Los habitantes afectados, que sólo aspiran a construir allí su “pequeño chalet”Por: Hernando López Edición VOZ 2523
Venticuatro años de espera sin solución concreta a los propietarios del barrio Arboleda. Fueron estafados por urbanizadores piratas y están abandonados por las autoridades.
Al barrio Arboleda, en la localidad San Cristóbal de Bogotá, en el extremo sur oriente, se llega por la antigua vía a Villavicencio, para luego ascender por una trocha hasta la altura de la meseta donde está la entrada al Parque Natural Arboledas. Sobre ella están construidas unas pocas viviendas y están los vestigios de otras que estuvieron allí levantadas, pero fueron destruidas en los desalojos de la Fuerza Pública, desde 1984. No hay servicios públicos y el agua, en precarias condiciones e insalubre, sale de una quebrada. El cuadro es de extrema pobreza. Los habitantes están sometidos al “polvero” en la época de verano o al frío intenso y el barro en el invierno. “Nadie sabe cómo pueden vivir estas personas”, nos dijo un acompañante en diciembre pasado.
En 1984, 400 familias le compraron esos terrenos a Gustavo Triviño, Julio Piernagorda y otros, quienes resultaron ser unos estafadores, pues en 1985 apareció José Domingo Cristancho de la empresa Inversiones Santodomingo-Inermingo, quien alegó ser el propietario y apoyado por la Fuerza Pública procedió al desalojó. Con retroexcavadoras fueron destruidas las viviendas, la Policía arremetió con brutalidad contra niños, mujeres, ancianos y adultos y los documentos que respaldaban la propiedad de buena fe sobre los predios fueron incinerados.
Dilatan solución
Desde entonces comenzó el calvario de estas 400 familias, porque 24 años después no tienen ninguna solución de las autoridades distritales. Es gente humilde, algunos desempleados y otros se desempeñan en ofi cios de muy bajo ingreso, abandonados por el Estado, porque al parecer para ellos no rige el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado:(…)la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
En 1987, el Concejo Distrital por iniciativa del concejal Mario Upegui aprobó el acuerdo No. 4 del mismo año, mediante el cual se autorizó al Alcalde Mayor para modificar la estructura administrativa del Distrito Especial de Bogotá y se declaró de utilidad pública e interés social el predio de La Arboleda. En consecuencia fue expropiado y en 1989 así lo reconoció el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá.
Sin embargo, con el tiempo aparecieron las complicaciones y los obstáculos gubernamentales, que hicieron nugatorio el cumplimiento del Acuerdo del Concejo Distrital. No han valido las intervenciones posteriores de la Central Nacional Provivienda, las acciones judiciales interpuestas por los damnifi cados y del concejal Jaime Caycedo. El Distrito Capital alega que hubo el cambio del uso del suelo al declarar a posteriori como parque natural el sitio de La Arboleda, aunque sus habitantes argumentan con elementos de juicio que el parque natural comienza más arriba de los linderos del barrio. Como si fuera poco, la empresa de acueducto asegura que es una zona de riesgo y que proveerla de servicio de agua y alcantarillado tiene un alto costo.
Aspiran a construir su “pequeño chalet”
Los habitantes afectados, que sólo aspiran a construir allí su “pequeño chalet”, como dijo uno de los humildes propietarios del terreno, defienden el derecho, porque recibieron la autorización de la curaduría urbana y porque los favorece el acuerdo del Concejo Distrital, presentado por el entonces concejal Mario Upegui y aprobado por el cabildo bogotano.
Tratando de resolver el problema, las familias interpusieron una demanda de acción popular, que fue reconocida en decisión ambigua por el juzgado 26 administrativo del Circuito de Bogotá, pero revocado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en octubre del año pasado, que de forma inexplicable le reconoce los derechos a las víctimas de la estafa desde hace 24 años y su legítima aspiración a tener vivienda propia, pero niega la acción popular y le da la razón a las autoridades que declaran como parque natural y zona de alto riesgo el sitio en donde debe ser construido el barrio de conformidad con la decisión del Concejo Distrital.
La Caja de Vivienda Popular quiere dividirlos, ofreciendo dinero para sacarlos del sitio y sin solución concreta. Al tiempo que la Alcaldía Distrital elude el aspecto social, que debe primar para ofrecerles una real alternativa que no puede ser otra que el acceso a una vivienda digna después de 24 años de sufrimiento y espera. Los propietarios están desesperados, ya no creen en nada y están en la disposición de luchar a cualquier precio por lo que les pertenece. “Lo más aconsejable, dicen directivos de la Central Nacional Provivienda es una solución institucional y pronta, porque esto es un polvorín”. El concejal Jaime Caycedo, la senadora Gloria Inés Ramírez y Carlos Lozano, candidato a la Cámara de Representantes, los están acompañando en el objetivo de una pronta y aceptable solución de vivienda. Los desesperados habitantes han declarado la disposición de estar unidos y de luchar por lo que les pertenece. En eso no darán el brazo a torcer.
VOZ
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