sábado, 26 de abril de 2008

MILITARES RETIRADOS MARCHARÁN EXIGIENDO SUS DERECHOS ADQUIRIDOS EN IBAGUÉ


Por Nelson Lombana Silva



La crisis institucional del país toca fondo. Al escándalo de la parapolítica que salpica directamente a la familia del presidente y al mismo presidente Uribe, se suma la situación dramática de los trabajadores y servidores del Estado, los pensionados y el pueblo en general que no ha tenido la oportunidad de encontrar un empleo digno y acorde con sus capacidades intelectuales, morales y ética.


En ese contexto, terriblemente crudo y apocalíptico, los militares retirados y pensionados, no son la excepción, por el contrario, padecen el látigo de la política del inquilino de la casa de Nariño.


"El vaso se llenó, no aguantamos más y marcharemos exigiendo nuestros derechos adquiridos", dijo el agente retirado, Humberto Manrique Hernández, coordinador del comité nacional con asiento en ibagué.


Hay más de 75.000 demandas que están por fallar, pero el presidente las ha obstruido para que no se hagan efectivas, indicó el agente de policía. Dijo que en el gobierno de Uribe, los únicos beneficiados son los generales de la república, "a nosotros nos tiene apartados como si fuéramos de otra clase", agregó.


Dijo que la inconformidad también es de los militares activos, incluso, subrayó: "los soldados profesionales están desmoralizados".


Por esas razones, el 14 de mayo marcharán por las principales calles de la ciudad de Ibagué, Tolima, exigiendo del presidente sus derechos adquiridos. No aguantan más y piden que el gobierno no los trate de sindicalistas o alborotadores.


La entrevista completa con el agente, Humberto Manrique Hernández, es la siguiente:


Se vienen preparando para una movilización el 14 de mayo en la ciudad de ibagué. ¿Por qué?


La movilización es para reclamar nuestros derechos que nos viene violando el mismo gobierno nacional, derechos adquiridos, que ahora quiere desconocer. Hemos solicitado todo lo legal, pero el señor presidente ha utilizado las cortes: suprema de justicia y constitucional, para que se paralice el pago de estos derechos adquiridos, que son como seis.


Es la prima de actividad, la nivelación salarial, el IPC, que es el índice de precio al consumidor, la bonificación de compensación, que es un porcentaje del 17. 7% y nos debe el tiempo doble.


Hasta este momento nadie se ha pronunciado. Son casi 75.000 demandas que están esperando fallo y el gobierno nacional las tiene paralizada sin ninguna contestación.


Entre oficiales, suboficiales, agentes y soldados, ¿cuántos son los perjudicados en el país y directamente en el departamento?


Hasta este momento son casi todos. Los únicos que se han beneficiado por ser de altos grados son los señores generales. Como son iguales que los ministros y los presidentes de las cortes, ellos son mirados con atención, porque son supuestamente los que manejan el personal.


Pero no, nosotros vamos a dar la voz de alerta, porque estamos en "zona roja" en estos momentos, para que nos pague nuestros derechos, así como a todos les paga. Después que el gobierno no nos vaya a llamar sindicalistas, porque estamos reclamando nuestros propios derechos.


Es paradójico que mientras el gobierno invierte la mayor parte del presupuesto nacional en seguridad, oficiales, suboficiales, soldados y agentes retirados e incluso, activos se encuentren en precarias condiciones económicas. Según usted, ¿A qué se debe esto?


El señor presidente con su "seguridad democrática", lógico que se ha demostrado pues que ha apartado un poco la seguridad, pero en la seguridad de nosotros, de los hombres que estamos poniendo el pecho y que viven muriendo a nombre de nuestra patria, nos ha vulnerado todo, y no nos ha respetado nuestros propios derechos que verdaderamente tenemos y que estamos exigiéndole en este momento, pues nos tiene apartado como si fuéramos de otra clase o no sé de dónde pretenderá el señor presidente de dónde venimos nosotros.


Este comité que usted viene liderando, ¿Tiene un alcance regional o nacional?


Nacional. Esto no solamente se está programando acá (Ibagué, Tolima), pero como los de Bogotá y a nivel nacional creen que aquí nacieron los propios líderes, como anteriormente nos tomamos la vía Boquerón, cuando los aumentos eran tan bajos y con las tomas de las vías hacia los demás departamentos, nos pusieron cuidado.


Aquí nació este comité a nivel nacional y desde aquí se está propagando a nivel nacional y aquí vamos a presionar para que el señor presidente nos haga el consejo comunal por tener liderazgo.


¿No teme usted que el presidente lo califique de sindicalista, incluso, "terrorista", por estar exigiendo sus derechos adquiridos?

Nosotros pensamos que si el señor presidente nos llame sindicalistas a la fuerza pública que le sirvió al Estado, por estar exigiendo nuestros derechos adquiridos, nos da a entender que ya este es un país imperialista, porque no somos únicamente los pensionados y los retirados, sino también los activos, se encuentran en desacuerdo y los soldados profesionales están desmoralizados por el pago que le está haciendo a la fuerza pública. Mientras les está llenando los bolsillos a los señores generales, a nosotros nos está dejando por debajo de cualquier persona que esté ganando el mínimo.


Esa política del presidente Uribe de favorecer a los generales y sacrificar a los de menor rango, ¿Cómo afecta a las familias que no están en el pequeño círculo de privilegiados?


Las consecuencias son muchas. Hay muchos compañeros que en estos momentos están pasando una situación difícil. Un civil, que trabaja para el ejército, la policía o el Inpec, ganaba menos y nosotros estando activos ganábamos más. Ahora, es al contrario, ellos ganan más porque les viven aumentando y nuestra situación de plata, económica va rebajando. No podemos darle una universidad digna a nuestros hijos, no podemos darles una salud digna, porque todo es mendigado y buscado. Por eso se presenta muchas consecuencias, no solamente en esta institución, son en todas las instituciones, como le está sucediendo ahora a los activos, que se meten a hacer préstamos por todos lados y queda el sueldo reducible y se queda sin comer la familia. Como uno de pobre no puede robar, porque es declarado el peor delincuente, mientras que los grandes y duros, los generales o los que se llaman políticos, ellos sí tienen derecho a robar, pero no son ladrones.


Muchos militares han sido denunciados por corrupción. ¿Las dificultades económicas llevan a esos extremos?


Creo que sí. Por ejemplo, esta presión que tenemos en el aumento de los activos. Imagínese un muchacho esperando hasta los 25 años para que pueda salir pensionado y ya está pasando un proyecto para que sea hasta los 50 años, ¿qué pensamiento puede tener un muchacho de ver tantos años para poder tener su pensión? Se va a presentar la situación para mucha confusión y se va a desbordar la corrupción tremendamente. Entonces, hay que colocarle un tiempo, así como lo tienen los señores oficiales su tiempo limitado, nosotros también debemos tenerlo. Usted sabe que la corte constitucional dijo que el nivel ejecutivo es inconstitucional y el gobierno, siguió siempre aceptando ese nivel ejecutivo, que son los señores patrulleros y los señores subintendentes.


¿Quiere decir que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez los generales están echando bueno y los demás del bulto, como se dice popularmente?


Los generales son los que se están llevando los laureles en todos lados, ellos son los que "pelean" por nosotros, ellos son los que mejor ganan, ellos son los que están sentados en una oficina recibiendo todas las medallas que pueda, mientras el personal raso esta recibiendo no más exigencias y menos sueldos.


¿Mientras los soldados y policías rasos ponen el pecho, los generales lo ponen pero para recibir condecoraciones?


Sí, eso es lo que están haciendo los generales, porque como manejan un batallón o un comando de policía, entonces ellos son los únicos que son condecorados, reconocidos y le dan hasta años sabáticos, los mandan a embajadas para que los reconozcan o los mandan a retiro con una buena remuneración.


¿Cómo analiza esa relación de militares – paramilitares como se viene denunciando a nivel nacional e internacional?


De todos modos, como en todas las instituciones, el paramilitarismo y la guerrilla se infiltraron. En todas estas instituciones están metidas, algunas trabajaron otros no trabajaron. De todos modos, la investigación tiene que ser inmensa, desde la cabeza mayor (presidente de la república) hasta la más pequeña y se escoja de la mejor manera las personas que van a entrar a estas instituciones.


En esas investigaciones (cuando las hay) los suboficiales, soldados y agentes de policía van a la cárcel, pero los generales muy pocos…

Ellos no porque los guarda su grado de general y tienen grandes palancas que les cuida (tapa) lo que ellos hacen, y como usted sabe que el que calla otorga, el silencio los hace callar y desaparecen las cosas.


Finalmente, ¿cómo se está preparando la manifestación en la ciudad de ibagué?


Nosotros nos estamos preparando, para que entienda el señor presidente Uribe, el señor ministro de defensa y el señor ministro de hacienda, que nosotros no estamos pintados, que nosotros estamos reclamando nuestros derechos, nosotros no somos alborotadores, pero se nos llenó el vaso. Esperamos por las vías legales, pedimos consejo comunal con el presidente para conciliar, hasta noviembre del año pasado, esperábamos la reunión con el señor presidente y él no se quiso reunir y hasta la fecha nada. Entonces tomamos la determinación a nivel nacional, que todos los pensionados: ejército, policía, civiles, soldados profesionales y el Inpec, salgamos a marchar y a reclamar nuestros derechos. Si seguimos así, nos van a desmejorar más los sueldos y como tiene el gobierno promocionado que dentro de dos años vamos a perder el régimen especial y pasaremos a tener un régimen de oscilación no más.


Ibagué, abril 26 de 2008









viernes, 25 de abril de 2008

FORO DERECHOS HUMANOS EN UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, HABLA DIRECTOR DE VOZ

Por Nelson Lombana Silva

El foro nacional por el derecho a la vida y a la libertad de expresión convocado por la universidad del Tolima, ante las continuas amenazas de grupos paramilitares, (águilas negras) se viene desarrollando en el coliseo de esta universidad de la ciudad de Ibagué.

En horas de la mañana intervinieron: Diego Reyes, en representación de la Defensoría del pueblo, Pedro Antonio Varón, presidente de la CUT regional y varios estudiantes de diversas facultades. En horas de la tarde, lo hizo el compañero Carlos A. Lozano Guillén y un docente de comunicaciones de este centro educativo.

Reyes, en su intervención, se comprometió a seguir acompañando la solicitud de los estudiantes y la universidad, asumiendo el compromiso del acompañamiento permanente.

Pedro Antonio Varón, por su parte condenó la política de la "seguridad democrática" del presidente Uribe, denunció los nexos del paramilitarismo con un sector del militarismo. "Lástima que en colombia el pensar, el arte, la cultura y la creatividad de la juventud se penaliza con la muerte", dijo.

El dirigente sindical señaló el terrorismo de estado como una constante, que ha originado, en lo que va del presente año, el asesinato de 22 sindicalistas, varios desaparecidos, 2.597 asesinados, desde que se fundó la CUT y el 97% de impunidad.

