Ex presidente Samper critica a Uribe traslado a la OEA y la ONU conflicto con Venezuela

El ex presidente colombiano Ernesto Samper cuestionó la decisión del Gobierno de Álvaro Uribe de llevar a la ONU y la OEA las "amenazas de guerra" del presidente Hugo Chávez, vaya a solucionar el enfrentamiento.

Lo único que va a hacer es llevar "a un terreno diplomático la escalada del conflicto, sin que realmente se vaya a avanzar mucho en su solución", subrayó en una entrevista con Caracol Radio.

"Simplemente vamos a asistir ahora a unos debates multilaterales en los cuales se acusará a Venezuela, Venezuela se defenderá, habrá aliados a favor y en contra de Colombia y Venezuela sin que hayamos avanzado absolutamente nada en la resolución del conflicto", agregó.

Samper consideró que está prácticamente descartado un escenario de "guerra convencional" entre Colombia y Venezuela, pero advirtió que el conflicto en la zona de frontera sí podría sufrir una escalada.

"Yo no creo que vaya a haber una guerra convencional entre Colombia y Venezuela, me parece que eso está descartado", advirtió.

El ex jefe de Estado (1994-1998) criticó además la "inactividad" de los dos gobiernos en encontrar una salida diplomática al enfrentamiento.

Es de resaltar que el Jefe de Estado venezolano, durante su programa dominical Aló Presidente, advirtió que si Estados Unidos ataca a Venezuela a través de Colombia se iniciaría la "guerra de los 100 años, y esa guerra se extendería por todo el continente".

vtv

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Aumentan acciones por la libertad de 7 mil presos políticos en Colombia

Prensa PCC

Bogotá- Cada día aumentan las acciones y jornadas que reclaman la libertad de más de 7 mil presos y presas políticas en cárceles colombianas. Según informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH se debe abrir el debate público para reflexionar sobre la criminalización del ejercicio de la oposición política en Colombia, la existencia de prisioneros y prisioneras políticas y su sometimiento a condiciones degradantes de reclusión, como política de represión y exterminio de la democracia; siendo imperioso continuar con el proceso de organización de acciones que cumplan esta tarea.

El miércoles 4 de noviembre se desarrolló un encuentro en el auditorio de la federación de educadores Fecode para exigir la libertad del profesor de la Universidad Nacional UN Miguel Ángel Beltrán y decenas de estudiantes universitarios privados de la libertad en las redadas de la “política de Seguridad democrática” del presidente Álvaro Uribe Vélez. A los representantes de sectores académicos y estudiantiles se les señala de colaboración con las organizaciones insurgentes. Voceros de las asociaciones profesorales y estudiantiles rechazan la represión oficial y la califican de campaña de “estigmatización y señalamientos” orquestada por el ejecutivo nacional para tratar de esconder la crisis y la corrupción que sacude a la “Casa de Nari”.

El Profesor Libardo Sarmiento Anzola, defiende las luchas de los jóvenes universitarios y califica de “odio de la administración del presidente Uribe Vélez contra las nuevas generaciones que se levantan por sus derechos” la detención y judicialización de su hijo Luis Eduardo y la compañera sentimental de éste, acusados de pertenecer al frente Antonio Nariño de las Farc, y de haber participado en los atentados contra supermercados, Transmilenio y el hoy candidato presidencial Germán Vargas Lleras, ocurrido en el 2005.

Lilia Solano, defensora de derechos humanos y profesora de la UN anunció la conformación de la red de organizaciones contra la impunidad y por la libertad y la vida, que realizará una jornada nacional durante los días 9, 10 y 11 de noviembre con encuentros y paneles en el Auditorio Camilo Torres del principal centro de educación superior.

Asegura el CPDH que como se ha desarrollado la “política de seguridad democrática”, para la cual prioritariamente se ha duplicado el presupuesto en detrimento de la inversión social, convirtiendo a Colombia en el segundo país de América Latina -después de Brasil- con mayor pie de fuerza militar, que además para el año 2010 concentrará para la guerra el 14,2% del Presupuesto General de la Nación (fijado en $148,3 billones), mientras tan sólo el 13,9% será destinado para la educación y el 1,7% para vivienda y desarrollo.

