martes, 31 de marzo de 2009

Niegan FARC haya condicionado entrega de restos de rehén


Fuente
BOGOTA, 30 mar (Xinhua) -- El gestor de un intercambio humanitario, Carlos Lozano, dijo que la guerrilla de las FARC no condicionó la entrega de los restos de un rehén muerto en cautiverio a la devolución de cuerpos de dos de sus ex comandantes.

El director del semanario "Voz" desmintió hoy que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) exijan los cadáveres de "Raúl Reyes" e "Iván Ríos", muertos a manos de las tropas, para entregar los restos del mayor Julián Guevara.

"Hemos entendido que no está condicionado, sería algo macabro, vamos a trabajar en dirección de que cumplan el compromiso de entregar los restos del mayor Guevara, y ya la organización " Colombianos por la Paz" hará la gestión para que se pueda entregar los de "Reyes" y "Ríos", pero no en un intercambio, sino en "gesto de voluntad", indicó.

En una carta divulgada el domingo, las FARC anunciaron su disposición sin condicionamientos de lugar para un diálogo de paz y se comprometieron a devolver los restos del mayor, quien murió en 2006.

Lozano agregó que no se debe descartar la posibilidad de que los eventuales diálogos con los rebeldes se realicen en el exterior o en regiones limítrofes, puesto sobre la mesa que la guerrilla ya no exige desmilitarizaciones para ese fin.

Las FARC manifestaron su posición en el marco de un intercambio epistolar que realiza "Colombianos por la Paz" para que los secuestrados recuperen su libertad en medio de conversaciones de paz.

Lozano afirmó que la senadora Piedad Córdoba, que lidera la organización, buscará contactos con el gobierno de Alvaro Uribe para que atienda el llamado de rebeldes.

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lunes, 30 de marzo de 2009

Seminario “Colombia: Conflicto y Derecho Internacional Humanitario”

CONCLUSIONES

1. Reconocimiento, en todas las intervenciones, de la existencia de un conflicto interno y, en consecuencia, de la exigencia de la aplicación de las normas correspondientes.

La negación del conflicto permite no atender a las demandas existentes con respuestas sociales y económicas, y dar únicamente una respuesta policial y represiva.

La exigencia de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario debe estar dirigida a ambas partes en conflicto.

2. Reconocimiento de la violación del orden jurídico interno.

3. Tanto el gobierno como las organizaciones subversivas, para buscar alternativas al conflicto, deben presentarse con las manos limpias. Para ello:

- Han de desvincularse de todo lo que significa el paramilitarismo.
- Abandonar la política de internacionalización del conflicto.
- Evitar la contribución a todas esas listas internacionales de personas supuestamente vinculadas a ese enemigo.
- Las extradiciones.
- Que se condene y abandone la tesis de la persecución, desconociendo la soberanía territorial de los Estados vecinos.
- Respeto al Estado de Derecho.

4. La política de no reconocimiento de la existencia de un conflicto tiene por objeto negar las causas del mismo.

5. El papel de los medios de comunicación ha conducido a satanizar y a ocultar los fines del gobierno en su política de tratamiento del conflicto: se condena la guerra, se condena el “terrorismo” para salvar el modelo que se quiere imponer.

6. En la medida en que no se atiendan las causas de los conflictos éstos revivirán potenciados. Existen posibilidades para una solución política pero el lenguaje descalificatorio es un obstáculo para la misma.

7. Se reconoce la degradación del conflicto y de que se trata de una degradación provocada, inducida, y tiene mucho que ver con otras circunstancias del contexto: narcotráfico, paramilitarismo, minado de las bases sociales de la insurgencia. La ausencia de perspectivas para una sociedad distinta tras la ruptura de los diálogos del Caguán.

8. La población civil y todos los sectores vulnerables (minorías, desplazados, etc.) están absolutamente desprotegidos y son víctimas de ambas partes. La solución política supone prioritariamente proteger a todos los sectores vulnerables.

9. Problemática del Derecho interno en cuanto a la degradación del sistema judicial que está intervenido por la rama ejecutiva.

10. Se hace un llamado a encontrar, no la solución utópica, sino a cómo economizar el sufrimiento.
Por último, Estados Unidos ha insistido en que el Estado colombiano desconoce los Derechos Humanos sin embargo la Unión Europea está a punto de negociar un TLC.

La guerra interna impide ver y ello ha permitido al gobierno de Uribe adecuar el sistema económico a los requerimientos del neoliberalismo.

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Muy grave lo que pasa

Lázaro Vivero Paniza

Lo que venimos diciendo se hace realidad al escuchar las noticias de posibles atentados a colombianos, como los miembros de la familia Santos.

Jamás estaremos de acuerdo con estos actos que lo único que demuestran es la degradación del conflicto en nuestra tierra, no porque a unos u otros se les de la gana de hacerlo, sino como consecuencia de esta espiral de violencia en la que nos metieron.