"Por eso, agregó, la salida es política, no militar, resolviendo las causas que originaron la insurgencia". Retó a las "águilas negras" a salir a la plaza pública a debatir civilizadamente y no asumir la posición cobarde de ampararse en un correo electrónico para sembrar el miedo, el terror y la incertidumbre entre los jóvenes y el pueblo en general.

"Uribe está interesado en darle todas las garantías a las transnacionales y en desarrollo de la fase dos del plan colombia viene desarrollando el denominado plan "fin del fin", que significa invertir más del 6.5% del producto interno bruto, PIB, en detrimento de la actividad social", destacó.
Rechazó la mal llamada "justicia de paz y reparación", pues según Varón, "es el mecanismo usado por Uribe para legalizar el paramilitarismo y expandirlo, pues hoy controlan a los vendedores ambulantes de Ibagué o se presentan en las vías nacionales como "salvavidas", programa guardabosques, red de informantes (sapos) y otras modalidades".

"La universidad, terminó diciendo, debe ser un campo de batalla pero de ideas y de crítica. Nos oponemos decididamente a esos asesinos, muchos de ellos, disfrazados de estudiantes".


Por su parte, Carlos A. Lozano Guillén, se refirió a la libertad de expresión, lo mismo que a la supuesta libertad de prensa, señalando que lo que dice la constitución sobre el particular, "es letra muerta, porque no se cumple".

Dijo que la libertad de prensa se viola constantemente y principalmente por las autoridades "legalmente" constituidas: "Ese derecho consagrado como inviolable en la constitución política de colombia no se respeta en el país. No solamente por las autoridades, aunque diría que son los principales depredadores de la libertad de información y de la libertad de prensa", destacó.

Sobre la experiencia del semanario VOZ en los 51 años de circulación, dijo Lozano Guillén: "No hemos contado con las garantías suficientes, ni con el apoyo del Estado y de las autoridades para poder cumplir con nuestra misión informativa. El asesinato de varios de nuestros periodistas, el anterior director y senador de la república, Manuel Cepeda Vargas, de corresponsales de varias ciudades del país, el encarcelamiento de varios de nuestros corresponsales, la intimidación para quienes difunden y venden nuestro periódico, son partes de esa persecución, testimonio que en Colombia no se respeta la libertad de expresión".

Sin embargo, según Carlos A. Lozano Guillén, no es el único problema: "Hay un problema que se ha logrado registrar con mayor fuerza en los últimos años: es el papel de los poderosos medios de comunicación. Medios que son propiedad de los grupos económicos o que hacen parte de los monopolios de la comunicación en colombia. Medios de comunicación que convierten las verdades en mentiras, las mentiras en verdades, en contar verdades a medias y en tergiversar la verdad de los hechos".


En tono enérgico y claro, el director de VOZ dijo: "No creo en la prensa neutral, eso no existe. Todo medio de comunicación tiene su ideología y su fundamento político". Agregó: "Eso es normal, nadie tiene por qué cuestionarlo, pero lo que sí hay que exigirle a esos poderosos medios es que al hacer el registro de los hechos, partiendo por supuesto de su ideología, de su fundamento político, se apoyen en la verdad, no distorsionen la realidad de los acontecimientos, porque eso desvirtúa el papel democrático de los medios de comunicación. En colombia los medios se han convertido en un lucrativo negocio de los grupos económicos y de los monopolios de la comunicación informativa".

El compañero Lozano Guillén, también hizo precisiones de la situación política nacional en el marco de la parapolítica, el terrorismo de Estado y las triquiñuelas que viene tomando Uribe para capotear la difícil situación que vive la nación. En primer lugar, se refirió al grave cuestionamiento de Uribe a los magistrados de la corte suprema de justicia, "para pretender convertir en víctima al señor Mario Uribe (su primo), quien es más bien victimario por sus nexos turbios y oscuros con el paramilitarismo en nuestra patria", subrayó.

"La crisis que vive la nación no es únicamente la relación de la clase dirigente nacional con el paramilitarismo y el narcotráfico, es mucho más profunda", indicó. "Por eso, agregó, desde la izquierda no podemos hacerle el juego a su reforma política que pretende el gobierno nacional con sus mayorías en el congreso de la república, dizque para resolver esta crisis de la llamada parapolítica".


Uribe señala que la crisis se puede resolver con la "seguridad democrática", "cuando es justamente la que ha estimulado y profundizado esta crisis y ha establecido justamente esos turbias relaciones y esos nexos del gobierno, de la clase dominante, de los partidos uribistas con el paramilitarismo y con el narcotráfico".

Frente a la crisis nacional el camarada Lozano Guillén dijo que era pertinente tomar medidas radicales y contundentes, enmarcadas en la asamblea nacional constituyente. Una constituyente profunda para la paz y la democracia, la cual debe estar precedida de hechos claros e inequívocos. Por ejemplo, la no segunda reelección de Uribe, cero privilegios, se fundamente y se haga realidad el intercambio humanitario y reformas estructurales, que implique atacar las causas que han originado el conflicto social y armado. Por ejemplo, la reforma agraria.

"Una verdadera asamblea nacional constituyente tiene que estar antecedida de hechos de paz y por eso debe ser precedida por un acuerdo humanitario que permita la liberación de todas las personas que están en cautiverio y que tiene que obedecer ello a una negociación entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC", dijo.

Llamó, finalmente la atención Lozano Guillén, sobre las "cortinas de humo" del gobierno nacional para ocultar la gravedad de la crisis: "Apareció el ministro de defensa Juan Manuel Santos, diciendo que había que esperar la "FARC – Política" que dizque va a ser peor que la parapolítica. Con esa medida busca es silenciar los que se han atrevido a denunciar. Viene ahora con ese fantasma de la "FARC – Política" a pretender ejercer un chantaje contra el pueblo colombiano".


Lo que mejor puede hacer el gobierno nacional es permitir que se investigue el vicepresidente de la república quien está acusado por los mismos paramilitares del interés de éste de fundar el bloque capital de los paramilitares, subrayó.

La intervención fue ovacionada en varias oportunidades. Mañana (25 de abril) continúa el foro con otros panelistas.

Ibagué, abril 24 de 2008

jueves, 24 de abril de 2008

Sindicato petrolero colombiano denuncia atentado contra el presidente de la USO


*Según la Central Unitaria de trabajadores CUT en lo que vá corrido del año 2.008 son 22 los dirigentes sindicales asesinados por el terror estatal. El último en caer victima de pistoleros fue Jesús Caballero Ariza, fiscal suplente de Sindesena, subdirectiva de Barranquilla, servidor publico del SENA durante 20 años.


Bogotá- La junta directiva del sindicato Unión Nacional de Trabajadores Petroleros de Colombia – USO- denunció que el dia miércoles 23 de abril, a las 4:00 p.m., se presentó un intento de atentado criminal contra el presidente de dicha organización obrera en el sitio de Yarima, Municipio de San Vicente de Chucurí, Departamento de Santander, cuando el dirigente obrero Jorge Gamboa Caballero, presidente del sindicato, acompañaba a un grupo de la población, que mantiene un movimiento reivindicativo de los trabajadores palmeros de esa región.


De acuerdo a la versión de la directiva sindical dos sujetos, confundidos entre los asistentes trataron de abalanzarse contra el compañero Gamboa, uno de ellos con revolver en mano. Los asistentes percibieron los movimientos sospechosos y lograron quitarle el arma al sicario, desarmándolo y entregándolo al Coronel de apellido Polanía que allí estaba. Este lo subió al camión de la policía y adelante en la carretera, lo libero a él y su compañero, sin detenerlo, como correspondía ante un intento de tan graves proporciones.


La USO denunció este gravísimo acontecimiento, que pone de presente los graves riesgos que enfrentan los luchadores sindicales del país, quienes en los primeros cuatro meses del año han sufrido la pérdida de 23 de sus dirigentes.


El comunicado sigue diciendo que el caso de nuestro compañero Jorge Gamboa es particularmente alarmante y sienta un gravísimo precedente, porque el acto en que se presentó hacía parte de las tareas de solidaridad y acompañamiento que la USO viene realizando a favor de las reclamaciones de los trabajadores de la palma, cuyos empresarios amenazan a sus obreros y a toda la población con la utilización de la fuerza para impedir la justa reclamación de sus derechos.


Es igualmente sospechosa la maniobra de la policía en este caso, que en vez de detener a los atacantes los protegió y los puso en libertad inmediatamente, sin la menor explicación ni averiguación.


Sindicato llama a la protesta colectiva contra el terrorismo de estado
Al hacer esta denuncia llamamos a todos los sectores organizados a una vigorosa acción colectiva de protesta contra la situación de amenaza permanente a los derechos y libertades sindicales, especialmente cuando el gobierno se presenta ante la comunidad internacional como interesado en defender los derechos humanos y sindicales, sostiene la USO.


Ante un acontecimiento de tal gravedad, consideramos que no basta con la sola denuncia, sino que debe avanzarse hacía una gran movilización de los sectores populares y sindicales, exigiendo:


Plenos derechos y libertades sindicales, respeto y protección completa a la dirigencia, mediante la activa facilitación y garantía para que ésta ejerza plenamente su papel en beneficio de los trabajadores, de la paz y de la democracia.


Acción a fondo de la Fiscalía Nacional para que se investigue a los responsables de los crímenes y amenazas contra el movimiento sindical y particularmente a quienes han desatado la nueva ofensiva contra éste.


Designación de una entidad, con participación de delegados de las centrales obreras, para que se investigue y esclarezca plenamente el origen y la responsabilidad por esta ofensiva. Particularmente, exigir investigación sobre la conducta de los empresarios palmeros, sospechosamente vinculados al accionar paramilitar.


Depuración de los grupos de oficiales de la fuerza pública, que abiertamente están patrocinando a las ahora llamadas “Águilas Negras”, las cuales están atentando contra sectores sociales y religiosos del Magdalena Medio, llegando incluso al descaro de amenazar de muerte a los Obispos y Sacerdotes de la región.


Solicitud a todos los sectores del movimiento social y de derechos humanos para que se dirijan a las organizaciones internacionales pidiéndoles una acción conjunta y especialmente vigorosa para que el gobierno colombiano responda ante el mundo por la tolerancia frente a la grave situación del país.


miércoles, 23 de abril de 2008

EL TOLIMA ENTRE LA ESPADA Y LA PARED


Por Nelson Lombana Silva

El senador Jorge Enrique Robledo, señaló en la ciudad de ibagué, el pasado fin de semana, que el gobernador del Tolima, Oscar Barreto Quiroga, fue elegido con los mismos votos de sus amigos parlamentarios que hoy están en la cárcel o en capilla, caso Luis Humberto Gómez Gallo, Carlos Armando García Orjuela, José Ramiro Devia, Pompilio Avendaño y el mismo Alberto Santofimio Botero.

