Eduardo Carreño W., abogado de Carlos Lozano
*El abogado Eduardo Carreño, apoderado de Carlos Lozano, analiza el fallo judicial que precluyó el proceso a favor de su poderdante. Texto completo de la entrevista. En la edición de VOZ 2503 del 5 al 11 de agosto de 2009 se publica un resumen,
*Hernando López
Eduardo Carreño Wilches fue el abogado de Carlos A. Lozano Guillén, director de VOZ y candidato a la Cámara de Representantes, en el proceso judicial por el presunto delito de rebelión, que le adelantó una fiscal de la Unidad contra el Terrorismo, a partir de los supuestos y fantásticos hallazgos del computador de Raúl Reyes. El doctor Carrerño es uno de los más destacados integrantes del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, reconocido por su persistente y firme labor democrática y humanitaria.
El doctor Carreño, con la colaboración del abogado Reinaldo Villalba, otro de los miembros del Colectivo, tuvo a su cargo la ardua labor de defensa del periodista, dirigente comunista y facilitador de paz. “La labor jurídica de los doctores Carreño y Villalba fue fundamental para mi preclusión, junto a la solidaridad nacional e internacional, dice con gratitud Carlos Lozano.
El proceso terminó bien y deja importantes lecciones, asegura Eduardo Carreño. Una de las más importantes es que la fiscal reconoce la lucha legal y por la paz, constante y persistente, del Partido Comunista Colombiano al que pertenece el periodista Lozano. Así lo explica el jurista en entrevista para este semanario.
-La Fiscalía precluyó la investigación contra el director de VOZ, Carlos Lozano, ¿a usted que fue el apoderado, qué opinión le merece este fallo tan publicitado en los últimos días?
-En primer lugar, compartimos la decisión en lo que tiene que ver con el análisis del delito político, para dejar claro que la rebelión como un alzamiento en armas contra el Gobierno legítimamente constituido o contra el régimen constitucional implica un principio de organización, unos postulados políticos e ideológicos, un programa y unas acciones para derrocar a ese Gobierno. Y que en este caso tal y como se debatió en el proceso y se reconoce en la providencia, aquí ni siquiera estamos llegando a los niveles de la conspiración, de tal forma que se reconoce la legitimidad de la actuación del Partido Comunista, del director del periódico, la labor del periodista y la labor humanitaria para buscar la solución política del conflicto y en este caso particular para buscar la liberación de los prisioneros.
-¿Es decir, la labor humanitaria es legítima según el fallo judicial?
-Es una labor humanitaria que se reconoce como legítima y más allá como un derecho de las personas para que se evite el desangre y termine la guerra en Colombia. No se puede llegar a la criminalización de la oposición política y de expresiones que lleven a la solución del conflicto o a opinar distinto o como lo que se conoce aquí como la libertad de conciencia y de pensamiento en términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos para decir que esa actividad es delictuosa porque se cree o se opina distinto al gobernante. Eso está reconocido en el fallo y lo compartimos. Esto lleva a la actividad legítima de una persona como facilitación o como mediador en el proceso.
-Continuemos en la primera pregunta…
Un segundo aspecto, tiene que ver con toda la actividad probatoria que se desarrolla para demostrar que Carlos toda su vida política, ha sido miembro del Partido Comunista, es una actividad legal reconocida y esto lo aseguran todos los testigos, desde el Presidente, los ex presidentes, el Alto Comisionado, la jerarquía eclesiástica, las organizaciones de paz, las organizaciones internacionales, las certificaciones que ellos expiden, hay un reconocimiento de su participación legal como miembro del Partido Comunista, Director de VOZ y facilitador de paz para buscar la solución política negociada del conflicto. Este argumento tiene una validez trascendental en el proceso. Que al nivel nacional e internacional reconozcan esa actividad como legítima, me parece de vital importancia.
-¿Cómo evaluaron las pruebas solicitadas por la defensa?
