Por: Carlos A. Lozano Guillén
La semana pasada, el fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago, denunció que el CTI también estaba practicando “chuzadas” y espionaje a magistrados y opositores al Gobierno, aún después del escándalo en el DAS, en particular al magistrado auxiliar Iván Velásquez, uno de los más acuciosos funcionarios de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia que adelanta las investigaciones a los congresistas uribistas de la “parapolítica”.
Ahí mismo saltaron los altos funcionarios del gobierno de Uribe Vélez, entre ellos los inefables vicepresidente Francisco Santos y el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, para reclamar la inocencia de la “Casa de Nari” y revelar la existencia de un complot contra el Gobierno Nacional. Quisieron convencer al país que el DAS no tiene nada que ver con las “chuzadas” y que todo obedece a un complot, porque es el CTI el que adelanta estos procedimientos irregulares.
Muy avivatos los voceros gubernamentales, porque poco a poco se ha ido decantando la denuncia del fiscal encargado, hasta el punto que se ha demostrado que detrás de las “chuzadas” del CTI están oficiales de la inteligencia del Ejército. El señor Iván Reynaldo Casas, un comerciante que estaba siendo extorsionado por delincuentes y en cuya denuncia aparece registrado el número del magistrado auxiliar Velásquez, aclaró que nunca dio ese número, que le fue cambiado y que siempre ha estado asesorado por dos miembros del Ejército.
Este procedimiento es frecuente en las investigaciones de los organismos de seguridad del Estado. Introducen en cualquier investigación los teléfonos que quieren “chuzar”, para darle cobertura legal a un acto ilegal y provocador. Así han hecho, no sólo en el DAS, porque es algo común a los organismos de seguridad del Estado, con mayor razón bajo los rigores y la filosofía de la “seguridad democrática”, para interceptar teléfonos de magistrados, periodistas y dirigentes de la oposición. Es una práctica grosera y delincuencial, orquesta por los Montesinos de la “Casa de Nari”, que ahora pontifican desde la “gran prensa” que los acoge sin ninguna reticencia.
Recuerdo que en el expediente por el presunto delito de rebelión que me adelantó la Fiscalía General de la Nación, a propósito de los computadores de Raúl Reyes, la Policía Judicial de la Dijin que realizó la instrucción, incluyó como míos unos teléfonos celulares y un avantel que jamás me pertenecieron y reportaron el domicilio del dueño en el barrio “La Soledad” de Bogotá y en Guatavita (Cundinamarca), lo cual denuncié en la indagatoria. Aunque nunca supe cuál fue la pretensión de la Dijin me la imagino.
Esta práctica generalizada no se va a resolver con la liquidación del DAS. Va a continuar con la nueva ley de inteligencia. Se requieren cambios estructurales, incluyendo al soporte investigativo de la Policía Judicial.
Ahí mismo saltaron los altos funcionarios del gobierno de Uribe Vélez, entre ellos los inefables vicepresidente Francisco Santos y el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, para reclamar la inocencia de la “Casa de Nari” y revelar la existencia de un complot contra el Gobierno Nacional. Quisieron convencer al país que el DAS no tiene nada que ver con las “chuzadas” y que todo obedece a un complot, porque es el CTI el que adelanta estos procedimientos irregulares.
Muy avivatos los voceros gubernamentales, porque poco a poco se ha ido decantando la denuncia del fiscal encargado, hasta el punto que se ha demostrado que detrás de las “chuzadas” del CTI están oficiales de la inteligencia del Ejército. El señor Iván Reynaldo Casas, un comerciante que estaba siendo extorsionado por delincuentes y en cuya denuncia aparece registrado el número del magistrado auxiliar Velásquez, aclaró que nunca dio ese número, que le fue cambiado y que siempre ha estado asesorado por dos miembros del Ejército.
Este procedimiento es frecuente en las investigaciones de los organismos de seguridad del Estado. Introducen en cualquier investigación los teléfonos que quieren “chuzar”, para darle cobertura legal a un acto ilegal y provocador. Así han hecho, no sólo en el DAS, porque es algo común a los organismos de seguridad del Estado, con mayor razón bajo los rigores y la filosofía de la “seguridad democrática”, para interceptar teléfonos de magistrados, periodistas y dirigentes de la oposición. Es una práctica grosera y delincuencial, orquesta por los Montesinos de la “Casa de Nari”, que ahora pontifican desde la “gran prensa” que los acoge sin ninguna reticencia.
Recuerdo que en el expediente por el presunto delito de rebelión que me adelantó la Fiscalía General de la Nación, a propósito de los computadores de Raúl Reyes, la Policía Judicial de la Dijin que realizó la instrucción, incluyó como míos unos teléfonos celulares y un avantel que jamás me pertenecieron y reportaron el domicilio del dueño en el barrio “La Soledad” de Bogotá y en Guatavita (Cundinamarca), lo cual denuncié en la indagatoria. Aunque nunca supe cuál fue la pretensión de la Dijin me la imagino.
Esta práctica generalizada no se va a resolver con la liquidación del DAS. Va a continuar con la nueva ley de inteligencia. Se requieren cambios estructurales, incluyendo al soporte investigativo de la Policía Judicial.
carloslozanogui@etb.net.co
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