Sus declaraciones causaron revuelo en la clase política del departamento. El mismo diario regional "Nuevo Día", (página virtual) adelantó un sondeo entre el pueblo, sobre si volvería a votar por esos políticos involucrados en la parapolítica, y en su mayoría, la respuesta fue negativa.

Pero la situación de orden público se deteriora cada vez más en Ibagué y el departamento. El accionar de las fuerzas oscuras del paramilitarismo y el terrorismo de Estado se incrementan. El dirigente sindical, Heber García Zambrano, denuncia que el 21 de abril en horas de la noche, (faltando un cuarto para las once) pasó una mujer de contextura joven en moto filmando su lugar de residencia y la sede de la corporación Cacique Calarcá.

Se indicó, igualmente, que organismos de seguridad del Estado, se están haciendo pasar por mensajeros.

Informaciones fragmentarias de los campesinos de la cordillera Altamizal, municipios de Dolores, Villarrica, en Tolima y norte del Huila, vienen siendo bombardeados por la fuerza aérea, destruyendo la vegetación, la fauna y colocando en alto riesgo la población civil.

La información señala que dichos bombardeos, ametrallamientos y desembarco de unidades militares pertenecientes a la quinta división del ejército, comenzó este 22 de abril, a las seis de la mañana con la participación de doce naves, entre aviones y helicópteros.

Finalmente, hay que señalar que el comité ejecutivo de la CUT regional Tolima, se pronunció sobre el crimen del sindicalista de sindesena en la costa Atlántica, responsabilizando directamente al gobierno nacional y al asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, por sus sindicaciones.

El texto de la declaración pública es la siguiente:

"En reunión realizada la noche anterior (21 abril) con representantes de las diferentes organizaciones sindicales afiliadas a la central unitaria de trabajadores, CUT seccional Tolima, aprobó por unanimidad rechazar enérgicamente, el secuestro, tortura y el vil asesinato del instructor del SENA, dirigente sindical y defensor de Derechos Humanos de la subdirectiva de Barranquilla, compañero Jesús Eberto Caballero Ariza, sucedido la semana anterior".

"Responsabilizamos directamente al gobierno nacional de un asesinato más por los señalamientos hechos por el asesor presidencial José Obdulio Gaviria al vincular a los impulsores de la marcha del seis de marzo con grupos insurgentes".

"Exigimos se esclarezca este crimen, se busquen los responsables y se castigue a los asesinos", termina diciendo el comunicado.

Ibagué, abril 23 de 2008

martes, 22 de abril de 2008

Lanzamiento del libro Simón Trinidad


Lanzamiento del libro Simón Trinidad, el hombre de hierro por Jorge Enrique Botero
Presentación a cargo de Piedad Córdoba

Feria Internacional del Libro
Lunes 28 de abril de 2008 - 8 p.m.
Salón José Asunción Silva

Las boletas se pueden reclamar en las oficinas de VOZ

UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN: PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA DEL TOLIMA

Por Nelson Lombana Silva

La conferencia regional Tolima, de organización del Partido Comunista Colombiano, miembro del Polo Democrático Alternativo, se realizó satisfactoriamente los días 19 y 20 de abril en la ciudad de Ibagué.

El evento comenzó con la brillante conferencia del camarada, Carlos A. Lozano Guillén, sobre coyuntura nacional e intercambio humanitario, exposición interrumpida en cinco oportunidades con fuertes aplausos, por la contundencia, coherencia y profundidad argumentativa de los puntos de vista del partido comunista colombiano.

Los delegados, venidos de diversos puntos del departamento, con sus informes bajo el brazo, se confundieron con el público que se congregó en la asamblea departamental, a escuchar y manifestar públicamente, el pensamiento, la ideología y el programa de los comunistas.

"Carajo, el partido comunista se mantiene vivo y coleando a pesar de la criminalización del estado que ha sido objeto", dijo uno de los asistentes.

De eso se trataba, de decirle a 1.316.053 tolimenses, que la utopía comunista no pierde vigencia; contra el paramilitarismo, contra un sector del militarismo, contra el fondo monetario internacional, la política imperial de los Estados Unidos, el genocidio contra la Unión Patriótica, el sindicalismo, los demócratas, plan siniestro que no para ahora con el nombre mentiroso de "seguridad democrática y estado comunitario", la idea comunista sigue iluminando el futuro de la humanidad. Es la esperanza, si de erradicar la explotación del hombre por el hombre se trata.

Con la presencia del ex senador y ex candidato liberal a la gobernación, Luis Carlos Delgado Peñón, el diputado del Polo, Gelver Dimas, el presidente de Anthoc, Ricardo Varón, el concejal del Polo, Alveiro Tique y la candidata a la CUT Tolima, Lucy Astrid Arciniegas, haciendo parte de la mesa principal, un nutrido y variado auditorio escuchó e hizo preguntas al término de la disertación del camarada Lozano Guillén.

En horas de la tarde, los delegados sesionaron hasta el domingo 20, a las cuatro de la tarde, cuando fue clausurado el evento.

Fue una asamblea magna, donde los comunistas tolimenses, analizaron el panorama internacional, nacional y regional con argumentos, con perspectiva y decisión, sin perder el horizonte dialéctico de la crítica, la autocrítica y la capacidad propositiva que identifica al partido.

Caracterizaron el momento histórico y trágico por el cual pasa la república en manos del narcoparapresidente Álvaro Uribe Vélez y su clase dirigente envuelta en el caso tétrico de la parapolítica, en el sentido que no es un hecho aislado y circunstancial, es la dinámica propia del régimen capitalista, su condición inherente para existir.

En el análisis concreto del departamento, se indicó que el 67% de los tolimenses están en la pobreza, el 31% en la indigencia, el 23% no tiene vivienda propia, el 68% de los municipios tienen el índice de necesidades básicas insatisfechas entre el 50% - 76%, mientras que el promedio departamental es del 37.5%. Además, se indicó que Ibagué, es por séptimo año consecutivo la ciudad con más desempleo a nivel nacional, casi con el 20%, el 19% de los niños menores de cinco años padecen de desnutrición crónica y el índice de desnutrición aguda es de 1.9%, mientras el promedio nacional es de 0.8%.

El desplazamiento (año 2005) fue de 60.290 personas, de las cuales 15.311, o sea, el 25% fueron menores de 18 años; de cada cien pesos, el departamento invierte en educación solamente cuatro provenientes de los recursos propios.

El departamento viene siendo golpeado brutalmente por el terrorismo de Estado, el paramilitarismo y la impunidad. Fosas comunes en los cuatro puntos cardinales del departamento se han encontrado y quedan muchas por hallar, la parapolítica tiene a varios congresistas de este departamento en la cárcel o en proceso de investigación. Entre otros: Luis Humberto Gómez Gallo, Carlos Armando García Orjuela, José Ramiro Devia, Alberto Santofimio Botero, Pompilio Avendaño.

En los últimos dos años, por lo menos 20 campesinos han sido asesinados por militares y presentados a los medios como guerrilleros caídos en combate en los diversos municipios de departamento. También redadas masivas de campesinos, líderes comunitarios y sindicales, muchos de los cuales son tenidos en el penal por uno, dos, tres años y luego, puestos en libertad al reconocer la fiscalía que son inocentes.

El análisis concienzudo del partido hacia adentro y hacia fuera durante los dos días de ardua deliberación, permitió concluir en la necesidad de corregir los errores, fortalecer las debilidades e impulsar los aciertos en dirección al crecimiento del partido comunista y el polo democrático alternativo, como propuesta alterna a la podredumbre que caracteriza los grupos y sectores tradicionales de los partidos que siempre han dominado y estado al servicio de la burguesía y los intereses económicos norteamericanos.

Por eso la conferencia regional formuló un cálido llamado a la unidad, sin sectarismo y sin ambigüedades, como lo suele plantear el maestro Carlos Gaviria Díaz, al fortalecimiento de las organizaciones sindicales, populares y políticas consecuentes con el ideario de unidad, la salida política e intercambio humanitario. De igual manera, persistir en la acción de masas, en la batalla de las ideas, educando y formando al pueblo sumergido en el desconocimiento político y víctima de la ideología de la burguesía, las trasnacionales y el imperialismo norteamericano.

Se dijo con toda convicción: Con la unidad, la lucha por el crecimiento del Polo, del Partido Comunista, la organización consecuente y por la base, ¡Otro departamento es posible!

ibagué, abril 22 de 2008

Un canje humanitario sin muchas probabilidades

*Carlos A. Lozano Guillén
Abogado y periodista, director del periódico VOZ

El canje humanitario tiene pocas probabilidades en Colombia. Después del ataque, en territorio ecuatoriano, del campamento guerrillero en donde fue muerto Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las FARC y vocero político público, se enrareció más el ambiente nacional e internacional y se provocó un mayor distanciamiento entre el Gobierno y la guerrilla, que hace difícil un acercamiento para la negociación.

No hay un interlocutor en las FARC, porque éstas temen que su exposición pública, como en el caso de Reyes, lo convierten en vulnerable. La muerte de Reyes significó un duró revés para el intercambio humanitario y la paz. Así lo reconocen tirios y troyanos, en particular después de que fracasó la misión humanitaria promovida por Francia y Suiza, precisamente porque no se encontró el interlocutor apropiado para concretar el acuerdo que garantizara el éxito de las mismas en las selvas colombianas.

Las FARC en un comunicado público anunciaron que no harán más liberaciones unilaterales y que sólo están dispuestas a acudir con sus voceros a Pradera y Florida (dos municipios en el departamento del Valle del Cauca al occidente de Colombia), despejadas de Fuerza Pública, para negociar el intercambio o canje humanitario, que incluye la liberación de los tres norteamericanos a cambios de los guerrilleros Simón Trinidad y Sonia, extraditados y condenados en cárceles de Estados Unidos. A la vez el Gobierno Nacional, en declaración de Luis Carlos Restrepo, alto Comisionado de Paz, dijo que bajo ningún punto de vista será decretada una zona de despeje ni en Pradera y Florida ni en otro sitio. Así las cosas, la posibilidad del intercambio humanitario quedó en un punto muerto.

La única posibilidad está en la colaboración del presidente Hugo Chávez Frías de la República Bolivariana de Venezuela, quien ya logró la liberación unilateral de cinco ex congresistas, el niño Emmanuel y su madre Clara Rojas, que estaban en su poder desde hace seis años. Chávez junto a los países amigos (Suiza y Francia) podría interceder ante las FARC para lograr más liberaciones unilaterales, además de mediar entre esta y el Gobierno en busca de negociaciones directas y positivas.

