvieron presentes Jaime Caycedo, Laureano García, Fernando Rojas, Roberto Sáenz y Orlando Santiestebán. Aseguran que el proyecto político del PDA encuentra en la figura del maestro Gaviria, la garantía plena de los postulados e idearios de la colectividad. Los concejales llaman a la unidad de las mayorías en torno al maestro Carlos Gaviria para trabajar conjuntamente con él, temas nacionales prioritarios que hagan parte de una verdadera agenda de política pública, la misma que en los últimos cinco años ha sido reemplazada en todas las esferas del gobierno, por una intensa actividad pro- referendo reeleccionista.

La campaña llega a su cierre tras intensos recorridos por diversas ciudades y poblaciones del país, con numerosos encuentros con estudiantes, trabajadores, campesinos, líderes populares, comunidades étnicas de afrocolombianos, indígenas y pueblo Rom, mujeres cabeza de familia, pensionados, comunidades LGTB, gracias a los cuales el candidato ha podido reafirmarse en la pertinencia de los doce puntos estructurantes que hacen parte de su propuesta de gobierno.

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Las viviendas del UPAC- Lo que el viento se llevó

*El desalojo a las familias de su propia vivienda, pagada hasta diez veces, a los bancos y corporaciones a través del sistema UPAC, es otra aberración del capitalismo salvaje

Por :Hernando López

VOZ edición 2510 del 23 al 29 de septiembre de 2009


Doña Rosa Molina hizo un préstamo de 14 millones de pesos para comprar su vivienda. Pagó hasta $42 millones y no pudo más porque las cuotas mensuales crecieron a la velocidad del rayo y los intereses del Banco de Colombia elevaron la deuda hasta $119.007.000. Perdió su vivienda.
Don Roberto Pérez hizo un préstamo de 10 millones de pesos para pagarlos en 15 años. Canceló a la constructora 8 millones de cuota inicial. El préstamo fue en 1993 y la cuota mensual asignada de $175 mil. Don Roberto pagó puntualmente sus cuotas hasta 1999, año en que la misma ascendió a $780 mil mensuales. A la fecha había cancelado al banco $30 millones y la deuda estaba en $40 millones todavía. Al final, después de procesos judiciales, de pagar abogado, don Roberto cedió al chantaje del banco y entregó su vivienda. Fue desalojado y como no tenía a donde ir el Bienestar Familiar se quedó con los niños menores, confinados en un hogar de niños abandonados.
Son dos ejemplos, sacados de muchos que ocurren todos los días. Desde que fue creado el UPAC, convertido en UVR por este Gobierno, que “es lo mismo con diferente envase”, en el gobierno de Misael Pastrana Borrero, 500 mil familias perdieron su vivienda en iguales condiciones a los ejemplos anteriores, en todo el país. En Bogotá, cada día, se dan entre 100 y 120 desalojos violentos y en el resto del país son 300 desalojos diarios. Es algo infame que desnuda lo inhumano del capital financiero, la voracidad de los bancos y corporaciones que se lucran del dolor humano. Esta fue, entre otras, la vía del enriquecimiento del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, banquero estrella, emblemático y patriarca de tantos galardones concedidos por el régimen debido a su filantropía.

Violencia policial y chantaje de los bancos

Pero el desalojo incluye otros ingredientes como la violencia policial que los acompaña y los efectos psicológicos para la familia. Por lo regular, la Policía saca a los dueños a empellones, destruye los enseres que son arrojados a la calle sin consideración y los niños menores son llevados a la fuerza a hogares del Instituto de Bienestar Familiar, mientras los mayores deambulan buscando un lugar donde pasar la noche. El UPAC se convirtió no sólo en saqueo del patrimonio familiar, sino en motivo de disolución de la familia despojada de su vivienda y abandonada a su propia suerte sin ninguna protección del Estado burgués inconmovible.

Para la Red de Colombianos Unidos por Nuestros Derechos Constitucionales – Redcundecon, que atiende a los damnificados de esta terrible situación, los bancos son terroristas y despojan sin consideración a las familias de sus viviendas. Es más, varios de sus integrantes denuncian que existe un cartel del Remate, integrado por abogados inescrupulosos, jueces prevaricadores, secuestres y bancos, que en concierto para delinquir se ponen de acuerdo para arrebatarle la vivienda a los usuarios del sistema. Inclusive, presionan con el chantaje de que el Bienestar Familiar les quitará a los hijos menores de darse el desalojo.