Este es el tercer aspecto. La decisión de la Fiscalía es oportuna después de haberse agotado esta etapa probatoria. Pero hay que decir que es mínima en el siguiente sentido: nosotros pedimos, recuerdo, como 150 testimonios, declaraciones, certificaciones, etcétera y solamente recibieron como 20, fue una pequeña muestra, pero muy significativa. Entonces esa actividad lleva a concluir que de lo que se trataba era de una actividad de persecución, estigmatización y descalificación de la labor de mediación y facilitación para la solución al conflicto armado en Colombia. Creo que eso quedó absolutamente desvirtuado.
-¿Hay aspectos negativos en el pronunciamiento de la Fiscalía?
Hay una circunstancia negativa en la medida en que la fiscalía no entra a analizar la legitimidad o no del operativo militar en el Ecuador, cuando en el proceso está plenamente probado y reconocido mediante testimonio de quienes participan en el operativo que ellos sí sabían que las coordenadas donde se realiza el operativo es territorio ecuatoriano. Eso implica la ilegalidad y la ilegitimidad de toda la prueba que ahí se consigue. Tampoco valoran la información que aparece en el disco duro, computadores y memorias USB que dijeron hallar en el sitio. Surge el interrogante de cómo se mantuvieron intactos los computadores, el disco duro y las memorias después del intenso bombardeo. Por lo menos debieron quedar afectados. Esto no se toca absolutamente para nada en el proceso. Igual no se toca el hecho de que esté probado en diferentes procesos, que Colombia no tiene la tecnología para utilizar bombas inteligentes. Eso excluye que el bombardeo fue realizado por la Fuerza Aérea Colombiana. La prueba técnica aportada por Ecuador demuestra que esto es imposible. Lo que hizo Colombia fue mandar los helicópteros después del bombardeo. No hay una explicación de por qué ellos sacan apenas dos cadáveres, los demás los dejan abandonados y además dejan abandonadas las mujeres heridas. Eso no lo analiza la Fiscalía porque argumenta que eso no es el objeto de la investigación. Tampoco analiza la cadena de custodia de la prueba y la violación a la reserva del sumario. Son elementos que deja por fuera. Para nosotros quedó claro que quienes ordenan el operativo en Ecuador son el Ministro de Defensa, el Director de Inteligencia de la Policía Nacional y el Director de la Policía Nacional y se supone que detrás está el superior que es el Presidente de la República. Uno no puede aceptar en términos de derecho que ellos den declaraciones públicas, que saquen los videos, que saquen las fotografías y después ni siquiera se investigue la violación a la reserva del sumario cuando las personas que reciben la información dicen que ellos nada tienen que ver, que respetaron la cadena de custodia, que ellos no han entregado información cuando la realidad demuestra todo lo contrario.
-La Interpol avaló el computador…
Aquí hay otro tema atravesado y es el papel de la Interpol y el estudio que se hace sobre los medios magnéticos. Aquí, igual, está demostrado que hubo adulteración de los medios magnéticos, se demostró en los estudios que ellos mismos realizan que hay registros de información con fechas de 2009 y 2010, cuando los hechos fueron en 2008, es imposible en términos técnicos o al menos es inexplicable que en un campamento guerrillero se trabaje en un computador con fechas y años adelantados. En el computador aparecen numerosos documentos con fecha de los años 2009 y 2010 en los discos duros extraíbles y en las memorias USB. Esta parte es la negativa que realiza la Fiscalía al validar este tipo de actuaciones de la Policía judicial.
-¿Además de la eficacia que está demostrada en la asistencia jurídica a Carlos Lozano, qué otros factores influyeron en esta decisión de la Fiscalía?
