Caracol.- Monseñor Castrillón anunció que está organizando una reunión con un representante de las FARC en Europa, ¿usted lo cree posible?
Carlos Lozano.- Bueno, si lo ha dicho monseñor Castrillón puede ser que él esté trabajando en algo así lo cual sería muy importante. Sin embargo, es difícil, porque una reunión con un jefe de las FARC en Europa o en cualquier otra parte sería de riesgo para éste, a menos que monseñor Castrillón obtuviera el aval del Gobierno colombiano.
Caracol.- ¿Pero si puede pueden tener éxito esas gestiones del prelado?
C.L.- Si lo dice monseñor Castrillón hay que creerle, es una persona seria. Él ha venido hablando de este tema hace varios meses y declarando su disposición de contribuir a favor de la paz y de las acciones humanitarias, aunque ha precisado que lo hace a nombre propio y no en representación de la Iglesia Católica de Colombia o del Vaticano. Conozco, porque él mismo lo ha dicho, que en el pasado se ha reunido en el país con dirigentes del Comando Central del ELN y no sé si hubo esas reuniones con las FARC, pero el cardenal y alto representante del Vaticano ha hecho pronunciamientos por el diálogo, la paz y el intercambio humanitario. En Colombia hay que reconocer hay distintos esfuerzos en la causa común de la paz y el intercambio humanitario.
Caracol.- ¿Están estancadas las liberaciones anunciadas por las FARC?
C.L. Están estancadas después que el Gobierno Nacional anunció los operativos militares de rescate a raíz del secuestro y asesinato del Gobernador de Caquetá, hecho repudiable pero que no puede convertirse en pretexto para impedir las liberaciones de Moncayo y el soldado Calvo y menos aún de las soluciones humanitarias y pacíficas. Debemos partir de la base de que en Colombia existe un conflicto interno, una guerra de muchos años con evidentes signos de degradación, así que mientras esta situación persista no estamos exentos de estos actos de horror y barbarie. Es por ello que debemos buscar las salidas pacíficas y políticas del conflicto. No aceptamos estos actos degradantes del conflicto, los rechazamos con vehemencia, pero no sucumbimos en el empeño de la búsqueda de la paz y de las acciones humanitarias. Así que en este sentido son útiles y positivas las propuestas de monseñor Castrillón.
Caracol. A propósito del asesinato del Gobernador de Caquetá ¿usted qué opina de la seguridad?
C.L. Fracasó la “seguridad democrática”. Cómo es posible que un Gobernador como el del Caquetá, en el ojo del huracán de la violencia, investigado por presuntos vínculos con el paramilitarismo y en una región de tanta militarización, sólo tuviera como protección un humilde policía que también perdió la vida de forma infame. La Corporación Arco Iris advirtió hace días en un informe especial de la debilidad de la “seguridad democrática” y los hechos lo están corroborando. No hay solución militar posible a este conflicto y no se pueden esgrimir como argumento los hechos graves y degradantes que se presenten en el marco del conflicto.
Caracol.- Y ¿cómo está la seguridad de otras personas de organizaciones sociales amenazadas?
C.L. Mal y sin solución. El 31 de diciembre el DAS entrega los últimos esquemas de protección de organizaciones sociales y políticas, entre ellas las del Partido Comunista y una de ellas la mía. El DAS se acaba y surge una Central de Inteligencia que no tiene entre sus facultades la protección de las personas y aún no se conoce qué entidad del Estado va a asumir la protección de las personas amenazadas.
Caracol ¿De cuántas personas estamos hablando y qué va a pasar entonces?
C.L- Estamos hablando de unas 300 personas, entre ellas dirigentes del Partido Comunista, de Minga, del Colectivo Alvear Restrepo y otras ONG y lo que puede suceder es que nos quedemos sin protección. Sé que se han estado haciendo reuniones pero no hay solución todavía. El Gobierno se inclina porque una empresa de vigilancia asuma esta protección, pero es inaceptable porque la obligación es del Estado, que es el que debe responder por la vida de los ciudadanos. Aquí se debe tomar una decisión de confiabilidad de las dos partes, el Gobierno y los protegidos. La confianza es lo fundamental, sobre todo de las víctimas que deben tener total confianza en los escoltas que los acompañen. Una solución es que esto lo asuma el Ministerio del Interior y con escoltas de confianza pero aún no hay solución. Derechos Humanos del Ministerio del Interior ha escuchado nuestras propuestas e inquietudes y ha demostrado interés en resolver el asunto, pero faltan las decisiones en las alturas.
