lunes, 15 de febrero de 2010

Cancillería sueca se pronuncia sobre amenazas de Uribe contra refugiados políticos en Suecia

Por: Dick Emanuelsson. Argenpress

Tegucigalpa. “Suecia y la Unión Europea vemos con gran preocupación que un gran número de personas de los medios de comunicación, el sistema judicial y la sociedad civil son objetos de persecución y interceptación de comunicaciones. Es muy importante que el asunto sea investigado y que los responsables sean llevados ante la justicia”.

Así dice la cancillería sueca en Estocolmo en una respuesta escrita a las preguntas realizadas por este reportero. Durante gran parte de la semana pasada los jefes del departamento de asuntos del Hemisférico Americano de la cancillería sueca, se reunieron para definir una posición de principio ante varios temas que podrían vulnerar las relaciones entre las dos naciones. Se trata, sobre todo, la abierta amenaza declarada en una entrevista radial en Colombia por el presidente Uribe en donde se acusa directamente a colombianos residentes en Suecia de estar al servicio de la guerrilla de las FARC concluyendo que “A TODOS, A TODOS LOS TENEMOS QUE ACABAR”.

La jefa adjunta del departamento y Consejera Ministerial (departementsråd), Lisbeth Eklund, en conversación telefónica con este reportero de ARGENPRESS, no quería dar declaraciones verbales adicionales de las respuestas escritas y enviadas a este reportero:

– Estos son los comentarios que te podemos dar a tus preguntas y son de la cancillería. Somos varios que nos hemos involucrado en estas respuestas, el encargado de prensa de la Cancillería y el canciller (Carl Bildt [1]), dice la alta funcionaria de la Cancillería sueca.

El delito de la embajada en colombiana Buenos Aires

Originalmente envié ocho preguntas (ver Anexo) para saber la posición del gobierno sueco acerca de los cada vez más agresivos ataques, por parte del régimen uribista, contra los refugiados políticos colombianos en Suecia particularmente y el exilio colombiano en el mundo en general.

Pero también el rol cada vez más activo que cumplen las embajadas colombianas como centro de inteligencia contra todo lo que huela a oposición política en el exterior contra la política de guerra de Uribe.

La embajada colombiana en Buenos Aires envió un memorando el 8 de enero de 2010 a los refugiados “amigos” del régimen en Argentina en donde invitaba a convertirse en sapos e informar a la embajada “sobre cualquier actividad que pudieran constituir propaganda o publicidad de los grupos de narcotráfico y terrorismo que operan en Colombia”.

En entrevista radial con Uribe en Colombia éste se lanzó violentamente contra ciudadanos argentinos:

“Y pregunto; ¿Quién hace la filmación de las FARC? Y me dicen que por allá hay unos criminales argentinos que les ayudan con esos videos. Nosotros trabajamos con paciencia pero sin pausa a toda hora, a toda hora para combatir esos criminales. Ahí estamos avanzando también PARA BUSCAR ESTOS AUXILIARES DEL TERRORISMO que desde algunos lugares ayudan a las FARC” [2].

Es decir; Uribe ordena prácticamente a su embajador en Argentina, Álvaro García, ex director del canal de televisión RCN, de “buscar” y ejecutar ¿qué tipo de acciones contra los dos cineastas argentinos?

“Acabar” ¿como con los refugiados?
Imagen de muestra
En la mencionada entrevista radial, Uribe se reventó en forma descontrolada y atacó a los refugiados políticos colombianos en Suecia:

“Y a estos criminales, a este psiquiatra y otros bandidos que son colombianos profesionales que viven por allá en Suecia y otros países, A TODOS, A TODOS TENEMOS QUE ACABARLOS”.

La acusación fue de tan grueso calibre que Rafael Nieto Navia, el embajador de Uribe en Estocolmo en entrevista con este reportero [3], dijo que desconocía la declaración de su jefe.

La posición de la Cancillería sueca sobre este tema es de principios:

“Como una parte del trabajo del Ministerio del Exterior (sueco), seguimos minuciosamente declaraciones de Jefes de Estados y jefes de gobiernos. Reaccionamos cuando encontramos válido en el marco de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea o en forma bilateral. Respeto para los derechos humanos y del derecho internacional humanitario constituye una parte esencial de la política exterior de Suecia. Por supuesto, hacemos seguimiento de manera adecuada a eventuales declaraciones, sobre todo si tienen influencia sobre seguridad de ciudadanos suecos”.

Derecho a “libertad de expresión y prensa”

Las relaciones entre dos naciones son delicadas. A pesar de eso, la Cancillería sueca hace entender a Uribe y Nieto que no deben osar meterse con los refugiados políticos en Suecia por que son protegidos por las leyes y las autoridades suecas:

“De acuerdo con la política de migración sueca, un gran número (de personas colombianas) con necesidad de protección han recibido residencia permanente en Suecia. Ciudadanos suecos y personas con un permiso de residencia son cobijados por la seguridad jurídica sueca y disfruten libertad de expresión y de prensa”, dice la Cancillería con palabras que no confunden a nadie.

La última parte de la respuesta de que los refugiados “disfruten libertad de expresión y de prensa”, debe caer como un balde de agua fría para Uribe, Santos y el canciller Bermúdez, éste último decía recientemente que el año 2010 debía representar “una política exterior más audaz” y “sin complejos”.