-Las certificaciones que llegaron a nivel internacional son contundentes al reconocer la legitimidad y la actuación transparente y clara de una persona que trabaja en la facilitación del proceso de paz. De la misma manera las declaraciones de la jerarquía eclesiástica son muy valiosas. porque reconocen esa labor. Igual la actividad de la Embajada y del Gobierno de Francia al concederle a Carlos la condecoración de Caballero de la Legión de Honor; las declaraciones de los altos comisionados de gobiernos anteriores y del ex presidente Ernesto Samper Pizano, que fue muy claro y preciso en el sentido que Carlos viene desarrollando esta labor desde el año 1995; de la misma forma las declaraciones de los ex secuestrados y sus familiares, ellos reconocen la labor humanitaria y que el hecho de conseguir pruebas de vida implica un alivio de carácter sicológico y que se está trabajando por la libertad de estas personas y ponerle fin al conflicto. Pero sobre todo la movilización social, la solidaridad nacional e internacional en esta lucha y en este propósito tiene un peso específico en la decisión, un poco demorada, porque ni siquiera ha debido abrirse investigación previa en estos casos como debe ser en derecho. La historia de criminalización y persecución política es una realidad en Colombia. La Fiscalía se ha prestado en algunos casos para detener a luchadores populares y darles la libertad un año o dos años después cuando se certifica su inocencia. El daño a las organizaciones populares es muy grande.
El trabajo nacional e internacional que ha realizado Carlos, pesa mucho también en esta decisión. Así como la amplitud de sus relaciones políticas en el país que le han permitido un buen ganado prestigio.
-¿Se está desmoronando la llamada “farcpolítica”?
-La decisión de la Sala Penal de la Corte de archivar las indagaciones previas de los senadores Jaime Dussán y Gloria Inés Ramírez es un acierto jurídico. Pero creemos que siguen en la misma lógica, primero hay que investigar si efectivamente los miembros de la Comisión de Paz y de Derechos Humanos son delincuentes o no, si tienen relaciones con las organizaciones guerrilleras o no, cuando lo que cumplen es una labor política y el ejercicio del artículo 22 constitucional que habla del derecho a la paz, que es de todos los colombianos. Todos tenemos derecho a buscar la paz, no tenemos porque vivir permanentemente en guerra, porque a alguien le guste o porque a alguien le fascine o a un sector de la sociedad le guste la guerra. Sea nacional o incluso extranjero. Entonces no hay ninguna prueba que los que trabajan por la paz son miembros de la guerrilla. Que es un mandato constitucional el que están cumpliendo. La Corte buscó pruebas y no las encontró. Cuando se demuestra que nada tienen que ver con nada pues tienen que concederles la inocencia. Creo que todos los procesos tienen que terminar así por toda la argumentación que hemos dado. A las personas que viven y actúan en la legalidad en este sentido no se les puede criminalizar. Están haciendo el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales. Los congresistas tienen libertad e inmunidad de conciencia. Son decisiones afortunadas y oportunas. Pero nunca se debieron abrir esas investigaciones. Aquí hay malas interpretaciones de la ley por parte de la fiscalía y los investigadores judiciales.
Nosotros vamos más allá en los análisis. ¿Qué pasa cuando aquí se lucha en contra de la intervención militar extranjera a nivel amplio? Es una violación a la soberanía, es una intromisión en los asuntos internos, eso es colocarnos en una situación de neocolonial o de colonia, porque ellos están aquí y nosotros como colombianos no podemos saber quiénes son y qué hacen aquí. Es una violación de la Constitución Nacional. Hasta donde yo recuerdo no hay conceptos previos del Consejo de Estado ni autorización del Senado, pero aquí están. Son actuaciones de hecho. Hay que exigir que se investigue a los funcionarios públicos que han firmado esos tratados y esos convenios y a nivel amplio la gente puede ser más radical a nivel de exigencia en esas acciones. Y eso no convierte a quienes así lo dicen y hacen en alzados en armas, en guerrilleros y mucho menos en terroristas. No son enemigos del país sino todo lo contrario. La utilización de la Fiscalía de esos informes en forma mal intencionada no se puede aceptar en ningún caso.
-Por último, que lección se puede sacar de este resultado, que a la postre es una victoria democrática?
-Aquí hay que ser muy optimista, porque es claro que utilizando los mecanismos del sistema tanto en lo nacional como en lo internacional es posible obtener victorias jurídicas y políticas. Que uno no puede desfallecer a pesar de la adversidad, a pesar del control que se tiene por parte del Estado, de los grupos económicos nacionales e internacionales y la politización, así como del control por parte de las mafias y de los criminales en el caso del paramilitarismo de la estructura judicial y de los organismos de control de estas organizaciones de control. A pesar de eso no se puede desfallecer.
