Por lo menos 300 líderes sociales y opositores políticos amenazados en Colombia, quedarían sin protección a partir del 31 de diciembre, porque el Gobierno no ha decidido quién los cuidará cuando el DAS deje de funcionar.
A pocos días de que el DAS entregue los esquemas de protección de Organizaciones No Gubernamentales y dirigentes de izquierda, no se ha definido quien asumirá la seguridad de quienes se encuentran en riesgo por amenazas y presiones.
La denuncia la hizo Carlos Lozano, el director del periódico Voz, quien se mostró preocupado pues más de 300 personas quedarán inermes.
"Si el Gobierno no decide esto pronto con una resolución que satisfaga a las víctimas, quedarán centenares de colombianos vulnerables ante la arremetida de los grupos violentos", indicó.
Esta preocupación es compartida por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, a través de su presidente el senador Víctor Velásquez, quien alertó por la grave situación de seguridad de las organizaciones sociales en Colombia, cercadas por las amenazas de grupos al margen de la ley.
"Las más amenazados son las juntas comunales, líderes de afrodescendientes y líderes cívicos de municipios alejados sobre todo de Bajo Cauca, el Atrato y el Urabá, lo mismo que los indígenas de las Sierra Nevada de Santa Marta", señaló el Senador.
Carlos Lozano explicó que no aceptarán que la tarea de protección quede en manos de organizaciones privadas y esperan cuanto antes el Gobierno decida qué organismo confiable asume el trabajo de seguridad para los más vulnerables.
A pocos días de que el DAS entregue los esquemas de protección de Organizaciones No Gubernamentales y dirigentes de izquierda, no se ha definido quien asumirá la seguridad de quienes se encuentran en riesgo por amenazas y presiones.
La denuncia la hizo Carlos Lozano, el director del periódico Voz, quien se mostró preocupado pues más de 300 personas quedarán inermes.
"Si el Gobierno no decide esto pronto con una resolución que satisfaga a las víctimas, quedarán centenares de colombianos vulnerables ante la arremetida de los grupos violentos", indicó.
Esta preocupación es compartida por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, a través de su presidente el senador Víctor Velásquez, quien alertó por la grave situación de seguridad de las organizaciones sociales en Colombia, cercadas por las amenazas de grupos al margen de la ley.
"Las más amenazados son las juntas comunales, líderes de afrodescendientes y líderes cívicos de municipios alejados sobre todo de Bajo Cauca, el Atrato y el Urabá, lo mismo que los indígenas de las Sierra Nevada de Santa Marta", señaló el Senador.
Carlos Lozano explicó que no aceptarán que la tarea de protección quede en manos de organizaciones privadas y esperan cuanto antes el Gobierno decida qué organismo confiable asume el trabajo de seguridad para los más vulnerables.
Caracol radio
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