“Este incremento en el gasto militar fue aprobado cínicamente pese a que el gobierno -en su afán de mostrar resultados “positivos” de la política de seguridad democrática- ha vulnerado el derecho a la vida de más de 1.171 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas al ejército nacional, y también el derecho a la libertad de pensamiento crítico aumentando la persecución política y el encarcelamiento contra intelectuales, maestros/as, estudiantes, sindicalistas, defensores/as de derechos humanos, campesinos, lideres sociales y populares, indígenas, afrocolombianos/as, entre otros, utilizando la cárcel como herramienta de represión, donde han depositado más de 7.200 seres humanos que se reivindican como prisioneros y prisioneras políticas” señala la convocatoria a una jornada permanente por la libertad de los presos y presas políticas.

Las voces de solidaridad con las actividades en pro de la libertad de los presos políticos colombianos se escuchan desde Canadá donde miembros de 30 organizaciones no gubernamentales entre las que destacan iglesias y comités de apoyo brindan su respaldo a la búsqueda de un acuerdo humanitario y por salidas políticas negociadas a la guerra interna.

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Ex Presidente Ernesto Samper denuncia indolencia oficial para liberaciones

Prensa PCC- Hernán Durango

Bogotá- El ex presidente colombiano Ernesto Samper Pizano se declaró muy desilusionado por la actitud negativa del gobierno colombiano para lograr liberaciones de los policías y militares en poder de la guerrilla de las FARC.

Samper aseguró que la indolencia del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez tiene visos de crueldad y exigió dar pasos que demuestren la voluntad para sacar adelante el proceso de liberación de los 24 cautivos.

No se declaró derrotado en esta tarea, dijo el exmandatario quien le recordó al presidente Uribe la responsabilidad constitucional que tiene el gobierno en la preservación de la vida y la libertad de los colombianos.

Samper Pizano declaró en un encuentro de impulso al acuerdo humanitario realizado en la capital colombiana el miércoles 4 de noviembre con presencia de personalidades y familiares de miembros de la fuerza pública retenidos desde hace cerca de doce años por insurgentes de las FARC.

Piden ayuda a México y República Dominicana

La senadora Piedad Córdoba anunció que han solicitado apoyo a los gobiernos de México y República Dominicana para destrabar el proceso hacia la liberación de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según la legisladora del partido liberal y portavoz del movimiento civil colombianos por la Paz ya existen avances en los contactos que pretende impulsar la decisión política del presidente Uribe para destrabar el proceso.

“También se hacen contactos con gobiernos europeos para este fin” señaló.

El encuentro por el acuerdo humanitario contó con la participación de representantes de la iglesia católica, partidos Liberal y Polo Democrático, el Profesor Gustavo Moncayo, Marleny Orjuela directora de Asfamipaz, Carlos Lozano Guillén, decenas de defensores de derechos humanos entre otras personalidades.

Los organizadores de la reunión informaron que han constituido tres grupos de apoyo con el objetivo de visibilizar y sensibilizar la búsqueda del acuerdo humanitario y salidas políticas negociadas al conflicto interno, que estarán integrados por periodistas y directores de medios de comunicación, políticos ex rehenes liberados recientemente por las FARC y congresistas demócratas de Estados Unidos quienes establecerán este paso como condición para la probable firma de un acuerdo de Libre Comercio con Colombia.

La senadora Piedad Córdoba informó que durante los días 13, 14 y 15 de noviembre tendrá lugar en la ciudad de Cali un encuentro nacional e internacional por la paz y el acuerdo humanitario con presencia de alrededor de 15 mil delegados y voceros de 25 organismos europeos.

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Estas son las 15 familias que están en boca de todos en el Congreso por los subsidios millonarios de Agro Ingreso Seguro

El Programa de Ayudas para Riego y Drenaje fue el que dio pie al escándalo de Agro Ingreso Seguro que hoy tiene al Ministro de Agricultura ad portas de renunciar o de estrenar la moción de censura. Este fue el subsidio al que renunció la ex reina Valerie Domínguez, el que lanzó a la notoriedad a la familia Dávila Abondano por supuesto fraccionamiento de proyectos, y el único que, según rectificó el Ministro Fernández al Presidente Uribe, se le retiraría a las grandes empresas que lo obtuvieron en el 2009. Este programa apoya la creación de infraestructura de manejo de agua para el agro como canales de riego y de drenaje, que son fundamentales para la productividad del campo.

