Trono del terror (1, 2 y 3)

Es increíble el poder de amedrentamiento que ha logrado José Obdulio Gaviria sobre la prensa colombiana. ¿Pueden ustedes creer que el Rasputín criollo pidió desde estas páginas que me metieran preso por dar unas opiniones sobre las Farc, y hasta hoy -una semana después- no se ha escrito, ni se ha dicho al aire, una sola palabra al respecto?

Como periodista, semejante silencio me duele, pero como ciudadano me espanta. Si la justicia acogiera las instigaciones de Gaviria, el periodismo y la libertad de expresión en Colombia quedarían heridos de muerte, lo cual no parece preocuparles para nada a mis colegas. Así les suene lo más mamerto del mundo, los invito a leer aquella memorable frase atribuida al poeta y dramaturgo Bertolt Brecht, en los albores de la Alemania nazi, que comienza así: "Primero vinieron por los comunistas, pero como yo no era comunista, no dije nada..."

José Obdulio Gaviria, experto en cárceles desde la época en que visitaba a sus primos Escobar en la Catedral, de donde salía con abultados fajos de billetes, según relata Roberto Escobar en su libro Mi hermano Pablo (Editorial Oveja Negra, págs. 163 y 164), dice que yo debo estar en prisión puesto que recorro el mundo "haciendo apología de las Farc". Mi apología, según nuestro tropical Monje Loco, consiste en decir que las Farc no serán aniquiladas, que los militares en poder de la guerrilla no son secuestrados y que las versiones mediáticas sobre el reclutamiento de menores y el maltrato de las mujeres en las filas guerrilleras están magnificadas y distorsionadas.

Ratifico todo lo anterior y paso a sustentar mis puntos de vista gracias a que el Director de EL TIEMPO me ha dado la oportunidad de hacerlo.

Dije en Caracas que las Farc son invencibles. La frase no fue pronunciada como una proclama o como una consigna, sino como un hecho científicamente comprobable. ¿O es que 50 años de infructuosos (y costosísimos) esfuerzos por aniquilarlas no son suficiente evidencia? Durante casi ocho años, el actual gobierno se ha gastado unos 15.000 millones de dólares en la guerra, ha duplicado el número de integrantes de la Fuerza Pública, ha despilfarrado el 6,5 por ciento del PIB en los campos de batalla, ha entregado lo poco que nos quedaba de soberanía nacional y ha hecho añicos nuestras relaciones con los países vecinos, a cambio de resultados francamente irrisorios: las bajas de dos integrantes de la comandancia rebelde y de unas decenas de mandos medios, el rescate de 14 rehenes y la deserción de unos cuantos centenares de jóvenes guerrilleros. Pero las Farc siguen ahí, no "refugiadas en sus madrigueras" como suele decir el Gobierno en su curioso lenguaje del Llanero Solitario, sino demostrando poder de fuego a lo largo y ancho de nuestra geografía, todos los días del mes y todos los meses del año.

También dije en la citada entrevista que los militares en poder de las Farc no eran secuestrados, sino prisioneros de guerra. Y ratifico mi opinión. ¿Cómo se pueden calificar de secuestrados a los oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía que fueron vencidos por su adversario tras horas, a veces días, de valerosos combates, muchos de ellos librados en medio del total abandono por parte de sus mandos, que nunca les enviaron refuerzos?

Lamento que este espacio no me alcance para tratar los temas de las guerrillas como fuerzas político-militares, el reclutamiento de menores y el tratamiento a las mujeres en el mundo insurgente, asuntos sobre los cuales se han dicho muchas mentiras o verdades a medias que merecen una discusión amplia y abierta.

Así que termino devolviéndome al principio de estas líneas: causa terror que nuestro Rasputín paisa, considerablemente más bajo de estatura que el original ruso, haya logrado amedrentar de tal forma al periodismo. No fue una casualidad que José Obdulio hubiera comenzado su columna contra mí acusando a los medios de dar un trato "laxo y casi amistoso (...) a los terroristas". Lo hizo para probar cómo andaba su poder de intimidación y creo que a estas horas debe estar frotándose las manos con el resultado.