Radio y agencia de noticia

Los refugiados políticos no organizados son mucho más fáciles de amedrentar, pese a que viven miles de kilómetros de su patria. En Suecia existe desde más de 15 años la Asociación Jaime Pardo Leal, nombre en homenaje al líder popular y el primer candidato presidencial de la Unión Patriótica que fue asesinado el 11 de noviembre de 1987. La organización también posee desde más de diez años una emisora, Radio Café Stéreo que tiene una audiencia muy grande que ha sacudido al régimen uribista. Semanalmente es atacada por los “ingenieros” del DAS y de la inteligencia militar colombiana, pese a eso no han logrado silenciar la emisora. También la Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL, es un resultado del trabajo organizativo arduo en Suecia entre los exiliados colombianos con gran aporte de los latinoamericanos y no muy pocos suecos solidarios. Tanto los gobiernos de Samper, Pastrana como Uribe, han insistido e intentado en vano varias veces presionar al gobierno sueco de turno para silenciar las voces de oposición contra Uribe y la guerra, pero sin lograr su maliciosa tarea.

La Convención de Viena y el papel de la embajada

La pregunta a la Cancillería sueca sobre el papel de la embajada colombiana en Estocolmo fue la siguiente:

“Entre los integrantes de la Embajada colombiana en Estocolmo se encontraba 2004-2006 Ernesto Yamhure, primer secretario de la embajada que fue identificado posteriormente por dos jefes paramilitares como un ‘amigo personal y asesor político’ del entonces máximo jefe de los grupos paramilitares, Carlos Castaño. Según la fiscalía colombiana, los paramilitares han asesinado 150,000 colombianos. Yamhure ha dicho y ha escrito en medios colombianos que tenía conversaciones políticas casi diariamente con la Cancillería. ¿Cual es la protección en general que ofrece las autoridades suecas a los refugiados colombianos en Suecia? ¿Cómo ve la policía de inmigración el hecho que una embajada se dedica a este tipo de documentación (espionaje y que tenía un reconocido asesor político de los escuadrones de la muerte como el segundo diplomático de la legación diplomática)?"

Y así contesta la Cancillería:

“La Convención de Viena rige las actividades a que las misiones diplomáticas pueden dedicarse. Suponemos que la Embajada Colombiana en Suecia cumple eso”.

Rechaza la persecución a periodistas

La Cancillería sueca está muy preocupada sobre el descomunal espionaje, inteligencia y seguimiento que hacia o hace el DAS y su unidad especial en esa tarea, el G-3. Uno de los centenares de víctimas en Colombia que han sido objetos por el ilegal órgano G-3 y su criminal actividad es este reportero.

Y sobre eso responde la Cancillería:

“Suecia y la UE vemos con gran preocupación que un gran número de personas de los medios de comunicación, el sistema judicial y la sociedad civil son objetos de persecución y interceptación de comunicaciones. Es muy importante que la cuestión sea investigada y que los responsables sean llevados ante la justicia”.

Notas:
[1] Carl Bildt, canciller sueco, http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Bildt
[2] http://www.box.net/shared/17x00g9o0i
[3] Uribe amenaza cineastas argentinos, y refugiados políticos colombianos en Suecia y en el mundo, ARGENPRESS: http://www.argenpress.info/2010/01/uribe-amenaza-cineastas-argentinos-y.html


Las preguntas de Dick Emanuelsson a la Cancillería sueca:

1. ¿La impresión general de la Cancillería a la declaración de Uribe? La Cancillería ha tenido alguna conversación con el Embajador de Colombia en Suecia sobre la amenaza dirigida (por Uribe) a los refugiados políticos colombianos residentes en Suecia?

2. ¿Cuál es la posición de la Cancillería y el gobierno sueco acerca del hecho de que las embajadas colombianas en el mundo establece lo que Uribe llama “Una Red de 100.000 amigos de Colombia en el Mundo”, lo que los refugiados políticos consideran es una red de espionaje, similar a la que la embajada de Chile en Estocolmo poseía durante la dictadura militar en Chile?

3. Los refugiados políticos colombianos en Suecia, y también en otras partes del mundo como la Argentina, están muy preocupados después de que la Embajada colombiana en Argentina envió un memorando en el que la invita a sus conciudadanos (en Argentina) que informe a la embajada acerca lo que consideran sean actividades de drogas o actividades terroristas. ¿Eso es a nivel de la ley (sueca) y cual sería el mensaje de la Cancillería a los refugiados políticos colombianos en Suecia y a los colombianos en general que están preocupados por lo que ellos llaman el espionaje contra la oposición política colombiana que han huido del terrorismo de estado en Colombia?

4. Entre los integrantes de la Embajada colombiana en Estocolmo se encontraba Ernesto Yamhure, primer secretario de la embajada que fue identificado por dos jefes paramilitares como un amigo personal y asesor político del entonces máximo jefe de los grupos paramilitares, Carlos Castaño. Según la fiscalía colombiana, los paramilitares han asesinado 150,000 colombianos. Yamhure ha dicho y ha escrito en medios colombianos que tenía conversaciones políticas casi diariamente con la Cancillería. Cual es la protección general que ofrece las autoridades suecas a los refugiados colombianos en Suecia y cómo ve la policía de inmigración que una embajada se dedica a este tipo de documentación (espionaje y que tiene un reconocido asesor político de los escuadrones de la muerte como el segundo diplomático de la legación diplomática)?