Las sentencias de la Corte

Es la manera como el sistema financiero acaba con la ilusión de tanto colombiano pobre y medio, porque se la lleva el viento ante la insensibilidad del sector financiero. No hay diferencia entre el UPAC y la UVR, explican los de la Red. Ambos funcionan con la misma filosofía. La Corte Constitucional quiso resolver, o al menos atenuar el problema, pero los jueces ignoran la jurisprudencia y las decisiones constitucionales, porque actúan y fallan de conformidad con el sistema financiero. La pelea judicial es perdida. Es un fracaso anunciado.

Mediante las sentencias C-747 de 1999 y la C-955 de 2000 la Corte Constitucional estableció que el sistema de capitalización de intereses no podía ser empleado en la financiación de vivienda a largo plazo y, además, le dio control constitucional a la ley 546 del 23 de diciembre de 1999, “dejando ciertos artículos condicionados al cumplimiento de ciertos parámetros, de lo contrario serían declarados inexequibles. Es decir, la conveniencia de la legalidad se dejó al “buen uso” para no afectar al usuario. Pero nada se cumplió y nada pasó. Los jueces no cumplen la ley y los bancos continúan haciendo lo mismo de siempre.

“La sentencia SU-813 de 2007 ratifica las anteriores que permiten que todos los procesos judiciales e hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, se debían haber suspendido a petición del usuario o de oficio por el juez, para que se reliquidaran dichos créditos. Si bien esa sentencia reconoció las vías de hecho y la violación del debido proceso en que incurrieron jueces y magistrados, se quedó corta, ya que legalizó en parte el delito de prevaricato en que incurrieron muchos administradores de justicia”, dicen los voceros de la Red.

Así que el drama continúa, sin ninguna consideración. Los damnificados, casi que en la soledad, continúan la lucha denodada para ponerle fin a esta aberración capitalista. Reconocen el interés y la batalla que ha librado la senadora Gloria Inés Ramírez en el Senado de la República por ellos.

Foto: El UPAC y la UVR se convirtieron en formas de atraco a los colombianos de menor ingreso.

VOZ edición 2510 del 23 al 29 de septiembre de 2009

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Carta que no quiso publicar El Tiempo

El periodista Andrés Garibello, en entrevista para El Tiempo (31-08-09 Pág. 1-4) a Remedios García Albert, vinculada a un proceso penal en España por supuestas menciones a su nombre en los computadores de Raúl Reyes, decidió que ser amigo o conocido de Carlos Lozano, director de VOZ, es un delito.

Por lo menos así lo sugiere la pregunta que le hace, sin ningún contexto, a la entrevistada. Como le respondió Remedios, nos conocemos hace bastantes años, porque ella ha trabajado en ONG que promueven la solidaridad y la paz de Colombia. Eso no es ningún secreto, aunque la policía española le entregó a la colombiana, una fotografía en que los dos aparecemos, durante un receso del Foro Social Europeo, en 2006, en el Partenón de Atenas, lo cual no dice nada, a menos que los uniformados de ambos países crean que este milenario monumento histórico queda en el Putumayo, al sur del país, en uno de los campamentos de las FARC.

La fotografía, filtrada por la policía colombiana a los medios, fue difundida por algunos de estos con cierto sensacionalismo. Como se sabe, desde hace más de un año, Remedios está en libertad, sin que hasta la fecha la audiencia española le haya adelantado un proceso judicial; y en el caso mío, la Fiscalía General de la Nación, Unidad contra el Terrorismo, precluyó la investigación. Este último hecho, pese a que hay una apelación de la Procuraduría, me exonera hasta el momento. Es lo que ignora o soslaya de mala fe el señor Garibello en la malintencionada pregunta a la entrevistada.

Cordial saludo
Carlos A. Lozano Guillén
Director de VOZ.

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La Guerra Patria

Por: Carlos A. Lozano Guillén

El 1 de septiembre pasado, la vieja Europa celebró el fin de la II Guerra Mundial, que empezó en 1939 y se prolongó hasta el 9 de mayo de 1945, cuando el Ejército Rojo soviético llegó hasta Berlín y logró la firma de la capitulación alemana, después de conocerse la muerte de Hitler y del sometimiento de su poderoso Ejército, que puso en vilo a todo el planeta.