Por ello se hace ahora más que nunca obligatorio buscar una solución civilizada al conflicto, al tema de los secuestrados, al tema de la pobreza, de las injusticias, la justicia, el congreso, los asesinatos, las masacres, los bombardeos, en fin, a todos y cada uno de ellos, que permiten que se levanten banderas para justificar la guerra.

Volvemos a repetirlo: no creemos que a través de la fuerza se logren los objetivos y no aceptamos que la iglesia, siga aplaudiendo las medidas de fuerza oficiales como solución.

No podemos hablar dos lenguajes aunque a nivel internacional se nos presente posiciones ideológicas que afirman que hay que ablandar a los guerrilleros para sentarlos a dialogar. No lo creo, no estoy de acuerdo y, por el contrario, esto está demostrado que lo que aumenta es la espiral de violencia con el agravante que se a degradado la guerra a extremos no pensados e inimaginables. Si esto sigue así no tendremos retorno a una confrontación armada que dejará más lamentos y muertes en nuestras vidas, sin que se solucione el problema real.

Los discursos agresivos, guerreristas, solo ayudaron a posicionarse del poder a unos en detrimento de la tranquilidad del país, porque si bien se ve la presencia de la fuerza pública, también los hechos de muertes de colombianos están en el orden del día. De lado y lado, porque no se respeta absolutamente nada. Cada uno a su manera justifica el accionar, pero sin brindar las posibilidades de un diálogo que abra la puerta a una solución negociada.

Por todo esto seguiremos viendo como las amenazas, los voleteos, las ofensas, los señalamientos, las injusticias, los bombardeos, los atentados, en fin, lo que se les ocurra con tal de demostrar el triunfo, se inventarán.

Seguimos pensando que hay que parar esto y que, el esfuerzo debería ser entre todos combatir las injusticias sociales, la falta de empleo de los jóvenes, lograr que el campo se recupere no para sembrar solo palma africana, sino convertir a Colombia en lo que es: un país agrícola como debe de ser.

Si lo que se dice es verdad, solo rechazo nos produce este accionar que en lugar de ayudar a buscar la construcción de la paz, termina llevándonos hacia el camino de la guerra en donde cada día serán peores las acciones y, el dolor de nuestros familiares, será aún mayor.

Solidaridad con Enrique Santos Calderón y su familia en estos momentos críticos de la patria, al igual que con los miles de colombianos de lado y lado, que han tenido que vivir en carne propia la angustia que produce la guerra.

Por todo esto es muy grave lo que pasa y, hacemos un llamado para que entre todos, paremos esta guerra que solo muerte y desolación deja en los hogares colombianos. No más agresión verbal ni material. Busquemos un espacio para dialogar.


lviveropaniza@hotmail.com


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domingo, 29 de marzo de 2009

LAS FARC ACEPTAN PROCESO DE ACUERDO HUMANITARIO



Colombianas y Colombianos por la Paz;Senadora PIEDAD CÓRDOBA


Bogotá.


Reciban el saludo cordial de las guerrilleras y guerrilleros de las FARC-EP.El diálogo epistolar sobre el problema de la guerra y la paz, reúne cada día a más y más colombianos, y suscita la adhesión de las más variadas organizaciones y personalidades del mundo, bajo la certeza del carácter político que reviste la confrontación.
Estamos seguros que la reciente liberación unilateral de seis prisioneros a instancias de su importante gestión, estimula el esfuerzo colectivo que busca la solución al inmenso drama que vive Colombia. Colombianas y Colombianos por la Paz está haciendo renacer la esperanza de un país que siente en lo profundo de su ser nacional que nuestro destino histórico no puede ser la guerra civil ni tampoco el sometimiento indefinido a un régimen corrupto e injusto, eminentemente militarista, guardián de intereses políticos y económicos de una minoría oligárquica y de una élite privilegiada, antidemocrática, excluyente socialmente, sorda a las angustias de las mayorías nacionales e insensible ante los reclamos y necesidades de la gente humilde. En las FARC-EP estamos convencidos que otra Colombia es posible y que se pueden forjar entre todos, alternativas políticas hacia la elaboración del proyecto de una nueva sociedad más equilibrada, incluyente y justa
.Quisiéramos reiterarles que estamos listos para el canje de prisioneros de guerra y en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable, privilegiando la libertad de los prisioneros en poder de las partes contendientes.Para nuestros voceros Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Fabián Ramírez reclamamos garantías efectivas, consignadas en protocolos acordados con nosotros, que definan condiciones de modo, tiempo y lugar, y publicitados con suficiente anticipación. Se hace necesario que además del acompañamiento de CPP también exista una veeduría de la comunidad internacional.


Estas exigencias no son un capricho. Ustedes y todo el país presenciaron las provocaciones y el riesgo real que rodearon y casi frustran la liberación unilateral de los cuatro uniformados, de Alan Jara y Sigifredo López que nos releva de referirles innumerables situaciones anteriores de idéntica factura y concepción.