Uno no puede decir, que en la Costa, por ejemplo a pesar del control de todo tipo, político, militar, social, cultural, del juego, educativo por parte de las mafias y el paramilitarismo y de los políticos tradicionales y de los empresarios, que allá no hay nada que hacer. Entonces nos tenemos que retirar y dejar a las víctimas y a las organizaciones que sobreviven sin ningún apoyo, sin ningún refuerzo y no llamarlos a que denuncien y que trabajen, a que eso se haga público. Lo que pasa es a los que nos llama es a que el ejercicio de la profesión hay que hacerlo distinto y yo creo que hay que romper un esquema. Las víctimas no tiene la obligación legal de ocultar lo que saben, esas verdades tienen que decirlas públicamente. Ahí no se está violando la reserva del sumario, ésta es para el abogado defensor y no para la víctima, ésta lo que tiene que hacer, y lo ha hecho en las audiencias públicas por la verdad frente a autoridades, en concreto es reconocer quién es el criminal, quién ha participado en los operativos, es una forma de actuación distinta del derecho. En estas condiciones lo que se ha demostrado es que los familiares sí conocen quiénes son los criminales en los municipios. Lo que hay que hacer es un proceso de acompañamiento de las altas autoridades y ahí cómo es posible que después de que se reconozca que el alcalde y el comandante de Policía y militar anda con los criminales, los protegen, andan con ellos, beben con ellos, pues ahí la misma autoridades es la que tiene que ordenar la captura y ahí se pide la protección para las personas que denuncian e informan del delito. La valentía y la dignidad que tienen las víctimas hay que reconocerlas y hay que acompañarlas. Y creo que en el ejercicio de estos procesos el acompañamiento de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otras tan importantes como Brigadas de Paz, entre otras, que acompañan a las víctimas. Cuando se colocan estas denuncias ante el Procurador o el fioscal y los órganos de control pues tienen que actuar porque son personas que saben de derecho.
Esto sí tiene que cambiar, la estructura de justicia y los organismos de control del Estado tienen que cambiar, no podemos seguir aceptando que se nombre a personas que no tienen calidades para esos cargos, que no saben de estas cosas y que llegan a cumplir no sé qué papel. Lo decimos específicamente por el Procurador y el Fiscal. El Fiscal en Colombia debe ser una persona de las más altas dignidades, debe ser un experto en derecho penal, que conozca de la criminalidad, que conozca de las formas delincuenciales en Colombia y que sea un perfecto administrador para que maneje procesos de la magnitud que tiene y el presupuesto que tiene y las personas que tiene a su cargo. Una persona que va a administrar 25.000 funcionarios y el presupuesto que tiene para manejar la criminalidad en Colombia, no puede ser cualquier persona por más amigo y allegado que sea del Presidente de la República. Tiene que ser un experto en esta materia. En eso hay que persistir en acompañar a las víctimas a nivel internacional y nacional. La lucha contra la impunidad es un derecho de los pueblos y sobre todo de las víctimas. Los crímenes de lesa humanidad en Colombia están en la impunidad. Hay algunos militares, inclusive generales presos, como la cúpula paramilitar.
-¿Cuántos son los militares y paramilitares presos?
Estamos hablando de unos 600 militares presos, 3.000 investigados, jefes paramilitares 65 y unos 4.000 paramilitares más en la cárcel, pero de estos sólo 500 están en justicia y paz. Estamos en desacuerdo con justicia y paz, esta fracasó y una prueba palpable es que a cuatro años de su vigencia hay una sentencia parcial contra Salazar Carrascal (alias “Loro”) por tres homicidios y sigue investigado como por 25 y es simplemente un autor material. Al paso que vamos. Lo dicen inclusive los jefes paramilitares y sus abogados, no sé cuántos años se van a necesitar para que se puedan juzgar estos casos, cuando las penas son de cinco a ocho años, es decir, todos van a salir por pena cumplida máxima y no se han terminado los juicios. Contra esto es que estamos luchando para que esto cambie algún día. Pero bien, estamos en Colombia y aquí suceden estas cosas.
