*Carlos A. Lozano Guillén
VOZ del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2009 Edición 2515
Para algunas personas, inclusive de “izquierda moderada” o de centro y desmovilizados de procesos de paz de finales de los años ochenta del siglo pasado, el periódico VOZ y el Partido Comunista detestan la Constitución de 1991, hasta la original, sin los cambios que la clase dominante le introdujo posteriormente, hasta convertirla en harapos, en un auténtico conejo a los ex guerrilleros que pactaron la paz.
Pero tal percepción, de buena o mala fe, no es cierta. Basta con mirar las páginas del periódico VOZ de la época, donde fue muy clara la posición a favor de la Asamblea Nacional Constituyente y, por lo demás, el Partido Comunista participó en ella, representado por Aída Abella, miembro de su dirección nacional y presidenta, después, de la Unión Patriótica, hasta cuando tuvo que abandonar el país debido a un atentado criminal, aún en la impunidad. Aída integro una lista encabezada por el ex canciller Alfredo Vázquez Carrizosa, que tuvo el apoyo entusiasta de dirigentes y militantes del Partido Comunista y la Unión Patriótica. Como activa constituyente suscribió el texto de 1991.
Otra cosa es que no le demos el alcance exagerado que le dan algunos de que dicha Constitución fue la “revolución” en los finales del siglo XX y que la izquierda hoy tiene como principal objetivo restaurar su vigencia primigenia y del Estado Social de Derecho contenido en ella. Objetivo importante pero limitado, porque en realidad los cambios democráticos, económicos y sociales que requiere Colombia son más ambiciosos y deben superar las falencias que la Carta tiene. El desafío de la izquierda es profundo, debe abrir la puerta a la solución política del conflicto colombiano, reconociendo con franqueza los alcances reales del cambio democrático, la necesidad de defender la soberanía nacional mancillada por el imperio del Norte, rechazando las bases militares gringas y la dependencia en política internacional. Tampoco pueden faltar los temas del modelo económico alternativo en contradicción, inclusive, con la Constitución y de una reforma agraria integral y democrática.
El defecto de la Constitución del 91 es que la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente, más que un “pacto político” lo que hizo fue una componenda para que todos quedaran satisfechos. La parte estrictamente política es positiva, como la consagración de los derechos fundamentales, la participación ciudadana, la tutela y el Estado Social de Derecho; pero la parte económica significó consagrar la política neoliberal, las privatizaciones del patrimonio público, al tiempo que lesiona el interés de los trabajadores y de los sectores más empobrecidos. En definitiva, temas como las Fuerzas Militares al servicio de la paz y de la defensa de la soberanía, nunca se discutieron. Quedó intacta la estructura represiva y de “seguridad nacional”. El proyecto de la izquierda va más allá y se nutre en la experiencia revolucionaria de América Latina y el mundo.
carloslozanogui@etb.net.co
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Pero tal percepción, de buena o mala fe, no es cierta. Basta con mirar las páginas del periódico VOZ de la época, donde fue muy clara la posición a favor de la Asamblea Nacional Constituyente y, por lo demás, el Partido Comunista participó en ella, representado por Aída Abella, miembro de su dirección nacional y presidenta, después, de la Unión Patriótica, hasta cuando tuvo que abandonar el país debido a un atentado criminal, aún en la impunidad. Aída integro una lista encabezada por el ex canciller Alfredo Vázquez Carrizosa, que tuvo el apoyo entusiasta de dirigentes y militantes del Partido Comunista y la Unión Patriótica. Como activa constituyente suscribió el texto de 1991.
Otra cosa es que no le demos el alcance exagerado que le dan algunos de que dicha Constitución fue la “revolución” en los finales del siglo XX y que la izquierda hoy tiene como principal objetivo restaurar su vigencia primigenia y del Estado Social de Derecho contenido en ella. Objetivo importante pero limitado, porque en realidad los cambios democráticos, económicos y sociales que requiere Colombia son más ambiciosos y deben superar las falencias que la Carta tiene. El desafío de la izquierda es profundo, debe abrir la puerta a la solución política del conflicto colombiano, reconociendo con franqueza los alcances reales del cambio democrático, la necesidad de defender la soberanía nacional mancillada por el imperio del Norte, rechazando las bases militares gringas y la dependencia en política internacional. Tampoco pueden faltar los temas del modelo económico alternativo en contradicción, inclusive, con la Constitución y de una reforma agraria integral y democrática.
El defecto de la Constitución del 91 es que la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente, más que un “pacto político” lo que hizo fue una componenda para que todos quedaran satisfechos. La parte estrictamente política es positiva, como la consagración de los derechos fundamentales, la participación ciudadana, la tutela y el Estado Social de Derecho; pero la parte económica significó consagrar la política neoliberal, las privatizaciones del patrimonio público, al tiempo que lesiona el interés de los trabajadores y de los sectores más empobrecidos. En definitiva, temas como las Fuerzas Militares al servicio de la paz y de la defensa de la soberanía, nunca se discutieron. Quedó intacta la estructura represiva y de “seguridad nacional”. El proyecto de la izquierda va más allá y se nutre en la experiencia revolucionaria de América Latina y el mundo.
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