En su misiva nos piden regresar al tema de las retenciones económicas, sobre el que ya les reflexionamos anteriormente con toda franqueza. Sucede que el gobierno, en aras de su lucha contrainsurgente, impulsa una matriz de opinión artificial y mentirosa en busca de un efecto en la población, deliberadamente falaz y manipulador.Las cifras oficiales insisten, a través de una campaña machacona, que las FARC tendrían en su poder a más de 3.800 retenidos por razones económicas. Hemos consultado con todas nuestras estructuras político-militares desplegadas en el territorio nacional y podemos informar, que a la fecha, bajo responsabilidad de las FARC-EP, solo existen 9 retenidos por concepto de la ley 002.El militarismo a ultranza y la desinformación que distingue a este gobierno ha intoxicado con su reconocida perfidia el asunto. Recordamos que en la carta anterior enumeramos el universo de los actores que en Colombia, practican esta modalidad.


Queremos insistirles en la importancia de mantener vigente la bandera de libertad para los presos políticos, la mayoría de ellos víctimas de montajes no ajenos a la estrategia gubernamental de disuasión a cualquier intento de proyecto de alternativa y opción política, así como también a no dejar apagar la lucha sobre esos crímenes oficiales y sistemáticos publicitados como "falsos positivos", las desapariciones forzadas y los desplazamientos que hoy estremecen a la opinión mundial.Estamos analizando las propuestas de la senadora Piedad Córdoba encaminadas a dinamizar el camino hacia la paz con justicia social, y en este marco anunciamos el compromiso de enviar, cuando tengamos condiciones propicias, pruebas de supervivencia de los 20 militares y policías prisioneros, a sus familiares.En atención a esa misma solicitud, los restos del mayor Guevara serán entregados a su madre en fecha y lugar que indicaremos más adelante cuando la situación de orden público lo permita, a la vez que elevamos la solicitud a Colombianas y Colombianos por la Paz a exigir del gobierno nacional la entrega de los cadáveres de los comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos a sus familiares.De ustedes, atentamente:


Secretariado del Estado Mayor Central, FARC-EPMontañas de Colombia, marzo 28 de 2009(subrayas de Colombia Plural)



viernes, 27 de marzo de 2009

GOBIERNU DEL PRINCIPÁU D’ASTURIES CONSEYERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

Axencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollu

INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DE LA AXENCIA ASTURIANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLU DEL GOBIERNO DEL PRINCIPÁU D´ASTURIES, RAFAEL PALACIOS, EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL: “COLOMBIA: CONFLICTO Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO”

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

GETAFE – MADRID 25 A 27 DE MARZO DE 2009

Buenas tardes a todos y a todas:

Quiero transmitirles un afectuoso saludo del Gobierno del Principado de Asturias y nuestro sincero agradecimiento por invitarnos a participar en la inauguración de este Seminario Internacional.

En Colombia existe un conflicto político, social y armado, que enfrenta en el plano militar al Estado y a las organizaciones insurgentes, teniendo estas últimas un carácter político, abiertamente reconocido hasta hace muy poco tiempo, por la llamada comunidad internacional y por el propio Estado colombiano.

El conflicto no ha cambiado sustancialmente. Las causas de este conflicto iniciado hace décadas son diversas, fundamentalmente la desigualdad y la injusticia social, que ha supuesto el despojo de tierras de los campesinos, sumado al papel de las multinacionales y a la eliminación física de los adversarios políticos y sociales.

Su prolongación en el tiempo ha permitido la presencia de otros factores como el narcotráfico y se ha visto agravado por el paramilitarismo auspiciado por el propio Estado. En este agravamiento hay que reconocer la responsabilidad y el papel lamentable de los Estados Unidos.

El conflicto ha sufrido una progresiva degradación: desplazamientos de población, secuestros, torturas, ejecuciones extrajudiciales, uso de minas antipersonas, bombardeos indiscriminados sobre población civil, masacres, desapariciones, criminalización de movimientos y activistas sociales,…

Desde la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias, consideramos urgente e indispensable humanizar el conflicto. Para ello, el primer paso es que de forma inmediata se produzca el intercambio humanitario. Ningún acto violento por parte de los actores enfrentados debe ser un obstáculo ni justificación para dilatar e impedir su realización.

Rechazamos cualquier tipo de acción militar que ponga en peligro la vida de las personas privadas de libertad.
Desde la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias, hacemos un llamamiento a las partes a que den los pasos necesarios para posibilitar el intercambio humanitario que también puede abrir la puerta para acuerdos humanitarios más amplios que tengan como base el respeto integral al Derecho Internacional Humanitario.

La llamada comunidad internacional y los Gobiernos europeos en particular, deben implicarse en el acompañamiento coherente en la búsqueda de la humanización del conflicto y de la solución política al mismo, y no intervenir bajo ningún concepto en alimentar la espiral de violencia que supondría un mayor sufrimiento de la población.