Una de las cosas que tendrá que explicar el Ministro esta tarde es la desigual distribución de estos subsidios de riego y drenaje, que son las ayudas de Agro Ingreso Seguro más jugosas para cada beneficiario. En distritos de riego, se han otorgado 245 mil millones en los tres años de AIS, que han beneficiado casi 25 mil proyectos: un promedio de 550 millones de pesos por proyecto. Esto supera con creces los demás subsidios de AIS, que son de dos millones de pesos en promedio. Así se distribuyó el subsidio de riego y drenaje, según las cifras oficiales del Ministerio de Agricultura:

La Silla Vacía analizó con más detalle cuáles han sido las familias que han recibido más ayudas por riego y drenaje. Las siguientes son las 15 familias ganadoras.

Familia Dávila
(3.900 millones)
Si se suman las ayudas entregadas a empreas de la familia, a miembros de la familia, y a sus empleados Luis Miguel Vergara Diazgranados, Jesús Carreño Granados y Guillermo Barrios, entre 2008 y 2009 han recibido 3900 millones en ayudas para riego y drenaje.

Familia Riveros Páez
(2.000 millones)
Manuel Vicente Riveros Paéz, José Joaquín Riveros Páez y Palmeras del Llano S.A. recibieron 4 ayudas en 2008. Totalizan más de 2000 millones de pesos, que son todos los recursos que el programa de riego y drenaje ha otorgado a programas en el departamento del Meta.

Juan Manuel Posada Grillo
(1.040 millones)
Agropecuaria El Mango Posada y Agropecuaria Casablanca Posada recibieron casi 600 millones en 2007, y en 2008 el Grupo San Luis Posada obtuvo 440 millones. Son más de mil millones en estos dos años.

Familia Guzmán
(1.000 millones)
Recibieron casi mil millones de pesos en 2008, a través de la Unión Temporal Palmera Guzmán (que también aparece como Agrícola Casablanca) y Guzmán D y Cía. Son tradicionales cultivadores de caña. Una de ellas, Eugenia Guzmán de la torre, aportó un millón a la campaña de Álvaro Uribe en 2002.

Familia Garcés
(1.000 millones)
En la primera convocatoria de 2008 obtuvieron ayudas por mil millones de pesos, mediante sus empresas Socorro Garcés de Vallejo y Cía, V. Garcés y Cía y Mercedes de Garcés y Cía. Es una tradicional familia del Valle del Cauca, fundadora del Ingenio Meléndez, entre otras empresas.

Familia Abadía Campo
(800 millones)
En 2008, Diego Abadía Torne recibió 240 millones; Fabiola Abadía de Peck, 88 millones, y Miguel Angel Abadía, 166 millones. En 2009, Adolfo Abadía y Cía recibió 175 millones, mientras que Harold Abadía Campo obtuvo 123 millones. Se trata de la familia del gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. De hecho, Adolfo Abadía entregó cinco millones para la campaña del hoy gobernador; Harold Abadía contribuyó con diez millones; Diego Abadía, con cinco, y Miguel Angel Abadía, con 4 millones.

Familia Correa
(750 millones)
Mediante Inversiones Alvalena y La Juliana S.A., recibió 530 millones en la primera convocatoria de 2008 y otros 143 millones en la segunda convocatoria de ese año. En el 2009, Inversiones Alvalena obtuvo otros 70 millones. En total, son casi 750 millones de pesos, sin contar con la participación parcial en Agropecuaria Borrero Borrero, que recibió otros 90 millones. La cabeza de la familia, Álvaro José Correa Borrero, es representante del gobierno en la Cámara de Comercio de Cali, ha sido miembro de Asocaña y es un prestante miembro de los círculos empresariales de Cali.

Familia Cuello
(490 millones)
Armando José Cuello Daza, ex director del Incoder, recibió 139 millones de pesos en 2008, simultáneamente a una ayuda de 146 millones para su padre Armando José Cuello Cuello. Su cuñado, Javier Donaldo Cuello Bermúdez, recibió 68 millones en 2008 y 135 en 2007.

Familia Nule Amín
(279 millones)
Su empresa Sociedad Comercial y Agropecuaria del Golfo recibió 279 millones en 2008. Miguel Nule Amín es un político de Sucre y sus hijos han creado un importante grupo constructor, que ha ganado varias concesiones del Estado en los últimos años.