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*El abogado Eduardo Carreño, apoderado de Carlos Lozano, analiza el fallo judicial que precluyó el proceso a favor de su poderdante. Texto completo de la entrevista. En la edición de VOZ 2503 del 5 al 11 de agosto de 2009 se publica un resumen,
*Hernando López
Eduardo Carreño Wilches fue el abogado de Carlos A. Lozano Guillén, director de VOZ y candidato a la Cámara de Representantes, en el proceso judicial por el presunto delito de rebelión, que le adelantó una fiscal de la Unidad contra el Terrorismo, a partir de los supuestos y fantásticos hallazgos del computador de Raúl Reyes. El doctor Carrerño es uno de los más destacados integrantes del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, reconocido por su persistente y firme labor democrática y humanitaria.
El doctor Carreño, con la colaboración del abogado Reinaldo Villalba, otro de los miembros del Colectivo, tuvo a su cargo la ardua labor de defensa del periodista, dirigente comunista y facilitador de paz. “La labor jurídica de los doctores Carreño y Villalba fue fundamental para mi preclusión, junto a la solidaridad nacional e internacional, dice con gratitud Carlos Lozano.
El proceso terminó bien y deja importantes lecciones, asegura Eduardo Carreño. Una de las más importantes es que la fiscal reconoce la lucha legal y por la paz, constante y persistente, del Partido Comunista Colombiano al que pertenece el periodista Lozano. Así lo explica el jurista en entrevista para este semanario.
-La Fiscalía precluyó la investigación contra el director de VOZ, Carlos Lozano, ¿a usted que fue el apoderado, qué opinión le merece este fallo tan publicitado en los últimos días?
-En primer lugar, compartimos la decisión en lo que tiene que ver con el análisis del delito político, para dejar claro que la rebelión como un alzamiento en armas contra el Gobierno legítimamente constituido o contra el régimen constitucional implica un principio de organización, unos postulados políticos e ideológicos, un programa y unas acciones para derrocar a ese Gobierno. Y que en este caso tal y como se debatió en el proceso y se reconoce en la providencia, aquí ni siquiera estamos llegando a los niveles de la conspiración, de tal forma que se reconoce la legitimidad de la actuación del Partido Comunista, del director del periódico, la labor del periodista y la labor humanitaria para buscar la solución política del conflicto y en este caso particular para buscar la liberación de los prisioneros.
-¿Es decir, la labor humanitaria es legítima según el fallo judicial?
-Es una labor humanitaria que se reconoce como legítima y más allá como un derecho de las personas para que se evite el desangre y termine la guerra en Colombia. No se puede llegar a la criminalización de la oposición política y de expresiones que lleven a la solución del conflicto o a opinar distinto o como lo que se conoce aquí como la libertad de conciencia y de pensamiento en términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos para decir que esa actividad es delictuosa porque se cree o se opina distinto al gobernante. Eso está reconocido en el fallo y lo compartimos. Esto lleva a la actividad legítima de una persona como facilitación o como mediador en el proceso.
-Continuemos en la primera pregunta…
Un segundo aspecto, tiene que ver con toda la actividad probatoria que se desarrolla para demostrar que Carlos toda su vida política, ha sido miembro del Partido Comunista, es una actividad legal reconocida y esto lo aseguran todos los testigos, desde el Presidente, los ex presidentes, el Alto Comisionado, la jerarquía eclesiástica, las organizaciones de paz, las organizaciones internacionales, las certificaciones que ellos expiden, hay un reconocimiento de su participación legal como miembro del Partido Comunista, Director de VOZ y facilitador de paz para buscar la solución política negociada del conflicto. Este argumento tiene una validez trascendental en el proceso. Que al nivel nacional e internacional reconozcan esa actividad como legítima, me parece de vital importancia.
-¿Cómo evaluaron las pruebas solicitadas por la defensa?