El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió a Polonia, tras los bombardeos del acorazado “Schleswig-holstein” a la base polaca de Westerplatte, cerca a la ciudad de Gdansk, centro industrial y segunda en importancia. Fue el detonante de la II Guerra Mundial. El tres del mismo mes Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra a Alemania y la Unión Soviética, bajo la conducción de Stalin, con antelación comenzó operativos militares en el sur de Polonia y en la frontera con Finlanda, para defender a su país que estaba en el centro de los objetivos de Hitler.

El gran sueño dorado de la bestia parda era la destrucción del primer país socialista del mundo. Para lo cual contaba con el silencio cómplice de las principales potencias capitalistas. Estados Unidos sólo entró en la guerra, el 7 de diciembre de 1941, bastante tarde, luego del ataque aéreo japonés a la base de Pearl Harbor en el archipiélago de Hawai en el Océano Pacífico. Llegó a lo último a saborear la miel de la victoria con el sacrificio de la Unión Soviética y de Europa. Los comunistas europeos y otros militantes de la izquierda -en oriente y occidente- organizaron la resistencia armada contra la invasión alemana. Fue factor fundamental en la desestabilización de las fuerzas invasoras.

El 22 de junio de 1941 comenzó el fallido intento alemán de invadir a la Unión Soviética, conocido como el “Plan Barbarroja”. Fue el inicio de la Gran Guerra Patria para defender las conquistas del socialismo y el Ejército Rojo, con el acompañamiento y la solidaridad de los trabajadores y del pueblo, inició los operativos militares para no permitir la invasión de su territorio. Moscú y Leningrado estuvieron cercados, pero pudo más la firme decisión de defender la patria socialista a todo lugar. La contraofensiva soviética modificó el curso de la guerra. Después del fracaso de la invasión, el Ejército Rojo no se detuvo. Terminó la ofensiva en Berlín, cuando izó la bandera roja con la hoz y el martillo en el Reichstag. Así finalizó la Segunda Guerra Mundial y el mundo se liberó de la amenaza nazifascista. Los soviéticos pagaron muy cara la odisea, más de veinte millones de muertos y la economía socialista quedó destruida.

Sin embargo, en las recientes celebraciones capitalistas de occidente, el papel de la Unión Soviética, ya desaparecida, fue soslayado. La “nueva” historia, tras el derrumbe del Muro de Berlín, no reconoce el papel histórico y heroico de los soviéticos. Es una manera de falsificar la realidad de los acontecimientos, algo propio de los historiadores burgueses, en todo momento y en todo lugar.

carloslozanogui@etb.net.co

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Más de $32.000 millones del Fonsecon destinados ilegalmente para construcciones

Carlos Holguín (izq) y Sabas Pretelt de la Vega.

Hace un par de semanas, el precandidato liberal Rafael Pardo hizo una denuncia basada en un informe del portal periodístico lasillavacia.com, sobre la politiquería que se hace con cargo a los millonarios recursos de que dispone el Fondo para la Seguridad y Convivencia (Fonsecon) del Ministerio del Interior y de Justicia.

Aunque es cierto que la impudicia se desbordó en los últimos meses, desde hace años esos fondos han sido usados para lo que no están destinados y les ha permitido a los ministros del Interior construir palacios municipales, remodelar y ampliar alcaldías e inaugurar casas de Convivencia y Justicia, que nadie sabe qué son ni para qué sirven en realidad.

Desde esta misma revista, en un artículo titulado "Las venas rotas", denunciamos en 2007 el que hoy podría llamarse "robo a Fonsecon" sin que la Procuraduría y la Contraloría hayan intervenido para analizar el caso y sancionar a los responsables.

Ahora, cuando reviven los señalamientos, conviene recordar qué es el Fonsecon, cómo funciona y qué ha venido ocurriendo desde 2005.

La Ley 418 de 1997 establecía que el Fondo debía atender "la seguridad ciudadana, la preservación del orden público, actividades de inteligencia, el desarrollo comunitario y en general todas aquellas inversiones sociales que permitan garantizar la convivencia pacífica". Pero en 2002 el artículo fue modificado y las inversiones quedaron limitadas a cuestiones de orden público y seguridad ciudadana.

Fue la Ley 782 de 2002, cuya reforma promovió el entonces ministro Fernando Londoño, la que permitió eliminar todos los 'micos', y el Decreto 2093 de 2003 definió en siete puntos los alcances del Fondo dentro de los cuales no figuraban ni la remodelación o construcción de palacios municipales, Casas de Convivencia o centros comunitarios de justicia.