Carlos Lozano.- Bueno, si lo ha dicho monseñor Castrillón puede ser que él esté trabajando en algo así lo cual sería muy importante. Sin embargo, es difícil, porque una reunión con un jefe de las FARC en Europa o en cualquier otra parte sería de riesgo para éste, a menos que monseñor Castrillón obtuviera el aval del Gobierno colombiano.
Caracol.- ¿Pero si puede pueden tener éxito esas gestiones del prelado?
C.L.- Si lo dice monseñor Castrillón hay que creerle, es una persona seria. Él ha venido hablando de este tema hace varios meses y declarando su disposición de contribuir a favor de la paz y de las acciones humanitarias, aunque ha precisado que lo hace a nombre propio y no en representación de la Iglesia Católica de Colombia o del Vaticano. Conozco, porque él mismo lo ha dicho, que en el pasado se ha reunido en el país con dirigentes del Comando Central del ELN y no sé si hubo esas reuniones con las FARC, pero el cardenal y alto representante del Vaticano ha hecho pronunciamientos por el diálogo, la paz y el intercambio humanitario. En Colombia hay que reconocer hay distintos esfuerzos en la causa común de la paz y el intercambio humanitario.
Caracol.- ¿Están estancadas las liberaciones anunciadas por las FARC?
C.L. Están estancadas después que el Gobierno Nacional anunció los operativos militares de rescate a raíz del secuestro y asesinato del Gobernador de Caquetá, hecho repudiable pero que no puede convertirse en pretexto para impedir las liberaciones de Moncayo y el soldado Calvo y menos aún de las soluciones humanitarias y pacíficas. Debemos partir de la base de que en Colombia existe un conflicto interno, una guerra de muchos años con evidentes signos de degradación, así que mientras esta situación persista no estamos exentos de estos actos de horror y barbarie. Es por ello que debemos buscar las salidas pacíficas y políticas del conflicto. No aceptamos estos actos degradantes del conflicto, los rechazamos con vehemencia, pero no sucumbimos en el empeño de la búsqueda de la paz y de las acciones humanitarias. Así que en este sentido son útiles y positivas las propuestas de monseñor Castrillón.
Caracol. A propósito del asesinato del Gobernador de Caquetá ¿usted qué opina de la seguridad?
C.L. Fracasó la “seguridad democrática”. Cómo es posible que un Gobernador como el del Caquetá, en el ojo del huracán de la violencia, investigado por presuntos vínculos con el paramilitarismo y en una región de tanta militarización, sólo tuviera como protección un humilde policía que también perdió la vida de forma infame. La Corporación Arco Iris advirtió hace días en un informe especial de la debilidad de la “seguridad democrática” y los hechos lo están corroborando. No hay solución militar posible a este conflicto y no se pueden esgrimir como argumento los hechos graves y degradantes que se presenten en el marco del conflicto.
Caracol.- Y ¿cómo está la seguridad de otras personas de organizaciones sociales amenazadas?
C.L. Mal y sin solución. El 31 de diciembre el DAS entrega los últimos esquemas de protección de organizaciones sociales y políticas, entre ellas las del Partido Comunista y una de ellas la mía. El DAS se acaba y surge una Central de Inteligencia que no tiene entre sus facultades la protección de las personas y aún no se conoce qué entidad del Estado va a asumir la protección de las personas amenazadas.
Caracol ¿De cuántas personas estamos hablando y qué va a pasar entonces?
C.L- Estamos hablando de unas 300 personas, entre ellas dirigentes del Partido Comunista, de Minga, del Colectivo Alvear Restrepo y otras ONG y lo que puede suceder es que nos quedemos sin protección. Sé que se han estado haciendo reuniones pero no hay solución todavía. El Gobierno se inclina porque una empresa de vigilancia asuma esta protección, pero es inaceptable porque la obligación es del Estado, que es el que debe responder por la vida de los ciudadanos. Aquí se debe tomar una decisión de confiabilidad de las dos partes, el Gobierno y los protegidos. La confianza es lo fundamental, sobre todo de las víctimas que deben tener total confianza en los escoltas que los acompañen. Una solución es que esto lo asuma el Ministerio del Interior y con escoltas de confianza pero aún no hay solución. Derechos Humanos del Ministerio del Interior ha escuchado nuestras propuestas e inquietudes y ha demostrado interés en resolver el asunto, pero faltan las decisiones en las alturas.
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