Sin embargo, también es un obstáculo la situación de crisis política en el país por la investigación que está en marcha contra sesenta parlamentarios de los partidos que respaldan al presidente Álvaro Uribe Vélez por nexos con los paramilitares y el narcotráfico. Es lo que se llama la “parapolítica”. Casi treinta congresistas están en la cárcel y otros treinta están siendo investigados, lo cual coloca al Gobierno y al presidente en difícil situación y en condición de ilegitimidad, pues los mismos votos que eligieron a los congresistas, mal habidos y en componendas con narcotraficantes y paramilitares, le sirvieron al presidente Uribe para ser elegido dos veces como mandatario nacional. Esta situación crea dificultades y un ambiente propicio para el canje humanitario y la paz. Aunque con la presión nacional e internacional, la solidaridad en el país y en el exterior, se podrá buscar caminos de entendimiento y de negociación.

El Gobierno contra la Corte Suprema de Justicia

El Gobierno decidió arremeter desde distintos flancos contra la Corte Suprema de Justicia, con mayor razón después que se conoció la decisión de investigar en previas a los senadores Nancy Patricia Gutiérrez, presidente del Senado y del Partido Cambio Radical y Carlos García Orjuela, presidente del Partido de la U, el mismo del ministro de Defensa Juan Manuel Santos y promotor de la segunda reelección del presidente Uribe Vélez.

El nerviosismo en las filas del Gobierno Nacional es evidente, unido a que ya son sesenta los congresistas uribistas comprometidos con la “parapolítica” en la que están salpicados el primo del primer mandatario, Mario Uribe y el ex director del DAS (policía política), Jorge Noguera, consentido de Uribe Vélez, entre otros, sin que se agote el escándalo, porque son más los senadores y representantes que serán convocados, así como funcionarios y ex funcionarios del Gobierno, militares y empresarios cercanos a la cuerda uribista. La situación es de pánico, hasta el punto que el domingo 20 de abril pasado, en la Casa de Nariño se realizó una reunión apresurada, para discutir el proyecto de la Reforma Política. Lo paradójico es que los asistentes fueron las cabezas de los partidos uribistas, los mismos que están cuestionados por la “parapolítica”. “Es como poner a un gato a cuidar el queso”, dijo un periodista, antes de que salieran los compromisarios uribistas. Los partidos que tienen a sus congresistas tras las rejas o cuestionados, son los que, apoyados en sus mayorías fraudulentas, se aprestan a aprobar la reformar política.

El presidente Álvaro Uribe Vélez habló desde uno de sus acostumbrados consejos comunales, para invitar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a actuar con objetividad y en derecho, lo cual fue de mal recibo en el organismo jurisdiccional, porque es evidente que así lo están haciendo y porque dicha advertencia se recibe más como una presión indebida que como un consejo paternal. De otra parte, el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, de manera abierta y descarada se fue lanza en ristre contra los magistrados, porque se están “ensañando” con el Congreso de la República. En reportaje al diario El Tiempo, el pasado domingo 20 de abril, Holguín asegura que la Corte actúa con “criterios ligeros” y en actitud desafiante dijo que “En el Gobierno no estamos ni arredrados ni arrugados ante la Corte Suprema de Justicia”.

Al filo de las ocho y media de la noche del domingo 20 de abril, la Casa de Nariño interrumpió la programación dominical de la televisión privada y nacional, para una corta alocución del presidente Uribe Vélez. Leyó un breve discurso sobre la reforma política y de las propuestas que harán a los partidos de la oposición en la cual ignoran la del Polo Democrático Alternativo de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin mucha profundidad, sin nada nuevo en el tema, el presidente se mostró opacado, casi que avergonzado ante las cámaras, en ningún momento exhibió su tradicional actitud pendenciera y arrogante, aunque como era de esperarse alegó sin argumentos y soportes falaces, que las investigaciones jurídicas son anteriores a su Gobierno. Algo está mal, algo le incomoda.

Lo cierto es que la crisis política no tiene precedentes, el Gobierno Nacional es ilegítimo porque está soportado en unas mayorías fraudulentas, logradas con financiación del narcotráfico y la presión criminal del paramilitarismo. A nadie le cabe la menor duda que el presidente Álvaro Uribe Vélez es el principal responsable de la “parapolítica”, se aprovecho de ella para montar su maquinaria electoral.

Colombia, un peligro en la región

En este marco es difícil prever en el corto tiempo espacios para las negociaciones del intercambio humanitario y la paz. Además, el gobierno colombiano incrementó en los últimos días la carrera armamentista, bajo el argumento que es necesario para enfrentar el conflicto interno, aunque tal situación crea nerviosismo en las fronteras, con mayor razón cuando existen contradicciones y distanciamientos con Ecuador y Venezuela, por lo menos. La información de prensa de hace pocos días, en el sentido que Colombia adquirió 25 helicópteros, 8 aviones, 13 mil armas y 187 blindados para transporte, es cínica, pues está precedida de las alarmas por la compra de aviones y otras armas por la República Bolivariana de Venezuela, cuya soberanía está amenazada de manera permanente desde el exterior por el intervencionismo de la Casa Blanca.

¿Cómo se puede criticar el supuesto armamentismo de los vecinos cuando el gobierno de Colombia se está armando hasta los dientes, para combatir a una guerrilla, que según sus voceros más autorizados está derrotada? Es paradójico, como también lo es que las compras bélicas se hagan después de la crisis en las fronteras de los primeros meses del presente año. Huele a provocación. Sin duda la decisión del presidente Uribe Vélez disparará la carrera armamentista, con el evidente peligro para la paz en la región y la afectación que este despilfarro tiene de dineros que bien podrían destinarse a la inversión social tan necesaria en estas latitudes.

Las adquisiciones uribistas tienen un costo de 5.8 billones de pesos, cuantiosa erogación en momentos que el Gobierno Nacional anuncia más privatizaciones en la salud y la educación, que convierten a estos dos sectores en inalcanzables para las clases populares. Hay quienes creen, por cierto con mucha razón, que Uribe Vélez está dispuesto a inventarse una “guerrita” con algún vecino para desviar la atención del espectáculo grotesco de la “parapolítica”, que compromete a su Gobierno, así él mismo pretenda hacerse el gringo, por las detenciones y vinculación jurídica de más de cincuenta congresistas de su cuerda política, entre ellos a varios de los seguidores “purasangre” con los que cuenta en el Congreso.

Realmente lo que está por llegar en el segundo semestre del presente año es un insulto al 60 por ciento de pobres que hay en Colombia. Cinco helicópteros Ml-17, 8 helicópteros Black Hawk, 12 helicópteros Rapaz (artillados), un avión Súper King 350, 3 aviones C-295 Casa, 8 aviones Supertucanos, 187 camiones blindados, 511 motos para la Policía, 3 lanchas patrulleras y 8 mil fusiles Galil, son los juguetes de guerra que adquirió el señor Juan Manuel Santos, con los cuales pretende ganar la guerra interna y amenaza a los vecinos en momentos de poca distensión. En el primer caso es absurdo y lo único que logrará es alejar las posibilidades de paz, además viola el principio de la proporcionalidad en el conflicto; en el caso de lo segundo es una peligrosa actitud en contravía del ambiente de cooperación y amistad que prevalece en América Latina.

Partido Comunista Colombiano



PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
Universidad Autónoma de Colombia, abril de 2008


A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Con base en el pronunciamiento de la Casa de Nariño del pasado 7 de abril del presente año, acerca de una supuesta negociación entre la Fundación Universidad Autónoma de Colombia y la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, en la que nuestra institución vendería parte o totalidad de los activos tanto académicos como fijos;

Esta incorrecta información emitida originalmente en un Comunicado de la oficina de prensa de la Presidencia e informada por el noticiero City TV y repetida por la totalidad de medios de comunicación social de la capital, ha generado inquietud entre Fundadores, Egresados, Estudiantes, Trabajadores Administrativos y amigos de la universidad nos lleva a:

INFORMAR

1) Nuestra presencia en la Fundación nace desde un comienzo cuando la organización fue la gestora de la propuesta de crear un centro de Educación superior, acompañados de varios académicos de recocido prestigio y demócratas definidos;

2) Nuestro trabajo central ha estado marcado por la permanente preocupación por el desarrollo de la academia, el carácter democrático, participativo y moderno del proyecto autónomo;

3) Nos preocupa en estos momentos que la falacia emitida por Palacio busque utilizar nuestra casa de estudio en la política desplegada contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y, de paso, violentar la Autonomía Universitaria planteada en la Ley 30 de 1992 que fija al estado la función de vigilar el desarrollo del sistema universitario superior y no de entrometerse en decisiones que son exclusivamente del resorte de los Fundadores y de los organismo superiores de la institución;

4) Que la Asamblea General de la Fundación del pasado 1ero. de marzo señaló un derrotero claro cuando anota: “Enterada la Asamblea General de la FUAC de las gestiones extraoficiales, de algunos, miembros de su comunidad, quienes a espaldas de la institucionalidad promueven la venta, enajenación o entrega de este constructo social; actividad esta, que pone entredicho los principios fundacionales de la institución, declara su rechazo categórico, a tan execrable intención disolutiva de la institución. “;

5) La Fundación continuará su labor de acercar a nuestras aulas a los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad, a quienes se les viene entregando los elementos científicos liberadores y constructores de profesionales que a diario aportan positivamente su conocimiento y actitud frente al mundo real que nos corresponde vivir;

6) El Partido Comunista Colombiano no ha estado ni estará involucrado en la aventura de ofrecer y menos ejecutar una imposible venta, pues nuestra participación en el proyecto que lleva 37 años de desarrollo, es dar al pueblo colombiano una Universidad totalmente comprometida con el quehacer académico, político, social, económico y cultural de Colombia, en la idea de contribuir en una futura nación libre y soberana en una sociedad distinta, que es posible construir entre todos.

Entrevista con Aída Avella ex presidenta de la Unión Patriótica


Anna Karina Rosales
22-04-2008


Aída Avella, ex presidenta de la Unión Patriótica, sindicalista y política en exilio ocupa un lugar especial en la historia colombiana. Sobreviviente a varios atentados, la activista por los derechos humanos continúa en la distancia preocupada por Colombia.



Anna Karina Rosales.- No por nada vive usted en el exilio, la Unión Patriótica, su partido, ha sido una de las opciones políticas más golpeadas de Colombia. ¿Cuánto han cambiado las cosas en los más de 10 años que se encuentra fuera?


Aida Avella Han cambiado para mal. El país está peor. Pienso que la situación de "política de guerra" que tiene el actual presidente ha agudizado la situación, no solamente de derechos humanos. Yo pienso que hay en este momento una verdadera intolerancia política, azuzada desde el Presidente de la República para abajo, lo que viene a complicar un poco las cosas. Cito ejemplos: en el plano de los trabajadores se sigue asesinando. Llevamos en el año 2008 por lo menos 20 trabajadores asesinados y acabo de recibir un fax en el cual me informan que un dirigente nacional judicial ha sido amenazado de la forma más cruel en la ciudad de Medellín. Continúan también las amenazas a los dirigentes de la marcha del 6 de marzo pasado. El 12 de marzo les llegó una amenaza a todos los que estuvieron en el comité organizador, entre los cuales hay muchas mujeres. La situación se ha vuelto tan intolerante que hasta han pensado hacer una reforma política para excluir a los partidos que no son ricos y que no pertenecen al gobierno. Esto ocasionaría un corte muy complejo de lo que puede ser la oposición en Colombia.