Les pongo un ejemplo de lo que no se debe hacer. Mientras aquí en Madrid, personas colombianas y europeas, nos reunimos con el objetivo de buscar salidas negociadas a la guerra en Colombia, un expresidente español llega a Colombia y se declara partidario de continuar la guerra a cualquier precio. Así lo expreso en El Tiempo, único diario colombiano propiedad mayoritaria de la editorial española Planeta.

Está claro, que este expresidente español tiene como objetivo impulsar guerras en las que él no va a luchar, como hizo con la guerra de Iraq, guerras en las que no van a morir sus familiares, amigos o compañeros, como ocurre en el campo de batalla de la guerra colombiana, donde hace casi 50 años la mayoría de los muertos los pone la población civil.
Este expresidente, además, viaja para atizar la confrontación entre pueblos hermanos, como es el caso de Colombia y Venezuela.

Este es un ejemplo evidente del camino que no debemos recorrer si queremos una paz con justicia social en Colombia.
No hay una solución militar para este conflicto. Es necesaria una salida política dialogada y negociada, que propicie la superación de las causas estructurales del conflicto y el establecimiento de un nuevo orden social.

La búsqueda de una salida política negociada al conflicto social y armado colombiano es un propósito de amplios sectores sociales y políticos dentro y fuera del país. Sin embargo, por las propias dinámicas del conflicto y, sobre todo, por los intereses en juego no ha sido posible.

No se puede negar la existencia del conflicto y sus causas estructurales, ni se puede apostar por una salida militar.
Después de años de aplicación y ejecución de Planes Colombia y de Planes Patriota, los grupos guerrilleros no han sido derrotados.

Los movimientos sociales y la sociedad civil colombiana, que siguen expresándose valientemente, vienen pagando un enorme precio en vida, pobreza, injusticia social y recorte de libertades básicas y se han convertido en objetivo prioritario de la represión oficial y paramilitar.

El Estado colombiano pierde su legitimidad al desatender la inversión social, destinando ingentes recursos al aparato militar y represivo, deteniendo masivamente a militantes y dirigentes de organizaciones sociales y ONGD, asumiendo la ejecución extrajudicial de civiles por la policía y el ejército, imponiendo castigos económicos a los sectores sociales más pobres para financiar la guerra, confinando a Comunidades Indígenas y Campesinas y, sobre todo, aceptando el copamiento y control de los poderes públicos por parte de los grupos narcoparamilitares, que no sólo no se han desmovilizado sino que consiguieron la legalización de gran parte de las tierras que robaron con violencia a los campesinos e indígenas, a través de la llamada Ley de Justicia y Paz, que no trajo ni la justicia, ni la paz, ni la verdad, ni la reparación.

El Estado colombiano se encuentra debilitado, inmerso en continuos casos de corrupción, sometido a un desgaste que podría ser aprovechado para explorar caminos de solución política, en una situación en la que el crecimiento de la izquierda civil resta razones a la lucha armada y ha perdido toda credibilidad el supuesto consenso social en torno a las propuestas represivas del Gobierno colombiano.

Cada vez es mayor el respaldo social y político favorable a una salida negociada, en contraposición al discurso de guerra y violencia.

Es un buen momento. Es un momento crucial para emprender caminos que nos acerquen a una solución política negociada.
Estos caminos necesitan el máximo apoyo y solidaridad en Europa, donde muchos Gobiernos de la UE apoyan iniciativas como la injusta Ley de Justicia y Paz, venden armamento al Estado colombiano y protegen por encima de los derechos humanos los intereses de grandes empresas multinacionales. Pero donde también hay Gobiernos y movimientos sociales de solidaridad con el pueblo colombiano que rechazamos los terribles costos humanos y ambientales de la guerra en Colombia.

Por todo esto, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias apoyará todos los esfuerzos que se hagan para encontrar la paz con justicia social en Colombia y contribuirá a crear espacios de diálogo y debate para encontrar una salida negociada al largo conflicto político, económico, social y armado que vive el Pueblo colombiano.

Salud y muchas gracias.


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Piedad Córdoba pide a Argentina apoyo en "inminente" proceso humanitario


"He venido a pedir que estén muy pendientes y apoyen el proceso de intercambio humanitario con las FARC porque definitivamente tienen mucho que ver con el futuro de la paz en Colombia", dijo Córdoba

Buenos Aires, 26 Marzo de 2009, (EFE).- La senadora colombiana Piedad Córdoba solicitó hoy "apoyo" al Gobierno de Argentina en el "inminente" proceso de negociación entre el Ejecutivo de Colombia y la guerrilla de las FARC. Córdoba dialogó hoy en Buenos Aires por cerca de una hora sobre este tema con el canciller argentino, Jorge Taiana, y tiene previsto solicitar colaboración para un nuevo proceso humanitario cuando se reúna esta noche con la presidenta argentina, Cristina Fernández.

