Más de 20 empresas con conflictos sin resolver, algunos viejos—
El Ministerio busca darles solución—
En las últimas semanas el Ministerio de la Protección Social viene promoviendo en el país audiencias públicas con los sindicatos y las empresas que tienen conflictos laborales sin resolver, con el objetivo de buscarles solución antes de que lleguen a conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o de sacarlos de la agenda de esta organización si ya están allí radicados.
Lo que ha ocurrido, según lo explicó Carlos Julio Díaz, presidente de la Subdirectiva de la CUT Antioquia, es que el Gobierno Nacional está preocupado por la cantidad de quejas que llegan a la OIT provenientes de Colombia, por múltiples razones: violación de convenciones colectivas, negativas a negociar pliegos de peticiones, persecución sindical, despidos de trabajadores(as) con fuero, implantación de formas irregulares de relación laboral, etc. Lo que hace que Colombia, debido a la inoperancia de la justicia laboral, sea uno de los países del mundo que más quejas pone en la OIT, situación que preocupa al gobierno y al sector empresarial por sus implicaciones negativas para la imagen del país y los acuerdos comerciales internacionales que están en negociación.
De ahí que ahora busquen que los problemas laborales se resuelvan en Colombia antes de que lleguen al escenario de la OIT, razón por la cual el Ministerio de la Protección Social promueva estas reuniones tripartitas con los empresarios y los sindicatos.
En Antioquia tal gestión resulta particularmente importante porque es la región del país que más conflictos laborales tiene represados, y más quejas hace llegar a la OIT. En este departamento hoy hay más de 20 empresas que tienen conflictos sin resolver con sus sindicatos, en su gran mayoría afiliados a la CUT, y algunos hasta con más de dos años de antigüedad, según lo informó Carlos Julio Díaz.
El siguiente es el mapa de los principales conflictos laborales sin resolver en Antioquia:
ATLAS TRANSVALORES: Esta empresa despidió al presidente del sindicato y a 11 trabajadores(as) más, que fueron reintegrados posteriormente por fallo de tutela. En el transcurso del proceso ha presionado conciliaciones y renuncias con algunos trabajadores del sindicato y otros no sindicalizados.
TEJIDOS DE PUNTO LINDALANA S.A: A la conformación del sindicato (Sintralindalana) el 7 de junio de 2009, la empresa respondió con un pacto colectivo y despidió 5 socios del sindicato, que fueron reintegrados por fallo de tutela el 30 de julio. Este mismo día el sindicato presentó pliego de peticiones, que no se negoció porque la empresa se limitó a citar los negociadores sindicales, instalar y levantar el acta de terminación de la etapa de arreglo directo. El conflicto está a la espera de convocatoria de tribunal de arbitramento.
GLOBAL DE PINTURAS: Tres meses después de firmarse la convención colectiva fueron despedidos 60 trabajadores, 45 de ellos sindicalizados, la mayoría afiliados a Sintrainquigas y unos pocos a Sintraquim, lo que evidencia la motivación anti sindical de los despidos y la violación del derecho de libre asociación.
FINCAS BANANERAS DE URABÁ: En las fincas donde existen dos sindicatos, Sinaitraifrut y Sintrainagro (unas 15 en total), éste último hizo con la empresa acuerdos laborales que no tuvieron en cuenta las expectativas de los trabajadores afiliados a Sintrainagro, situación que afecta a cerca de 1.000 trabajadores y ha generado un ambiente tenso. Asimismo ha motivado a este último sindicato a llevar la cuestión a Tribunal de Arbitramento. Por otra parte, hay empresarios bananeros que vienen desconociendo la convención colectiva que se firmó hace tres meses y que permitió el levantamiento del paro en mayo pasado, e intentan igualmente introducir cooperativas de trabajo asociado, lo que ha provocado malestar y desarmonía laboral.
CORPAUL (Corporación de fomento asistencial del Hospital Universitario San Vicente de Paúl): El mayo del año pasado los trabajadores fundaron un sindicato de empresa: Sintracorpaul, por lo que fueron despedidos 3 miembros de la junta directiva, caso que está en proceso de demanda. Posteriormente presentaron un pliego de peticiones, que no fue resuelto. Fue convocado tribunal de arbitramento, pero aún no sale la resolución de nombramiento de árbitros.
NOEL y ZENÚ: Ambas empresas del Grupo Nacional de Chocolates. Ante la no solución de los pliegos de peticiones presentados por Sinaltrainal y Sintralimenticia, en mayo solicitaron convocatoria de los tribunales de arbitramento, solicitud que ya fue resuelta por el Ministerio de la Protección Social y están a la espera de la resolución que designe los árbitros de las partes.
CLÍNICA MEDELLÍN: Se tramitó el pliego, pero no fue posible un acuerdo definitivo. Entonces se solicitó la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, pero el Ministerio de la Protección Social negó la convocatoria por formalismo legal.
LEONISA: El caso es idéntico al de la Clínica Medellín: fue negando el Tribunal de Arbitramento, con el agravante de que están enviando a los trabajadores(as) para la casa, y despidieron a más de 600 de ellos. La tenencia generalizada ahora es cambiar los contratos de trabajo y el empleador, pasando de la contratación directa al contrato con cooperativas y al contrato sindical, lo que supone una sustitución patronal para evadir la responsabilidad laboral y social. La situación va en la línea de lo ocurrido en Confecciones Colombia EVERFIT, que hace 12 años tenía 2.000 trabajadores vinculados y hoy sólo quedan 50, incluyendo el personal administrativo. Todos se reemplazaron por trabajadores cooperatizados.