Jorge Enrique Botero

Fuente El Tiempo

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Dinamismo en campaña electoral. Giras de Gloria Inés Ramírez en el país y de Carlos Lozano en Bogotá

Foto: Carlos Lozano, 109 en el tarjetón del PDA de Cámara por Bogotá, en fogosa intervención de campaña electoral. Foto Durango

La senadora Gloria Inés Ramírez y candidata a la misma corporación con el número 3 en el tarjetón del Polo Democrático Alternativo, estuvo la semana pasada, en el despegue del presente año de la campaña electoral, en los departamentos de Guajira y Cesar. Denunció la impunidad para los responsables de ejecuciones extrajudiciales, llamados “falsos positivos”. “Es suficientemente conocido que, salvo casos excepcionales, el genocidio contra la Unión Patriótica, los asesinatos y desapariciones de miles de sindicalistas, dirigentes sociales y luchadores populares y otra larga lista de crímenes contra nuestro pueblo permanecen en la más absoluta impunidad.

La mal llamada ley de “Justicia y Paz”, lo que en realidad hizo fue consagrar la impunidad para los crímenes del paramilitarismo, y la extradición de sus principales jefes a Estados Unidos le puso punto final a la posibilidad de que los principios de verdad, justicia y reparación pudieran tener alguna aplicación en nuestro país”, señaló la senadora del PDA y del Partido Comunista.
Advirtió que el procurador Alejandro Ordoñez se alineó con el ‘estado de opinión’ del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien aspira con todo tipo de trampas a la segunda reelección, con el concepto que emitió ante la Corte Constitucional sobre la legalidad de la ley que convocó el referendo reeleccionista.

Esta semana la senadora Gloria Inés Ramírez continúa la campaña electoral, presidiendo actos en Chocó, Barrancabermeja, Yondó y Medellín.

Carlos Lozano en Bogotá

De otra parte, Carlos Lozano, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá en la lista del Polo Democrático Alternativo con el número 109, intervino en un panel en Usaquén sobre el Plan Centro Bogotá con el médico Román Vega, quien disertó sobre Ciudad Salud y Luis Lancheros, quien explicó el Plan de Ordenamiento Territorial. Lozano cuestionó el Plan Centro Bogotá porque es excluyente y está dirigido a satisfacer los negocios del capital nacional y transnacional a expensas del desarraigo de miles de familias que habitan en el centro del Distrito Capital. “Es un plan proyectado en el marco de los intereses y propósitos del Tratado de Libre Comercio”, dijo el candidato y director de VOZ. Al tiempo, añadió: “No nos oponemos a la modernización y a obras como las que están proyectadas, pero por lo menos es sospechoso que el 80 por ciento de las mismas sean de capital privado y no atiendan las urgentes necesidades sociales de los barrios populares del sector”. Invitó a formular planes alternativos y a que los sectores populares se opongan con la movilización y la resistencia a estos proyectos del capital.

Igualmente, se reunió con estudiantes de diseño gráfico y pequeños empresarios del barrio Restrepo al sur de la ciudad, ante quienes señaló la necesidad de que en las elecciones del próximo 14 de marzo se haga una renovación del Congreso y con más presencia de la izquierda y la oposición, para garantizar la enérgica condena a los desafueros del Gobierno y a los actos de corrupción que ya son insoportables. Además, agregó, que las soluciones sociales y populares vendrán de la mano de la paz con democracia y justicia social. Demandó el intercambio humanitario y la pronta liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo, el soldado Daniel Calvo y la entrega de los restos del mayor Julián Guevara.

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El procurador avala el referendo reeleccionista

¿Quién lo dudaba?

Ninguna sorpresa causó el concepto del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, sobre la ley que convoca el referendo reeleccionista, en el sentido de solicitarle a la Corte Constitucional la exequibilidad de la ley aprobada por las mayorías uribistas en el Congreso en medio de trampas y marrullerías, como fue aprobada también la reforma constitucional en la primera reelección de Uribe Vélez, mediante la ejecución de delitos como el cohecho de la llamada “yidispolítica”.

Para el procurador de bolsillo de la “Casa de Nari”, las irregularidades de la aprobación de la ley son muchas, pero ellas mismas no son de tan suficiente fuerza para exigir la inexequibilidad de la misma. No importa torcerle el pescuezo a la ley, pero el referendo va, según la curiosa argumentación de Ordoñez, quien se enredó bastante en la explicación de su absurdo concepto ante los medios de comunicación.