5. Uribe apunta verbal y literalmente a un psiquiatra colombiano en Suecia como autor de los documentos de la guerrilla de las FARC amenaza con las palabras de que “Y a estos criminales, a este psiquiatra y otros bandidos que son colombianos profesionales que viven por allá en Suecia y otros países, A TODOS, A TODOS TENEMOS QUE ACABARLOS”.

(Que recibió ayuda para huir de Costa Rica, donde se había refugiado durante siete años y donde estaba cerca de ser secuestrado después que el jefe del DAS, Jorge Noguera, el cual lo intentó chantajear).

6. El régimen de Uribe ha tratado desde hace varios años de inducir a los gobiernos suecos de silenciar tanto a la asociación de los refugiados políticos colombianos como a su estación de radio y otra agencia independiente de noticias.
¿Cómo analiza la Cancillería estos ataques a la libertad de prensa y la libertad de expresión y cual es la protección, no sólo para la colonia de refugiados colombianos, sino también grupos de refugiados en general, para poder opinar en Suecia contra el régimen de Bogotá sin que sean expuestos de ataques similares a las que Uribe emitió en enero contra los colombianos en Suecia?

7. Por último; este reportero ha sido registrado, ha sido objeto de espionaje y de seguimientos desde hace varios años (1999-2005) minuto a minuto por la policía secreta política DAS y la Unidad Especial, G-3. En la oficina de la fiscalía en Bogotá se encuentran la carpeta sobre mi persona que según Carlos Lozano, director del semanario colombiano VOZ, es uno de las más extensas. ¿Cómo ve la Cancillería que un periodista sueco en Colombia es objeto por este examen minucioso y cual son las recomendaciones a los corresponsales suecos en Colombia?

LAS RESPUESTA ESCRITA DE LA CANCILLERÍA SUECA:

Como una parte del trabajo del Ministerio del Exterior (sueco), seguimos minuciosamente declaraciones de Jefes de Estados y jefes de gobiernos. Reaccionamos cuando encontramos válido en el marco de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea o en forma bilateral. Respeto para los derechos humanos y del derecho internacional humanitario constituye una parte esencial de la política exterior de Suecia. Por supuesto, hacemos seguimiento de manera adecuada a eventuales declaraciones, sobre todo si tienen influencia sobre seguridad de ciudadanos suecos.

La cancillería (sueca) vigila estrechamente los avances de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia. Nuestra embajada en Bogotá sostiene un diálogo continuo sobre estos asuntos con el Gobierno Colombiano y la Cancillería (sueca) mantiene conversaciones sobre estos temas con representantes del Gobierno Colombiano y con la Embajada de Colombia en Estocolmo. Durante la Presidencia sueca de la UE se realizó el segundo encuentro entre la UE y el Gobierno de Colombia sobre los derechos humanos.

Suecia y la UE vemos con gran gran preocupación que un gran número de personas de los medios de comunicación, el sistema judicial y la sociedad civil son objetos de persecución y interceptación de comunicaciones. Es muy importante que la cuestión sea investigada y que los responsables sean llevados ante la justicia.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tiene un importante papel en Colombia y Suecia es el mayor donante. A través de la cooperación sueca para el desarrollo varias organizaciones suecas y colombianas que trabajan con los derechos humanos son apoyadas. Este trabajo es de suma importancia para supervisar la evolución de la situación de los derechos humanos en Colombia y contribuir a la consolidación de una cultura en la que violaciones de los derechos humanos no será tolerada.

De acuerdo con el Sueco política de migración, un gran número de (personas colombianas) con necesidad de protección se han sido recibido residencia permanente en Suecia. Ciudadanos suecos y personas con un permiso de residencia son cobijados por la seguridad jurídica sueca y disfruten libertad de expresión y de prensa.

La Convención de Viena rige las actividades que las misiones diplomáticas pueden dedicarse. Suponemos que la Embajada Colombiana en Suecia cumple eso.

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viernes, 12 de febrero de 2010

Gigantesca fosa común en La Macarena

Cementerio clandestino de las fosas comunes en la Macarena, Meta. Foto J. Ramírez

Por: Carlos A. Lozano Guillén

Record Guiness de la “seguridad democrática”

*Una macabra historia en La Macarena (Meta), en tiempos de la guerra uribista y de la creciente violación de los derechos humanos en Colombia

La delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que visitó a Colombia en diciembre del año pasado, organizada por Justicia por Colombia de Londres, quedó perpleja cuando en La Macarena, acompañada de Jairo Ramírez, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, fue llevada por campesinos y familiares de víctimas a un cementerio de “ene enes” en el que están sepultados algo más de 2.000 personas, desaparecidas y asesinadas, desde 2004, según reza en las placas de madera de color blanco. “Es la fosa común más grande de que se tenga noticia en el último tiempo”, dijo uno de los británicos, asombrado y consternado. En Europa, un miembro de la delegación, sin olvidar el horrible espectáculo, dijo que desde la Segunda Guerra Mundial, durante el holocausto perpetrado por los nazis, no se tenía noticia de algo igual o parecido.

