*188 denuncias cursan contra el presidente Álvaro Uribe Vélez en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, aunque la casi totalidad está en “preliminares”, sin que se haya adelantando ninguna instrucción de fondo
*Unidad Investigativa
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, consagrada en el artículo 178 de la Constitución Política de Colombia, tiene la facultad de investigar al Presidente de la República, al Fiscal General, a los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado y a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, desde su existencia, apenas promovió los procesos políticos ante el Senado de la República de los presidentes Gustavo Rojas Pinilla y Ernesto Samper Pizano. En el primer caso, el ex dictador militar perdió los derechos políticos, pero en realidad la sanción fue inocua pues en 1970, Rojas Pinilla fue candidato presidencial y perdió las elecciones por el fraude del gobierno de Carlos lleras Restrepo a favor de Misael Pastrana Borrero, candidato del Frente Nacional bipartidista. Samper Pizano, como se sabe, fue absuelto por decisión de la plenaria de la Cámara de Representantes.
No se conoce otro caso en que la Comisión de Acusaciones haya prosperado en la investigación de alguno de los altos funcionarios aforados de la “majestad de la república” y por eso se le conoce como “comisión de absoluciones”, aunque en la actualidad se debería llamar “comisión de impunidad”, dicen colegas periodistas que cubren la información legislativa.
Comisión sin miembros
Hace algunas semanas los 15 integrantes de la Comisión de Acusaciones, en su mayoría uribistas (algunos de sus anteriores integrantes están en prisión y otros procesados por parapolítica), renunciaron a la célula legislativa con el argumento de que no existen garantías para el funcionamiento. La principal razón esgrimida es que no cuentan con presupuesto suficiente. Sin embargo, en los pasillos del Congreso se rumora que la verdadera causa de la renuncia es porque quieren lavarse las manos ante la impunidad total frente a las 700 investigaciones, nunca tramitadas, que reposan en su poder. Hay denegación de justicia y hasta prevaricato, que la Corte Suprema de Justicia podría investigar contra todos o la mayoría de sus miembros.
La Comisión de Acusaciones, cuyos miembros acaban de renunciar, sólo fue diligente para investigar la denuncia que el presidente Álvaro Uribe Vélez entabló contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete, mientras que las denuncias presentadas por numerosos ciudadanos contra el primer mandatario reposan en los anaqueles de las oficinas de los “honorables representantes” miembros de la comisión. Lo del magistrado Valencia logró enfrentarse, gracias a la decisión y firmeza del magistrado y a la labor de la defensa, en cabeza del jurista Ramiro Bejarano, de lo contrario la mayoría uribista lo hubiera condenado sin pena ni gloria.
Los procesos contra Uribe
Para conocer a ciencia cierta la situación de los procesos penales contra el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, este semanario demandó la información con derecho de petición al presidente y/o secretario general de la Comisión de Acusaciones, la cual fue respondida por Aldemar Vanegas Muñoz, asesor de la Secretaría de la Comisión de Investigación y Acusación.
Aunque Vanegas se cuidó de informar los presuntos delitos o infracciones disciplinarias del ciudadano presidente, reporta 188 denuncias presentadas en su contra, por distintos ciudadanos y también, se supone, por diferentes delitos penales que se le atribuyen. En la casi totalidad de los casos, según la respuesta, los procesos están en “preliminares”, es decir no se ha hecho casi nada, como lo expresó un funcionario de la comisión que prefirió el anonimato por temor a represalias.
Hay unos pocos archivados y en otros casos en que hubo impedimentos por parte de miembros de la comisión, la única decisión es aceptarlo o negarlo sin que se haya adelantado averiguación alguna. ¡Es el colmo de la impunidad! Hay una queja disciplinaria que se archiva, en la cual el “Ministerio Público aduce omisión en la práctica de pruebas y la no motivación de fundamentos jurídicos en los que arguye ignora el Ministerio Público las razones probatorias concretas y los juicios lógicos”, dice la carta del asesor.
La fuente consultada por este semanario dijo que “los delitos e infracciones son disímiles, de todo como en botica, desde traición a la patria, prevaricato, parapolítica, hasta uso indebido de los bienes del Estado, entre otros” advirtió. Nunca un primer mandatario había recibido tantas quejas y acusaciones penales, todo en la más completa impunidad. Colombia se da el lujo de tener un presidente sub judice con 188 denuncias presentadas ante la Comisión de Acusaciones y que aspira a la reelección por cuatro años más. Algo muy propio del Macondo Garcíamarquiano. ¡Esta es Locombia!
Informe especial
VOZ - Edición 2520
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