Pero cuando estaba Sabas Pretelt al frente del Ministerio, fue expedido el Decreto 2170 de 2004 que eliminaba los siete puntos pero mantenía intacta la vocación del Fonsecon para temas de "seguridad ciudadana y orden público", como ordena la ley.

El Fonsecon se nutre de una contribución especial del 5 por ciento sobre todas las obras públicas que se construyan en el país, y ahora con las medidas anticíclicas y el aumento en este tipo de inversiones, recibe del Ministerio de Hacienda recursos que superan los 70.000 millones de pesos, como ocurrió en 2008.

En 2005, comenzó la construcción de los primeros palacios municipales. Entonces la inversión era cercana a los 2.043 millones de pesos, y entre 2006 y 2007 superó los 23.000 millones.

En 2008, entre remodelaciones, ampliaciones y construcciones de los centros de gobierno, se invirtieron más de 18.000 millones, pero en 2009, ad portas de la aprobación del referendo reeleccionista, se desbordó la asignación de recursos para los palacios municipales en algunas zonas del país.

En este año Fonsecon ha gastado 32.000 millones de pesos en 52 palacios municipales en 18 departamentos donde, según Pardo, tienen influencia congresistas que fueron decisivos para la aprobación del referendo.

Mientras tanto, la exclusión de algunas regiones ha sido evidente y sistemática a lo largo de estos años. Caldas, Casanare, Guainía, Vichada y San Andrés no han recibido un peso del Fondo, lo mismo que departamentos con graves problemas de orden público como Putumayo y Guaviare.

En general, los diferentes ministros han volteado los ojos hacia sus regiones de origen. Mientras Pretelt de la Vega estuvo al frente del Ministerio, el mayor receptor de recursos del Fondo fue su departamento, Bolívar, que recibió 18.000 millones de pesos, al tiempo que Norte de Santander, fortín de Hernando Angarita, su viceministro, se benefició con 8.700 millones. Y solo en 2006, con Carlos Holguín en el cargo, casi 7.000 millones de pesos se distribuyeron entre Tulúa, Palmira y Buenaventura.

Ahora todo indica que el ministro Fabio Valencia continúa torciéndole el cuello a la ley. Según los periodistas Cristina Vélez de lasillavacia.com y Demar Córdoba del programa radial La Hora de la Verdad, el 25 por ciento de los palacios municipales construidos desde 2002 fueron entregados entre enero y julio de este año. Entre los beneficiados: Hernán Andrade, Eduardo Enríquez Maya, Juan Manuel Corzo y Pedrito Pereira.

Además de por los palacios municipales, los ministros deberían responder por la construcción de las llamadas casas de Paz y Convivencia y centros comunitarios de justicia en municipios donde la seguridad no está amenazada. Entre 2005 y 2007 la inversión por este concepto superaba los 3.000 millones de pesos, y en 2008 construyeron siete centros de convivencia ciudadana por cerca de 2.000 millones y 18 casas de justicia por 6.000 millones de pesos.

Los organismos de control, que conocen formalmente las denuncias, tienen la palabra final para determinar si el uso de los recursos de Fonsecon responde a los propósitos que le fija la ley al polémico Fondo o si estamos frente a otro caso de corrupción oficial.

Cambio
Por José Manuel Acevedo,
analista.

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Carlos lozano: “Acuerdo humanitario se va a abrir paso en Colombia”

Prensa PCC

Bogotá- El periodista colombiano Carlos Lozano Guillén, Director del Semanario VOZ e integrante del Grupo Colombianos y Colombianas por la paz, dijo que confía en que el acuerdo humanitario para liberar a rehenes soldados, policías y a guerrilleros presos se abrirá paso en Colombia.

“Creo que el acuerdo humanitario se va a abrir paso, necesitamos para ello mayor voluntad de las FARC y del gobierno colombiano” sostiene Lozano quien agrega que será con la fuerza de la presión de los familiares de estas personas a quienes se les ha violado su derecho a la libertad que se podrá avanzar a las liberaciones.

El intercambio humanitario tiene que darse, cada vez hay mayores presiones, incluyendo de los familiares de los rehenes y de los presos políticos de las FARC, lo que obligará a las partes en la guerra a entender que este paso es un acto de humanidad inaplazable, sentenció Lozano.

Carlos Lozano Guillén, aspirante a la cámara de representantes por el Polo democrático y la senadora Gloria Inés Ramírez (Polo democrático) participaron como expositores centrales en un foro sobre coyuntura actual en la capital colombiana desarrollado en la Universidad Autónoma.

