Por: Ramiro Bejarano Guzmán
NADA VEROSÍMIL LA HIPÓTESIS DE que Uribe y Juan Manuel Santos fueron engañados por unos militares que filtraron al canal RCN el video que reveló el uso abusivo del emblema de la Cruz Roja en la ‘Operación Jaque’. Y no es creíble, porque fue notorio que desde el primer instante en el que el Presidente montó un consejo comunal con Íngrid Betancourt y los demás liberados, existía preocupación de su parte por despejar la inquietud que entonces nadie tenía, acerca de que no se habían utilizado símbolos falsos.No una sino varias veces, Uribe interrumpió a sus generales, obligándolos a que confirmaran que no se había utilizado ningún emblema falso, obviamente buscando que todo coincidiera con la precipitada conclusión inicial de Íngrid, de que la operación había sido perfecta. ¿Por qué tanta preguntadera? O presentía o sabía todo. Me inclino por lo último, pues como dicen en Buga: “El que pregunta es porque sabe”.
Y creo que Uribe sí sabía todo, por una razón adicional. Fue también ostensible su preocupación para que se supiera que el Ejército no había atacado al comando guerrillero que quedó en tierra después de que el helicóptero alzó vuelo con los liberados. Uribe dijo que habiendo podido el Ejército atacar a ese reducto insurgente, se había abstenido de hacerlo en señal de paz. ¿Magnánimo con los supuestos asesinos de su padre? Lo dudo.
Aunque el fuerte del Mandatario no es el derecho, alguien tuvo que advertirlo de que si el Ejército usaba distintivos falsos y además atacaba militarmente al enemigo, ello tipificaría el delito de perfidia. Si el Ejército hubiese atacado a esos insurgentes, hoy cuando se sabe que para timarlos al menos uno de los oficiales simuló ser de la Cruz Roja, ya estaría abierto otro expediente en la Corte Penal Internacional contra Uribe, Santos y demás protagonistas.
Como si lo anterior no bastare, resulta inexplicable que apenas con ocasión de la divulgación del video por RCN, Uribe y Juan Manuel pretendan hacernos creer que sólo ahora se enteraron de su contenido, cuando la cadena CNN ya había difundido varias imágenes, entre otras la del oficial portando la Cruz Roja. A propósito, deplorable el remedo de foro que a continuación de la transmisión del video organizó el canal RCN, donde brillaron la grotesca lambonería y la falta de análisis de dos amanuenses del uribismo, Marta Lucía Ramírez y Alfredo Rangel.
Las investigaciones que por una supuesta traición a la patria reclaman Uribe y Santos —más para auto absolverse—, sumada a la espectacularidad de la difusión del video por el canal más gobiernista, seguida de comentarios laudatorios al régimen por dos de sus mas preciados áulicos, dejó la impresión de que todo fue un tinglado orquestado por la mano siniestra de un experto en guerra sucia o desinformación. ¿Dónde andará el temido J.J. Rendón, ex asesor de Juan Manuel Santos?
Ya veremos si se logra identificar al supuesto traidor, y cuál el papel de cada quien en ese delito execrable. Sí, si la difusión del video fue un crimen tan grave, no es Santos el llamado a acusar o exonerar a nadie, como ya lo hizo, pues, por ejemplo, el canal RCN tendría que informarle a la Fiscalía, si pagó, cuánto, a quién, cuándo, o si alguien del Gobierno puso en sus manos gratuitamente la codiciada información, en la creencia de que ya estaba en poder de otro medio, y para no correr el riesgo de que se divulgara por alguien independiente.
Cierto que la liberación de Íngrid y sus compañeros puso en jaque a la guerrilla, pero también le dio mate a la credibilidad del Presidente y su Ministro de Defensa, y de paso a la seguridad democrática.
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Adenda. La tesis de que los congresistas no estarían impedidos para votar la tramposa reforma a la justicia, si en ella se propone que los puntos relacionados con ellos tengan efectos para después de 2010, es una leguleyada fraudulenta. El impedimento jamás está atado al sentido de la decisión que deba tomarse por el servidor público, sino con las condiciones subjetivas que le impiden actuar.
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Adenda. La tesis de que los congresistas no estarían impedidos para votar la tramposa reforma a la justicia, si en ella se propone que los puntos relacionados con ellos tengan efectos para después de 2010, es una leguleyada fraudulenta. El impedimento jamás está atado al sentido de la decisión que deba tomarse por el servidor público, sino con las condiciones subjetivas que le impiden actuar.
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