En Londres, al regreso de Colombia, donde confirmaron la violación de los derechos humanos y la enorme responsabilidad gubernamental en ella, la delegación británica en una enérgica declaración advirtió del horrible holocausto. Las fosas comunes están detrás del cementerio de La Macarena, casi que clandestinas y ninguna autoridad nacional, departamental o municipal, reconoció a lo largo de los últimos cinco años, su macabra existencia y el drama de miles de familiares que en silencio, exigen que les respondan sobre sus parientes desaparecidos.

La denuncia de los británicos fue replicada por varias ONG en el mundo, aunque en Colombia, como es costumbre, no trascendió, salvo por la publicación de la declaración expedida por la delegación en portales de internet y en este semanario. Las fuentes gubernamentales y militares respondieron desafiantes, como suelen hacerlo, descalificando el informe de la delegación británica, porque “es ideologizado y tendencioso” y de estar manipulada por Justicia por Colombia, organización que ha sido señalada de “hacerle el juego a los terroristas”, espiada y asediada en sus frecuentes viajes al país por el DAS y otros organismos de inteligencia del Estado.

Las absurdas explicaciones oficiales

Pero con toda tranquilidad, el Ministerio de Defensa dijo que en las fosas comunes están los restos de las víctimas de la guerrilla, durante la zona de distensión del Caguán. Explicación desmentida con facilidad, porque en las tumbas, como ya se anotó, hay letreros en madera en donde aparecen las fechas desde 2004, cuando ya no había zona de despeje y la región estaba ocupada por la Fuerza Omega, que adelanta el Plan Patriota y la lucha contrainsurgente. Aunque el comandante de la base militar en La Macarena dijo, cuando fue preguntado por los británicos, que “son guerrilleros dados de baja en combate por el Ejército”, versión poco creíble, porque “la gente de la región nos habló de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”, dijo Jairo Ramírez.

Según la declaración de uno de los sepultureros de La Macarena, “los cadáveres son traídos en helicópteros del Ejército y dejados en el cementerio; no tenemos más remedio que sepultarlos en las fosas como N.N.”.

Se pierde toda capacidad de asombro con este cuadro estremecedor, cuando se creía que en Colombia se había llegado al límite del horror con la confesión de los paramilitares en las audiencias de Justicia y Paz, en las que reconocen la existencia de fosas comunes con varios cientos de cadáveres de sus víctimas. “Esto ya es la tapa, es una especie de record guinnes macabro” le dijo a este semanario el vocero de una ONG humanitaria colombiana.

La existencia de la enorme fosa común en La Macarena, de los cual no se han ocupado los medios de comunicación, dedicados a cultivar la expectativa y en el juego de las adivinanzas sobre lo que va a pasar con el referendo reeleccionista, así como a la estúpida campaña contra Chávez y la Revolución Bolivariana, vuelve a cuento a raíz del informe de Human Rights Watch, divulgado la semana pasada y que levantó espinas en el gobierno colombiano como siempre. También por la visita de una delegación parlamentaria del Estado español, que estuvo en los últimos días en Colombia y reconoció la gravedad de la situación en derechos humanos.

Según lo han dicho fuentes judiciales y de los organismos de control, después de marzo se iniciará la investigación sobre estas fosas comunes de La Macarena. Aunque en realidad todo el territorio colombiano está lleno de fosas comunes de la barbarie de los paramilitares, dedicados a desaparecer y asesinar campesinos y dirigentes populares, acusados de colaborar con la guerrilla. Es parte del holocausto colombiano, aún sin aclarar y sin final, perpetrado por una fuerza irregular promovida por el Estado y auspiciada por dirigentes políticos y empresariales “parapolíticos”, que aún todavía defienden el accionar de estos grupos, porque “fue la reacción a los crímenes de la guerrilla”, según la versión oficial en los tiempos de la “seguridad democrática”. En las palabras del coronel Plazas Vega ante la masacre del Palacio de Justicia, ¡están defendiendo la democracia, maestro!

carloslozanogui@etb.net.co

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miércoles, 10 de febrero de 2010

Periodistas responsabilizan al presidente Uribe por persecución de policía secreta en su contra

Por Prensa - Colectivo
El presidente Álvaro Uribe Vélez es el máximo y directo responsable de los actos criminales ejecutados por el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3) en contra del periodismo y la libre expresión en el país, y debe pedir perdón públicamente por los ataques que durante su gobierno y desde el DAS se han cometido contra periodistas en Colombia.

Así lo reclamaron este 9 de febrero, día del periodista, los reporteros Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, dos de las principales víctimas del accionar criminal del DAS durante el actual gobierno. Las pruebas y testimonios judiciales que hoy están en poder de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia son contundentes en señalar la responsabilidad del jefe de Estado, por acción y omisión, en la persecución contra más de 300 personas entre miembros de ONGs, periodistas, magistrados y líderes de la oposición.