La senadora Gloria Inés Ramírez dijo que se reforzará la batalla por el acuerdo humanitario y la paz en Colombia invitó a los colombianos a unirse a la pre candidatura presidencial de Carlos Gaviria Diaz.

Asfamipaz llama a buscar una salida digna

Marleny Orjuela, directora de la Asociación de familiares de policías y militares en manos de las FARC exhortó a gobierno y FARC a ponerse de acuerdo y dar una salida para que todas estas personas vuelvan a casa pronto.

"Ahora es muy difícil que nos manden más pruebas de supervivencia, el incidente ese nos dice todo, pero nosotros llamamos la atención del Gobierno Nacional y de la guerrilla de las Farc para que busquen una salida digna, pacífica y un diálogo respetuoso y civilizado", dijo a la prensa con relación a la captura ilegal por parte del ejercito de una persona que traía los videos con la pruebas de vida enviadas por los guerrilleros desde la selva.

Prensa PCC

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Estudiantes universitarios se movilizarán el 9 de septiembre contra bases gringas

Prensa PCC
Los estudiantes de las universidades colombianas se movilizarán el miércoles 9 de septiembre contra la instalación de bases militares de los Estados Unidos en Colombia, anunció Rodolfo Yepez, directivo de la Asociación Colombiana de Estudiantes ACEU, al intervenir en la instalación de la reunión distrital de delegados en Bogotá para elegir la junta directiva estudiantil y aprobar el plan de trabajo en defensa de la educación pública.

Por su parte, Amaury Gómez, integrante de ACEU, fue enfático en condenar el tratamiento de “orden público” que el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez da al conflicto universitario. “Estamos ante una arremetida oficial contra la educación pública en general, la quieren privatizar negándole este derecho a los hijos del pueblo trabajador” señala.

Según los voceros de la ACEU la situación de las universidades públicas en Colombia cada día es más caótica. Aseguran que se ha pasado a una crisis que se caracteriza por alzas fuertes en las matriculas, venta de servicios universitarios, entrega disfrazada de espacios al sector privado, falsa autonomía de las universidades que conlleva ala autofinanciación en la cual el estado se separa de su responsabilidad y lo más grave es el detrimento de la calidad de la educación superior.

La ofensiva del gobierno uribista busca imponer la homogenización del conocimiento donde quiere implementar el pensamiento único, acrítico y no analítico. Eso explica la estigmatización y criminalización de las protestas y el descontento de los sectores universitarios a los cuales el gobierno señala de “peligro para la democracia” y ordena a la policía violar los claustros y detener líderes universitarios, explican los directivos de ACEU.

La movilización del 9 de septiembre será a partir de las 4 de la tarde frente a la embajada gringa en Bogotá y contempla actos en varias ciudades durante todo el día.

Prensa PCC

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Carlos Lozano: “Mi saludo firme al presidente Hugo Rafael Chávez Frías y mi inquebrantable solidaridad con la Revolución Bolivariana”

Declaración de Carlos Lozano, director de VOZ

“Mi saludo firme al presidente Hugo Rafael Chávez Frías y mi inquebrantable solidaridad con la Revolución Bolivariana”

La intransigencia y agresividad del presidente Álvaro Uribe Vélez y del nefasto Gobierno Nacional, sumadas a la creciente intervención en la política interna y exterior colombiana del imperialismo yanqui, tienen la responsabilidad de las consecuencias que pueda desatar el clima de pugnacidad y odio que están fomentando contra el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, la Revolución Bolivariana y el hermano pueblo venezolano.

Las marchas del viernes 4 de septiembre en Bogotá y otras capitales, alentadas desde la “gran prensa” con inusitado despliegue publicitario, aunque no fueron apabullantes como lo decían sus promotores, marionetas del imperio y de la ultraderecha, significaron una grosera provocación y un insulto al pueblo digno venezolano que en su mayoría respalda los cambios y las transformaciones revolucionarias en beneficio del pueblo, antes sometido a la oligarquía lacaya del imperio.

Los promotores de estas marchas en facebook, son los mismos que en Colombia han alentado la guerra, el odio y la confrontación uribista, que mediante la “seguridad democrática” impuso, en definitiva, la violencia como forma principal del ejercicio del poder. No es casual, que en Colombia, las marchas recibieran el respaldo del militarismo, la ultraderecha fascistoide, la Embajada gringa en Bogotá y los guerreristas de todos los pelambres.


