¿Quién responde?

*Carlos A. Lozano Guillén

Columna Mirador de la edición de VOZ 2516 4 al 10 de noviembre de 2009

Cuando comenzó el escándalo de las chuzadas y los seguimientos ilegales del DAS a magistrados, periodistas y dirigentes políticos, el presidente Uribe Vélez se apresuró a decir que era un hecho aislado de un grupo delictivo al interior de este organismo de inteligencia que depende en línea directa de la Presidencia de la República.

Algo similar ocurrió en Perú, aunque en menor escala y proporción, y hace algunas semanas el ex dictador Alberto Fujimori fue condenado a seis años de cárcel, además de otras condenas por delitos más graves y en prisión está el siniestro Montesinos, artífice del espionaje y de otros crímenes más. En Colombia, en contraste, el dictador Uribe Vélez se prepara para un nuevo asalto institucional que le permita el tercer mandato presidencial y la segunda reelección, ambas logradas con marrullerías y trampas, y el Montesinos criollo (¿los montensinos?) gozan de plena libertad para continuar delinquiendo. Desde la cárcel, antiguos jefes del narcotráfico y el paramilitarismo, confiesan en Colombia y en Estados Unidos, que con su dinero y sus armas contribuyeron a la primera y segunda elección de Uribe Vélez. Y nada pasa.

Con toda razón, el ex fiscal Mario Iguarán cuando conoció los archivos secretos del G3, grupo delictivo del DAS que adelantó las labores de espionaje y seguimientos ilegales, dijo que sentía asco. Lo mismo que sentimos el lunes 26 de octubre pasado, el abogado Reinaldo Villalba del Colectivo Alvear Restrepo, la periodista Claudia Juliana Duque y el suscrito, al conocer las carpetas A-Z de toda la información ilegal recopilada sobre nosotros desde 2002 hasta 2005. Cientos de páginas de infamia. El país aún no es consciente de la gravedad de esos procedimientos y de la extensión del entramado criminal del G3 que abarcó numerosas oficinas gubernamentales, incluyendo a la “Casa de Nari”.

Por lo menos, en el caso personal, hallé documentos que salieron de oficinas públicas, que sólo podían entregarlos bajo mandamiento judicial que nunca fue presentado. También, reposaban de manera ilegal cartas confidenciales al Ministerio del Interior, a la Vicepresidencia de la República y a la Oficina de Protección del DAS. Todo de suma gravedad, aunado a que, muy bien guardados y sin que nunca se hubieran revelado, estaban documentos de inteligencia de por lo menos dos atentados criminales en mi contra. Nunca fui informado y ni siquiera en cada oportunidad se fortaleció el esquema de seguridad.

Como si fuera poco la ficha de los archivos del G-3 es casi idéntica a la que utilizó la Policía Judicial de la Dijin para instruir el proceso por rebelión que fue fallado en mi favor por la Fiscalía, así como similares los calificativos públicos y arbitrarios que me endilgó, hace tres años, el presidente Uribe Vélez. ¿Se necesitarán más pruebas para saber de dónde salió la orden de las chuzadas y los seguimientos?

carloslozanogui@etb.net.co

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