*Carlos A. Lozano Guillén
La aprobación del referendo reeleccionista en el Senado de la República, en la tarde del martes 19 de mayo, es un acto vergonzoso, que refleja la degradación de la clase política tradicional en Colombia, en particular del uribismo, que no tiene barreras ni límites, legales ni éticos, para sacar adelante sus oscuros propósitos.
No hubo ninguna limitación. Para la mayoría uribista, aplanadora en el Senado y en la Cámara, había que sacar adelante el esperpento antidemocrático, ordenado por el Mesías de la “Casa de Nari”. Se llevaron por delante la Constitución, la ley y la ética política que para el Gobierno Nacional no existe, como lo afirmó el Ministro de Hacienda en el debate por los negociados de Tom y Jerry, los hijos del Ejecutivo.
¿Qué respeto puede haber por un Gobierno que actúa de esta manera? El pueblo colombiano debe tomar atenta nota, porque una clase política tradicional corrupta y sin principios éticos ni legales, debe ser renovada y lanzada al basurero de la historia. No podía esperarse otra cosa de un Congreso, dominado por la corrupción, las mafias y el paramilitarismo. El hedor no se lo aguantó la minoría de la oposición, que prefirió retirarse de la sesión para no cohonestar con el despropósito uribista.
Están felices. En la noche corrió el alcohol en el brindis de la celebración. No importa que a la carrera hubieran posesionado a los senadores que reemplazaron a los recién encarcelados por la parapolítica y que los pocos senadores “rebeldes” hubieran recibido el “premio” correspondiente en la segunda edición de la ya conocida “yidispolítica”. Fabio Valencia Cossio, experto en este tipo de marrullerías políticas, ahora al servicio del uribismo del que tanto abominó en el pasado, está mucho más inflado de satisfacción. Mientras que pasa de agache por los comprobados delitos de su hermano, servidor de las mafias del narcotráfico y del paramilitarismo. No es el único que en este Gobierno tiene familiares comprometidos con esta “base social” del uribismo.
Ahora, con la orientación de Luis Carlos Restrepo, flamante jefe del Partido de la U, el más afectado por la vinculación de sus congresistas y miembros con la parapolítica y gestor del referendo, mediante fraudes y burlas a la ley, los uribistas impugnan al Presidente de la Cámara de Representantes, uribista que no cuenta con su confianza e inician la monumental presión sobre la Corte Constitucional, cuyos magistrados le deben favores a la “Casa de Nari”. Habrá que esperar, para constatar si los magistrados actúan con criterio jurídico o en contraprestación a los favores recibidos.
Hay que esperar la conciliación de ambas cámaras, que no se sabe aún cómo la van a presentar, porque pareciera imposible, habida cuenta de una gran diferencia: el Senado aprobó el referendo reeleccionista con vigencia de 2010 y la Cámara para 2014, aunque los uribistas son magos para torcerle el espinazo a la ley; de haber la conciliación pues tendrá la palabra la Corte Constitucional en el control de legalidad; y finalmente, de pasar estos “filtros legales” el constituyente primario definirá en últimas la suerte de la reelección. De antemano, hay que anticipar la estrategia electoral de la oposición que es la abstención para no permitir que se abra paso la ignominia y la ilegalidad. Es clave el acuerdo de los partidos de la oposición y la conformación de la Gran Coalición contra el Referendo con participación de la oposición política y social.
El referendo reeleccionista implica el continuismo del uribismo, que es lo peor que le pudo pasar a este país en los últimos cien años. Más grave aún que las dictaduras conservadoras y terroristas de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez o del más reciente gobierno de Julio César Turbay Ayala. Un nuevo gobierno de Uribe Vélez o del uribismo sin Uribe, con el disfraz de la “seguridad democrática”, sería tanto como institucionalizar los “falsos positivos”, la “yidispolítica”, la “parapolítica”, los negociados de la familia presidencial, el espionaje y las chuzadas del DAS a magistrados, opositores, periodistas e inclusive funcionarios del Gobierno al estilo de Fujimori y Montesinos, la corrupción y, en fin, poner al Estado en función del capricho mesiánico de un tiranuelo sin escrúpulos.
La vía es la lucha popular y democrática. La resistencia civil a tanta infamia desde las alturas del poder. Debe subir el clamor nacional e internacional por la renuncia de Uribe Vélez. Los gobiernos del mundo, incluyendo los de América Latina que protagonizan cambios democráticos y progresistas, no pueden seguir guardando silencio, inclusive cómplice, ante las atrocidades del Gobierno colombiano.