Estas marchas reaccionarias para nada afectan la Revolución Bolivariana y para nada desgastan el proceso de cambios democráticos y sociales en el vecino país, aunque sí agrietan más las relaciones de buena vecindad entre dos países hermanos. La solución diplomática, pacífica y política de las diferencias que puedan existir entre dos regímenes contradictorios, está amenazada por el odio y el guerrerismo que se fomenta en Colombia por un régimen y una rancia oligarquía carcomida por el chouvinismo y por la mezquindad de sus intereses indignos y antipatrióticos al servicio del Tío Sam.


La única responsabilidad de la tensión actual en las relaciones binacionales la tiene el Gobierno de Uribe Vélez, que le entrega a los Estados Unidos y al Comando Sur intervencionista, siete o más bases militares en territorio nacional, desde donde se alentará la guerra interna con más horror y barbarie y se amenaza la paz en las fronteras y la estabilidad democrática en América del Sur. Estas bases, al servicio del imperio, constituyen una amenaza para la paz en la región. Ni más ni menos.


Levanto mi voz a favor de la solución amistosa y pacífica de las diferencias; hago llegar mi saludo firme al presidente Hugo Rafael Chávez Frías y mi inquebrantable solidaridad con la Revolución Bolivariana.

¡Los reaccionarios y belicistas no pasarán!


Carlos A. Lozano Guillén

Director del periódico VOZ

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Cinismo uribista

*Carlos A. Lozano Guillén

El martes 25 de agosto pasado, el mismo día en que las mayorías uribistas en la Cámara de Representantes y el Gobierno Nacional, protagonizaron el grotesco espectáculo para hacer aprobar el espurio referendo reeleccionista, el Dane, metido de lleno en la campaña presidencial, anunció con cinismo que en Colombia “apenas son 20 millones los colombianos en la pobreza”, casi el 50 por ciento de los habitantes del país. Con semejante cifra espeluznante, los publicistas del régimen dijeron con bombos y platillos que la pobreza disminuyó al 46 por ciento, como que en 2005 estaba en el 50.3 por ciento.

Algo muy propio del acostumbrado cinismo uribista, porque en el montaje publicitario, los agentes gubernamentales, soslayaron que la indigencia, aun en la estadística del Dane, creció del 15.7 por ciento al 17.8 por ciento en el mismo periodo. Aunque, advirtieron que en 2006 la indigencia estaba en 18.2 por ciento. De tal manera, que en las alegres cifras de la “Casa de Nari”, en últimas, la pobreza absoluta también cedió. Con todo, son 40 millones de pobres reconocidos, que contrastan con la opulencia de apenas el 5 por ciento de la población. “En Colombia, los pocos ricos viven como en Europa, mientras que los pobres están al nivel de Africa”, dijo alguna vez un alto funcionario de Naciones Unidas.

Sin embargo, estos análisis económicos en medio de la crisis global del capitalismo, pierden de vista, que según los voceros del Gobierno, el país creció a un buen ritmo aunque de todas maneras ni siquiera dentro de la media de América Latina en los últimos años. La pregunta que surge es: ¿A quién benefició el crecimiento de la economía si la pobreza y la indigencia crecieron? La respuesta es muy sencilla: a las transnacionales, los monopolios capitalistas y los poderosos grupos económicos, al igual que a los empresarios del campo y la ciudad, en particular al sistema financiero, los mismos que soportan, felices, este Estado mafioso y que se lucran de negocios tolerados de dudosa ortografía.

Estos usufructuarios del crecimiento económico, también favorecieron el paramilitarismo, al tiempo que respaldan la guerra y las salidas de fuerza. Lloran como Magdalenas cuando el presidente Hugo Chávez les cierra el grifo de los lucrativos negocios en el vecino país, pero siguen apegados a la “seguridad democrática”, pues les ha sido útil para que sus negocios se impongan mediante el ejercicio violento del poder.

