La caída de la emergencia salud a cuyo amparo el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez adoptó una serie de medidas para beneficiar a la empresa privada que se lucra del negocio de la salud pública, es un hecho importante y trascendental. No podía ser de otra manera. La Corte Constitucional adoptó la decisión de declarar inexequible la emergencia social, dictada en diciembre pasado en medio del repudio general, porque no obedeció a una situación sobreviniente, sino que la crisis de la salud es consecuencia de situaciones estructurales que devienen de la ley 100 que privatizó la salud y las pensiones en 1993. Así lo habíamos advertido de manera oportuna de conformidad al concepto de juristas y expertos en el tema.
La presión popular y de los trabajadores, que en las plazas públicas, en la calle y en sus pronunciamientos, exigieron la caída de la emergencia social y que concurrieron con ONG y organizaciones de juristas a demandar su inexequibilidad, no cabe la menor duda que fue el factor definitivo para que la Corte Constitucional así lo determinará, como meses atrás lo hizo con el nefasto referendo reeleccionista.
Es otro revés para el Gobierno de Uribe Vélez y el demagogo ministro de des-protección social, Diego Palacio, que una vez más demuestran que en el afán de proteger los intereses de los capitalistas y el negocio de los que se lucran con los derechos del pueblo, se llevan por delante la Constitución y la ley. La declaratoria de la emergencia social y la ilegalidad de la misma, así decidida por el ente de control constitucional y legal, deja un tufillo de prevaricato en la decisión del Gobierno Nacional. Estaba advertido de la ilegalidad y sin embargo insistió en el entuerto, porque colocó por encima del interés social y general el individual de los mercachifles de la salud pública.
Los trabajadores y el pueblo, así como los sectores democráticos y en particular los congresistas del Polo, deben preparar la batalla contra la ley 100. Es una necesidad cambiarla y modificarla en beneficio de las mayorías nacionales y de los más afectados, los más humildes, por la exclusión y discriminación en la salud pública de que son víctimas. Es un derecho fundamental.
Carlos A. Lozano Guillén
Director de VOZ
Bogotá D.C. 16 de abril de 2010
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