Este es el tercer aspecto. La decisión de la Fiscalía es oportuna después de haberse agotado esta etapa probatoria. Pero hay que decir que es mínima en el siguiente sentido: nosotros pedimos, recuerdo, como 150 testimonios, declaraciones, certificaciones, etcétera y solamente recibieron como 20, fue una pequeña muestra, pero muy significativa. Entonces esa actividad lleva a concluir que de lo que se trataba era de una actividad de persecución, estigmatización y descalificación de la labor de mediación y facilitación para la solución al conflicto armado en Colombia. Creo que eso quedó absolutamente desvirtuado.
-¿Hay aspectos negativos en el pronunciamiento de la Fiscalía?
Hay una circunstancia negativa en la medida en que la fiscalía no entra a analizar la legitimidad o no del operativo militar en el Ecuador, cuando en el proceso está plenamente probado y reconocido mediante testimonio de quienes participan en el operativo que ellos sí sabían que las coordenadas donde se realiza el operativo es territorio ecuatoriano. Eso implica la ilegalidad y la ilegitimidad de toda la prueba que ahí se consigue. Tampoco valoran la información que aparece en el disco duro, computadores y memorias USB que dijeron hallar en el sitio. Surge el interrogante de cómo se mantuvieron intactos los computadores, el disco duro y las memorias después del intenso bombardeo. Por lo menos debieron quedar afectados. Esto no se toca absolutamente para nada en el proceso. Igual no se toca el hecho de que esté probado en diferentes procesos, que Colombia no tiene la tecnología para utilizar bombas inteligentes. Eso excluye que el bombardeo fue realizado por la Fuerza Aérea Colombiana. La prueba técnica aportada por Ecuador demuestra que esto es imposible. Lo que hizo Colombia fue mandar los helicópteros después del bombardeo. No hay una explicación de por qué ellos sacan apenas dos cadáveres, los demás los dejan abandonados y además dejan abandonadas las mujeres heridas. Eso no lo analiza la Fiscalía porque argumenta que eso no es el objeto de la investigación. Tampoco analiza la cadena de custodia de la prueba y la violación a la reserva del sumario. Son elementos que deja por fuera. Para nosotros quedó claro que quienes ordenan el operativo en Ecuador son el Ministro de Defensa, el Director de Inteligencia de la Policía Nacional y el Director de la Policía Nacional y se supone que detrás está el superior que es el Presidente de la República. Uno no puede aceptar en términos de derecho que ellos den declaraciones públicas, que saquen los videos, que saquen las fotografías y después ni siquiera se investigue la violación a la reserva del sumario cuando las personas que reciben la información dicen que ellos nada tienen que ver, que respetaron la cadena de custodia, que ellos no han entregado información cuando la realidad demuestra todo lo contrario.
-La Interpol avaló el computador…
Aquí hay otro tema atravesado y es el papel de la Interpol y el estudio que se hace sobre los medios magnéticos. Aquí, igual, está demostrado que hubo adulteración de los medios magnéticos, se demostró en los estudios que ellos mismos realizan que hay registros de información con fechas de 2009 y 2010, cuando los hechos fueron en 2008, es imposible en términos técnicos o al menos es inexplicable que en un campamento guerrillero se trabaje en un computador con fechas y años adelantados. En el computador aparecen numerosos documentos con fecha de los años 2009 y 2010 en los discos duros extraíbles y en las memorias USB. Esta parte es la negativa que realiza la Fiscalía al validar este tipo de actuaciones de la Policía judicial.
-¿Además de la eficacia que está demostrada en la asistencia jurídica a Carlos Lozano, qué otros factores influyeron en esta decisión de la Fiscalía?