Estos señores de la guerra, inversionistas, capitalistas y empresarios, continúan exigiendo garantías para sus capitales a través de la “seguridad democrática”, al tiempo que no se conmueven ante el espectáculo asqueante en el Congreso de la República para imponer el referendo reeleccionista con nombre propio. Lo cierto es que con el uribismo se amplió la brecha entre el campo y la ciudad y entre los ricos y los pobres. Para eso han servido la guerra y la injerencia yanqui.

carloslozanogui@etb.net.co

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En UNASUR: Uribe se quedó solo

Editorial voz
La Cumbre de Unasur, en Bariloche, Argentina, el viernes 28 de agosto pasado, demostró la soledad del presidente Álvaro Uribe Vélez en la defensa de la instalación de las bases militares de Estados Unidos en territorio colombiano, porque se quedó solo, sin aliados, inclusive, Alán García, el mandatario peruano, marcó cierta distancia de la posición del mandatario de Colombia y al final no metió las manos al fuego por éste, como lo esperaban en Bogotá. Uno a uno, a su manera y en su estilo particular, los presidentes y jefes de Estado de América del Sur, intervinieron para exponer su malestar por las bases militares extranjeras y en abierta discrepancia con la posición de Uribe Vélez.

El Presidente de Colombia fue y no convenció. Su discurso lleno de generalidades y falacias, desató más de una ironía entre los colegas. Todo el problema de Colombia, según Uribe Vélez, se debe a la existencia de las FARC. Hasta la guerra sucia y el asesinato de sindicalistas, muchos en sus siete años de Gobierno, son responsabilidad de la insurgencia. Mientras atenuó los crímenes de los paramilitares porque fue la respuesta a la combinación de las formas de lucha. Para nada mencionó la desaparición forzada, el desplazamiento (Colombia es el país de mayor desplazamiento en el mundo. Comparte el récord con Sudán, según Naciones Unidas), las ejecuciones extrajudiciales llamadas “falsos positivos”, la parapolítica, la yidispolítica, la corrupción, incluyendo los negociados de sus hijos, el espionaje y las chuzadas del DAS, los crímenes de Estado y el vacío de poder de un Gobierno dedicado hace meses a la búsqueda del referendo reeleccionista, entre otras cosas.

Todo ocurrió antes de su Gobierno. “Uribe en el país de las maravillas”, dijeron algunos periodistas extranjeros que conocen a Colombia y que cubrieron la Cumbre y se sorprendieron de su tranquilidad para eludir sus propias responsabilidades y la profunda crisis del país. Sin ninguna vergüenza y dignidad, ante un auditorio que reclamó soberanía e independencia de Washington, defendió la “ayuda” económica y militar de los Estados Unidos, al tiempo que igual cosa hizo con el Plan Colombia, el mismo que con la aspersión letal envenenó las fronteras con los países vecinos.

Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales le demostraron que Estados Unidos necesita de esas bases para espiar al Continente y atentar contra los procesos democráticos y soberanos que se adelantan. Chávez leyó apartes del Libro Blanco del Pentágono en donde reconoce sus intenciones estratégicas y define muy bien la movilidad que se va a desplegar a partir de su presencia en las bases colombianas, en particular la de Palanquero. Uribe, después alegaría, que ese texto no es oficial, aunque está claro que es un documento del pentágono, revelador de los alcances estratégicos y de los propósitos intervencionistas y hegemónicos de Washington.

Uribe quedó al descubierto. Como un peón del Pentágono, como un pobre gobernante sin independencia ni carácter, al servicio del imperio y en contra de los intereses de los países hermanos de América Latina y El Caribe. Tavaré Vásquez, Lula, Cristina Kitchner y los demás, también así lo reconocieron. Si alguien perdió más en este debate fue el papel de Estados Unidos en el continente. Los países lo ven con desconfianza, no reconocen ser el “patio trasero”, ni siquiera su desinteresada amistad, en la geopolítica de hoy lo ven mal, como un peligro para la estabilidad democrática. Nadie olvida el apoyo gringo a las dictaduras militaristas del pasado y tampoco el papel reciente en Honduras, de doble moral y de ninguna ayuda en la defensa de la legalidad institucional del gobierno de Zelaya. Lo mismo podría ocurrir en otros países.

Pero los que se llevaron el récord de la infamia y la mentira fueron los grandes medios de comunicación, en especial El Tiempo, algunos diarios regionales y las cadenas privadas de radio y televisión, que declararon la victoria total y apabullante de Uribe Vélez. Según ellos, en el colmo de la falsificación de la realidad, en la lona quedaron Chávez, Correa y Evo, porque kid Uribe los noqueó con facilidad. Es una prensa sin ninguna vergüenza, acostumbrada a mentir, siempre puesta al servicio de los intereses del capital y del imperio. Se convierten en el hazmerreír de América Latina y el mundo. Como dijo alguien, pareciera que sus enviados especiales llegaron a una Cumbre distinta a la de Unasur y en lugar de estar en Bariloche se afectaron con las gélidas temperaturas del Polo Sur, tal vez a donde llegaron sin darse cuenta.
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Carta de Carlos Lozano Guillén al director de El Tiempo