Familia Vives Lacouture
(5.395 millones)
Son los campeones indiscutidos de los programas de riego y drenaje. Recibieron casi 5 mil 400 millones en 2008, mediante sus empresas Mevicala, Inversiones Santa Inés, Agropecuaria Mavil, Inmobiliaria Kasuma, Vicala, Construmundo, Sovijila, Vibeych, Banavica, Vizu y Sanvi, además de una ayuda a José Francisco Vives Lacouture. Se trata de una prestante familia de Santa Marta, uno de cuyos miembros, Luis Eduardo Vives Lacouture, fue elegido al Congreso en 2006 y ha sido condenado por parapolítica.

Familia Lacouture Pinedo
(4.873 millones)


En el 2007 participaron a través de varias compañías como FMP & cía, Orlandesca S.A. e Inversiones Santa Inés. También lo hicieron por cuenta de Carmen Helena Calle, esposa de Nelson Vives Lacouture, y a nombre propio. Al año siguiente, se presentaron algunos miembros de la familia. Así consiguieron casi 5 mil millones de pesos para proyectos en los municipios bananeros del Magdalena.

Familia Solano Tribín
(1.264 millones)
Gustavo Solano Tribín, Nicolás Simón Solano Tribín e Inagro S.A. presentaron sendos proyectos de riego y drenaje en 2008. Con ellos obtuvieron más de 1.200 millones de pesos. Se trata de una familia de empresarios del banano en el Magdalena.

Familia Vives
(2.045 millones)
Al sumar empresas de varios de los primos Vives Pinedo, Vives Prieto y González Vives se llega a una suma de más de dos mil millones de pesos. Si bien no se trata de un núcleo familiar como es el caso de las demás familias, el parentesco entre ellos y de ellos con los Vives Lacouture resalta la concentración de las ayudas en unos pocos clanes. Especialmente en el Magdalena, de donde son oriundos los Vives.

Familia Fernández de Castro
(909 millones)


Juan Manuel Fernández de Castro aparece como representante de Alberto Lacouture Pinedo en la solicitud de una ayuda y en otra, es representado por él. Este prestante samario obtuvo entre 2007 y 2008 más de 900 millones de pesos.

Familia Lacouture Dangond
(1.821 millones)


Alfredo Lacouture Dangond a nombre propio y a través de CI El Roble S.A., obtuvo más de 1.300 millones de pesos para riego en el Magdalena. Es familiar de los otros Lacouture beneficiados.

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¿Quién responde?

*Carlos A. Lozano Guillén

Columna Mirador de la edición de VOZ 2516 4 al 10 de noviembre de 2009

Cuando comenzó el escándalo de las chuzadas y los seguimientos ilegales del DAS a magistrados, periodistas y dirigentes políticos, el presidente Uribe Vélez se apresuró a decir que era un hecho aislado de un grupo delictivo al interior de este organismo de inteligencia que depende en línea directa de la Presidencia de la República.

Algo similar ocurrió en Perú, aunque en menor escala y proporción, y hace algunas semanas el ex dictador Alberto Fujimori fue condenado a seis años de cárcel, además de otras condenas por delitos más graves y en prisión está el siniestro Montesinos, artífice del espionaje y de otros crímenes más. En Colombia, en contraste, el dictador Uribe Vélez se prepara para un nuevo asalto institucional que le permita el tercer mandato presidencial y la segunda reelección, ambas logradas con marrullerías y trampas, y el Montesinos criollo (¿los montensinos?) gozan de plena libertad para continuar delinquiendo. Desde la cárcel, antiguos jefes del narcotráfico y el paramilitarismo, confiesan en Colombia y en Estados Unidos, que con su dinero y sus armas contribuyeron a la primera y segunda elección de Uribe Vélez. Y nada pasa.

Con toda razón, el ex fiscal Mario Iguarán cuando conoció los archivos secretos del G3, grupo delictivo del DAS que adelantó las labores de espionaje y seguimientos ilegales, dijo que sentía asco. Lo mismo que sentimos el lunes 26 de octubre pasado, el abogado Reinaldo Villalba del Colectivo Alvear Restrepo, la periodista Claudia Juliana Duque y el suscrito, al conocer las carpetas A-Z de toda la información ilegal recopilada sobre nosotros desde 2002 hasta 2005. Cientos de páginas de infamia. El país aún no es consciente de la gravedad de esos procedimientos y de la extensión del entramado criminal del G3 que abarcó numerosas oficinas gubernamentales, incluyendo a la “Casa de Nari”.