-Las certificaciones que llegaron a nivel internacional son contundentes al reconocer la legitimidad y la actuación transparente y clara de una persona que trabaja en la facilitación del proceso de paz. De la misma manera las declaraciones de la jerarquía eclesiástica son muy valiosas. porque reconocen esa labor. Igual la actividad de la Embajada y del Gobierno de Francia al concederle a Carlos la condecoración de Caballero de la Legión de Honor; las declaraciones de los altos comisionados de gobiernos anteriores y del ex presidente Ernesto Samper Pizano, que fue muy claro y preciso en el sentido que Carlos viene desarrollando esta labor desde el año 1995; de la misma forma las declaraciones de los ex secuestrados y sus familiares, ellos reconocen la labor humanitaria y que el hecho de conseguir pruebas de vida implica un alivio de carácter sicológico y que se está trabajando por la libertad de estas personas y ponerle fin al conflicto. Pero sobre todo la movilización social, la solidaridad nacional e internacional en esta lucha y en este propósito tiene un peso específico en la decisión, un poco demorada, porque ni siquiera ha debido abrirse investigación previa en estos casos como debe ser en derecho. La historia de criminalización y persecución política es una realidad en Colombia. La Fiscalía se ha prestado en algunos casos para detener a luchadores populares y darles la libertad un año o dos años después cuando se certifica su inocencia. El daño a las organizaciones populares es muy grande.
El trabajo nacional e internacional que ha realizado Carlos, pesa mucho también en esta decisión. Así como la amplitud de sus relaciones políticas en el país que le han permitido un buen ganado prestigio.
-¿Se está desmoronando la llamada “farcpolítica”?
-La decisión de la Sala Penal de la Corte de archivar las indagaciones previas de los senadores Jaime Dussán y Gloria Inés Ramírez es un acierto jurídico. Pero creemos que siguen en la misma lógica, primero hay que investigar si efectivamente los miembros de la Comisión de Paz y de Derechos Humanos son delincuentes o no, si tienen relaciones con las organizaciones guerrilleras o no, cuando lo que cumplen es una labor política y el ejercicio del artículo 22 constitucional que habla del derecho a la paz, que es de todos los colombianos. Todos tenemos derecho a buscar la paz, no tenemos porque vivir permanentemente en guerra, porque a alguien le guste o porque a alguien le fascine o a un sector de la sociedad le guste la guerra. Sea nacional o incluso extranjero. Entonces no hay ninguna prueba que los que trabajan por la paz son miembros de la guerrilla. Que es un mandato constitucional el que están cumpliendo. La Corte buscó pruebas y no las encontró. Cuando se demuestra que nada tienen que ver con nada pues tienen que concederles la inocencia. Creo que todos los procesos tienen que terminar así por toda la argumentación que hemos dado. A las personas que viven y actúan en la legalidad en este sentido no se les puede criminalizar. Están haciendo el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales. Los congresistas tienen libertad e inmunidad de conciencia. Son decisiones afortunadas y oportunas. Pero nunca se debieron abrir esas investigaciones. Aquí hay malas interpretaciones de la ley por parte de la fiscalía y los investigadores judiciales.
Nosotros vamos más allá en los análisis. ¿Qué pasa cuando aquí se lucha en contra de la intervención militar extranjera a nivel amplio? Es una violación a la soberanía, es una intromisión en los asuntos internos, eso es colocarnos en una situación de neocolonial o de colonia, porque ellos están aquí y nosotros como colombianos no podemos saber quiénes son y qué hacen aquí. Es una violación de la Constitución Nacional. Hasta donde yo recuerdo no hay conceptos previos del Consejo de Estado ni autorización del Senado, pero aquí están. Son actuaciones de hecho. Hay que exigir que se investigue a los funcionarios públicos que han firmado esos tratados y esos convenios y a nivel amplio la gente puede ser más radical a nivel de exigencia en esas acciones. Y eso no convierte a quienes así lo dicen y hacen en alzados en armas, en guerrilleros y mucho menos en terroristas. No son enemigos del país sino todo lo contrario. La utilización de la Fiscalía de esos informes en forma mal intencionada no se puede aceptar en ningún caso.
-Por último, que lección se puede sacar de este resultado, que a la postre es una victoria democrática?
-Aquí hay que ser muy optimista, porque es claro que utilizando los mecanismos del sistema tanto en lo nacional como en lo internacional es posible obtener victorias jurídicas y políticas. Que uno no puede desfallecer a pesar de la adversidad, a pesar del control que se tiene por parte del Estado, de los grupos económicos nacionales e internacionales y la politización, así como del control por parte de las mafias y de los criminales en el caso del paramilitarismo de la estructura judicial y de los organismos de control de estas organizaciones de control. A pesar de eso no se puede desfallecer.
