La Relatora Especial de la ONU Margaret Sekaggya pidió al Gobierno de Colombia en una audiencia en el Congreso de EE.UU. que cese de "estigmatizar" a los defensores de los derechos humanos e investigue las denuncias que ellos hacen.
Sekeggya, Relatora Espacial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, compareció hoy en una audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes.
Según reseña la agencia EFE en la audiencia la funcionaria de la ONU pidió al Gobierno colombiano que preste más atención a las amenazas y ataques que sufren los defensores de los derechos humanos.
"El Gobierno debería investigar y enjuiciar a los que hacen esas amenazas", dijo Sekaggya, quien aseguró que "aún existe un gran nivel de impunidad".
La relatora visitó Colombia entre el 7 y el 18 de septiembre, y en ese viaje instó al Gobierno a "parar la estigmatización y las declaraciones públicas contra los defensores de los derechos humanos", a lo que éste se comprometió, según dijo en la audiencia.
"Ahora el Gobierno tiene que cumplir su promesa", enfatizó Sekaggya, quien también pidió la destrucción de los archivos de inteligencia recopilados sobre los defensores de los derechos humanos.
El congresista James McGovern, quien presidió la audiencia, recalcó que Colombia ha compartido esos archivos "perjudiciales" con Estados Unidos y otros países, lo que ha hecho a Washington pensarse dos veces antes de otorgar visados a los defensores de los derechos humanos e incluso poner a alguno bajo vigilancia.
"La supresión de los archivos tiene que hacerse. Es un asunto internacional", coincidió Sekaggya, quien durante su viaje se reunió con el presidente de Colombia, Alvaro Uribe.
A la audiencia asistió la embajadora de Colombia ante la Casa Blanca, Carolina Barco, quien defendió al Gobierno en declaraciones posteriores a la prensa.
"Todavía tenemos que hacer unas mejorías, pero están dados unos pasos de diálogo (con los defensores de los derechos humanos), hay que construir más confianza", afirmó.
La embajadora recalcó en un documento presentado a la Comisión que la protección a los defensores de los derechos humanos "es una prioridad" para el Gobierno.
Barco dijo que no cree que las denuncias presentadas hoy dificulten la aprobación por parte del Congreso del Tratado de Libre Comercio firmado por Colombia y Estados Unidos.
En cambio, McGovern dijo a la prensa que no habrá ratificación "a menos que mejore la situación de los derechos humanos" en Colombia.
En la audiencia también comparecieron defensores de los derechos humanos colombianos y estadounidenses.
Reynaldo Villalba Vargas, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se quejó de que funcionarios públicos responsabilizan a las asociaciones de derechos humanos de realizar denuncias falsas, especialmente cuando atañen a los agentes del estado, como en los casos de ejecuciones extrajudiciales.
Con él concordó Gabriel González, ex coordinador en Bucaramanga (noreste) del Comité de Solidaridad con los Prisioneros Políticos en Colombia (CSPP), quien ha sido procesado por vinculaciones ficticias con las FARC, según manifestó.
"Queremos que se cesen los factores de riesgo y eso empieza por creer e investigar las denuncias que hacemos los defensores de los derechos humanos contra particulares o funcionarios públicos", dijo González.
Ellos recibieron el apoyo de organizaciones de derechos humanos estadounidenses.
"Vemos que la situación de los defensores es verdaderamente grave. Es el papel del Gobierno protegerles y eso no ha ocurrido. El Gobierno ha hecho algunas cosas, pero no es eficiente", dijo a Efe Kelly Nicholls, directora ejecutiva de la Oficina de EE.UU. sobre Colombia, una asociación no gubernamental.
"La situación de impunidad es muy, muy grave", añadió.
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Sekeggya, Relatora Espacial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, compareció hoy en una audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes.
Según reseña la agencia EFE en la audiencia la funcionaria de la ONU pidió al Gobierno colombiano que preste más atención a las amenazas y ataques que sufren los defensores de los derechos humanos.
"El Gobierno debería investigar y enjuiciar a los que hacen esas amenazas", dijo Sekaggya, quien aseguró que "aún existe un gran nivel de impunidad".
La relatora visitó Colombia entre el 7 y el 18 de septiembre, y en ese viaje instó al Gobierno a "parar la estigmatización y las declaraciones públicas contra los defensores de los derechos humanos", a lo que éste se comprometió, según dijo en la audiencia.
"Ahora el Gobierno tiene que cumplir su promesa", enfatizó Sekaggya, quien también pidió la destrucción de los archivos de inteligencia recopilados sobre los defensores de los derechos humanos.
El congresista James McGovern, quien presidió la audiencia, recalcó que Colombia ha compartido esos archivos "perjudiciales" con Estados Unidos y otros países, lo que ha hecho a Washington pensarse dos veces antes de otorgar visados a los defensores de los derechos humanos e incluso poner a alguno bajo vigilancia.
"La supresión de los archivos tiene que hacerse. Es un asunto internacional", coincidió Sekaggya, quien durante su viaje se reunió con el presidente de Colombia, Alvaro Uribe.
A la audiencia asistió la embajadora de Colombia ante la Casa Blanca, Carolina Barco, quien defendió al Gobierno en declaraciones posteriores a la prensa.
"Todavía tenemos que hacer unas mejorías, pero están dados unos pasos de diálogo (con los defensores de los derechos humanos), hay que construir más confianza", afirmó.
La embajadora recalcó en un documento presentado a la Comisión que la protección a los defensores de los derechos humanos "es una prioridad" para el Gobierno.
Barco dijo que no cree que las denuncias presentadas hoy dificulten la aprobación por parte del Congreso del Tratado de Libre Comercio firmado por Colombia y Estados Unidos.
En cambio, McGovern dijo a la prensa que no habrá ratificación "a menos que mejore la situación de los derechos humanos" en Colombia.
En la audiencia también comparecieron defensores de los derechos humanos colombianos y estadounidenses.
Reynaldo Villalba Vargas, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se quejó de que funcionarios públicos responsabilizan a las asociaciones de derechos humanos de realizar denuncias falsas, especialmente cuando atañen a los agentes del estado, como en los casos de ejecuciones extrajudiciales.
Con él concordó Gabriel González, ex coordinador en Bucaramanga (noreste) del Comité de Solidaridad con los Prisioneros Políticos en Colombia (CSPP), quien ha sido procesado por vinculaciones ficticias con las FARC, según manifestó.
"Queremos que se cesen los factores de riesgo y eso empieza por creer e investigar las denuncias que hacemos los defensores de los derechos humanos contra particulares o funcionarios públicos", dijo González.
Ellos recibieron el apoyo de organizaciones de derechos humanos estadounidenses.
"Vemos que la situación de los defensores es verdaderamente grave. Es el papel del Gobierno protegerles y eso no ha ocurrido. El Gobierno ha hecho algunas cosas, pero no es eficiente", dijo a Efe Kelly Nicholls, directora ejecutiva de la Oficina de EE.UU. sobre Colombia, una asociación no gubernamental.
"La situación de impunidad es muy, muy grave", añadió.
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