Por lo menos, en el caso personal, hallé documentos que salieron de oficinas públicas, que sólo podían entregarlos bajo mandamiento judicial que nunca fue presentado. También, reposaban de manera ilegal cartas confidenciales al Ministerio del Interior, a la Vicepresidencia de la República y a la Oficina de Protección del DAS. Todo de suma gravedad, aunado a que, muy bien guardados y sin que nunca se hubieran revelado, estaban documentos de inteligencia de por lo menos dos atentados criminales en mi contra. Nunca fui informado y ni siquiera en cada oportunidad se fortaleció el esquema de seguridad.

Como si fuera poco la ficha de los archivos del G-3 es casi idéntica a la que utilizó la Policía Judicial de la Dijin para instruir el proceso por rebelión que fue fallado en mi favor por la Fiscalía, así como similares los calificativos públicos y arbitrarios que me endilgó, hace tres años, el presidente Uribe Vélez. ¿Se necesitarán más pruebas para saber de dónde salió la orden de las chuzadas y los seguimientos?

carloslozanogui@etb.net.co

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Unir esfuerzos en la lucha popular

Editorial de la edición 2516 de VOZ 4 al 10 de noviembre de 2009

Con el pomposo nombre de “Pacto Social Agrario” se reunió en los últimos días de septiembre, en Melgar, principal centro turístico del departamento del Tolima, un grupo de hacendados y latifundistas, a instancias de José Obdulio Gaviria, la eminencia gris del régimen uribista. Fue casi la repetición del Pacto de Chicoral, también en el Tolima, en el gobierno de Misael Pastrana Borrero, mediante el cual con el acompañamiento de grandes agricultores y ganaderos el último gobierno del Frente Nacional le dio el puntillazo final a la tímida reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo, muy lejos de ser una reforma democrática porque lo redujo a una compra y venta de tierra, pero por fuera de la frontera agrícola y sin tocar para nada la excesiva concentración sobre la tierra.

La convocatoria de José Obdulio a la cual pretende vincular a unos pocos campesinos atraídos por la demagógica prédica uribista, está en la línea de la creación de una central de trabajadores y de meterse en el movimiento social, porque es obvio que en el Gobierno hay preocupación y nerviosismo por el incremento de la lucha de masas y la movilización popular. Es un proyecto de largo aliento, que sobrepasa la meta del próximo Gobierno, porque en la mente de Gaviria está el cálculo de que Uribe Vélez y sus elegidos llegaron para quedarse con la torta del poder para siempre. Con la cantaleta de reelegir la “seguridad democrática”, sus mentores quieren perpetuarse para seguir cometiendo los atropellos conocidos y los raponazos al erario público.

Desde luego, la “nueva central sindical”, como los ricos del campo reunidos en el “veraniadero” de Melgar, no hablaron para nada de Agro Ingreso Seguro, de las groseras donaciones y subsidios a los ricos que financiaron las campañas de Uribe Vélez y mucho menos de la exagerada concentración sobre la tierra y de la cada vez más influencia del capital financiero y las transnacionales en la economía colombiana. Mucho menos se interesaron por la concentración de la riqueza en pocos grupos económicos y familias privilegiadas, ni en el desempleo y en el incremento de la pobreza y la indigencia. Colombia está en la olla, pero eso no les importa a los poderosos amigos de José Obdulio que detentan el poder, enceguecidos por la guerra y el desprecio a los sectores populares.

En contraste, en Colombia, los problemas sociales acumulados están motivando y estimulando la lucha social. Las recientes movilizaciones de los educadores, los trabajadores en dos jornadas sucesivas, la marcha indígena y la masiva protesta estudiantil en defensa de la Universidad pública, están anunciando próximos estallidos sociales contra la ignominia, la indecencia y la arbitrariedad en las alturas del poder. No hay antecedentes iguales en la magnitud de la corrupción del Gobierno Nacional. Y eso es mucho decir en un país en que la clase dominante es corrupta y violenta para mantenerse en el poder.