A.K.R.- Está diciendo que no ha disminuido la participación de agentes del estado en la eliminación de sus opositores?


A.A.- En absolutamente nada. Al contrario nosotros creemos que hay un clima de franca impunidad, después de aprobada la Ley de Justicia y Paz, que quiere simplemente castigar a los que han realizado las grandes masacres, han descuartizado a la gente, han bebido de su sangre, han comido hasta sus carnes, las han quemado vivas, otras las han cortado con motosierra. Todas esas gentes que han hecho semejantes cosas tan espantosas, crímenes de lesa humanidad, han recibido sólo un castigo de 8 años, contando desde el momento en que supuestamente realizaron los pactos con el gobierno. Y esto nos tiene muy preocupados porque a nivel de los derechos humanos seguimos siendo uno de los países más violadores en el mundo.


A.K.R.- ¿Qué opina del proceso de purga por la Corte Suprema de Justicia, si el hecho de que ya se ha abierto investigaciones a más de 50 parlamentarios por sus supuestos vínculos con el para militarismo significa que efectivamente se está yendo por el buen camino?


A.A.- Esta es una característica que ha tenido este gobierno, que es un estado mafioso. Que se ha aliado precisamente para acceder al poder con no solamente narcotraficantes sino también con los jefes paramilitares. Algunos de ellos provienen del narcotráfico, y ha habido lucro para llegar al parlamento. Lo que se está comprobando con esto es que los mismos votos que eligieron a estos parlamentarios, que ya van como 30 en la cárcel y efectivamente van como 50 que son investigados, forman más de la tercera parte del parlamento. El problema es muy profundo pues todos los partidos de la coalición de gobierno están en este momento comprometidos y se comprueba que estos votos no fueron conseguidos de una manera democrática, por el querer de la gente, sino que estos votos fueron obligados.


A.K.R.- El presidente Uribe se ha manifestado a favor del proyecto de reforma que pide sancionar a los partidos que avalen políticos vinculados a grupos ilegales. ¿No demuestra esto su buena voluntad y vocación democrática?.


A.A.- Lo que creo es que el presidente está tratando de detener un derrumbe que se le viene encima, porque los mismos votos que eligieron a los parlamentarios son los mismos votos que eligieron al presidente. El tiene una inmensa responsabilidad y por eso plantea la famosa reforma política, diciendo que las sillas vacías serán irremplazables. A ese paso yo creo que el Congreso va a estar o a medias, o menos de medias. Es un Congreso no legítimo, un Congreso que no tiene ninguna legitimidad.


A.K.R.- Nos da la impresión que el Congreso es el que pierde legitimidad pero no el ejecutivo, en otras palabras que llueve pero el presidente no se moja.


A.A.- Ese es uno de los factores que en Colombia han llamado el fenómeno "teflón". Es decir todo el mundo se quema menos el presidente. Pero yo creo que aquí hay una buena dosis de responsabilidad de una serie de sectores, que no pertenecen al Estado o que pertenecen indirectamente pero, que son los que manejan los principales grupos políticos y económicos. Estos son las grandes emisoras de Colombia y los grandes periódicos, empezando con El Tiempo, cuyo copropietario es familia del vicepresidente de la república el señor Santos. Estos casos son tan complejos que por ejemplo, el vicepresidente Santos ha estado reunido -según lo dijo el paramilitar Salvatore Mancuso- varias veces con él, antes de desmovilizarse. En una de las veces que el vicepresidente se reunió con él, le pidió la creación de un bloque paramilitar para la capital de la República y, en este momento, es uno de los bloques que está actuando contra los dirigentes sindicales. El bloque que ya ha asesinado a dirigentes sindicales en Bogotá y que amenaza seriamente a defensores de derechos humanos y a la sociedad civil. La prensa ignoró todo esto en la practica o cubrió el hecho muy débilmente. En Colombia desafortunadamente hay un control sobre los medios de comunicación muy sutil, como toda la perversidad que ha rodeado la política colombiana. Aquí se enaltece al señor presidente y hasta lo ponen como un Mesías . Es el único que ha podido hacer las cosas, es el más inteligente, es el más bueno, es el que tiene las carreteras con seguridad. Por otro lado ignoran lo que está pasando, el asesinato de trabajadores que en las protestas, han impedido que se firme y salga por votación el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El TLC se ahogó para Colombia, gracias en buena parte a la presión de los sindicatos por los crímenes de los trabajadores en Colombia. Desde luego que el presidente tiene que responder por donde quiera que vaya por qué su política ha estado muy a favor de los paramilitares. Pero ahí vemos que en Colombia sobretodo la radio y la televisión, que están en manos de los grandes dueños de los medios de producción y que son los dueños a su vez de los grandes medios de comunicación y de los grupos financieros, hacen que no exista una opinión pública. Lo que existe es una opinión dirigida por los grandes medios que avalan y que tapan muchas de las informaciones que debe conocer el pueblo si se tratara de una verdadera democracia.


A.K.R.- La oposición, que es contraria a la reforma, propone convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que siente las bases de una verdadera reforma electoral en Colombia. ¿Cuán decisivo considera esto, que se cambie la constitución colombiana?.


A.A.- Quienes estuvimos en la Constitución del 91 pensamos que era una constitución para mucho tiempo, pero lo que hemos visto es que en la práctica esta ha tenido tantas reformas que se ha desdibujado completamente y que la han puesto al servicio de quien maneja el gobierno. Por ejemplo, con la reelección se cambió toda una serie de criterios que había en la elección de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del consejo de la Adjudicatura, del propio Fiscal General de la nación. Antes, todas estas entidades eran elegidas o por el parlamento saliente, o por las personas que estaban en el gobierno anterior y cuando llegaba el otro gobierno, encontraba ya estas entidades completamente elegidas. Como esta vez ha habido una reelección todas estas entidades se quedan manos de quienes gobiernan, en manos del ejecutivo. A ese paso vamos a llegar a lo que hacen las dictaduras, donde una persona maneja todos los hilos del poder y esto va a hacer aún más complicada la situación en Colombia.


A.K.R.- Su partido la Unión Patriótica en su momento representó una opción. ¿Qué espacio queda para hacer política de izquierda en Colombia?.


A.A.- En este momento está el Polo Democrático que tiene una buena cantidad de parlamentarios. Se ha avanzado en algunas regiones, en consejos y en asambleas departamentales. Pero también hay mucha dificultad porque también empiezan a matar a la gente. Entonces todos nos preguntamos si la democracia colombiana permitirá algún día que se juegue en ese extraño juego de la democracia, es decir que los votos sirvan para algo. Que los votos sirvan para decir a la gente que, independientemente de su criterio político, puedan estar en las diferentes corporaciones públicas. Lo que vemos es todo lo contrario. Están haciendo todo el esfuerzo por equilibrarlo todo hacia un lado. Eso en otros términos se llama una dictadura. Pero claro, en Colombia emplean el voto, el ritual de la democracia, que son las elecciones populares. Pensamos que si se realiza una Asamblea Nacional constituyente habría que fijar normas muy claras, y habría que ver si efectivamente tenemos la necesidad imperiosa de reformar una constitución y en qué artículos.


A.K.R.- Usted acaba de participar en una mesa dedicada a la mujer y el conflicto colombiano. ¿Cuán importante es que desde este ángulo, desde esta perspectiva de género, se discuta sobre el conflicto y sus posibles soluciones?.


A.A.- Es muy interesante porque las mujeres estamos incursionando en todos los temas políticos y en todos los temas sociales. En Colombia vemos que el interés de la mujer es no solamente en la actividad política sino también en la actividad social, en la actividad empresarial, en la actividad incluso de toma de decisiones. Vemos también por ejemplo el movimiento de víctimas, el movimiento de derechos humanos. Las mujeres militan de una forma muy comprometida, de una forma bastante arriesgada. En los sindicatos las mujeres están dirigiendo muchas organizaciones y también sufren de amenazas, y en el peor de los casos de asesinato. Y desde luego que también hay otros problemas que se derivan del conflicto, y las mujeres tenemos opiniones políticas sobre lo que está pasando en Colombia. Estas discusiones en el plano internacional son necesarias para que nuestro país no se quede en el aislamiento. Colombia juega un papel en el contexto internacional y es importante que no se deje de hablar de por ejemplo proyectos como el TLC. La actividad de los sindicatos en ese sentido y su postura en contra de este proyecto no debe dejar de mencionarse pues existen organizaciones que no están de acuerdo con que se mate a la gente por sus creencias políticas o por sus creencias y militancias sociales.









lunes, 7 de abril de 2008

Pronunciamiento de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) sobre el conflicto en Colombia

Pronunciamiento de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) sobre el conflicto en Colombia a la luz de la agresión a Ecuador y por una solución política negociada del conflicto armado de Colombia