Los artículos 208 y 189 de la Constitución Política de Colombia definen que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) actuará “bajo la dirección” del Presidente de la República, quien será responsable del nombramiento del director/a de ese organismo. No sobra recordar que cuatro de los cinco directores del DAS en el gobierno Uribe han salido de la entidad en medio de graves escándalos de paramilitarismo, persecución política y espionaje ilegal.

La semana pasada, Álvaro Uribe admitió haber ordenado al DAS “hacerle inteligencia al terrorismo”. Son diversos los discursos y señalamientos que el presidente de la República ha realizado contra quienes él denomina “aliados del terrorismo”, que para Uribe se encuentran en algunas ocasiones en cercanías al Congreso de la República, en otras a la Corte Suprema de Justicia y los defensores de derechos humanos, y en algunas más al periodismo libre.

Es evidente que el discurso presidencial contra el terrorismo ha abarcado sin distinción a los grupos armados ilegales y quienes hacen oposición legítima en Colombia. Se puede deducir que el DAS sí recibió órdenes presidenciales de incluir en el escenario de la llamada “guerra política” al periodismo crítico.

Por su parte, el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, hoy en juicio por paramilitarismo y homicidio, la semana pasada confesó haber recibido órdenes del presidente Uribe para el nombramiento de José Miguel Narváez como subdirector del DAS, principal gestor y asesor del G-3, vinculado además a la investigación por el asesinato del periodista Jaime Garzón y del senador Manuel Cepeda Vargas.

En el proceso penal, las siete personas llamadas a juicio por las acciones del G-3 han sido coincidentes en afirmar que todo lo actuado siguió las órdenes y directrices emanadas de la Presidencia “en el marco de la seguridad democrática”.

Los periodistas Morris y Duque solicitaron al presidente Uribe explicarle al país cuáles fueron los filtros –si los hubo– que debieron pasar Narváez y Noguera para llegar a cargos tan importantes dentro de la estructura de inteligencia del Estado colombiano, máxime cuando son contundentes las pruebas y testimonios que los relacionan con grupos paramilitares.

LAS PRUEBAS

En el caso de Hollman Morris, está probado que el DAS diseñó en su contra estrategias de desprestigio a nivel nacional e internacional y elaboró un video en el que lo señalaba de ser miembro de la guerrilla. En ese contexto, no es mera coincidencia el envío de coronas fúnebres que anunciaban su muerte. Las estrategias contra Hollman, de acuerdo con las pruebas en poder de la Fiscalía, al parecer serían ejecutadas en coordinación con el Ejército nacional y las AUC. Incluso el DAS tenía planeado “bloquear” la financiación internacional del programa Contravía y la obtención de visas para otros países, así como el robo de sus documentos para “sabotear” al periodista, al igual que el espionaje contra su familia y equipo de trabajo. Hollman además ha sido víctima de dos detenciones arbitrarias e incautación ilegal de material periodístico.

En el caso de Claudia Julieta Duque, se ha comprobado la existencia de órdenes por parte del DAS para “finalizar urgente” con la periodista, amenazar a su hija en forma directa y demandarla por injuria y calumnia, así como la responsabilidad de ese organismo en innumerables llamadas intimidatorias y otros hechos de tortura psicológica en su contra durante el año 2004, seguimientos e informes de inteligencia incluso cuando la periodista se encontraba en el exilio, y de la infiltración de informantes para vigilarla de cerca. Adicionalmente, en su caso existen pruebas de que el DAS la persiguió desde el año 2001, cuando fue secuestrada y robada, hasta al menos el año 2008.

Hollman y Claudia Julieta trabajaron juntos en agosto de 2003 en la elaboración de un documental sobre el caso Jaime Garzón, mediante el cual demostraron la existencia de un montaje puesto en marcha por el DAS para desviar la investigación por el asesinato del humorista. Claudia Julieta investigaba el caso desde el año 2001, cuando empezaron los ataques en su contra. Existen evidencias para afirmar que a raíz de ese documental, emitido en el programa Contravía los días 17 y 24 de agosto de ese año, se incrementó la persecución en contra de ambos reporteros y sus familias.

Para los dos periodistas, es claro que los severos señalamientos públicos por parte del presidente Álvaro Uribe son coincidentes con la arremetida del G-3. Es así como, tras un discurso presidencial de septiembre de 2003 contra los defensores de derechos humanos, un memorando interno del DAS dirigido a Jorge Noguera, calificó a Claudia Julieta Duque como “traficante de derechos humanos”.

Igualmente, en noviembre de 2008, el presidente Uribe aseguró que existe una “recua de bandidos” y “una campaña orquestada por las FARC” para vincular al ex fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, con grupos paramilitares. Claudia Julieta Duque es la autora del informe “Fiscalía General de la Nación: Una esperanza convertida en amenaza, balance de Luis Camilo Osorio”, publicado en el 2005, el cual demostró la infiltración del paramilitarismo en el ente investigador durante la administración del ex fiscal Osorio.

Como es de público conocimiento, el presidente Uribe ha arremetido en varias oportunidades contra Hollman Morris, al señalarlo de “hacer alianzas con el terrorismo para grabar atentados” (mayo de 2005). Para esa época, ya reposaban en el G-3 cientos de páginas con información de inteligencia en contra del director de Contravía. De allí, además, se desprende el nombre de la operación del G-3 en su contra: Operación Puerto Asís.

