Carlos A. Lozano Guillén
Los incidentes de la Universidad Nacional del viernes 16 de octubre pasado, cuando fue retenido durante varias horas por un grupo de estudiantes el rector de la misma, Moisés Wasserman, casi terminan en una tragedia por la irresponsabilidad del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien ordenó la intervención del Esmad cuando ya la situación estaba bajo control y se había logrado un acuerdo con la mediación de las autoridades del distrito y la Defensoría del Pueblo y el atolondrado rector se encontraba en su despacho sin que hubiera sido víctima de ninguna agresión, distinto a lo que él asegura de forma falaz después de la intervención vandálica de la Fuerza Pública.
Con la mediación de la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá y la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital, hubo un acuerdo entre los estudiantes que rodeaban el vehículo del rector Wasserman y las directivas de la Universidad Nacional, para entablar un diálogo, rechazado hasta el momento, sobre el manejo del gasto y de las finanzas del principal centro de educación pública del país. Moisés Wasseman había rechazado cualquier conversación constructiva con los estudiantes, en el estilo arrogante de los funcionarios uribistas, hasta el punto que se colmó la paciencia de profesores, estudiantes y trabajadores, que decidieron exigirlo en la movilización del viernes pasado. No hubo agresiones ni daños materiales, distintos a los que causó la Fuerza Pública en la irrupción violenta. Todo quedó zanjado con el acuerdo de conversar el día lunes 19 de octubre. Pero una vez se suspendió el mitin estudiantil, Uribe Vélez, alterado y fuera de control, ordenó el ataque violento del Esmad. ¿En qué quedó la palabra empeñada de la Defensoría del Pueblo y de las autoridades de Bogotá, que habían resuelto el incidente mediante el diálogo y la negociación? Con toda razón la doctora Clara López Obregón, Secretaria de Gobierno, expresó su inconformidad y cuestionó la intervención policial violenta en el campus universitario.
Pero el atropello no se detuvo ahí. Uribe Vélez le ordenó a la fiscalía y a los jueces procesar a los 22 estudiantes capturados dizque por secuestro, con el respaldo del rector uribista, quien dice que fue amenazado y ultrajado, lo cual no es evidente en ninguno de los videos de la prensa, aunque los grandes medios se unieron en la magnificación del incidente, que no pasó de ser un tropel estudiantil.
En la noche del viernes 16 de octubre, siete de los muchachos capturados fueron dejados en libertad por ser menores de edad, y al día siguiente, la totalidad de los restantes quedaron libres por la decisión del juez porque la fiscalía no logró mostrar ninguna prueba del delito. Solo la actitud delirante de Uribe Vélez lo lleva a considerar que se trató de un secuestro. Con toda razón, el padre de uno de los estudiantes detenidos dijo mientras esperaba que le resolvieran la situación jurídica a su hijo, que “a este señor (Uribe Vélez) como que se le aflojó una tuerca”. A ninguna persona cuerda le cabe en su cabeza que una protesta estudiantil (que se puede aceptar o no) se considere un delito tan grave como el secuestro. Sólo puede ocurrir en una mente obnubilada por el odio y por el total desprecio por la democracia.
Ante la libertad declarada por un juez de la totalidad de los estudiantes capturados y golpeados por la bestialidad del Esmad, Uribe, quien tiene mucho que explicarle y rendirle cuentas al país por la corrupción en la “Casa de Nari” y en las alturas del poder, decidió ofrecer cincuenta millones de pesos de recompensa, “para quien dé informes del paradero de los responsables del secuestro del rector de la Universidad Nacional”. “Mejor que dé la misma suma o una mayor a manera de recompensa para quien declare sobre los responsables del negociado de Agro Ingreso Seguro, que no son otros que el mismo Uribe y su compinche Uribito”, dijo un estudiante de la Universidad Nacional.
El problema de fondo es que hay muchos desaciertos, como también irregularidades, en la gestión de Moisés Wasseman en la Universidad Nacional, rector de bolsillo de la “Casa de Nari”, porque fue impuesto en contra de la voluntad mayoritaria de estudiantes y profesores. La consulta a los estamentos universitarios favoreció al ex rector Víctor Manuel Moncayo, pero Uribe Vélez la desconoció y prefirió a su amigote. No hay credibilidad en esa dirección, no hay gobernabilidad. Es un rector sin acceso a estudiantes y profesores, aislado y sin mayor posibilidad de influencia en ellos para una política académica en beneficio del país, de la investigación, de la ciencia y la tecnología. Por lo menos debe explicar en qué se está gastando el dinero y cuál es la situación presupuestal real del principal centro docente del país.