"He venido a pedir que estén muy pendientes y apoyen el proceso de intercambio humanitario con las FARC porque definitivamente tienen mucho que ver con el futuro de la paz en Colombia", dijo Córdoba al concluir su encuentro con Taiana.
La senadora, que ha sido mediadora junto al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para la liberación de secuestrados por las FARC, dijo que le agradece al Gobierno argentino "porque estuvo muy pendiente del proceso anterior".

Señaló que "más adelante seguramente se va a necesitar del apoyo de la presidenta argentina para un proceso que se viene y que no va a ser nada fácil".
Córdoba confirmó a Efe que será el comandante Pablo Catatumbo (Jorge Torres Victoria) quien actúe como portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ante el Gobierno de Colombia en la nueva negociación.

En este sentido, dijo que las FARC están por enviar una carta al Gobierno colombiano en la que oficializarán una propuesta de intercambio humanitario entre los presos políticos de esas fuerzas revolucionarias y 22 rehenes que mantiene en su poder la guerrilla.

"El anuncio de cómo van a ser las condiciones (de la negociación) es inminente", dijo la senadora, quien añadió que "cuán rápida sea la negociación va a depender fundamentalmente del Gobierno colombiano".

Córdoba señaló que una vez que se defina el espacio territorial de la reunión negociadora, Catatumbo acudirá a la cita acompañado de otros dos miembros de las FARC.

La senadora colombiana participará este viernes en Buenos Aires de un seminario sobre cuestiones de género organizado por la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. EFE.

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miércoles, 25 de marzo de 2009

“Carretazo” uribista


*Carlos A. Lozano Guillén


VOZ, edición 2482 del 25 de marzo de 2009.


El director del Dane, anunció la semana pasada, en la más descarada intervención a favor de la reelección uribista, que en los últimos seis años la pobreza disminuyó en Colombia en más de 10 puntos. Uribe Vélez la recibió en más del 60 por ciento, pero seis años después, según la alegre cifra de la estadística oficial, está por debajo del 50 por ciento. Así fue difundido por los grandes medios de comunicación sin ningún examen crítico a semejante diagnóstico que contrasta con la realidad colombiana en campos y ciudades. El Gobierno Nacional está en campaña reeleccionista, llevándose por delante la ley, como suele ser su costumbre. Con razón el anunció lo hizo el director del DANE nervioso e inseguro, según lo reflejaron las cámaras de los noticieros.

Nada que ver con la realidad. En estos últimos seis años de baja inversión social aumentaron los cinturones de miseria en las grandes y medianas ciudades, al tiempo que del campo el desplazamiento por razones del conflicto y de la violencia se incrementó de forma considerable, mientras el gasto de guerra se lleva más del 30 por ciento del Presupuesto Nacional y en suma, con la “ayuda” gringa del Plan Colombia y adicionales, es casi el 6 por ciento del PIB. Así lo muestran, a pesar de lo recortadas, las cifras oficiales. ¿De dónde salen, entonces las alegres cuentas del DANE?

Sin embargo, 72 horas después de la sensacional revelación de la magia uribista, el mismo Departamento Nacional de Estadística estableció que en el primer mes del año la producción nacional cayó en 10.7 por ciento, mientras que en los últimos doce meses la misma se contrajo en 4.8 por ciento. El empleo en esta actividad económica bajó 6 por ciento. Todo lo contrario de lo que dice la “Casa de Nari”, que a pesar de la crisis económica mundial del capitalismo, se jacta de que aquí el sistema está blindado “gracias a la seguridad democrática”. Un verdadero “carretazo” increíble.

Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Hacienda, según el diario El Espectador (Viernes 20 de marzo de 2009, pág. 7) dice que “este resultado confirma lo que ya se venía viendo: una profunda crisis en el sector manufacturero y esto solamente es un preludio de que nuestro crecimiento va a ser supremamente pobre este 2009”. Según Restrepo, con lo cual coinciden otros economistas, el crecimiento de este año será de uno por ciento o máximo 1.5 por ciento. Con graves consecuencias sobre la economía, en particular el empleo. Lo peor es que pese a todas las alarmas el Gobierno se niega a adoptar medidas serias. Aún los amigos del Gobierno exigen medidas eficaces para enfrentar la crisis, pero la política oficial flota sobre las babas uribistas.

carloslozanogui@etb.net.co

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“Aguilas Negras”


¡Qué las hay las hay!

*En Bogotá patrullan las calles, inclusive del centro, le piden identificación a los jóvenes y amedrentan a los ciudadanos. Aún así, el general Palomino insiste en que no existen

*Hernando López

VOZ, edición 2482 del 25 de marzo de 2009.