En febrero de 2009, el presidente insinuó una vez más la cercanía de Hollman Morris con las FARC, solicitó que se le investigara penalmente por “entrevistar bajo presión” a cuatro policías y soldados recién liberados, y lo acusó de evadir la protección del Estado para viajar a encuentros con esa guerrilla. Igualmente, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lo señaló de ser “afín a las FARC”. En forma casi inmediata, el periodista recibió más de 50 amenazas por correo electrónico.

Meses después, la Fiscalía archivó la investigación contra Hollman Morris y demostró que el reportero obró conforme a la ética periodística. La campaña de desprestigio que siguió a las acusaciones del presidente Uribe contra Morris coincide plenamente con las recomendaciones del G-3 y el DAS en su caso. El reportero aún está a la espera de una rectificación por parte del jefe de Estado.

En la actualidad, los dos periodistas y sus familias continúan en riesgo. De acuerdo con ambos, sólo la acción de la justicia y una directriz clara de la Presidencia de la República podrán generar algún cambio positivo en su situación de seguridad.

OTROS PERIODISTAS

A través de la persecución contra los periodistas Morris y Duque, también fueron obtenidos en forma ilegal datos, correos electrónicos, teléfonos e información privada de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Medios para la Paz, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ), así como de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para entonces en cabeza del argentino Eduardo Bertoni, entre otros.

En la actualidad, la Fiscalía ha comprobado que los seguimientos ilegales del G-3 también tocaron a otros periodistas, a saber:

- Carlos Lozano Guillén, director semanario Voz.
- Alfredo Molano, El Espectador
- Dick Emmanuelsson, corresponsal internacional. Su caso se denominó “Operación Canela”.
- Ramiro Bejarano, columnista de opinión, diario El Espectador
- César Jérez, Agencia Prensa Rural. Hoy exiliado.
- Adriana Cuéllar, jefa de prensa de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
- Nicole Karsin, periodista independiente, colaboradora del diario estadounidense San Francisco Chronicle.
- Liam Creig Best, Justice for Colombia, Reino Unido.
- Luisa Margarita Gil, Redepaz.

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martes, 2 de febrero de 2010

Cambio Radical contra el Polo.-El descaro más grande

Concejal de Cambio Radical, Felipe Ríos

El concejal de Cambio Radical, Felipe Ríos, puso en circulación unos videos que seguramente recibió de organismos de inteligencia del Estado, tipo G-3, en que supuestamente Álvaro Argote, concejal de Bogotá, aparece participando en el Congreso más reciente del Partido Socialista Unificado de Venezuela del presidente Hugo Chávez.

Con el coro de la “gran prensa” pone el grito en el cielo porque Argote podría ser el próximo presidente del Concejo del Distrito. ¡Semejante actitud democrática! Convierten en delito ser amigo de Chávez o simpatizar con la revolución bolivariana. La “gran prensa” y el concejal de Cambio Radical sacan a flote su catadura antidemocrática y el talante totalitario. ¿Quién dijo que ser amigo de Chávez es un delito? ¿Quién dijo que participar en el Congreso de un partido legal y de Gobierno es ilegal? El país, de la mano del uribismo, se está convirtiendo en intolerante. La “gran prensa”, mentirosa e indecente, decide quién puede o no ser elegido o designado para un cargo, dando avales o quitándolos de acuerdo a sus conveniencias políticas y económicas.

Pero lo más grave es el cinismo, la complicidad con la indecencia. El concejal Ríos es el artífice del escándalo, miembro de un partido, Cambio Radical en este caso, que tiene a varios de sus congresistas y dirigentes en la cárcel por la “parapolítica”. Eso sí es ilegal. En un país decente y gobernado por gente decente y con medios de comunicación decentes, no podría hacer política un partido con semejantes representantes, delincuentes de cuello blanco. No serían decentes los indecentes, por cuenta de la labor mediática de la “gran prensa”.

El señor Ríos se debería dedicar a limpiar por dentro su casa política, podrida hasta los tuétanos. Entre tanto, los que sí somos decentes seguiremos trabajando por construir un nuevo país, de la mano de la mayoría de todo el pueblo, ese sí decente, y al margen del favorecimiento de los grandes medios de comunicación, a la hora de la verdad los más indecentes.

Carlos A. Lozano Guillén
Candidato a la Cámara de Representantes y Director de VOZ
1 de febrero de 2010
Bogotá D.C.
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Delegación parlamentaria Suiza visita a Colombia

Carlo Sommaruga parlamentario, del Partido Socialista en Suiza


Por: Eliecer Jiménez Julio

“Con la ONG Suiza de cooperación al desarollo SWISSAID vamos a verificar las consecuencias sociales y ambientales de los agrocarburantes en Colombia. Será para mi también la oportunidad de encontrar organizaciones de defensa de los derechos humanos, sindicatos y parlamentarios colombianos de la oposición.” Carlo Sommaruga

Una delegación del parlamento suizo visitará Colombia del 3 al 13 de febrero con la organización Suiza SWISSAID. El propósito principal es el de conocer el impacto ambiental y social sobre los trabajadores agrícolas y los pequeños productores de los proyectos de agrocarburantes en algunas regiones campesinas del Magdalena medio.

