Carlos Holguín (izq) y Sabas Pretelt de la Vega.Hace un par de semanas, el precandidato liberal Rafael Pardo hizo una denuncia basada en un informe del portal periodístico lasillavacia.com, sobre la politiquería que se hace con cargo a los millonarios recursos de que dispone el Fondo para la Seguridad y Convivencia (Fonsecon) del Ministerio del Interior y de Justicia.
Aunque es cierto que la impudicia se desbordó en los últimos meses, desde hace años esos fondos han sido usados para lo que no están destinados y les ha permitido a los ministros del Interior construir palacios municipales, remodelar y ampliar alcaldías e inaugurar casas de Convivencia y Justicia, que nadie sabe qué son ni para qué sirven en realidad.
Desde esta misma revista, en un artículo titulado "Las venas rotas", denunciamos en 2007 el que hoy podría llamarse "robo a Fonsecon" sin que la Procuraduría y la Contraloría hayan intervenido para analizar el caso y sancionar a los responsables.
Ahora, cuando reviven los señalamientos, conviene recordar qué es el Fonsecon, cómo funciona y qué ha venido ocurriendo desde 2005.
La Ley 418 de 1997 establecía que el Fondo debía atender "la seguridad ciudadana, la preservación del orden público, actividades de inteligencia, el desarrollo comunitario y en general todas aquellas inversiones sociales que permitan garantizar la convivencia pacífica". Pero en 2002 el artículo fue modificado y las inversiones quedaron limitadas a cuestiones de orden público y seguridad ciudadana.
Fue la Ley 782 de 2002, cuya reforma promovió el entonces ministro Fernando Londoño, la que permitió eliminar todos los 'micos', y el Decreto 2093 de 2003 definió en siete puntos los alcances del Fondo dentro de los cuales no figuraban ni la remodelación o construcción de palacios municipales, Casas de Convivencia o centros comunitarios de justicia.
Pero cuando estaba Sabas Pretelt al frente del Ministerio, fue expedido el Decreto 2170 de 2004 que eliminaba los siete puntos pero mantenía intacta la vocación del Fonsecon para temas de "seguridad ciudadana y orden público", como ordena la ley.
El Fonsecon se nutre de una contribución especial del 5 por ciento sobre todas las obras públicas que se construyan en el país, y ahora con las medidas anticíclicas y el aumento en este tipo de inversiones, recibe del Ministerio de Hacienda recursos que superan los 70.000 millones de pesos, como ocurrió en 2008.
En 2005, comenzó la construcción de los primeros palacios municipales. Entonces la inversión era cercana a los 2.043 millones de pesos, y entre 2006 y 2007 superó los 23.000 millones.
En 2008, entre remodelaciones, ampliaciones y construcciones de los centros de gobierno, se invirtieron más de 18.000 millones, pero en 2009, ad portas de la aprobación del referendo reeleccionista, se desbordó la asignación de recursos para los palacios municipales en algunas zonas del país.
En este año Fonsecon ha gastado 32.000 millones de pesos en 52 palacios municipales en 18 departamentos donde, según Pardo, tienen influencia congresistas que fueron decisivos para la aprobación del referendo.
Mientras tanto, la exclusión de algunas regiones ha sido evidente y sistemática a lo largo de estos años. Caldas, Casanare, Guainía, Vichada y San Andrés no han recibido un peso del Fondo, lo mismo que departamentos con graves problemas de orden público como Putumayo y Guaviare.
En general, los diferentes ministros han volteado los ojos hacia sus regiones de origen. Mientras Pretelt de la Vega estuvo al frente del Ministerio, el mayor receptor de recursos del Fondo fue su departamento, Bolívar, que recibió 18.000 millones de pesos, al tiempo que Norte de Santander, fortín de Hernando Angarita, su viceministro, se benefició con 8.700 millones. Y solo en 2006, con Carlos Holguín en el cargo, casi 7.000 millones de pesos se distribuyeron entre Tulúa, Palmira y Buenaventura.
Ahora todo indica que el ministro Fabio Valencia continúa torciéndole el cuello a la ley. Según los periodistas Cristina Vélez de lasillavacia.com y Demar Córdoba del programa radial La Hora de la Verdad, el 25 por ciento de los palacios municipales construidos desde 2002 fueron entregados entre enero y julio de este año. Entre los beneficiados: Hernán Andrade, Eduardo Enríquez Maya, Juan Manuel Corzo y Pedrito Pereira.
Además de por los palacios municipales, los ministros deberían responder por la construcción de las llamadas casas de Paz y Convivencia y centros comunitarios de justicia en municipios donde la seguridad no está amenazada. Entre 2005 y 2007 la inversión por este concepto superaba los 3.000 millones de pesos, y en 2008 construyeron siete centros de convivencia ciudadana por cerca de 2.000 millones y 18 casas de justicia por 6.000 millones de pesos.