Los estudiantes están en la calle porque no soportan el plan uribista de asfixiar la Universidad pública para privatizarla. Mientras para la guerra se destina el 25 por ciento del Presupuesto Nacional y les entregan siete bases militares a los gringos con millonaria inversión en dólares, la Universidad apenas muerde menos del cinco por ciento del Presupuesto en medio de la indolencia de Uribe Vélez y su pandilla. A la salud pública le va muy mal también. Son las realidades de un régimen fanático, antidemocrático e insensible ante las necesidades de la sociedad, en particular de los más humildes.

Es imperiosa la acción social y popular. Unir los esfuerzos de los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, las mujeres y los jóvenes en el torrente de la unidad de acción, contra la guerra, en defensa de la soberanía nacional, por la educación y la salud pública, por los derechos de las mujeres y los jóvenes. Unidos hacemos mayoría, no sólo para enfrentar la reelección uribista sino también para promover los cambios hacia un nuevo poder democrático y popular, que concrete la solución política negociada del conflicto y soluciones sociales a las acuciantes necesidades del pueblo colombiano. En esta realidad es que debe beber el Polo Democrático Alternativo, la izquierda, el movimiento sindical y popular que está en ascenso en el país. ¡A luchar sin pausa y sin vacilaciones!

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Honduras: Comunicado Oficial Gobierno de Zelaya

República de Honduras
Secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores
Comunicado
NUESTRAS ARMAS SON LAS IDEAS NUESTRA LUCHA ES PACIFICA

Por instrucciones del Presidente Constitucional de la República, Jose Manuel Zelaya Rosales, y ante las distorsiones públicas realizadas por los miembros de la comisión negociadora que representaba al señor Micheletti en el acuerdo de Tegucigalpa/San José, al Pueblo hondureño y la Comunidad Internacional, Comunicamos:

1. El Acuerdo Tegucigalpa/San José, constituye el resultado de un diálogo que dentro del espíritu del Plan Arias, y bajo los auspicios de la Comunidad Internacional a través de la Comisión Especial de Cancilleres de países miembros de la Organización de Estados Americanos, surge con el fin de atender los mandatos incluidos en las Resoluciones de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, para revertir el Golpe de Estado Militar y restaurar el Orden Constitucional, situación que irrevocablemente pasa por la restitución sin demora del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales.

2. Que las Comisiones de Dialogo nombradas por el Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales, y por el régimen de facto que encabeza Roberto Micheletti Bain, respectivamente, convinieron en remitir al Congreso Nacional el Acuerdo Tegucigalpa/San José contentivo de doce puntos, de los cuales el numeral 5 manda a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010, señalando taxativamente el procedimiento para revertir el golpe de Estado militar. Por tanto, cualquier interpretación fuera de este contexto seria inaceptable y constituiría una nueva afrenta al pueblo hondureño y a la comunidad internacional.

3. Que apegados al espíritu del Acuerdo Tegucigalpa/San José, el cargo del Presidente de la República que constitucionalmente eligió el pueblo hondureño para un mandato de 4 años no está en discusión, por lo que el Congreso Nacional debe actuar con responsabilidad y derogar los decretos con los que ilegalmente pretendieron destituir al Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales y nombrar a un mandatario de facto, hecho que ha sido condenado por todas las naciones del mundo.

4. Que ante el optimismo con que se ha recibido la firma del Acuerdo Tegucigalpa/San José, rechazamos la utilización de estrategias dilatorias o cualquier otra estratagema que ponga en precario el prestigio y la credibilidad que nuestro país merece ante la Comunidad Internacional, la que con firmeza y convicción ha puesto al servicio de nuestro pueblo la buena fe de sus actos y su solidaridad.

5. En consecuencia, hacemos un llamado a la Comunidad Internacional a que se mantenga vigilante para que en cumplimiento del Acuerdo Tegucigalpa/San Jose, el Congreso Nacional proceda a la inmediata restitución del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales, única vía para el retorno al Orden Constitucional, el pleno respeto de los Derechos Humanos y de las Garantías Constitucionales, y el respeto irrestricto al Derecho Internacional.

Solo entonces podremos alcanzar la reincorporación de Honduras en el concierto de las Naciones, el levantamiento de las sanciones impuestas al régimen de facto y el reconocimiento al próximo proceso electoral, el que deberá desarrollarse en un entorno de legalidad, legitimidad e igualdad de oportunidades

Tegucigalpa, M.D.C., el 2 de noviembre de 2009,

GOBIERNO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE HONDURAS

JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES

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