I. Trasfondo: La Asociación Americana de Juristas(AAJ) es una organización no gubernamental, fundada en 1975, con estatuto consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
Son principios y objetivos de la Asociación Americana de Juristas: a) La lucha por la autodeterminación de los pueblos, la plena independencia económica y la soberanía del Estado sobre sus riquezas y recursos naturales. b) La acción contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo y contra la discriminación racial, de la mujer, los aborígenes y minorías nacionales. c) La defensa de una paz efectiva basada en el principio de la coexistencia pacífica entre estados de diferentes sistemas sociales y económicos. d) La defensa y promoción de los derechos humanos y la concreción de mejores y más efectivas garantías de protección. e) La condena y denuncia de las legislaciones existentes en países americanos, que contradigan o tergiversen los principios y objetivos de esta entidad. f) El establecimiento de fraternas relaciones y acciones comunes con los juristas de todo el mundo y sus organizaciones, empeñadas en similares objetivos que los enunciados en este Estatuto. g) La movilización de los juristas de los países americanos a fin de desarrollar una acción conjunta tendiente a lograr que la ciencia jurídica participe activamente en sus respectivos países en el proceso de cambios socioeconómicos que estén en consonancia con los principios y objetivos aquí enumerados. h) La defensa, efectiva protección y dignificación del ejercicio de la abogacía, así como la solidaridad con los juristas perseguidos por su acción en pro de los principios aquí expresados.
El 8 de marzo de 2008 la Asociación Americana de Juristas expresó, mediante una declaración1, su rechazo a la violación de la soberanía e integridad territorial de la República del Ecuador por parte del gobierno de la República de Colombia y condenó las acciones extraterritoriales perpetradas por el gobierno de Colombia y sus fuerzas armadas dentro del territorio ecuatoriano y los asesinatos cometidos contra insurgentes colombianos de las FARC. El ataque militar puso en evidencia los designios del Plan Colombia y la alianza entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, facilitando la militarización de la región y la intervención del gobierno de los Estados Unidos. Ello pone en riesgo la paz en la región y el peligro a que se extienda el conflicto colombiano a los países vecinos, particularmente a las zonas fronterizas del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, convirtiendo al hermano país de Colombia en una plataforma de agresión contra los pueblos latinoamericanos. En su declaración, la AAJ exigió una investigación sobre la posible colaboración del gobierno de los Estados Unidos en la incursión militar colombiana, particularmente desde la base militar estadounidense dentro de territorio ecuatoriano en Manta. Asimismo, la AAJ llamó a la normalizacón de las relaciones entre Colombia, Ecuador y Venezuela y a que la Organización de Estados Americanos (OEA) condenara la violación de la soberanía del Ecuador y el Derecho Internacional por parte de Colombia.
Como resultado de los intercambios en la AAJ mientras se redactaba la declaración, decidimos ampliar sobre algunos elementos. El pronunciamiento de hoy contiene sólo algunos aspectos de la situación colombiana y sus efectos en nuestra América Latina. Esperamos que con esta aportación contribuyamos al diálogo y la búsqueda de una solución política al conflicto colombiano y a la aspiración de una América Latina en paz y libre de intervenciones imperialistas.
II. Aspectos y planteamientos generales
En este pronunciamiento la AAJ sostiene lo siguiente:
1. Reconoce que la reunión de la XX Cumbre del Grupo de Río en la República Dominicana y los esfuerzos de los gobiernos de varios países miembros abrieron el camino para solucionar por la vía del diálogo la crisis diplomática entre Colombia , Ecuador y Venezuela, resultado de la violación por parte de Colombia de la soberanía e integridad territorial de la República de Ecuador.
Ya en su declaración del 8 de marzo la AAJ manifestó su rechazo a la violación de la soberanía e integridad territorial de la República del Ecuador por parte del gobierno del Presidente Álvaro Uribe de la República de Colombia, acto contrario al artículo 2 § 4 de la Carta de las Naciones Unidas y al artículo 21 de la Carta de la OEA.
2. Puntualiza que los logros alcanzados en la Cumbre del Grupo Río no significan una solución del conflicto armado existente en Colombia desde hace más de cinco décadas. Dicho conflicto adelanta programas de un intenso armamentismo en los cuales están interesados el gobierno de los EE. UU. y la poderosa red de fabricación y venta de armas, tanto por razones económicas, como porque una de las consecuencias de tales programas es la reafirmación de salidas exclusivamente militares, lo cual, en las condiciones políticas de la región, caracterizada por el establecimiento de gobiernos democráticamente electos y portadores de inobjetable legitimidad popular,que se separan de la política del gobierno de los EE. UU.; conducirá a la internacionalización del conflicto armado con el peligro de una conflagración regional que atrape a varios países en una cruenta guerra.
3. La expansión de las fuerzas armadas colombianas y su armamento ofensivo es sumamente alarmante. Se estima que en 2008 los efectivos militares colombianos alcanzarán la impresionante cifra de 210.000 más 140.000 policías nacionales. Esto significa que Colombia poseerá la fuerza militar más numerosa de toda América Latina, por encima de Brasil, que tiene más de cuatro veces la población de Colombia. Colombia destina el 6.5% de su PIB en gasto militar, porcentaje que triplica el de los EE. UU. y casi cinco veces del que emplean los países de Sur América. A su vez, el denominado Plan Colombia y el Plan Patriota han significado una “ayuda” de los EE.UU. al gobierno de Colombia del 2000 al 2007 de la astronómica suma de más de $ 5.400 millones ($ 5.400.000.000) y de ese total el componente en “ayuda militar ” ascendió a $4,400 millones. Para el 2008 se estima que el total cumulativo rebasará $7,000 millones. Asimismo, la mencionada alianza facilita la presencia permanente de numerosos “asesores militares” de los EE. UU. y de grupos de mercenarios, que junto con los paramilitares mantienen una acción delictiva permanente en los estados fronterizos venezolanos de Táchira, Apure, Trujillo, Mérida y Zulia, en los cuales se promueve un ambiente secesionista.
4. Expresa que el desproporcionado crecimiento militar y la estrecha alianza del gobierno colombiano con el Comando Sur de los Estados Unidos desestabiliza la región y convierte a Colombia en una plataforma de agresión contra los pueblos latinoamericanos.
5. Sostiene que la deliberada violación de la soberanía y de la integridad territorial de la República de Ecuador por parte del gobierno del Presidente Álvaro Uribe es una consecuencia de la política guerrerista que sostiene ese gobierno con el apoyo político, militar, tecnológico y financiero del gobierno de los EE. UU., que afecta directamente a los países vecinos como Venezuela y Ecuador y es una expresión de las presiones y amenazas a las que están sometidos esos países por eventuales acciones militares y de guerra en sus territorios por efecto de confrontaciones, persecusiones o ataques para la conquista de objetivos militares de exclusivo interés del gobierno colombiano o el de los EE. UU.
6. Denuncia la existencia de maniobras políticas puestas en práctica por el gobierno de los EE. UU. con la connivencia del gobierno de Colombia con el manifiesto propósito de aplicar las funestas doctrinas de “Seguridad Nacional” y de “Guerra Preventiva”. A tales fines se aplica la táctica comunicacional de calificar como terroristas las acciones soberanas de los estados de rescatar sus recursos naturales, de definir sus políticas con independencia y de defender sus intereses nacionales frente a los intereses de las poderosas corporaciones transnacionales y las políticas expansionistas del gobierno de los EE. UU.
7. Insta a los gobiernos legítimos del Continente a rechazar la dirección que sobre las bases militares existentes en sus territorios ejercen el gobierno y las Fuerzas Armadas de los EE. UU. y a terminar con la presencia de asesores estadounidenses.
8. Toma nota con satisfacción de la decisión de la OEA de enviar una misión a la zona fronteriza encabezada por el presidente de la OEA, José Miguel Insulza, y rendir un informe sobre los hechos ocurridos.
9. Destaca la aportación de la Organización de Estados Americanos (OEA) al condenar la actuación del gobierno colombiano, por encima de las objeciones del gobierno de los Estados Unidos, reafirmando el principio de la inviolabilidad de las fronteras y soberanía de los Estados. En su resolución el 17 de marzo de 2008 (OEA/Ser.F/II.25, RC.25/RES. 1/08) en la Vigésima Quinta Reunión de Consulta Ministros de Relaciones Exteriores la OEA reiteró “ la plena vigencia del principio de soberanía territorial, consagrada de manera irrestricta y sin ninguna excepción en el artículo 21 de la Carta de la OEA, como un principio vital de la convivencia entre las naciones americanas” y rechazó “la incursión de fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia en territorio del Ecuador, en la Provincia de Sucumbíos, el 1º de marzo de 2008, efectuada sin conocimiento ni consentimiento previo del Gobierno del Ecuador, por considerar que ella constituye una clara violación de los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA.¨
10. Estima que el conflicto armado en Colombia continuará mientras subsistan las causas que le dieron origen y advierte sobre el grave peligro que significa para el ejercicio de la soberanía la presencia de fuerzas multilaterales con ocasión del conflicto armado que tiene Colombia. Frente al conflicto colombiano se perfilan dos posiciones principales:
a.La primera, es afrontarlo bajo la concepción de que la paz se conquista mediante la eliminación del enemigo, para lo cual hay que continuar con una carrera armamentista y militarizar a la sociedad. Tal parece ser la posición asumida por el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe con el respaldo absoluto e incondicional del gobierno de George W. Bush.
b.La segunda opción es resolver el conflicto mediante una solución política, con la búsqueda de condiciones para que los insurgentes y las partes en conflicto hagan sus propuestas alternativas por medios políticos y cívicos. Esto implica escenarios que proporcionen a todas las partes un mínimo de confianza y a garantizar los espacios que hagan posibles los acuerdos y la convivencia bajo reglas que aseguren y faciliten el ejercicio de derechos básicos atinentes a la vida, la participación y la seguridad.
11. Estima que la experiencia política reciente indica que desde los órganos estatales; Gobierno y Fuerzas Armadas se ha contrariado obstinadamente la búsqueda de la paz mediante el diálogo. Un claro ejemplo de ellos son los asesinatos de campesinos, dirigentes y afiliados sindicales, la persecución y el terror desatados contra los guerrilleros desmovilizados y la protección que se brinda desde el poder oficial a los grupos armados que actúan con la tolerancia o complicidad del Estado, los denominados “paramilitares”. Recientes informes escandalizaron a la sociedad colombiana y a toda América Latina porque inculpaban a encumbrados políticos del entorno cercano del Presidente Uribe y pusieron en evidencia los estrechos vínculos del gobierno y el partido del Presidente Uribe con el paramilitarismo y las tenebrosas redes del narcotráfico.
12. El caso del exterminio de la formación política legal “Unión Patriótica” (UP), ejemplo de la disposición política de los sectores populares y de algunos grupos irregulares, concretamente las FARC, alcanza connotaciones genocidas: En un quinquenio fueron asesinados brutal e impunemente más de cuatro mil dirigentes y militantes de la UP, otros miles fueron perseguidos o heridos, obligándolos a abandonar el país hasta que desapareció por completo.
13. Los candidatos presidenciales de la Unión Patriótica JAIME PARDO LEAL, Profesor Universitario y Magistrado de la Corte Suprema de Cundinamarca, jurista de extenso reconocimiento nacional y BERNARDO JARAMILLO OSSA, abogado defensor de trabajadores, campesinos y derechos humanos y Senador de la República,, fueron inmisericordemente asesinados, no obstante haber dirigido campañas para alcanzar la desmovilización de las guerrillas y exigir públicamente a los grupos irregulares que dieran pasos consecuentes y significativos para alcanzar la solución política negociada al conflicto armado. En esos desalmados asesinatos se pone de manifiesto la resuelta negativa del poder oficial de aceptar le existencia legal de corrientes políticas adversas que tuvieran ascendencia en los sectores populares.
14. De igual forma pueden catalogarse los asesinatos de los candidatos presidenciales LUIS CARLOS GALAN, abogado liberal, parlamentario con extraordinario reconocimiento popular y CARLOS PIZARRO LEON-GOMEZ, humanista, jefe del grupo insurgente de origen liberal, Movimiento 19 de Abril (M-19) y de gran popularidad y ascendencia. Ambos fueron asesinados por bandas de sicarios bajo la protección del aparato militar y político del gobierno y los sectores oligárquicos colombianos. Es ampliamente notable el monstruoso asalto militar a la Corte Suprema en pleno centro de Bogotá, que produjo la masacre de Magistrados, funcionarios judiciales, empleados, abogados e insurgentes que habían tomado el Palacio de Justicia, colocándolos a todos como víctimas indiferenciadas frente a la artillería militar que aplicó lo que ahora se denomina “rescate armado de rehenes”, cuyas consecuencias son generalmente la muerte de los rehenes haciendo imposible el rescate.
15. La búsqueda de una solución política negociada es una iniciativa que tiene tres décadas y cuenta con una larga y amarga experiencia. Ello se observa claramente en el proceso de descomposición de la sociedad política colombiana, evidenciando cómo desde el poder del Estado se asesina a los opositores y a los defensores de derechos humanos, sin distinciones de edad, sexo, profesión, condición social, credo religioso o preferencias políticas, cómo se práctica la complicidad y la connivencia con las bandas de narcotraficantes, se arma y protege a los paramilitares, se militariza toda la sociedad colombiana, colocándola como parte de un vasto plan de destrucción de los derechos humanos, de la convivencia democrática, de los principios y las normas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Todo se lleva a cabo bajo el patrocinio del gobierno de los EEUU y sus manifiestos propósitos de dominio y saqueo sobre los recursos energéticos, acuíferos y de la biodiversidad de América Latina. No es ninguna coincidencia que Colombia sea el tercer país, después de Israel y Egipto, que recibe ayuda militar de los EE. UU. Hay una estrecha relación entre la militarización de Colombia, el narcotráfico y el lucrativo tráfico de armas y la penetración de EE. UU. en la región. Actualmente, Colombia es el principal exportador y proveedor de cocaína hacia los EE.UU.