Las “Aguilas Negras”, paramilitares reciclados de las antiguas “AUC”, las mismas de la “parapolítica” y de los nexos con la “Casa de Nari”, son como fantasmas, porque el Gobierno Nacional niega su existencia, pero que las hay, las hay, como dice el refranero popular.

En todo el país, en universidades y ciudades grandes, medianas y pequeñas, abundan las denuncias de panfletos y anónimos en que amenazan a dirigentes y activistas populares. No se escapan los sindicatos y las ONG de derechos humanos. Mientras algunas autoridades niegan la existencia de estos grupos paramilitares, otras dicen que están investigando. En los últimos días, ante hechos innegables de exterminio social y de “limpieza” de indigentes, prostitutas y viciosos en varias ciudades, el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, se vio forzado a reconocer que es una situación preocupante y que sus hombres están investigando. Hasta la presente no hay una sola captura y tampoco se han ofrecido recompensas como si ocurre en otros casos. Es como si no fuera un asunto importante y la presencia amenazante de estos criminales, que ya cometieron asesinatos en varias regiones, fuera un problema de poca monta. Las universidades públicas, aunque unas pocas privadas también, han sido el centro de las amenazas mediante correos electrónicos y avisos públicos, que poco despiertan el interés de las autoridades. En los últimos días las universidades de Antioquia, Córdoba y Guajira fueron el escenario de crímenes de estudiantes. Pero para el presidente Uribe Vélez las “Aguilas Negras” no existen, así como para los mandos militares y de Policía.

Prolongación de las “AUC”

Actúan con distintos nombres como “Los Rastrojos” y las Autodefensas Gaitanistas” y están al servicio de los paramilitares, como prolongación de las “AUC”, y de las bandas de narcotraficantes con evidentes nexos con los capos extraditados y los que están detenidos a la sombra de la ley de justicia y paz. No son “bandas emergentes” como las llaman con toda tranquilidad y bondad el Gobierno Nacional, la Oficina de la OEA y la Comisión de Rehabilitación y Desmovilización Nacional, sino verdaderas ramificaciones de las “AUC”, que ocupan su mismo espacio y la misma logística nunca desvertebrada.

Pero lo más sorprendente, según lo conoció este semanario por declaraciones de líderes comunitarios, es que ya se encuentran en Bogotá, no sólo amenazando a diestra y siniestra a dirigentes estudiantiles, como en las universidades Nacional, Distrital y Pedagógica, según denuncias públicas conocidas, sino también patrullando las calles de la capital, sí las calles de la capital, como si fueran la autoridad de policía, una empresa de vigilancia o una cooperativa Convivir de esas que ayudó a crear Uribe Vélez como gobernador de Antioquia.

En las calles de Bogotá

Carlos, un conocido trabajador del barrio Santa Isabel, el miércoles 18 de marzo pasado, a la una y treinta de la mañana, fue despertado por los ladridos de su perro. Al asomarse a la ventana, temiendo que fueran ladrones, vio a tres personas, vestidos de negro, con bota militar y con el rostro cubierto con bufandas oscuras, acompañados de un perro negro, recorriendo la calle en actitud de vigilancia. Ni siquiera se ocultaron cuando pasó por la avenida 27 el carro recolector de basura. “Estoy seguro que iban armados”. El barrio Santa Isabel, en la localidad “Los Mártires”, está apenas a diez minutos en autobús de la “Casa de Nari” o de la céntrica Plaza de Bolívar.

Jairo, un joven de 19 años, fue detenido el sábado 14 de marzo, en horas de la noche, frente al edificio de Avianca, calle 16 con carrera séptima, a veinte metro del Parque Santander y cien metros del edificio del Banco de la República. “Fueron dos hombres, uniformados de negro, con bufandas y bota militar, que no se identificaron, pero me revisaron mis papeles y me requisaron”, dice Jairo. ¡Increíble! Esto sucedió en pleno centro de Bogotá en la tradicional carrera séptima.
José, otro muchacho del barrio Nuevo Chile al sur de la capital en la localidad de Bosa, fue testigo de situación similar. “Fue la semana pasada, iba con Marinita y Rubiela, que se asustaron y una de ellas fue golpeada por el guachimán”, asegura. Al “guachimán” lo describe de manera igual: vestido de negro, con bota militar y bufanda oscura que le tapa el rostro.

En ningún caso le vieron una identificación especial en la ropa ni se identificaron como “Águilas Negras” o “grupo emergente” como les dice de forma tan amable el Gobierno, pero en todos los casos, incluyendo situaciones idénticas en el barrio Santa Fé, Ciudad Bolívar, Suba y otros barrios de Bosa y Los Mártires, conocidas por este semanario y relatadas por jóvenes y habitantes de los mismos, el modus operandi es igual: hombres de uniforme negro, con bota militar, bufanda oscura que le tapa la cara, armados de “bolillo” o en algunos caso de armas corta o larga. Intimidan sobre todo a los jóvenes, calificándolos de “guerrillos”, “miliciano”, “vicioso” o ladrón. A las mujeres de putas y “areperas”. Es el mismo lenguaje. Igual procedimiento.

