Por Carlos A. Lozano Guillén
El presidente Álvaro Uribe Vélez desató una nueva polémica en el país, acusando a diestra y siniestra de la práctica del «roscograma», en un nuevo intento de colocar la tabla de salvación a sus amigos de la «parapolítica». Vio la paja en el ojo ajeno, dijeron numerosos columnistas de prensa y personalidades del país, asombrados por la capacidad perversa del mandatario colombiano para sacarle el quite a sus propios desaciertos.
Uribe Vélez decidió arremeter contra la Corte Suprema de Justicia y la justicia colombiana, que lo tienen nervioso por las investigaciones de la «parapolítica» y la «yidispolítica», con la acusación de que tienen familiares en puestos públicos en los distintos poderes del Estado, lo cual los inhabilita para adelantar con independencia las investigaciones judiciales contra los aforados según la legislación nacional. Es una manera de terciar a favor de los amigos del Gobierno, ahora encartados por los nexos con los paramilitares, los narcotraficantes y hasta comprometidos con delitos de lesa humanidad. ¡Jamás un Gobierno, ni siquiera el de Rafael Núñez, Miguel Abadía Méndez, Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez o el de Julio César Turbay Ayala, para citar apenas algunos de los más funestos de la historia republicana, logró el lastre de tan turbias relaciones! Uribe decidió, con todo el descaro, lanzarse en defensa de sus amigos, para protegerlos de la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de llegar hasta el fondo en las investigaciones que adelanta. Todo lo ha intentado. Ahora acude a la descalificación.
Pero la pregunta que surge es si el presidente Uribe Vélez tiene autoridad para hacer este reclamo, porque, precisamente, su Gobierno ha sabido recompensar muy bien a los aduladores y colaboradores. Para no ir tan lejos Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, ex congresistas, recibieron dádivas a cambio del voto a favor del acto legislativo que estableció la reelección en la Cámara de Representantes. Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia. Uribe también premió a magistrados de la Corte Constitucional, congresistas, ministros y capitalistas, a los que les nombró familiares en embajadas y en otros cargos públicos. Más bien lo que existe es un «roscouribismo» en todos los niveles del Estado y por supuesto en la esfera gubernamental.
Lo grave es que esta conducta no es sólo de Uribe sino que se extiende entre sus amigos. Hernán Andrade, presidente del Senado y a quien podríamos calificar «de buena persona», sale con el cuento de que es necesario legalizar el «rosccograma» y Nancy Patricia Gutiérrez, ex presidenta del Senado, graba la conversación con un investigador de la Corte para filtrarla a la «gran prensa». Así son los uribistas.
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