Por: Hernando López
Edición voz 2514
Hace un año salieron a flote los llamados “falsos positivos”, que no son más que ejecuciones extrajudiciales y crímenes de Estado, fraguados por mandos militares, con la finalidad de presentar resultados en la lucha contrainsurgente y como parte de un negocio de testaferros que dan la “información” y que cobran la recompensa para repartírsela con los uniformados comprometidos en el delito.
Cuando Fernando Escobar, personero del municipio de Soacha, prendió las alarmas debido a la aparición en el Catatumbo de los cadáveres de unos muchachos, reportados como desaparecidos en esta localidad, pegada a Bogotá, tanto el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ahora con aspiraciones presidenciales, como los altos mandos militares, rechazaron la denuncia y hablaron, como suelen hacerlo los voceros gubernamentales, de un complot contra el Gobierno Nacional y la “seguridad democrática”. El presidente Uribe Vélez desmintió la grave acusación en uno de los consejos comunales. Con el tiempo, los hechos concretos corroboraron la versión del Personero de Soacha, pero entonces el Gobierno Nacional argumentó que eran unos pocos casos de “manzanas podridas” en la institución castrense.
Un año después, no hay tales manzanas podridas, porque en realidad es una situación que está presente en 12 departamentos colombianos y que según la Fiscalía General de la Nación, compromete a 1.273 investigaciones en las que aparecen reportados más de 2.000 colombianos asesinados bajo esta modalidad. Según un informe del periodista Ricardo Ospina de Caracol Radio, “la Fiscalía reveló que 14 civiles en varias zonas del país actuaron como ‘reclutadores’ de por lo menos 85 hombres que fueron aparentes víctimas de los “falsos positivos”, tras ser reportados como muertos en supuestos combates con el Ejército en 12 departamentos. (…) Los ‘reclutadores’, quienes mediante engaños convencían a los hombres que posteriormente fueron asesinados y presentados como abatidos en enfrentamientos, usualmente eran personas que tuvieron vínculos con el narcotráfico y con el paramilitarismo. Según los investigadores, el contacto para la planeación de los ‘falsos positivos’, se iniciaba con los miembros de inteligencia de determinado batallón, denominados G2, B2 o S2, y posteriormente presentaban a esos reclutadores con los oficiales comandantes de las unidades tácticas”.
Un entramado criminal
Según esta investigación, el cuadro delictivo es bastante extenso, casi que un entramado criminal en el que participan mandos militares, agentes de inteligencia del Estado y paramilitares. No cabe la menor duda, es lo que deben decir con claridad los investigadores, que en buena medida esta situación fue estimulada por la “seguridad democrática” en la exigencia presidencial de resultados en la lucha contraguerrillera y en la directiva del Ministerio de Defensa, promulgada por el entonces ministro Camilo Ospina, ahora aspirante al cargo de Fiscal General de la Nación, que estableció las recompensas y sus montos para delatores e informantes.
Según el informe de Ospina en Caracol Radio, los investigadores tienen indicios de que en algunos operativos realizados hace varios meses por integrantes del Gaula (en Meta y Casanare), supuestamente motivados en operativos antisecuestro y antiextorsión, “las víctimas de los falsos positivos son sacadas mediante engaños de las zonas urbanas para luego ser ultimadas y reportadas como dadas de baja en operativos adelantados en zonas rurales”.
Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales alertaron sobre la gravedad de estas ejecuciones extrajudiciales, calificadas por numerosas organizaciones no gubernamentales como delitos de lesa humanidad, sin embargo, el Gobierno Nacional lleno de soberbia lo niega e insiste en que son casos aislados en medio de vacías convocatorias a las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Lo cierto es que un año después, investigadores consultados por este semanario, dicen que la colaboración de las oficinas gubernamentales y de los altos mandos militares es casi ninguna y más bien se están dedicados a torpedear la actividad de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
Cuando Fernando Escobar, personero del municipio de Soacha, prendió las alarmas debido a la aparición en el Catatumbo de los cadáveres de unos muchachos, reportados como desaparecidos en esta localidad, pegada a Bogotá, tanto el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ahora con aspiraciones presidenciales, como los altos mandos militares, rechazaron la denuncia y hablaron, como suelen hacerlo los voceros gubernamentales, de un complot contra el Gobierno Nacional y la “seguridad democrática”. El presidente Uribe Vélez desmintió la grave acusación en uno de los consejos comunales. Con el tiempo, los hechos concretos corroboraron la versión del Personero de Soacha, pero entonces el Gobierno Nacional argumentó que eran unos pocos casos de “manzanas podridas” en la institución castrense.
Un año después, no hay tales manzanas podridas, porque en realidad es una situación que está presente en 12 departamentos colombianos y que según la Fiscalía General de la Nación, compromete a 1.273 investigaciones en las que aparecen reportados más de 2.000 colombianos asesinados bajo esta modalidad. Según un informe del periodista Ricardo Ospina de Caracol Radio, “la Fiscalía reveló que 14 civiles en varias zonas del país actuaron como ‘reclutadores’ de por lo menos 85 hombres que fueron aparentes víctimas de los “falsos positivos”, tras ser reportados como muertos en supuestos combates con el Ejército en 12 departamentos. (…) Los ‘reclutadores’, quienes mediante engaños convencían a los hombres que posteriormente fueron asesinados y presentados como abatidos en enfrentamientos, usualmente eran personas que tuvieron vínculos con el narcotráfico y con el paramilitarismo. Según los investigadores, el contacto para la planeación de los ‘falsos positivos’, se iniciaba con los miembros de inteligencia de determinado batallón, denominados G2, B2 o S2, y posteriormente presentaban a esos reclutadores con los oficiales comandantes de las unidades tácticas”.
Un entramado criminal
Según esta investigación, el cuadro delictivo es bastante extenso, casi que un entramado criminal en el que participan mandos militares, agentes de inteligencia del Estado y paramilitares. No cabe la menor duda, es lo que deben decir con claridad los investigadores, que en buena medida esta situación fue estimulada por la “seguridad democrática” en la exigencia presidencial de resultados en la lucha contraguerrillera y en la directiva del Ministerio de Defensa, promulgada por el entonces ministro Camilo Ospina, ahora aspirante al cargo de Fiscal General de la Nación, que estableció las recompensas y sus montos para delatores e informantes.
Según el informe de Ospina en Caracol Radio, los investigadores tienen indicios de que en algunos operativos realizados hace varios meses por integrantes del Gaula (en Meta y Casanare), supuestamente motivados en operativos antisecuestro y antiextorsión, “las víctimas de los falsos positivos son sacadas mediante engaños de las zonas urbanas para luego ser ultimadas y reportadas como dadas de baja en operativos adelantados en zonas rurales”.
Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales alertaron sobre la gravedad de estas ejecuciones extrajudiciales, calificadas por numerosas organizaciones no gubernamentales como delitos de lesa humanidad, sin embargo, el Gobierno Nacional lleno de soberbia lo niega e insiste en que son casos aislados en medio de vacías convocatorias a las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Lo cierto es que un año después, investigadores consultados por este semanario, dicen que la colaboración de las oficinas gubernamentales y de los altos mandos militares es casi ninguna y más bien se están dedicados a torpedear la actividad de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
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