16. La AAJ toma nota de algunos eventos recientes en los cuales han intercedido los gobiernos del Presidente Hugo Chávez de Venezuela y de Nicolas Sarkozy de Francia, así como varios funcionarios públicos de Colombia, bajo la intensa cobertura de los medios de comunicación de Colombia y Venezuela y los medios internacionales, lo cual le otorgaba viabilidad al inicio de nuevas gestiones de búsqueda de una solución política negociada al conflicto. Las FARC realizaron la liberación de retenidos unilateralmente cuando el gobierno de Colombia rehusó participar en las negociaciones, y según informes divulgados, intentó obstruir las entregas de prisioneros. Varios medios de comunicaciones han informado que el jefe de las FARC asesinado en territorio ecuatoriano, Raúl Reyes, estaba en gestiones para la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, gestiones que ya habían comenzado con el gobierno de Ecuador del presidente Rafael Correa y de Francia del presidente Sarkozy.
17. La AAJ recuerda que en América Latina hay una experiencia concreta de soluciones no militares a los conflictos armados. Los casos de El Salvador y Guatemala son recientes ejemplos y en otros casos se han explorado diversas fórmulas que ha permitido la creación de espacios para la discusión política e ideológica dentro de un marco de convivencia cívica y democrática.
18. Hoy, las iniciativas multilaterales que se han puesto en práctica en América Latina muestran mayor madurez y estabilidad, más independencia de los centros de poder económico y más compromiso con los intereses nacionales y mayor respeto hacia los intereses de las mayorías populares de América Latina, por lo que se puede augurar una razonable expectativa positiva de solución.

19. Para que sea posible es indispensable que cesen totalmente las operaciones extraterritoriales, se censuren las acciones del aparato militar colombiano, que se separen los intereses de América Latina de los intereses de los EE. UU., que no se sigan las directrices de los centros de mando político y militar de ese país y se rechacen totalmente las doctrinas de Seguridad Nacional, se repudie la tesis de la “guerra preventiva”, se desconozca la pretendida potestad de los EE. UU. de clasificar a los países, se rechacen los criterios discriminatorios y agresivos utilizados por los EE. UU. en sus relaciones internacionales y se desmantelen las bases militares extranjeras en nuestros países.
20. Consideramos que para que se avance en el intercambio humanitario no se permita ninguna fuerza militar multinacional o de la ONU, que cesen los ataques a la población civil y que se persigan y castiguen los paramilitares, que se desmantelen las bandas de paramilitares incrustadas dentro de la fuerza pública y la institucionalidad colombiana.

21. Declaramos nuestra firme confianza en el uso y los resultados de los medios cívicos, el diálogo bilateral y multilateral para la comprensión y búsqueda de alternativas y para la solución de las diferencias y los conflictos entre nuestros países, en el marco del respeto de los principios y normas del derecho internacional.
III. SOBRE EL USO DE LA FUERZA Y AGRESIÓN

1. La AAJ recuerda que la Carta de las Naciones Unidas establece la obligación de todo Estado de abstenerse de recurrir a la fuerza (art. 2.4) e impone la obligación correlativa de resolver las controversias por medios pacíficos (art. 2.3).
La prohibición contenida en la Carta de las Naciones Unidas posee un amplio alcance al impedir a los Estados no sólo el recurso a la fuerza, sino a la amenaza de su empleo. Asimismo, la AAJ llama la atención a que la prohibición proscribe todo género de acciones armadas con independencia de que sean calificadas o no de guerra por parte de los Estados. Más aún, la disposición prohíbe el uso de la fuerza "contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas" y confiere una amplitud evidente al ámbito de la prohibición pues resulta impensable un uso de fuerza que no atente contra los genéricos propósitos que establece el art. 1 Carta de las Naciones Unidas.

La Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha identificado la prohibición de la fuerza con uno de los principios fundamentales que rigen las relaciones entre los Estados de conformidad con el Derecho Internacional. La prohibición de recurrir a la fuerza es más que una mera obligación convencional. Es indudablemente un principio estructural del ordenamiento internacional y una norma perentoria (jus cogens) de Derecho Internacional.
2. La prohibición enunciada tiene un carácter y alcance general y no admite más que la excepción de la legítima defensa bajo estrictas condiciones. La utilización de la fuerza e invocar la legítima defensa no constituye una regla, sino una vía excepcional que requiere la intervención del Consejo de Seguridad según lo dispuesto por el artículo 51.
Asimismo, el artículo 27 de la Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto San José) prove en cuanto a suspensión de garantías, que “En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”(párr. 1). El párrafo 2 del art. 27 condiciona al anterior al proveer que, “La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.” Por último , el párrafo 3 dictamina que “Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.”
Por lo tanto los derechos enunciados aún los suspendibles necesitan de un trámite especial y el art. 27, párr. 3 dice que debe inmediatamente notificar a los demás estados partes por conducto del Secretario General de la OEA.
3. En el proyecto de resolución presentado ante la reunión de cancilleres en la OEA, Colombia invocó como justificación de la violación de la soberanía de Ecuador así como del articulo 2 § 4 de la Carta de las Naciones Unidas y de los artículos 11, 12 , 19, 21 y 22 de la Carta de la OEA que los actos militares y otros perpetrados en territorio de ese país, caen bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y como tales, bajo la cobertura del ejercicio del uso de la legítima defensa.
Las acciones colombianas de la violación de la soberanía territorial de Ecuador se ubican en el contexto de la ofensiva desplegada por Estados Unidos que, con el pretexto de lucha contra el terrorismo, intentó ampliar el ejercicio de la legítima defensa e introducir la categoría ideológica de guerra preventiva. Ambas categorías no tienen ningún asidero en derecho internacional ni en la Carta de la OEA. La pretendida lucha contra el terrorismo no representa más que el alibí de actos graves de violación del derecho internacional y de justificación de una política de agresión contra los pueblos. La AAJ recuerda que la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas- invocada por Colombia- es un acto ultra vires tomado contra los principios fundamentales de la Carta y un abuso de poder por parte del Consejo de Seguridad que incumplió con sus obligaciones y violó explícitamente la Carta.
4. La violación de la soberanía de Ecuador no puede ser considerada como el ejercicio del derecho a la legítima defensa. Ecuador no amenazó ni utilizó la fuerza contra dicho país, ni realizó ningun acto que pueda ser interpretado como una amenaza de agresión inminente por las autoridades colombianas o para utilizar su territorio como plataforma de acciones militaires por parte de fuerzas irregulares colombianas.
5. La AAJ reafirma, conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y a las de la Carta de la OEA, que la legítima defensa llamada “preventiva˝, invocada como un derecho bajo el pretexto de lucha contra el terrorismo es una categoría contraria al derecho internacional y a la Carta de la OEA. La resolución 3314, que forma parte del derecho consuetudinario, establece claramente una definición de agresión claramente restrictiva, justamente para evitar que la supuesta legítima defensa preventiva no destruya los fundamentos mismos del sistema de seguridad colectiva. La noción de «agresión indirecta» no está admitida por el derecho internacional quedando excluida de la normativa internacional.
6. La OEA recuerda en forma firme y sin ambigüedad “la plena vigencia de los principios consagrados en el derecho internacional, de respeto a la soberanía, abstención del uso o amenaza de uso de la fuerza y de no injerencia en los asuntos de otros Estados, que consagra el artículo 19 de la Carta de la OEA, y que constituyen principios fundacionales del sistema interamericano, obligatorios en cualquier circunstancia para todos sus Estados Miembros”. (numeral 2 de la Resolución del 17 de marzo de 2008 (OEA/Ser.F/II.25, RC.25/RES. 1/08)).
7. Los cancilleres de la OEA rechazaron- justamente fundados en los principios y reglas enunciados-la incursión de fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia en territorio del Ecuador, en la Provincia de Sucumbíos, el 1º de marzo de 2008, efectuada sin conocimiento ni consentimiento previo del gobierno del Ecuador, considerándolas “claras violaciones” de los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA.

8. La AAJ concluye que la utilización de la fuerza armada contra la soberanía y la integridad territoriales de Ecuador constituye un acto de violación grave planificado por las más altas autoridades civiles y políticas colombianas, un acto que desnaturaliza el sistema colectivo de seguridad onusiano, provocando la desestabilización en la región y amenazando en forma grave la paz y la seguridad internacionales en los términos del articulo 39 de la Carta de las Naciones Unidas.
IV. DERECHOS HUMANOS Y ACUERDO HUMANITARIO
1. Colombia ha firmado y ratificado los siguientes tratados sobre derechos humanos:
a. Convención contra la Tortura, pero no reconoce la competencia del Comité (CAT) para con los Estados (no hizo Declaración del art. 21) ni reconoce la competencia del Comité para recibir querellas individuales (no hizo la Declaración sobre el art. 22)
b. Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convenio sobre los derechos políticos de las mujeres.

c. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Primer Protocolo Facultativo

d. Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

e. Convención Americana -Hizo las Declaraciones para el art. 45 (autoriza a que otros Estados presenten querellas en su contra) y el art. 62 de la Convención Americana sobre el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana.

f. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas ratificada en el 2005g. Convención contra el Racismo, pero no la competencia del Comité (no hizo Declaración del art. 14, sobre el reconocimiento a las peticiones individuales)

h. Instrumentos de la OIT: #29 (trabajo forzado); #105 (abolición de trabajo forzado); #109 (étnias y su independencia); #87 (libertad de asociación y protección del derecho a organizarse); #98 (aplicación a los principios del derecho a organizarse y a la negociación colectiva); #100 (equidad en la remuneración entre hombres y mujeres; #111 (discriminación en el empleo).

i. Convención sobre los Derechos del Niño(a)

j. Convenio contra el Genocidio
k. Convenio Interamericano sobre asilo, el de asilo político y el asilo territorial (pero no el asilo diplomático)

l. Convenio relacionado con el estatus de los refugiados (1951) y su Protocolo de 1967

m. Convención Interamericana sobre: los derechos políticos de la mujer, derechos civiles de la mujer y derechos a la ciudadanía de las mujeres.

n. Convención sobre la Supresión del Crimen de Apartheid

o. Convenciones de Ginebra (I- IV) y sus Protocolos Adicionales 2 I y II. 3
Para el Protocolo Adicional I, Colombia formuló la declaración del art. 90, el cual declara que reconoce ipso facto la competencia de la comisión investigativa (Fact- finding Commission) para que investigue.

