Por Nelson Lombana SilvaEl gobierno nacional en su afán de abrir las puertas a las multinacionales, no duda en sacrificar los intereses populares del pueblo colombiano. Mediante decreto 2838 de 2006, que entrará en vigencia el 24 de agosto próximo, los vendedores de leche cruda en el país quedarán en el pavimento. En el caso particular de Bogotá serán diez mil, en Ibagué 700, señala el doctor Alexander Espinosa Triana, médico veterinario zootecnista, ex director municipal de la UMATA de Ibagué y dirigente popular del Polo Democrático Alternativo.
Ante esta cruda realidad, el dirigente popular formula un llamado a los campesinos afectados a la unidad, la organización y la acción, pues de por medio esta el sustento de estas familias, lo mismo que la seguridad alimentaria y en consecuencia la soberanía nacional.
Esto dijo para VOZ La verdad del pueblo:
¿Qué repercusiones contra los vendedores de leche tiene el decreto 2838 de 2006, sancionado por el presidente de la república?
Es una medida nacional. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá son diez mil personas las que se dedican a la comercialización de la leche cruda y sus derivados lácteos como la producción de yogurt, queso y quesillo, en Ibagué son 700 en los 17 corregimientos y 13 comunas.
Es la economía primaria para estas familias, su seguridad alimentaria, su comida diaria. En el caso particular de Ibagué, el impacto es mucho más violento, si se tiene en cuenta que por muchos años, esta es la ciudad con más desempleo en el ámbito nacional.
A partir del 24 de agosto de 2008, es decir, después de la rumba tradicional, vienen las medidas más represivas para esas familias que se mueven en esa economía informal y con la cual pueden llevar algo para el sustento diario.
Este decreto es lesivo para todas esas familias del país que dependen su sustento de esta actividad comercial. A partir del 24 quedan literalmente en el pavimento sin saber cómo llevar el sustento a la mujer y sus hijos.
¿Qué actividades se vienen desarrollando para mitigar el grave impacto social y económico para estas familias en la ciudad de Ibagué?
Nos hemos venido reuniendo, pasando cartas al ministerio público, al señor procurador agrario, al personero de Ibagué; ya nos reunimos con el alcalde y esperamos próximamente reunirnos con el gobernador del Tolima. Este decreto se debe derogar. Para eso vamos a hacer presión, tanto en Ibagué como en Bogotá; incluso, esperamos que la presión sea nacional.
¿Cuál es el argumento del gobierno nacional para la firma de este decreto?
El argumento es que esa leche no es higiénica. En el tema de la salud pública seguramente en algunos pueblos le echarán un poco de agua, pero lo cierto es que estos campesinos están en la capacidad de hacer los cursos necesarios que permitan la manipulación de este alimento adecuadamente.
Lo complicado es acceder a los tanques de enfriamiento que les están exigiendo, pues los costos son imposibles para ellos. Es ahí donde uno se pregunta: dónde están los créditos blandos de FINAGRO, banco agrario, el fondo agropecuario de garantías para que el campesino acceda y pueda salvar su economía.
¿Se podría pensar que esto sea una estrategia del gobierno nacional para abrirle espacio a las transnacionales y opacar al pequeño comercializador?
Por supuesto, esta es una de las estrategias del modelo neoliberal, del capitalismo salvaje que padece nuestro país, es el mismo debate del Tratado de Libre Comercio, TLC, que consiste en mover grandes capitales, grandes economías, movidas desde el Tío Sam, desde donde seguramente van a controlar todo como en otrora el idema, donde se almacenaba la comida. Un país sin comida está condenado a definir su futuro bajo otros aspectos.
Hay que tener en cuenta que el alimento hace parte de la soberanía nacional de un país. Es decir, quien tenga el alimento coloca las condiciones y domina. Ese es el problema que debe convocar al pueblo campesino de Colombia. Porque con estas medidas nos ponen a comprar (importar) leche pasteurizada a precios más elevados. Esa es la esencia de la medida del gobierno nacional.
Ahora, nosotros tenemos dónde quejarnos en caso de la leche contaminada, pues contamos con el instituto de vigilancia y medicamentos y alimentos, la secretaria de salud, al ministerio público. Pero cuando lleguen esas multinacionales con su leche, ¿dónde vamos a quejarnos? Nos tocará sacar un pasaje para ir a Europa o a los Estados Unidos a colocar la queja.
¿Tiene usted estadísticas sobre muertes de ibaguereños por consumo de leche cruda?
Ese es otro debate que tenemos que dar en cuestión de salud pública, porque aquí no pueden salir los "genios" de salud a darnos casos de morbilidad sin fundamento. Ninguna persona en Ibagué se ha muerto por consumo de leche cruda, por el contrario, se han muerto por no consumirla.
Bueno, los afectados directos son los comercializadores de la leche y los productores ¿qué tienen que ver en relación con la norma?
Vamos a dirigir un derecho de petición al ICA para que nos den el muestreo de los hatos registrados, porque el decreto dice que los hatos deben estar registrados ante el ICA.
El problema de la leche no viene del campesino que la comercializa y la trae en la cantina sobre la moto o a lomo de mula que la trae para venderla en los barrios periféricos. El problema viene desde el hato, por ejemplo, ¿cuánta droga química le inyectan a ese animal? ¿Cuántos químicos les meten a los pastos?
¿Qué llamado le hace usted a la comunidad que depende su economía de la venta de la leche cruda?
Nuestro llamado es que la comunidad se vincule al debate, participe y colabore. Nuestro llamado es a que se vincule a estos procesos, estamos haciendo reuniones permanentes en Ibagué, con la participación y liderazgo de sintragritol, fensuagro, asoagraria. Es decir, una serie de sindicatos agrarios serios y consecuentes con los intereses de los campesinos.
Ibagué, julio 7 de 2008
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