Por: Carlos A. Lozano Guillén
Mirador Edición 2536
“Mi delito es de sangre”, dijo Rubén Darío Granda, hermano de Rodrigo Granda, llamado el canciller de las FARC, para explicar su detención, hace dos semanas, en ruidoso operativo militar, policíal y judicial. Fue presentado junto con su esposa, Elsa Mercedes Aranda, como testaferro de las FARC para el manejo de las finanzas del grupo guerrillero. Al tiempo, en otro lugar, fue capturado su concuñado, Carlos Emilio Palacio, porque según la inteligencia de la Policía Nacional figura como propietario de bienes de las FARC.
La “gran prensa” reprodujo los folletines de inteligencia y las acusaciones gratuitas del general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional. Grandes titulares e informes periodísticos detallaron las propiedades del hermano de Rodrigo Granda como testaferro de las FARC. Nadie se cuidó de darle el beneficio de la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. El mismo día, que un juez de garantías decretó su libertad y la de sus familiares, el diario El Tiempo publicó un extenso recuento de las “acciones delictivas” de Rubén Darío Granda.
Sin embargo, la decisión del juez de garantías fue tajante. Ordenó la libertad de los incriminados y cuestionó la legalidad de las pruebas, sustentadas en el famoso computador de Raúl Reyes. Aparato desprestigiado y ridiculizado en el mundo por el abuso del Gobierno de Uribe Vélez y de los organismos de seguridad del Estado, que hicieron el ridículo en varios casos, aclarados ya y exonerados los acusados, aunque persisten en la perversa intención.
La “gran prensa” informó con superficialidad de la decisión del juez y le dio más trascendencia a las declaraciones del fiscal y del general Naranjo, que anunciaron la apelación de la decisión judicial. Es la costumbre de estos medios, que hace rato abandonaron la ecuanimidad y la razón de ser de la prensa: informar los hechos ciertos y reales tal y como acontecieron.
Tiene razón Rubén Darío Granda. Es el delito de sangre en Colombia, que se agrega al delito de opinión, al delito de ser oposición, al delito de la movilización social, entre otros, que no están contemplados en la Constitución ni en el Código Penal, pero que son parte de la alacena de las arbitrariedades de hecho que realiza la clase dominante, en los últimos ocho años con el ropaje de la “seguridad democrática”.
Son varios los familiares de guerrilleros sometidos a persecución oficial, convertidos en rehenes del régimen. Noticias Uno denunció este fin de semana, la situación de Alberto Zúñiga, hermano de dos guerrilleros de las FARC, acusados de participar en los repudiables hechos de Bojayá. Existen demasiadas evidencias de que él estaba en Barranquilla el día de los hechos y que jamás fue guerrillero. Fue condenado a 35 años de cárcel. Es el delito de sangre.
carloslozanogui@etb.net.co
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Mirador Edición 2536
“Mi delito es de sangre”, dijo Rubén Darío Granda, hermano de Rodrigo Granda, llamado el canciller de las FARC, para explicar su detención, hace dos semanas, en ruidoso operativo militar, policíal y judicial. Fue presentado junto con su esposa, Elsa Mercedes Aranda, como testaferro de las FARC para el manejo de las finanzas del grupo guerrillero. Al tiempo, en otro lugar, fue capturado su concuñado, Carlos Emilio Palacio, porque según la inteligencia de la Policía Nacional figura como propietario de bienes de las FARC.
La “gran prensa” reprodujo los folletines de inteligencia y las acusaciones gratuitas del general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional. Grandes titulares e informes periodísticos detallaron las propiedades del hermano de Rodrigo Granda como testaferro de las FARC. Nadie se cuidó de darle el beneficio de la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. El mismo día, que un juez de garantías decretó su libertad y la de sus familiares, el diario El Tiempo publicó un extenso recuento de las “acciones delictivas” de Rubén Darío Granda.
Sin embargo, la decisión del juez de garantías fue tajante. Ordenó la libertad de los incriminados y cuestionó la legalidad de las pruebas, sustentadas en el famoso computador de Raúl Reyes. Aparato desprestigiado y ridiculizado en el mundo por el abuso del Gobierno de Uribe Vélez y de los organismos de seguridad del Estado, que hicieron el ridículo en varios casos, aclarados ya y exonerados los acusados, aunque persisten en la perversa intención.
La “gran prensa” informó con superficialidad de la decisión del juez y le dio más trascendencia a las declaraciones del fiscal y del general Naranjo, que anunciaron la apelación de la decisión judicial. Es la costumbre de estos medios, que hace rato abandonaron la ecuanimidad y la razón de ser de la prensa: informar los hechos ciertos y reales tal y como acontecieron.
Tiene razón Rubén Darío Granda. Es el delito de sangre en Colombia, que se agrega al delito de opinión, al delito de ser oposición, al delito de la movilización social, entre otros, que no están contemplados en la Constitución ni en el Código Penal, pero que son parte de la alacena de las arbitrariedades de hecho que realiza la clase dominante, en los últimos ocho años con el ropaje de la “seguridad democrática”.
Son varios los familiares de guerrilleros sometidos a persecución oficial, convertidos en rehenes del régimen. Noticias Uno denunció este fin de semana, la situación de Alberto Zúñiga, hermano de dos guerrilleros de las FARC, acusados de participar en los repudiables hechos de Bojayá. Existen demasiadas evidencias de que él estaba en Barranquilla el día de los hechos y que jamás fue guerrillero. Fue condenado a 35 años de cárcel. Es el delito de sangre.
carloslozanogui@etb.net.co
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