Apreciado Roberto:

El periodista Andrés Garibello, en entrevista para El Tiempo (31-08-09 Pág. 1-4) a Remedios García Albert, vinculada a un proceso penal en España por supuestas menciones a su nombre en los computadores de Raúl Reyes, decidió que ser amigo o conocido de Carlos Lozano, director de VOZ, es un delito. Por lo menos así lo sugiere la pregunta que le hace, sin ningún contexto, a la entrevistada. Como le respondió Remedios, nos conocemos hace bastantes años, porque ella ha trabajado en ONG que promueven la solidaridad y la paz de Colombia.

Eso no es ningún secreto, aunque la policía española le entregó a la colombiana, una fotografía en que los dos aparecemos, durante un receso del Foro Social Europeo, en 2006, en el Partenón de Atenas, lo cual no dice nada, a menos que los uniformados de ambos países crean que este milenario monumento histórico queda en el Putumayo, al sur del país, en uno de los campamentos de las FARC.

La fotografía, filtrada por la policía colombiana a los medios, fue difundida por algunos de estos con cierto sensacionalismo. Como se sabe, desde hace más de un año, Remedios está en libertad, sin que hasta la fecha la audiencia española le haya adelantado un proceso judicial; y en el caso mío, la Fiscalía General de la Nación, Unidad contra el Terrorismo, precluyó la investigación a favor mío. Este último hecho, pese a que hay una apelación de la Procuraduría, me exonera hasta el momento. Es lo que ignora o soslaya de mala fe el señor Garibello en la malintencionada pregunta a la entrevistada.

Cordial saludo Carlos A. Lozano Guillén Director de VOZ

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Acto Simbólico por la Dignidad y la Memoria de las víctimas del Pueblo Awá

Martes 01 de septiembre de 2009, Plaza de Bolívar, el acto esta previsto desde las 10:30 del día hasta la media noche. ¡Rompamos la indiferencia ante la muerte, el dolor y la injusticia! Para no olvidar elevamos la Memoria, por nuestros niños y niñas, mujeres y hombres asesinados del Pueblo Indígena Awá porque: Todos somos Awá, todos somos indios… Alto al etnocidio de los pueblos indígenas en Colombia.

En esta jornada elevaremos cometas y bombas de helio por nuestras víctimas, como un homenaje a quienes han ofrendado sus vidas por permanecer o defender sus territorios y en especial honraremos al Pueblo Awá, velaremos conforme a la cosmovisión indígena a las víctimas de la masacre del 26 de agosto y efectuaremos un acto de reflexión sobre el derecho a la vida, a la dignidad a la pervivencia; ¡rompamos la indiferencia ante la muerte, el dolor y la injusticia!

Martes 01 de septiembre de 2009. Plaza de Bolívar, El acto esta previsto desde las 10:30 del día hasta la media noche. Estaremos realizando un homenaje a las víctimas, a los Pueblos Indígenas, elevaremos la memoria para No Olvidar, tejeremos como nuestras mujeres lazos con la Madre Tierra para No Olvidar.

Invitamos a la comunidad internacional y a la sociedad colombiana a que se vincule a la Campaña “Todos somos Awá, Alto al etnocidio de los pueblos indígenas en Colombia”, a través de cartas, comunicados y otras manifestaciones de repudio, para que estos crímenes no queden en la impunidad.

Convocamos a los colectivos de artistas, jóvenes, mujeres, organizaciones defensoras de Derechos Humanos, estudiantes y, a quien quiera llegar, para que desde las 11 de la mañana en la ONIC, Calle 13 # 4-38, nos acompañen al acto ritual y a la movilización hasta la Plaza de Bolívar.

A las 12 del mediodía en la Plaza de Bolívar hagamos presencia, para hacer un homenaje a las víctimas y seguir tejiendo el hilo de la Memoria. (Traer Cometas y bombas de helio de colores blanco, amarillo, verde y rojo, colores de la bandera del pueblo Awa).

La pervivencia de los Pueblos Indígenas es la pervivencia de nuestra y vuestra Memoria, de nuestra y vuestra identidad, de nuestra dignidad como pueblos.

Suscriben,

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC
Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”
Movimiento de víctimas de crímenes de Estado, MOVICE
Asociación Minga
Programa Somos Defensores
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES
Corporación Yurupari
Comité Permanente para la Defensa de Derechos Humanos

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