Pero para el Gobierno Nacional no existen, aunque también hacen de las suyas, por denuncias conocidas por este periodista, en Barrancabermeja, Bucaramanga, Ibagué, Pereira y otras capitales. En Neiva aparecieron, “como por arte de magia”, después que Uribe Vélez ordenó militarizar los barrios populares de la capital del Huila.

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Carta a Caracol

Bogotá D.C. 23 de marzo de 2009

Periodista
Amparo Pérez
Defensora del Televidente
Caracol Televisión

Apreciada Amparo:

En el Noticiero de Caracol del viernes 20 de marzo pasado al mediodía, se presentó una nota crítica sobre el mal estado de unas calles en el barrio Santa Isabel, localidad de Los Mártires en el Distrito Capital, con el titular “sensacional” de que la destrucción de las calles en un sector del sur de Bogotá contrasta con la del frente de la casa de un dirigente de izquierda, que ha sido pavimentada dos veces. No se sabe bien si la nota persigue denunciar la destrucción de la malla vial en el sector del barrio Santa Isabel, que es una realidad de Bogotá, nefasta herencia que recibió el alcalde Samuel Moreno Rojas de sus antecesores o criticar de que en una calle que pavimentaron y que beneficia a varias familias (por lo menos diez residencias) vive un dirigente de izquierda que resultó ser el Director del periódico VOZ.

La periodista habló conmigo y hasta me concedió la razón cuando le dije que para mí el problema es demandar la reparación de la malla vial en todas las calles de mi barrio y en ello soy solidario con mis vecinos, porque en ningún momento hubo “tráfico de influencias” o algo parecido para la pavimentación una vez, con un arreglo posterior para reforzar la capa de pavimento unos meses después. Por lo demás porque no es la única calle pavimentada en el barrio como se lo demostré a la periodista. Pero ella prefirió con el sesgo de la nota, hurgar en el enfrentamiento entre vecinos, en un país de tantas polarizaciones y de una campaña abierta para desprestigiar al alcalde Samuel Moreno Rojas y a la administración del PDA.

Mi declaración fue editada de manera perversa, hasta el punto que resultó casi que dándole la razón a los que se quejan de que la calle al frente de mi casa fue pavimentada para favorecerme por ser de izquierda. Inclusive, se lo advertí a la periodista, hay mala fe en uno de los señores entrevistados y que hace la “denuncia” de que Carlos Lozano fue favorecido, porque vive justo al frente de mi residencia y por ende es favorecido también con la pavimentación. Eso lo pudo constatar la periodista porque las entrevistas de él y la mía las hizo entre las dos casas en la mitad de la calle.

También me molestó que en el mismo noticiero y como tomas de apoyo difundieron imágenes hechas sin mi consentimiento, distintas a las grabadas en la entrevista, en que queda registrada públicamente mi residencia y mi esquema de seguridad, lo cual es realmente peligroso por el nivel de vulnerabilidad que pesa sobre mí. Así me lo advirtieron los agentes de policía y del DAS que vigilan de manera permanente mi residencia y que me acompañan en mis desplazamientos. Algo irresponsable y peligroso y de lo cual no fui consultado.

El resultado de semejante nota, que incita al enfrentamiento entre vecinos ya está a la vista. El señor que hizo la “denuncia” y que vive al frente de mi casa y con el que nunca he tenido ningún problema ni enfrentamiento personal, está recogiendo firmas para exigir que me mude de residencia debido al peligro que entraña que un atentado en contra mía los ponga en peligro también a ellos.

Mí estimada Amparo: Desde mi punto de vista no es el periodismo que debe hacerse.

Cordial saludo,


Carlos A. Lozano Guillén
carloslozanogui@etb.net.co
Teléfonos 2321461 – 2328220
Celular 313 2635378


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lunes, 23 de marzo de 2009

La liberación de 'Karina' y 'Olivo', oscura maniobra


El Tiempo
Me parece muy grave lo que revelaron, en la grabación del programa Veredicto, de Canal Capital, que se emitirá este domingo, los desmovilizados de las Farc Felipe Salazar y Álvaro Agudelo. Dejaron ver que la liberación de 'Karina' y de 'Olivo Saldaña' obedecía a un plan del gobierno del presidente Uribe para acabar con el Movimiento de Colombianos por la Paz, que lidera Piedad Córdoba.

Cuando se produjo la noticia de la liberación de estos dos ex guerrilleros por decisión presidencial y se dijo que tenían la misión de ser gestores de paz, saqué la conclusión de que se trataba de colocar en el escenario público a dos desertores para que llamaran a la deserción de sus antiguos compañeros de armas.