Los organismos de control, que conocen formalmente las denuncias, tienen la palabra final para determinar si el uso de los recursos de Fonsecon responde a los propósitos que le fija la ley al polémico Fondo o si estamos frente a otro caso de corrupción oficial.
Aunque es cierto que la impudicia se desbordó en los últimos meses, desde hace años esos fondos han sido usados para lo que no están destinados y les ha permitido a los ministros del Interior construir palacios municipales, remodelar y ampliar alcaldías e inaugurar casas de Convivencia y Justicia, que nadie sabe qué son ni para qué sirven en realidad.
Desde esta misma revista, en un artículo titulado "Las venas rotas", denunciamos en 2007 el que hoy podría llamarse "robo a Fonsecon" sin que la Procuraduría y la Contraloría hayan intervenido para analizar el caso y sancionar a los responsables.
Ahora, cuando reviven los señalamientos, conviene recordar qué es el Fonsecon, cómo funciona y qué ha venido ocurriendo desde 2005.
La Ley 418 de 1997 establecía que el Fondo debía atender "la seguridad ciudadana, la preservación del orden público, actividades de inteligencia, el desarrollo comunitario y en general todas aquellas inversiones sociales que permitan garantizar la convivencia pacífica". Pero en 2002 el artículo fue modificado y las inversiones quedaron limitadas a cuestiones de orden público y seguridad ciudadana.
Fue la Ley 782 de 2002, cuya reforma promovió el entonces ministro Fernando Londoño, la que permitió eliminar todos los 'micos', y el Decreto 2093 de 2003 definió en siete puntos los alcances del Fondo dentro de los cuales no figuraban ni la remodelación o construcción de palacios municipales, Casas de Convivencia o centros comunitarios de justicia.
Pero cuando estaba Sabas Pretelt al frente del Ministerio, fue expedido el Decreto 2170 de 2004 que eliminaba los siete puntos pero mantenía intacta la vocación del Fonsecon para temas de "seguridad ciudadana y orden público", como ordena la ley.
El Fonsecon se nutre de una contribución especial del 5 por ciento sobre todas las obras públicas que se construyan en el país, y ahora con las medidas anticíclicas y el aumento en este tipo de inversiones, recibe del Ministerio de Hacienda recursos que superan los 70.000 millones de pesos, como ocurrió en 2008.
En 2005, comenzó la construcción de los primeros palacios municipales. Entonces la inversión era cercana a los 2.043 millones de pesos, y entre 2006 y 2007 superó los 23.000 millones.
En 2008, entre remodelaciones, ampliaciones y construcciones de los centros de gobierno, se invirtieron más de 18.000 millones, pero en 2009, ad portas de la aprobación del referendo reeleccionista, se desbordó la asignación de recursos para los palacios municipales en algunas zonas del país.
En este año Fonsecon ha gastado 32.000 millones de pesos en 52 palacios municipales en 18 departamentos donde, según Pardo, tienen influencia congresistas que fueron decisivos para la aprobación del referendo.
Mientras tanto, la exclusión de algunas regiones ha sido evidente y sistemática a lo largo de estos años. Caldas, Casanare, Guainía, Vichada y San Andrés no han recibido un peso del Fondo, lo mismo que departamentos con graves problemas de orden público como Putumayo y Guaviare.
En general, los diferentes ministros han volteado los ojos hacia sus regiones de origen. Mientras Pretelt de la Vega estuvo al frente del Ministerio, el mayor receptor de recursos del Fondo fue su departamento, Bolívar, que recibió 18.000 millones de pesos, al tiempo que Norte de Santander, fortín de Hernando Angarita, su viceministro, se benefició con 8.700 millones. Y solo en 2006, con Carlos Holguín en el cargo, casi 7.000 millones de pesos se distribuyeron entre Tulúa, Palmira y Buenaventura.
Ahora todo indica que el ministro Fabio Valencia continúa torciéndole el cuello a la ley. Según los periodistas Cristina Vélez de lasillavacia.com y Demar Córdoba del programa radial La Hora de la Verdad, el 25 por ciento de los palacios municipales construidos desde 2002 fueron entregados entre enero y julio de este año. Entre los beneficiados: Hernán Andrade, Eduardo Enríquez Maya, Juan Manuel Corzo y Pedrito Pereira.
Además de por los palacios municipales, los ministros deberían responder por la construcción de las llamadas casas de Paz y Convivencia y centros comunitarios de justicia en municipios donde la seguridad no está amenazada. Entre 2005 y 2007 la inversión por este concepto superaba los 3.000 millones de pesos, y en 2008 construyeron siete centros de convivencia ciudadana por cerca de 2.000 millones y 18 casas de justicia por 6.000 millones de pesos.
Los organismos de control, que conocen formalmente las denuncias, tienen la palabra final para determinar si el uso de los recursos de Fonsecon responde a los propósitos que le fija la ley al polémico Fondo o si estamos frente a otro caso de corrupción oficial.
Cambio
Por José Manuel Acevedo,
analista.
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