2. Al comparar los tratados de derechos humanos internacionales con las Convenciones de Ginebra (CG) y los derechos no derogables, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en el cual se dispone para dichos derechos no derogables), en ambos casos se encuentran como no derogables los derechos a la vida (art. 6 del PIDCP y art. 3(1)(a) y 3(1)(d), contra la tortura (art. 7 del PIDCP y el art. 3 Común) y la no discriminación (art. 4(1) del PIDCP y art. 3 Común a las CG).
La captura de rehenes aparece en el art. 3 Común a las CG pero como derogable; el mismo no está dispuesto en el PIDCP. En el caso del debido proceso de ley y la prohibición de sentenciar sin juicio previo y con todas las garantías procesales aparece en el PIDCP como derogable, no obstante, existe en el art. 3 Común la prohibición de la pena de muerte y ejecución por las circunstancias del art. 3(1)(d), lo cual se refleja parcialmente en las disposiciones no derogables del PIDCP. En cuanto a otros derechos fundamentales del art. 3 que se disponen en el Protocolo Adicional II, art. 4, se disponen para la protección de la población civil, entre otros como los arts. 5 y 6, los cuales no son derogables bajo las CG y sus Protocolo Adicional, pero pueden serlo bajo el PIDCP,4 en situaciones de excepción.
Tanto Colombia como Ecuador abolieron la pena de muerte. No obstante, Colombia aplica ejecuciones extrajudiciales. Este fue el caso del conflicto del 1ro de marzo en territorio ecuatoriano en el que el ejército colombiano ajustició sin juicio previo a 24 personas.
3. Varias instituciones y organizaciones no gubernamentales han documentado las violaciones a los derechos humanos e Colombia por parte del ejército y policía colombiana, grupos paramilitares y grupos insurgentes.

4. En el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs- OCHA) para 2006-20075, se informó que la Defensoría del Pueblo registró un incremento de quejas de violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de la fuerza pública, particularmente del ejército y de la policía. Esta situación afectó en especial a miembros de comunidades indígenas y afrocolombianas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, mujeres, niños y niñas, sindicalistas, periodistas y personas desplazadas.
Entre las violaciones de derechos humanos, de los derechos civiles y políticos, se encuentran las violaciones del derecho a la vida, homicidios con características de ejecución extrajudicial, atribuidos a la fuerza pública, en particular al ejército. Muchos de los casos informados en 21 departamentos, se identificaron varios elementos en común: la presentación de las víctimas civiles como muertas en combate, la alteración de la escena del crimen por los autores y la investigación de los hechos por la justicia penal militar. Las ejecuciones extrajudiciales, según el Informe de la Alta Comisionada de la ONU, no parecen ser situaciones aisladas sino “conductas que tienden a generalizarse”.6

El Informe afirma que los grupos paramilitares, también han continuado agrediendo a la población civil, a pesar de comprometerse a cesar las hostilidades desde 2002. Según la Defensoría del Pueblo, durante 2006 estos grupos no cumplieron con entregar a los menores que habían reclutado. De ser paramilitares pasaron a ser criminales y narcotraficantes y se han formado nuevos grupos. El aumento de los grupos armados ilegales ha traído el aumento de su poder económico y militar y el fortalecimiento y control de partes del territorio.7
Las comunidades indígenas y afrocolombianas se han visto lesionadas en cuanto a la conservación de su identidad cultural, la integridad de sus territorios y la permanencia de sus formas de organización social. Han sido víctimas de homicidios, amenazas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, discrimen, desplazamientos forzados, aislamiento de la comunidad y todas las facciones les atribuyen ser miembros de grupos armados ilegales.8
El Informe también toma nota de que la Defensoría del Pueblo registró violaciones de derechos humanos atribuidas a grupos guerrilleros (FARC-EP y ELN)9 contra la población civil, tales como ataques indiscriminados, amenazas, masacres, toma de rehenes, violencia sexual, reclutamiento de niños y niñas, desplazamientos forzados, utilización de minas antipersonales, aislamiento de poblaciones y ataques a la misión médica y humanitaria.

5. En el Informe de la Cruz Roja Internacional (CICR) sobre Colombia para 2006, en lo concerniente a la protección de los civiles, se registraron 1, 217 violaciones para ese año, las cuales arrojaron números similares al año anterior en cuanto a desapariciones: hubo 347, ejecuciones: 274, toma de rehenes: 122 y violaciones sexuales: 28 reportadas. A pesar de que en el año 2006 entregaron las armas 30 mil paramilitares, surgieron luego nuevos grupos.10

6. En el Informe Conjunto de la Asociación Americana de Juristas y Abogados Sin Fronteras-Quebec (AAJ-ASFQ) del 10 de diciembre de 2007 sobre la situación de abogados y abogadas en Colombia se resumieron testimonios de casos y denuncias concretas recibidas por la misión AAJ-ASFQ del 21 al 26 de septiembre de 2007, donde la Misión tomó nota de casos recientes que demuestran que las agresiones y actos de violencia contra los defensores de los derechos humanos, y particularmente los abogados de la defensa, continúan, incluyendo: asesinatos, atentados, y amenazas e intimidación contra abogados defensores de derechos humanos, sus familiares o sus patrocinados, que tienen como consecuencia el desplazamiento forzado o el exilio.


Además, el papel de los abogados defensores de derechos humanos frecuentemente está estigmatizado por las autoridades gubernamentales. La persecución y el deliberado desdén por el derecho de defensa se extienden a gran parte de los administradores del sistema judicial y policial que, por añadidura, recurren a acciones administrativas, judiciales y de hecho, criminalizantes del ejercicio profesional, particularmente cuando se trata de abogados penalistas, laboralistas o defensores de derechos humanos, tales como:

*Persecución disciplinaria;

*Hostigamiento judicial o “judicialización”, es decir acusaciones o procedimientos judiciales emprendidos directamente y/o en represalia contra el abogado;

*Interceptación de comunicaciones, allanamiento, robo de información y seguimiento;

*Estrategias de reducción de libre ejercicio de la defensa de derechos humanos y de desigualdad de armas, tales como interdicción de encargarse de ciertos casos, violación de la confidencialidad de la relación abogado-defendido, limitaciones de acceso a los expedientes o a los lugares de detención, impedimentos probatorios, vistas sin levantar el secreto sumarial, etc.

Al abogado se le identifica o vincula ilegalmente con la causa de su defendido. Esta identificación que realizan los diferentes grupos armados y las autoridades, sumado a agresiones que quedan en la impunidad, hace cada vez más difícil el ejercicio de la profesión del derecho, particularmente en favor de los grupos más vulnerables. El desconocimiento del rol del abogado tiene efectos negativos para: la lucha contra la impunidad; la protección y el desarrollo del Estado Social de Derecho en Colombia y el logro de la paz; y la representación efectiva de las víctimas y para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, incluso en el proceso de desmovilización de los paramilitares bajo la Ley 975 de 2005. En el marco de este proceso de desmovilización, la Misión expresó su preocupación de que a las víctimas no se les garantiza representación legal eficaz y adecuada, y que se les niegue el derecho a la justicia, la verdad y la reparación, conforme a las normas del derecho internacional.

El 10 de diciembre de 2007 la AAJ y ASFQ presentaron conjuntamente una denuncia al Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Dr. Leandro Despouy, sobre los actos de persecución, atentados y crímenes cometidos contra los abogados y abogadas en la República de Colombia, y de los obstáculos existentes en el ejercicio de la profesión que impiden el debido proceso y el acceso a la justicia.

7. Los parlamentarios indígenas informaron que hay más de 40 étnicas en la frontera con Ecuador. Esta población se vio forzada a desplazarse debido a la situación de conflicto.11.


8. El portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, señala que debido al despojo de las tierras, a acciones de los terratenientes, los mafiosos y el paramilitarismo hay más de 300 mil personas que se han visto forzadas a desplazarse, y que hay personas que las han asesinado. Entre éstas, hay periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, sindicalistas e indígenas. La causa directa es el conflicto armado. Hay de 6 mil a 7 mil personas desplazadas y refugiadas en la frontera con Ecuador. Esto lo confirma Marcos Romero de la Consultoría DDHH y Desplazamientos, quien indica que, hay 4 millones de desplazados internos y alrededor de 40 mil refugiados en Ecuador y 11 mil en Venezuela, y que también se han visto forzados a refugiarse miles de personas en Chile y en Argentina, debido a la guerra y a los conflictos mayormente.12.


9. La AAJ llama al gobierno de Colombia y a los grupos armados a garantizar el respeto a los derechos humanos. Reafirmamos nuestra posición de que se continuen con todas las gestiones y esfuerzos necesarios, hacia la culminación de un acuerdo humanitario que posibilite un intercambio de prisioneros de todas las personas retenidas por las FARC y de los presos políticos en custodia del gobierno colombiano.

10. Asimismo, la AAJ sostiene que un acuerdo humanitario es un paso importante que contribuirá a la búsqueda de una solución política negociada del conflicto armado de Colombia que conducirá a la paz en la región.


11. La AAJ exige un trato humanitario y digno de todas las personas retenidas por el gobierno colombiano y los grupos insurgentes.


La AAJ está comprometida con la búsqueda de una solución negociada y justa para todas las partes, por lo cual está en disposición de ofrecer sus buenos oficios y su participación para contribuir al proceso de paz, en el marco del diálogo político, , según el art. IX. del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (“PACTO DE BOGOTÁ"), suscrito en Bogotá el 30 de abril de 1948, y del cual Colombia es parte..

A de marzo de 2008

(Documento preparado por el Grupo de Trabajo del C. Ejecutivo de la AAJ, cuyos integrantes son:

Vanessa Ramos

Dinorah La Luz

Hugo Diaz Ruiz

Edwin Sambrano Vidal

Ernesto Moreau

Beinusz Szmukler

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