FRONTINO GOLD MINES: Los trabajadores de esta empresa minera presentaron pliego de peticiones y acordaron el 30 de julio como día límite para que la empresa fijara las fechas de negociación, pero al día de hoy no las ha fijado, razón por la cual el sindicato Sintramienergetica solicitó al Ministerio de la Protección Social intermediar en el conflicto. Esta empresa está en proceso obligatorio de liquidación; los trabajadores activos presentaron pliego de peticiones y se les suspendió el contrato laboral sin permiso del Ministerio. 65 días después no se ha iniciado la negociación del pliego y hace tres años no han tenido aumento salarial. Los pensionados a cargo de la empresa presionan la venta de ésta para establecer un fondo que les garantice las pensiones y la seguridad social.
CEREALES CORO: Esta empresa vendió sus bodegas con el argumento de reubicación de instalaciones, pero posteriormente aduce no tener licencia para su reubicación en el oriente cercano. Estas bodegas las debe entregar el 15 de enero de 2010, lo cual determinaría la salida de 180 trabajadores, 80 de ellos afiliados al sindicato. No hay protección de acreencias de los trabajadores.
CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE: Esta empresa viene violando la convención colectiva que firmó con el sindicato SINTHOL, y se niega a recibir la comisión de quejas y reclamos.
PHILLIS MORRIS (antes Colombiana de Tabaco): Desde cuando se instaló esta multinacional en el país se han desvinculado más de 300 trabajadores afiliados a SINTRAINTABACO, unos por renuncia presionada y otros por despidos.
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN (hospital público): Desde hace dos años se presentó pliego de peticiones para empleados públicos, el cual no fue solucionado, pretextando que los empleados públicos no tienen derecho a la negociación.
ERECOS: Esta empresa está enviando a los trabajadores a vacaciones anticipadas. Está cerrando la sede de Medellín y piensan enviar a los trabajadores al municipio de la Unión (Antioquia), y a Sogamoso (Boyacá). El sindicato cree que lo que pretende es despedir a los trabajadores o llamarlos a arreglo laboral. Existe también persecución sindical, ya que la empresa solicitó levantamiento del fuero a un trabajador, endilgándole una falta inexistente.
MUNICIPIOS DE SONSÓN y COPACABANA: El sindicato Sintrasema, de Sonsón, presentó pliego de peticiones hace 12 meses; el alcalde del municipio despidió a 13 trabajadores, de los 28 que estaban afiliados al sindicato. La primera demanda instó al alcalde a reintegrarlos y a pagarles los días que dejaron de laborar, pero éste demandó al fallo y lo ganó en segunda instancia, por lo que el caso ahora está en apelación. Se observa la flagrante violación al derecho de sindicalización. Y en Copacabana el alcalde violenta la Convención Colectiva solicitando requisitos adicionales para otorgar los permisos consagrados en la convención.
INVATEX: A los trabajadores(as) afiliados al sindicato les retrasa el salario y los aportes a la seguridad social, a tal punto que varias veces no los han atendido cuando van al médico. La empresa contrata temporales, en detrimento de la contratación directa, arrinconando así al sindicato, que no tiene posibilidad de crecer. Además, niega permisos convencionales y a los trabajadores les retiene descuentos que no trasfiere a los acreedores. Los trabajadores sindicalizados, que son unos 40, tomaron do la decisión de afiliarse a SINTRATEXTIL, sindicato de industria.
SENA: Amenazas de muerte a dos directivos sindicales, presión de la Gerencia Regional a la organización sindical. El 22 y 23 de julio los trabajadores(as) realizaron un paro nacional contra la privatización, la corrupción y la politiquería en el SENA.
GANA (Empresa de chance): Con la concesión de apuestas a favor de GANA, esta empresa recogió a todos los trabajadores y los vinculó a porcentaje y en talonario oficial. Sólo quedaron vinculados directamente los trabajadores de Gildardo Salazar Apuestas. Los mejores vendedores quedaron trabajando a porcentaje, que se les rebajó del 30% al 15%. No tienen prestaciones sociales, desplazan a pequeños vendedores independientes de sitios habituales de trabajo, les decomisan máquinas o las desactivan. Las trabajadoras de los puestos viejos son presionadas a hacer renuncias prestacionales. Dos dirigentes de Ascaplan, el sindicato de los chanceros, han sido asesinados.
PAPELES Y CARTONES S.A PAPELSA. En marzo de 2007 esta empresa, cuya sede principal está en Barbosa (Antioquia), radicó solicitud en la Regional del Ministerio de la Protección Social para cerrar dos plantas, aduciendo cambio en el proceso productivo, solicitud que fue admitida y el cierre se llevó a cabo en octubre de ese año. El sindicato, Sintrapulcar, lo consideró como una persecución sindical, toda vez que en estas plantas laboraban dirigentes sindicales y prácticamente todos eran sindicalizados, con larga trayectoria en la empresa. El sindicato presentó un plan de reubicación para todos los trabajadores, que la empresa condicionó a un cambio en la convención colectiva vigente.
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