Bogotá D.C. 20 de mayo de 2009
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No hubo ninguna limitación. Para la mayoría uribista, aplanadora en el Senado y en la Cámara, había que sacar adelante el esperpento antidemocrático, ordenado por el Mesías de la “Casa de Nari”. Se llevaron por delante la Constitución, la ley y la ética política que para el Gobierno Nacional no existe, como lo afirmó el Ministro de Hacienda en el debate por los negociados de Tom y Jerry, los hijos del Ejecutivo.
¿Qué respeto puede haber por un Gobierno que actúa de esta manera? El pueblo colombiano debe tomar atenta nota, porque una clase política tradicional corrupta y sin principios éticos ni legales, debe ser renovada y lanzada al basurero de la historia. No podía esperarse otra cosa de un Congreso, dominado por la corrupción, las mafias y el paramilitarismo. El hedor no se lo aguantó la minoría de la oposición, que prefirió retirarse de la sesión para no cohonestar con el despropósito uribista.
Están felices. En la noche corrió el alcohol en el brindis de la celebración. No importa que a la carrera hubieran posesionado a los senadores que reemplazaron a los recién encarcelados por la parapolítica y que los pocos senadores “rebeldes” hubieran recibido el “premio” correspondiente en la segunda edición de la ya conocida “yidispolítica”. Fabio Valencia Cossio, experto en este tipo de marrullerías políticas, ahora al servicio del uribismo del que tanto abominó en el pasado, está mucho más inflado de satisfacción. Mientras que pasa de agache por los comprobados delitos de su hermano, servidor de las mafias del narcotráfico y del paramilitarismo. No es el único que en este Gobierno tiene familiares comprometidos con esta “base social” del uribismo.
Ahora, con la orientación de Luis Carlos Restrepo, flamante jefe del Partido de la U, el más afectado por la vinculación de sus congresistas y miembros con la parapolítica y gestor del referendo, mediante fraudes y burlas a la ley, los uribistas impugnan al Presidente de la Cámara de Representantes, uribista que no cuenta con su confianza e inician la monumental presión sobre la Corte Constitucional, cuyos magistrados le deben favores a la “Casa de Nari”. Habrá que esperar, para constatar si los magistrados actúan con criterio jurídico o en contraprestación a los favores recibidos.
Hay que esperar la conciliación de ambas cámaras, que no se sabe aún cómo la van a presentar, porque pareciera imposible, habida cuenta de una gran diferencia: el Senado aprobó el referendo reeleccionista con vigencia de 2010 y la Cámara para 2014, aunque los uribistas son magos para torcerle el espinazo a la ley; de haber la conciliación pues tendrá la palabra la Corte Constitucional en el control de legalidad; y finalmente, de pasar estos “filtros legales” el constituyente primario definirá en últimas la suerte de la reelección. De antemano, hay que anticipar la estrategia electoral de la oposición que es la abstención para no permitir que se abra paso la ignominia y la ilegalidad. Es clave el acuerdo de los partidos de la oposición y la conformación de la Gran Coalición contra el Referendo con participación de la oposición política y social.
El referendo reeleccionista implica el continuismo del uribismo, que es lo peor que le pudo pasar a este país en los últimos cien años. Más grave aún que las dictaduras conservadoras y terroristas de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez o del más reciente gobierno de Julio César Turbay Ayala. Un nuevo gobierno de Uribe Vélez o del uribismo sin Uribe, con el disfraz de la “seguridad democrática”, sería tanto como institucionalizar los “falsos positivos”, la “yidispolítica”, la “parapolítica”, los negociados de la familia presidencial, el espionaje y las chuzadas del DAS a magistrados, opositores, periodistas e inclusive funcionarios del Gobierno al estilo de Fujimori y Montesinos, la corrupción y, en fin, poner al Estado en función del capricho mesiánico de un tiranuelo sin escrúpulos.
La vía es la lucha popular y democrática. La resistencia civil a tanta infamia desde las alturas del poder. Debe subir el clamor nacional e internacional por la renuncia de Uribe Vélez. Los gobiernos del mundo, incluyendo los de América Latina que protagonizan cambios democráticos y progresistas, no pueden seguir guardando silencio, inclusive cómplice, ante las atrocidades del Gobierno colombiano.
Bogotá D.C. 20 de mayo de 2009
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