El procurador Ordoñez, conocido uribista y de posiciones derechistas, hace algunos meses en escandalosa decisión absolvió en las investigaciones disciplinarias al ministro Diego Palacio y al ex ministro Sabas Pretelt, a pesar de tantas evidencias y de las declaraciones en contra de Yidis Medina, de la acusación de haber distribuido cargos públicos entre los congresistas para comprar los votos suficientes en la aprobación del acto legislativo de la primera reelección. Igualmente, ha sido criticada la investigación abierta contra los senadores Jorge Robledo y Gloria Inés Ramírez, el representante Wilson Borja y el concejal Jaime Caycedo, a quienes pretende castigar por su postura crítica de oposición democrática al funesto Gobierno de la “seguridad democrática”.

De todas maneras, el concepto del procurador no obliga a la Corte Constitucional. Hay que esperar la decisión final de la misma, para lo cual, en suma, cuenta con noventa días, que pueden ser menos, y de ser avalada pues queda la opción de derrotar a Uribe Vélez en el referendo, a pesar de todas las presiones y trampas, incluyendo la anunciada disminución del censo electoral. Este tema del referendo reeleccionista, cualquiera que sea su suerte, quedará en la historia colombiana como una de las páginas antidemocráticas de la mayor infamia de que se tenga noticia en este país de tantas arbitrariedades del capital y de la clase dominante en el poder. ¡Y eso ya es mucho decir!

Carlos A. Lozano Guillén

Director de VOZ y candidato a la Cámara de Representantes

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abitantes de Arboleda: una lucha contra la infamia

Los habitantes afectados, que sólo aspiran a construir allí su “pequeño chalet”

Por: Hernando López Edición VOZ 2523

Venticuatro años de espera sin solución concreta a los propietarios del barrio Arboleda. Fueron estafados por urbanizadores piratas y están abandonados por las autoridades.

Al barrio Arboleda, en la localidad San Cristóbal de Bogotá, en el extremo sur oriente, se llega por la antigua vía a Villavicencio, para luego ascender por una trocha hasta la altura de la meseta donde está la entrada al Parque Natural Arboledas. Sobre ella están construidas unas pocas viviendas y están los vestigios de otras que estuvieron allí levantadas, pero fueron destruidas en los desalojos de la Fuerza Pública, desde 1984. No hay servicios públicos y el agua, en precarias condiciones e insalubre, sale de una quebrada. El cuadro es de extrema pobreza. Los habitantes están sometidos al “polvero” en la época de verano o al frío intenso y el barro en el invierno. “Nadie sabe cómo pueden vivir estas personas”, nos dijo un acompañante en diciembre pasado.

En 1984, 400 familias le compraron esos terrenos a Gustavo Triviño, Julio Piernagorda y otros, quienes resultaron ser unos estafadores, pues en 1985 apareció José Domingo Cristancho de la empresa Inversiones Santodomingo-Inermingo, quien alegó ser el propietario y apoyado por la Fuerza Pública procedió al desalojó. Con retroexcavadoras fueron destruidas las viviendas, la Policía arremetió con brutalidad contra niños, mujeres, ancianos y adultos y los documentos que respaldaban la propiedad de buena fe sobre los predios fueron incinerados.

Dilatan solución

Desde entonces comenzó el calvario de estas 400 familias, porque 24 años después no tienen ninguna solución de las autoridades distritales. Es gente humilde, algunos desempleados y otros se desempeñan en ofi cios de muy bajo ingreso, abandonados por el Estado, porque al parecer para ellos no rige el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado:(…)la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

En 1987, el Concejo Distrital por iniciativa del concejal Mario Upegui aprobó el acuerdo No. 4 del mismo año, mediante el cual se autorizó al Alcalde Mayor para modificar la estructura administrativa del Distrito Especial de Bogotá y se declaró de utilidad pública e interés social el predio de La Arboleda. En consecuencia fue expropiado y en 1989 así lo reconoció el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá.