Uno no puede decir, que en la Costa, por ejemplo a pesar del control de todo tipo, político, militar, social, cultural, del juego, educativo por parte de las mafias y el paramilitarismo y de los políticos tradicionales y de los empresarios, que allá no hay nada que hacer. Entonces nos tenemos que retirar y dejar a las víctimas y a las organizaciones que sobreviven sin ningún apoyo, sin ningún refuerzo y no llamarlos a que denuncien y que trabajen, a que eso se haga público. Lo que pasa es a los que nos llama es a que el ejercicio de la profesión hay que hacerlo distinto y yo creo que hay que romper un esquema. Las víctimas no tiene la obligación legal de ocultar lo que saben, esas verdades tienen que decirlas públicamente. Ahí no se está violando la reserva del sumario, ésta es para el abogado defensor y no para la víctima, ésta lo que tiene que hacer, y lo ha hecho en las audiencias públicas por la verdad frente a autoridades, en concreto es reconocer quién es el criminal, quién ha participado en los operativos, es una forma de actuación distinta del derecho. En estas condiciones lo que se ha demostrado es que los familiares sí conocen quiénes son los criminales en los municipios. Lo que hay que hacer es un proceso de acompañamiento de las altas autoridades y ahí cómo es posible que después de que se reconozca que el alcalde y el comandante de Policía y militar anda con los criminales, los protegen, andan con ellos, beben con ellos, pues ahí la misma autoridades es la que tiene que ordenar la captura y ahí se pide la protección para las personas que denuncian e informan del delito. La valentía y la dignidad que tienen las víctimas hay que reconocerlas y hay que acompañarlas. Y creo que en el ejercicio de estos procesos el acompañamiento de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otras tan importantes como Brigadas de Paz, entre otras, que acompañan a las víctimas. Cuando se colocan estas denuncias ante el Procurador o el fioscal y los órganos de control pues tienen que actuar porque son personas que saben de derecho.
Esto sí tiene que cambiar, la estructura de justicia y los organismos de control del Estado tienen que cambiar, no podemos seguir aceptando que se nombre a personas que no tienen calidades para esos cargos, que no saben de estas cosas y que llegan a cumplir no sé qué papel. Lo decimos específicamente por el Procurador y el Fiscal. El Fiscal en Colombia debe ser una persona de las más altas dignidades, debe ser un experto en derecho penal, que conozca de la criminalidad, que conozca de las formas delincuenciales en Colombia y que sea un perfecto administrador para que maneje procesos de la magnitud que tiene y el presupuesto que tiene y las personas que tiene a su cargo. Una persona que va a administrar 25.000 funcionarios y el presupuesto que tiene para manejar la criminalidad en Colombia, no puede ser cualquier persona por más amigo y allegado que sea del Presidente de la República. Tiene que ser un experto en esta materia. En eso hay que persistir en acompañar a las víctimas a nivel internacional y nacional. La lucha contra la impunidad es un derecho de los pueblos y sobre todo de las víctimas. Los crímenes de lesa humanidad en Colombia están en la impunidad. Hay algunos militares, inclusive generales presos, como la cúpula paramilitar.
-¿Cuántos son los militares y paramilitares presos?
Estamos hablando de unos 600 militares presos, 3.000 investigados, jefes paramilitares 65 y unos 4.000 paramilitares más en la cárcel, pero de estos sólo 500 están en justicia y paz. Estamos en desacuerdo con justicia y paz, esta fracasó y una prueba palpable es que a cuatro años de su vigencia hay una sentencia parcial contra Salazar Carrascal (alias “Loro”) por tres homicidios y sigue investigado como por 25 y es simplemente un autor material. Al paso que vamos. Lo dicen inclusive los jefes paramilitares y sus abogados, no sé cuántos años se van a necesitar para que se puedan juzgar estos casos, cuando las penas son de cinco a ocho años, es decir, todos van a salir por pena cumplida máxima y no se han terminado los juicios. Contra esto es que estamos luchando para que esto cambie algún día. Pero bien, estamos en Colombia y aquí suceden estas cosas.
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