Se acaba de conocer el documento conjunto suscrito por el Secretariado de las FARC y el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, en el que convocan a unir fuerzas contra el régimen uribista y “ordenan a sus unidades” ponerle fin a la confrontación entre las dos fuerzas y respetar a la “población civil no combatiente”. Es un acuerdo interesante y de suma trascendencia en las zonas de conflicto entre las FARC y el ELN, que ha afectado a la población civil, en particular a dirigentes y activistas de partidos de la izquierda y de organizaciones sociales y populares.El Partido Comunista Colombiano fue víctima de los desafueros en esta insensata confrontación, así como otras organizaciones, debido a que varios de sus militantes fueron asesinados en Arauca, en particular. Más de 700 personas, civiles y ajenas a las dos organizaciones, pero sí activistas de la lucha popular, cayeron durante esta ola de enfrentamientos entre los dos grupos armados. Nadie entendió ni aceptó que la población civil fuera involucrada de forma tan irresponsable y criminal.
Arauca, Nariño y Cauca, entre otros departamentos y regiones, fueron el escenario de esta situación, agregada a la guerra sucia y al exterminio adelantado por los grupos paramilitares, alentados desde el poder reaccionario. Siempre rechazamos este procedimiento, así como abogamos porque las dos fuerzas dirimieran sus diferencias por la vía política y sobre todo que dejaran al margen de ello a la población civil. En este sentido también intervinieron la Iglesia Católica y otras personalidades y organizaciones.
Así que nos alegra esta importante decisión, con el deseo también que los acuerdos políticos entre las dos organizaciones insurgentes se extiendan a la búsqueda de la solución política negociada del conflicto, a la salida pacífica y democrática, al reconocimiento del derecho internacional humanitario. El futuro de Colombia está en la salida dialogada, en la construcción de un país con paz, democracia y justicia social.
Arauca, Nariño y Cauca, entre otros departamentos y regiones, fueron el escenario de esta situación, agregada a la guerra sucia y al exterminio adelantado por los grupos paramilitares, alentados desde el poder reaccionario. Siempre rechazamos este procedimiento, así como abogamos porque las dos fuerzas dirimieran sus diferencias por la vía política y sobre todo que dejaran al margen de ello a la población civil. En este sentido también intervinieron la Iglesia Católica y otras personalidades y organizaciones.
Así que nos alegra esta importante decisión, con el deseo también que los acuerdos políticos entre las dos organizaciones insurgentes se extiendan a la búsqueda de la solución política negociada del conflicto, a la salida pacífica y democrática, al reconocimiento del derecho internacional humanitario. El futuro de Colombia está en la salida dialogada, en la construcción de un país con paz, democracia y justicia social.
Carlos A. Lozano Guillén
Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2009
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