Sin embargo, con el tiempo aparecieron las complicaciones y los obstáculos gubernamentales, que hicieron nugatorio el cumplimiento del Acuerdo del Concejo Distrital. No han valido las intervenciones posteriores de la Central Nacional Provivienda, las acciones judiciales interpuestas por los damnifi cados y del concejal Jaime Caycedo. El Distrito Capital alega que hubo el cambio del uso del suelo al declarar a posteriori como parque natural el sitio de La Arboleda, aunque sus habitantes argumentan con elementos de juicio que el parque natural comienza más arriba de los linderos del barrio. Como si fuera poco, la empresa de acueducto asegura que es una zona de riesgo y que proveerla de servicio de agua y alcantarillado tiene un alto costo.

Aspiran a construir su “pequeño chalet”

Los habitantes afectados, que sólo aspiran a construir allí su “pequeño chalet”, como dijo uno de los humildes propietarios del terreno, defienden el derecho, porque recibieron la autorización de la curaduría urbana y porque los favorece el acuerdo del Concejo Distrital, presentado por el entonces concejal Mario Upegui y aprobado por el cabildo bogotano.

Tratando de resolver el problema, las familias interpusieron una demanda de acción popular, que fue reconocida en decisión ambigua por el juzgado 26 administrativo del Circuito de Bogotá, pero revocado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en octubre del año pasado, que de forma inexplicable le reconoce los derechos a las víctimas de la estafa desde hace 24 años y su legítima aspiración a tener vivienda propia, pero niega la acción popular y le da la razón a las autoridades que declaran como parque natural y zona de alto riesgo el sitio en donde debe ser construido el barrio de conformidad con la decisión del Concejo Distrital.

La Caja de Vivienda Popular quiere dividirlos, ofreciendo dinero para sacarlos del sitio y sin solución concreta. Al tiempo que la Alcaldía Distrital elude el aspecto social, que debe primar para ofrecerles una real alternativa que no puede ser otra que el acceso a una vivienda digna después de 24 años de sufrimiento y espera. Los propietarios están desesperados, ya no creen en nada y están en la disposición de luchar a cualquier precio por lo que les pertenece. “Lo más aconsejable, dicen directivos de la Central Nacional Provivienda es una solución institucional y pronta, porque esto es un polvorín”. El concejal Jaime Caycedo, la senadora Gloria Inés Ramírez y Carlos Lozano, candidato a la Cámara de Representantes, los están acompañando en el objetivo de una pronta y aceptable solución de vivienda. Los desesperados habitantes han declarado la disposición de estar unidos y de luchar por lo que les pertenece. En eso no darán el brazo a torcer.

VOZ

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Primero la vida

En un comunicado del Bloque Sur de las FARC-EP, divulgado en el día de ayer (martes 5 de enero de 2010), se atribuyen la ejecución del gobernador de Caquetá, Luis F. Cuéllar, según dicen porque iba a ser sometido a un juicio político por corrupción en el ejercicio del poder local. Este reconocimiento público, para nada cambia el rechazo y el repudio al vil asesinato del funcionario de elección popular, ni siquiera por las razones que alude el Bloque Sur en el comunicado, ni porque la Fiscalía General de la Nación lo estuviera investigando por presuntos nexos con el paramiliatrismo. El atentado personal y el secuestro, entre otras formas de degradación del conflicto colombiano, deben ser desterrados del mismo por los protagonistas armados.

Lo primero es la vida y la preeminencia del humanismo en los actos de guerra del conflicto, ninguno de ellos puede envilecerlo ni degradarlo como está ocurriendo. Tampoco contribuyen dichos desafueros y crímenes a que prevalezcan los actos de humanidad. El delirante llamado del señor Uribe Vélez a los operativos militares de rescate, no es lo recomendable, porque por lo general terminan con la vida de las víctimas. El síndrome de la “Operación Jaque” que embriaga al Gobierno Nacional y a los militares, deben superarlo con tranquilidad, porque este tipo exitoso de operativos incruentos es difícil, casi imposible que se repitan.

Estas situaciones, que ciertamente enturbian el ambiente favorable a las salidas humanitarias y pacíficas, no deben afectar para nada las liberaciones anunciadas del sargento Pablo Emilio Moncayo y el soldado José Daniel Calvo, así como la entrega de los restos del mayor Julián Guevara a doña Emperatríz su señora madre. Menos aún la incesante lucha de miles de colombianos y colombianas por la paz que promueven el intercambio humanitario para que logren la libertad todas las personas que están en injusto cautiverio.