“Los agrocarburantes son presentados como la alternativa limpia al petróleo. Nos interesa entonces conocer de cerca cuales son las condiciones sociales y económicas reales de los pequeños productores y los campesinos colombianos que están confrontado la extensión del nomocultivo industrial de palma. Nos interesa como se organiza la resistencia y la lucha de los campesinos contra este monocultivo extensivo y perjudicial de la palma de aceite en Colombia”, dijo Carlo Sommaruga, uno de los mas reconocidos parlamentarios, del Partido Socialista en Suiza.

Expresó el dirigente que hará parte de la delegación donde se encuentran miembros de varios partidos políticos con presencia parlamentaria en Suiza que, “ademas de conversar con las organizaciones de defensa de los campesinos en las regiones a visitar, aprovechará su estancia en Colombia para reunirse con la diligencia sindical de las empresas suizas que están y que invierten en este país, como la nestlé o las que hacen explotación de la minería, como Xstrata ”

Sommaruga, quien además de ser miembro de la comisión de política extranjera y de la comisión jurídica del Consejo Nacional suizo, conoce de cerca el tema de violación de derechos humanos en Colombia, confirmó que aprovechará su visita a Bogotá para dialogar con las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de abogados de los presos políticos, a fin de tener información precisa sobre este tema el cual es importante tanto para el, su partido y el parlamento suizo.

Igualmente ratificó que se reunirá con parlamentarios y dirigentes del Polo Democrático Alternativo para llevarles un saludo de solidaridad a la posición política colombiana y verificar la situación de hostigamiento y persecución contra esta.

En torno al tema del TLC con Colombia que entrará en vigor este año, ya que fue ratificado en el 2009 por el parlamento Suizo, a pesar de los votos contrarios de Carlo Sommaruga con el Partido Socialista y los verdes, indicó que “ es casi imposible dejar de aplicarlo ya que solo existe la posibilidad legal de denunciarlo a través de una moción en los parlamentos, por una de las dos partes, más no hay en este momento esa voluntad, ni interés, ni de la mayoría del parlamento suizo, ni del gobierno suizo y menos del de Colombia de que eso suceda”. Sobre este aspecto y sus implicaciones Sumaruga dará una conferencia en la Universidad Autonoma en Bogotá.

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lunes, 1 de febrero de 2010

Delegación del Estado Español


Misión de verificación de la situación de Derechos Humanos en Colombia: mujeres, sindicalistas y defensores y defensoras de Derechos Humanos.-23 al 30 de enero de 2010.

Una misión de parlamentarios del Estado español compuesta por Jordi Pedret (PSC), Carles Campuzano (Convergencia i Unió) Francesc Canet (Esquerra Republicana de Catalunya), Joan Josep Nuet (Entesa Catalana), Mikel Basabe (Aralar), Inés Sabanés (Izquierda Unida) y Marián Suárez (Eivissa pel Canvi) visita Colombia del 23 al 30 de enero. Esta Misión fue organizada por la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Estado español).

Los integrantes de la misión nos entrevistamos con el Embajador de España en Colombia, representantes de la Iglesia Católica, Luterana y Menonita, Corte Suprema de Justicia, Consenso de Cartagena, Coordinador del Área Jurídica de la OACNUDH, MOVICE, Coordinadora de Victimas UP, Mesa Nacional de Víctimas, Asfamipaz, G-24, Colombianos y Colombianas por la Paz, Centrales obreras (CUT, CTC y CGT), Comisión de DD. HH. y Audiencia de la Cámara de Representantes, Movimiento de Mujeres, Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Programa Presidencial de DIH y DH, Ministerio del Interior y Justicia, Fiscalía General de la Nación, Techo Común, representantes de partidos políticos y organizaciones sociales nacionales y territoriales de DD. HH. pertenecientes a la Coordinadora Colombia-Europa-EE.UU.

Asimismo la Delegación viajó a Cali y Medellín donde se entrevistó con numerosas organizaciones sindicales, mujeres y DD. HH. y con instituciones locales y fue acompañada por la Guardia Indígena.

Agradecemos públicamente a todas las personas, organizaciones e instancias gubernamentales que nos han facilitado la realización de nuestro trabajo.

La visita de esta delegación se da en el contexto de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, coincidiendo con el semestre durante el cual el Gobierno español ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y la celebración, en el mes de mayo en Madrid, de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y la Unión Europea. Por ello, cobra suma importancia que los Derechos Humanos en Colombia estén presentes en la agenda política española y europea.

Bajo este prisma se constituyó esta Misión de verificación que tuvo como objetivo constatar la situación de los Derechos Humanos en tres sectores de la sociedad colombiana: las mujeres, los y las sindicalistas y los y las defensoras de Derechos Humanos.

Queremos dejar constancia de que, durante la misión de verificación, los testimonios de sufrimiento de las víctimas de la vulneración de los derechos humanos nos han producido una fuerte conmoción y, en consecuencia, consideramos que ellas han de ser el objetivo preferente de las agendas nacional e internacional.

Con todo el material y la información recopiladas durante esta semana, la misión procederá próximamente a la elaboración del Informe de Verificación de la situación de los DD. HH. en Colombia.