Los incidentes de la Universidad Nacional del viernes 16 de octubre pasado, cuando fue retenido durante varias horas por un grupo de estudiantes el rector de la misma, Moisés Wasserman, casi terminan en una tragedia por la irresponsabilidad del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien ordenó la intervención del Esmad cuando ya la situación estaba bajo control y se había logrado un acuerdo con la mediación de las autoridades del distrito y la Defensoría del Pueblo y el atolondrado rector se encontraba en su despacho sin que hubiera sido víctima de ninguna agresión, distinto a lo que él asegura de forma falaz después de la intervención vandálica de la Fuerza Pública.
Con la mediación de la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá y la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital, hubo un acuerdo entre los estudiantes que rodeaban el vehículo del rector Wasserman y las directivas de la Universidad Nacional, para entablar un diálogo, rechazado hasta el momento, sobre el manejo del gasto y de las finanzas del principal centro de educación pública del país. Moisés Wasseman había rechazado cualquier conversación constructiva con los estudiantes, en el estilo arrogante de los funcionarios uribistas, hasta el punto que se colmó la paciencia de profesores, estudiantes y trabajadores, que decidieron exigirlo en la movilización del viernes pasado. No hubo agresiones ni daños materiales, distintos a los que causó la Fuerza Pública en la irrupción violenta. Todo quedó zanjado con el acuerdo de conversar el día lunes 19 de octubre. Pero una vez se suspendió el mitin estudiantil, Uribe Vélez, alterado y fuera de control, ordenó el ataque violento del Esmad. ¿En qué quedó la palabra empeñada de la Defensoría del Pueblo y de las autoridades de Bogotá, que habían resuelto el incidente mediante el diálogo y la negociación? Con toda razón la doctora Clara López Obregón, Secretaria de Gobierno, expresó su inconformidad y cuestionó la intervención policial violenta en el campus universitario.
Pero el atropello no se detuvo ahí. Uribe Vélez le ordenó a la fiscalía y a los jueces procesar a los 22 estudiantes capturados dizque por secuestro, con el respaldo del rector uribista, quien dice que fue amenazado y ultrajado, lo cual no es evidente en ninguno de los videos de la prensa, aunque los grandes medios se unieron en la magnificación del incidente, que no pasó de ser un tropel estudiantil.
En la noche del viernes 16 de octubre, siete de los muchachos capturados fueron dejados en libertad por ser menores de edad, y al día siguiente, la totalidad de los restantes quedaron libres por la decisión del juez porque la fiscalía no logró mostrar ninguna prueba del delito. Solo la actitud delirante de Uribe Vélez lo lleva a considerar que se trató de un secuestro. Con toda razón, el padre de uno de los estudiantes detenidos dijo mientras esperaba que le resolvieran la situación jurídica a su hijo, que “a este señor (Uribe Vélez) como que se le aflojó una tuerca”. A ninguna persona cuerda le cabe en su cabeza que una protesta estudiantil (que se puede aceptar o no) se considere un delito tan grave como el secuestro. Sólo puede ocurrir en una mente obnubilada por el odio y por el total desprecio por la democracia.
Ante la libertad declarada por un juez de la totalidad de los estudiantes capturados y golpeados por la bestialidad del Esmad, Uribe, quien tiene mucho que explicarle y rendirle cuentas al país por la corrupción en la “Casa de Nari” y en las alturas del poder, decidió ofrecer cincuenta millones de pesos de recompensa, “para quien dé informes del paradero de los responsables del secuestro del rector de la Universidad Nacional”. “Mejor que dé la misma suma o una mayor a manera de recompensa para quien declare sobre los responsables del negociado de Agro Ingreso Seguro, que no son otros que el mismo Uribe y su compinche Uribito”, dijo un estudiante de la Universidad Nacional.
El problema de fondo es que hay muchos desaciertos, como también irregularidades, en la gestión de Moisés Wasseman en la Universidad Nacional, rector de bolsillo de la “Casa de Nari”, porque fue impuesto en contra de la voluntad mayoritaria de estudiantes y profesores. La consulta a los estamentos universitarios favoreció al ex rector Víctor Manuel Moncayo, pero Uribe Vélez la desconoció y prefirió a su amigote. No hay credibilidad en esa dirección, no hay gobernabilidad. Es un rector sin acceso a estudiantes y profesores, aislado y sin mayor posibilidad de influencia en ellos para una política académica en beneficio del país, de la investigación, de la ciencia y la tecnología. Por lo menos debe explicar en qué se está gastando el dinero y cuál es la situación presupuestal real del principal centro docente del país.
Carlos A. Lozano Guillén
Director de VOZ
Octubre 17 de 2009
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