* * * * *

Sainete publicitario

Los grandes medios de comunicación que le sirven de caja de caja resonancia a la guerra uribista, montaron un escándalo mediático por un cortometraje que realizaron unos cineastas argentinos y que fue divulgado en Buenos Aires ante centenares de espectadores, porque tergiversa la realidad de lo que son las FARC en el país.

No lo conozco. No lo he visto y mal puedo opinar del video o cortometraje, porque apenas han divulgado unas escenas, seleccionadas para la oportunidad y seguramente fuera del contexto de la secuencia del mismo. Pero tampoco me quita el sueño. Cada parte hace lo suyo. El Gobierno Nacional montó en el exterior, en Estados Unidos y Europa sobre todo, una costosa campaña publicitaria a cargo del erario público para denunciar a las FARC por terroristas y narcotraficantes, soslayando a la vez el origen político y social del conflicto colombiano el cual por cierto niega. A la vez, promueve la imagen paradisiaca de Colombia en los tiempos de la “seguridad democrática” y niega la gravedad de los llamados falsos positivos, de la “parapolítica”, de los actos de corrupción gubernamentales, la violación de los derechos humanos y los crímenes de Estado. Son millones de dólares de los colombianos y colombianas destinados a lavar la imagen del régimen uribista en tiempos de campaña reeleccionista.

Así las cosas, no me preocupan esos videos y cortometrajes, como tampoco la campaña mediática uribista en el exterior, me preocupa más el país, sometido a un régimen despótico y antipopular y a una guerra fratricida degradada que hay que parar lo más pronto posible. Lo negativo de las campañas publicitarias es que apuntan a justificar la guerra, prefiero que sigamos trabajando en Colombia, como lo hace de manera altruista “Colombianos y Colombianas por la Paz”, para encontrar los caminos para el intercambio humanitario y la solución política negociada del conflicto.

Falta, sería la nota cómica de siempre, que con el coro de la “gran prensa”, Uribe Vélez pida el enjuiciamiento de los centenares de espectadores argentinos que asistieron a la premier del video en diciembre pasado y seguramente a los miles de europeos que participarán en las presentaciones en sus respectivos países. Terminará haciendo el ridículo como siempre.

Carlos A. Lozano Guillén
Bogotá D.C. 6 de enero de 2010

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Todos somos guerrilleros y terroristas

Lázaro Vivero Paniza

Hizo carrera en el país que todo aquel que se atreva a decir que lo que hace el gobierno no conviene está aliado a la guerrilla y es auxiliador, miliciano o guerrillero camuflado de civil. Además después del once-once, muy posible que sea terrorista y si no se tienen pruebas sobre ello, funcionarios acreditados como autoridad pasan informes diciendo esto o aquello, pero sin que se pueda comprobar.

La instrucción: enlodarlo hasta donde más se pueda. No importa que salga inocente, porque lo verdaderamente cierto es que se necesita que pierda su prestigio de gente decente, después de que su único pecado es decir cosas que al gobierno central no le gustan.

Esta política de “seguridad democrática” se montó con el discurso que aquellos que no estén con ella, son los enemigos. Semejante problema sicológico es muy difícil de manejar. Su ceguera ante lo que creen debe manejarse de esa manera, no les permite ver lo que acontece.

Lo grave es que la realidad nos indica que hay fallas insuperables como en el caso del manejo del conflicto que no se reconoce, porque esto le daría status de beligerancia a la guerrilla. Lo peor es que los hechos nos indican que los grupos al margen de la Ley están a lo largo y ancho del territorio, haciendo y deshaciendo como a bien tienen. Los llamados “paramilitares” con el fracaso de la Ley andan que no saben que hacer pero se sabe para donde van y esto, llevará al fracaso total lo que nos vendieron como la panacea para Colombia.