Como conclusiones primeras del trabajo de la misión, destacamos las siguientes:

1.- En Colombia existe un conflicto social, político y armado interno que provoca la vulneración sistemática de los derechos humanos por parte de todos los agentes armados.

2.- La población civil es la principal víctima del conflicto al ser involucrada de manera forzada y creciente por parte de las diferentes partes en conflicto. Este proceso genera profundo sufrimiento, impotencia en la población, falta de confianza en las instituciones y, especialmente, la percepción de impunidad respecto a la violación de los derechos humanos.

3.- La justicia resulta ineficaz debido a la inadecuación de los medios, tanto para hacer frente a las necesidades derivadas del conflicto (tales como el enjuiciamiento de los responsables de las violaciones de los DD. HH. y otros crímenes) como para la reparación efectiva de las víctimas. Por otro lado, hemos tenido conocimiento reiteradas denuncias respecto a la falta de voluntad de determinadas instancias para llevar a cabo los procesos contra responsables de las violaciones mencionadas. Igualmente, y como ejemplo significativo, la liberación de los militares acusados de ejecuciones extrajudiciales proyecta en la sociedad una imagen de impunidad ante el delito.

4.- No se respeta la independencia del poder judicial, eje fundamental del estado de derecho. La Corte Suprema de Justicia está siendo atacada desde instancias de gobierno y sus magistrados son sometidos a seguimiento, amenazas, control telefónico e intentos de desacreditarlos ante la opinión pública..

5.- Desarrollar la actividad sindical en Colombia resulta peligroso y las organizaciones sindicales y sus dirigentes sufren persecución sistemática y detenciones arbitrarias.

6.- La mujer es utilizada como parte del conflicto por los actores armados y, así, es secuestrada y víctima de abusos sexuales.

7.- Se estigmatiza a los defensores y defensoras de DD. HH.. al acusarles de vinculación con grupos insurgentes poniendo en peligro sus vidas por el ejercicio del legítimo derecho a trabajar por los Derechos Humanos.

8.- Asimismo, se estigmatiza y persigue a las personas miembros del colectivo LGTB.

9.- Todas las partes en conflicto involucran a los menores en el mismo. Particularmente, paramilitares y guerrilla secuestran y reclutan forzosamente a menores.

10.- El problema de la propiedad de la tierra no está resuelto y es un elemento central en el conflicto colombiano. Se han producido y se producen desplazamientos forzosos de la población (campesinos, indígenas y afrodescendientes) como consecuencia del conflicto armado y de los intereses de empresas transnacionales con la cobertura del gobierno colombiano.

11.- La aplicación de la ley no está dando satisfacción a los legítimos derechos de verdad, justicia y reparación que reclaman las víctimas.

12.- La prolongación del conflicto armado ha provocado un proceso gradual de descohesión socio-económica y aumento de las desigualdades sociales.

13.- Las políticas gubernamentales no están siendo un instrumento eficaz en la resolución del conflicto armado interno.
Propuestas

A la vista de estas primeras conclusiones y a espera de la definitiva elaboración del Informe, los miembros de la misión formulamos las siguientes propuestas:

1.- Instar a las partes en conflicto a cumplir las resoluciones emitidas por la ONU en relación al conflicto colombiano y a buscar una solución negociada del conflicto armado interno.

2.- Instar al Gobierno colombiano a reconocer públicamente la existencia de un conflicto armado interno, a cumplir con su obligación de observar y defender la ley, de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos y a garantizar a todas las víctimas la justicia y la reparación.

3.- Incorporar la discusión sobre la situación de los DD. HH. en el diálogo bilateral entre los gobiernos colombiano y español.

4.- Vincular la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea al respeto de los DD. HH. en este país.

5.- Comprometer a las partes en conflicto (fuerzas armadas, paramilitares y guerrilla) a no involucrar a la población civil en el conflicto, y al gobierno y las fuerzas insurgentes a propiciar el intercambio humanitario y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

6.- Comprometer al Gobierno colombiano en el respeto y garantía del legítimo trabajo desarrollado por los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales: sindicalistas, campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres, estudiantes y periodistas.

7.- Solicitar al Gobierno colombiano el respeto de la autonomía reconocida de los pueblos indígenas a través del reconocimiento de la autoridad de los cabildos, asegurándoles un presupuesto suficiente para sus programas de salud, producción, educación y medio ambiente.

8.- Comprometer a la comunidad internacional y a España, en particular, en la necesidad de vincular la cooperación al desarrollo con Colombia al respeto y promoción de los derechos humanos, la paz y la cohesión socio-económica y cultural del país.

9.- Comprometer al Gobierno colombiano en el respeto del principio de independencia del poder judicial.

10.- Comprometer al Gobierno colombiano en un auténtico y efectivo proceso de verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto.

11.- Comprometer al Gobierno colombiano en el desarrollo de políticas que eviten los desplazamientos forzados de la población y palien la situación de las personas desplazadas.

Los miembros de la misión de verificación de los derechos humanos en Colombia formulamos estas propuestas desde una posición de apuesta por el diálogo y por una salida negociada al conflicto armado interno que se vive en Colombia para conseguir la paz con justicia social reiteradamente reclamada por la población colombiana.

Bogotá, 29 de enero de 2010

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