Documentos de la infamia

El expediente contra Jaime Fernando Ovalle Olaz, coordinador de las “chuzadas” del DAS

*La Agencia de Prensa IPC conoció el voluminoso informe preparado por la Policía Judicial sobre las “chuzadas” del DAS y preparó el siguiente ionforme especial

*IPC
Jaime Fernando Ovalle Olaz fue capturado el pasado martes 22 de septiembre y se le acusa del delito concierto para delinquir agravado. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el detenido aceptó la responsabilidad en los cargos que le viene imputando el ente acusador relacionados con su participación en procedimientos ilegales en su calidad de Coordinador del G3.

Inicialmente, los investigadores establecieron que los documentos archivados en cada una de las carpetas se referían a labores de inteligencia desplegadas por el DAS que fueron realizadas de manera directa por servidores de ese organismo u obtenidas de fuentes humanas y dirigidas a unos objetivos que ellos denominan “blancos”. Las actividades allí consignadas se realizaron entre los años 2004 y 2005.

Una de las particularidades del informe es que constantemente hace referencia a Ovalle Olaz y a sus actividades de coordinación del G3, tales como recepcionar sendos informes sobre los llamados “blancos”, es decir, las personas objeto de seguimiento e interceptación; solicitar nuevos procedimientos; participar en reuniones con la Dirección General del DAS, en esa época en cabeza de Jorge Noguera; y sugerir nuevos “blancos” de seguimiento.

Los documentos de la infamia

Uno de los documentos está relacionado con unos memorandos “donde le hacen entrega de una serie de informes de inteligencia todos relacionados con seguimientos y controles a Alirio Uribe Muñoz y su familia, soportados con fotografías al inmueble y personas que salen y entran del mismo. La mayoría de estos informes son manuscritos”.
Alirio Uribe Muñoz es uno de los abogados que integra el cuadro directivo de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), organización no gubernamental conformada por profesionales del derecho, defensores de los derechos humanos con sede en Bogotá, con estatus consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y quien ha llevado diversos casos contra el Estado colombiano.

Los documentos encontrados no sólo dejan en evidencia los seguimientos al directivo del Colectivo de Abogados, sino a sus visitas institucionales. En uno de las carpetas se halló un informe que demuestra cómo agentes del DAS le hicieron un seguimiento a una comitiva extranjera que visitó a esta organización no gubernamental.

“El informe registra detalladamente su desplazamiento, sitio de almuerzo, llegada a la sede del CCAJAR, desplazamiento al aeropuerto e incluso se deja ver claro que en ese momento suspenden el seguimiento por haber sido detectados por el equipo de contrainteligencia del esquema protectivo de los miembros del CCAJAR. Este seguimiento se apoya con imágenes y fotos de pasaportes de la comisión extranjera, fotografías en desarrollo del evento que se celebró el 27 de febrero y los días siguientes, igualmente registro de placas de los vehículos, registros de correos electrónicos y teléfonos”.

Contra Justice for Colombia

Uno de los memorandos que más llamó la atención de los investigadores es el remitido a Ovalle Olaz por el funcionario del G3 José Alexander Velásquez Sánchez con el visto bueno del Subdirector de Operaciones Hugo Daney Ortíz García. El documento contiene información de inteligencia referida a Liam Craig Best, director de la organización británica Justice for Colombia y se indica que “se obtuvo el número del pasaporte, el conocimiento de acciones ante el Parlamento Europeo contra el presidente Álvaro Uribe” y se reseña que estaría coordinando en el extranjero la creación de una organización no gubernamental.

El presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria Díaz, también fue objeto de interés por parte del grupo que coordinaba Ovalle Olaz. En uno de los informes presentados por sus subalternos, se reseña una lista en manuscrito de personas y contactos de este dirigente de izquierda con sus respectivos teléfonos.

Otros dos documentos interesaron a la Policía Judicial. El primero de ellos es una solicitud impartida por Ovalle Olaz a Hugo Daney Ortiz García, subdirector de Operaciones, donde le pide que adelante “labores de inteligencia a cubierta” con el fin de verificar la dirección de la residencia y laboral de Carlos Arturo Lozano Guillen, director del periódico VOZ. El segundo es el informe dirigido a Ovalle Olaz. A través de ese escrito se le entrega un informe de inteligencia relacionado con el periodista Lozano Guillen.

Más y más seguimientos

Otro de los informes conocidos por Ovalle Olaz y enviado a su despacho por el funcionario José Alexander Velásquez Sánchez, el cual hace referencia a la información de inteligencia “aportada por la fuente código S-204, quien informa que el hoy senador Petro y ahora candidato presidencial del PDA se contacta con representantes del Eln y adelanta campañas para boicotear la reelección de Álvaro Uribe Vélez”.

Dentro de los cientos de documentos se encontró el acta de una reunión del G3 celebrada del 25 de julio de 2005 y que estuvo presidida por Ovalle Olaz. En ella se impartieron instrucciones a fin de precisar los casos que estaba conociendo este grupo de inteligencia; se solicitó, además, coordinar trabajos en otras seccionales, y se pidió establecer la ubicación del sacerdote jesuita Javier Giraldo para “coordinar la intervención de su celular”.

Para esa época el sacerdote Giraldo venía denunciando con insistencia la complicidad de miembros del Ejército Nacional adscritos a la Brigada XVII, con sede en Carepa, Uraba antioqueño, en la masacre perpetrada por paramilitares del bloque Héroes de Tovolá contra ocho miembros, cuatro de ellos menores de edad, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en hechos ocurridos el 21 de febrero de 2005.

Concierto para delinquir

Los investigadores del CTI también pudieron establecer que las actividades realizadas por el G3 eran de conocimiento del entonces director general del DAS, Jorge Noguera Cotes. Así quedó establecido en el acta de una reunión realizada el 8 de marzo de 2005. En ella participaron varios altos funcionarios, entre ellos Valle Olaz. En ella se hizo un balance sobre la gestión del Grupo Especial de Inteligencia y Noguera Cotes se mostró inconforme por “la no judicialización de los casos conocidos, la falta de cooperación con otros grupos del mismo DAS y sugiere estrategias para mejorar dicha situación”.

Los funcionarios del CTI que analizaron la información infirieron que esas actividades “se hicieron sin orden de autoridad judicial competente, pues no se encontró ningún respaldo judicial”; además, detectaron que “se imparten órdenes violatorias del derecho a la intimidad y se encuentran soportes que indican que efectivamente existió la vulneración de esos derechos, como son los correos electrónicos, las transcripciones y resumen de llamadas telefónicas, los seguimientos soportados en informes de inteligencia con fotografías, no solo del objetivo sino de sus familias, incluso donde se involucran menores de edad, imágenes de sus bienes muebles e inmuebles, sitios a donde se desplazaron y personas con las que se contactaban”.

Se espera ahora que el proceso judicial que comienza a partir de la captura de Jaime Fernando Ovalle Olaz, ex coordinador del G3, arroje luces sobre quiénes estaban detrás de sus decisiones, de quién recibía órdenes y a quién le tenía que reportar sus resultados para determinar su responsabilidad política y judicial.

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