Hay que agregarle los índices de desempleo que por más que quieran maquillar sus resultados, nos está demostrando que aumenta alarmantemente y coloca en condiciones de indignidad a millares de compatriotas sin que, se tenga solución a la mano. Pero hablando de indignidad no podemos dejar de mencionar a los desplazados que deambulan por todo el país, sin encontrar un gobierno que les resuelva su desesperación. Los convirtieron en seres que hay que rechazar porque se tomaron las esquinase incomodan a los que manejan sus carros en esas vías, olvidándonos que mendigan para su sustento y con ello no morir de física hambre.

Nadie habla de la juventud que esta parada desde las cinco de la tarde en las esquinas de los pueblos del país, no por diversión, sino porque nada tienen que hacer incluso después de haber terminado sus estudios, disque para poder ingresar a la universidad. Son jóvenes sin futuro así se diga que se han aumentado los porcentajes de quienes entran a estudios superiores. Hablan de los que entran, pero no pronuncian palabra de los que no lo pueden hacer.

Si denunciar que la realidad es otra da motivo para que sea uno calificado como apartida, guerrillero o terrorista, creo el ochenta por ciento de los colombianos terminaremos señalados con esos calificativos.

Bajo el riesgo de ese señalamiento, son muchas las políticas del actual gobierno que no funcionan y que, con el cuento de la seguridad, nos quieren hacer creer que todo anda bien pero olvidan que, sin solucionar el problema social, la realidad se siente y no permite discursos diferentes al fracaso. Sin resolver el problema de una verdadera justicia, jamás podremos encontrar una solución al conflicto que nos permita vivir en paz, como todos anhelamos.

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Alerta - Asesinado periodista que dirigía programa de opinión política

El pasado 15 de diciembre, en la ciudad de Buga, departamento del Valle del Cauca, al occidente del país, fue asesinado Harold Humberto Rivas Quevedo, periodista del canal local de televisión CNC Buga. Hasta el momento se desconoce si el crimen está relacionado con el trabajo periodístico del comunicador.

Según informaron fuentes allegadas a la FLIP en la zona, el hecho ocurrió hacia las 10:20 de la noche después de la emisión del programa ‘Comuna L’, dirigido por Rivas. El periodista había salido de las instalaciones del canal y se encontraba en la funeraria Santa Cruz, en la carrera 14 con calle 8, de la cual era administrador. Según testigos, un desconocido de contextura mediana, que portaba un casco que no permitía ver su rostro, llegó a la funeraria y le disparó a Rivas en cinco oportunidades con un arma nueve milímetros. El periodista falleció de forma instantánea mientras que el sicario huyó en una motocicleta que lo esperaba.

Rivas Quevedo era un periodista polémico y en su programa de opinión hacía duras críticas sobre la política local. El espacio contaba con la participación de líderes comunitarios y políticos, y gozaba de buena audiencia. Según Héctor Fabio Valverde, director de noticias de CNC Buga, Rivas era un periodista muy directo y “frentero”, y a la vez una persona transparente y correcta. Se había enfocado en la labor comunitaria.

Valverde aseguró que la primera hipótesis contemplada tanto por los familiares como por el canal es que el crimen no respondió a su trabajo periodístico sino a problemas con sus negocios personales: “parece que él (Rivas) se había dado cuenta de algunas irregularidades en sus negocios y por esto lo mataron”, aseguró Valverde.

En diálogo con la FLIP, el alcalde de Buga, Freddy Libreros, aseguró que mañana se llevará a cabo un consejo de seguridad en la ciudad en el cual se analizará la situación ocurrida con el periodista Rivas. Así mismo, aseguró que la Policía y la Fiscalía ya están realizando las primeras indagaciones sobre el crimen: “esperamos que en las próximas horas ya tengan algo en concreto”, puntualizó.

Por otro lado, un periodista local dijo a la FLIP que los periodistas de Buga corren riesgos cuando tratan temas periodísticos como la corrupción y el narcotráfico, lo cual se convierte en una presión constante sobre la prensa bugueña. Agregó que en este momento los comunicadores locales se encuentran consternados por la muerte de su colega.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lamenta el asesinato de Harold Humberto Rivas y envía un mensaje de solidaridad a su familia y amigos. La FLIP exhorta a la Fiscalía General de la Nación a realizar las investigaciones pertinentes que permitan encontrar y judicializar a los responsables. La FLIP continuará documentando este caso y tratará de esclarecer si el homicidio está relacionado con el trabajo periodístico del comunicador.

FLIP

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