Tenían para mostrar que el presidente Uribe estaba dispuesto a saltar por encima de la justicia concediendo por mano propia grandes beneficios jurídicos y recompensas económicas cuantiosas a personas acusadas de crímenes de lesa humanidad con tal de que los beneficiados se dedicaran a atacar y a debilitar a la guerrilla.

No veía allí ningún acto de reconciliación y de paz; al contrario, era claro que se trataba de una acción de guerra, pero pensé que esto tenía cierta lógica en medio de la aguda degradación de nuestro conflicto armado. La guerrilla también llama de cuando en cuando a la deserción de los soldados del Ejército y no desperdiciaría la oportunidad de que algún miembro de la Fuerza Pública se colocara abiertamente en contra de su propia institución.

Pero me quedé de una sola pieza cuando les oí a los dos desmovilizados que, además de buscar la deserción de guerrilleros, pretendían comprometer a Piedad Córdoba y a otros miembros de Colombianos por la Paz con un plan de las Farc orientado a la constitución de un nuevo gobierno.

Acudiendo a su pasado de miembros de las Farc, pretenden hacerle creer al país que la lucha de Piedad y sus compañeros por el intercambio humanitario y por la paz no es más que un sofisticado plan concertado con la guerrilla para engañar a la nación.

Felipe Salazar y Álvaro Agudelo, al igual que 'Olivo Saldaña', pertenecen al movimiento Manos por la Paz, que orienta mi amiga Liduine Zumpolle, una holandesa con una gran vocación humanitaria que ha desarrollado una dura batalla contra el secuestro.

Le he oído decir siempre a Liduine que esta organización tiene el propósito de integrar a la sociedad a cientos de presos de las Farc, buscar que estas personas renuncien a la acción armada definitivamente y se comprometan a buscar la reconciliación. A cambio de ello, Manos por la Paz buscaría su libertad o su inclusión en la Ley de Justicia y Paz.

Esos objetivos me parecen sensatos y nobles y no tengo la menor duda en apoyarlos. Para mi sorpresa, no fue eso lo que escuché en las intervenciones de los participantes del programa televisivo que dirigen Daniel Coronell y Néstor Morales. Allí se hacía un énfasis especial en la confrontación con las Farc y se planteaba que su propósito era servir de ariete en contra de Colombianos por la Paz.

Seguramente Liduine no está de acuerdo con este giro de la organización que dirige y menos que se mezcle su trabajo con el que debe desarrollar 'Karina' en los próximos meses y no me cabe la menor duda de que ello se aclarará en los días que vienen.

Pero el presidente Uribe debería reflexionar sobre los métodos y procedimientos que utiliza para combatir a la guerrilla y también para disputar con sus contradictores políticos. No puede ser que para cerrarle el paso al intercambio humanitario y para debilitar a las Farc se disponga a echar por la borda principios elementales de justicia, al dar al traste con el trabajo paciente que ha realizado la señora Zumpolle y a urdir una maniobra de tan baja condición para golpear a Piedad Córdoba.

lvalencia@nuevoarcoiris.org.co
León Valencia

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viernes, 20 de marzo de 2009

Señalamientos políticos o judiciales



Lázaro Vivero Paniza


Hace casi un año cuando escuché por los medios que se me señalaba de tener nexos con las FARC y que, mi nombre, aparecía en el computador de “Raúl Reyes”.

No era de extrañar porque entre otras, había estado casi cuatro años en la zona de distensión ayudando al gobierno del presidente ANDRÉS PASTRANA ARANGO y posteriormente, actué para buscar que el gobierno del presidente ALVARO URIBE VÉLEZ y las Farc-ep, pudieran encontrarse para buscar una solución a través del verbo y no de la guerra.

Me sorprendí por el despliegue que de ello hicieron y me permitieron sentir en carne propia, la posibilidad de que como en la época de la inquisición, fuera conducido a la hoguera y quemado vivo, gracias a las palabras y el tono del fiscal general MARIO IGUARAN ARANA.

Aseveré en todos los medios que me sorprendía en parte, pero que estaba a disposición de la fiscalía para lo que a bien determinaran para poder así, hacer claridad sobre mi proceder.

También me pronuncié en el sentido que ojala este fuera un proceso judicial y no político, ya que si era esto último, se podía esperar cualquier cosa.

Déjenme decirles que el propósito era ese y bien que lo lograron. Cargar con el señalamiento no ha sido nada fácil y el daño, no solo económico sino moral, es algo que nadie debería experimentar. La pregunta de los amigos siempre es la misma: ¿qué pasó con lo tuyo? La respuesta: no puede haber nada.

Ahora después de soportar durante este año los señalamientos sin que me haya llamado la fiscalía, aparece nuevamente el ministro JUAN MANUEL SANTOS diciendo que deberíamos estar presos y que, las cárceles de Colombia están llenas de gentes por motivos menores. Que mala referencia.

Que miedo lo que sucede en el país.

Quieren hacer que la justicia actúe como ellos digan. Es otra manera de hacer “falsos positivos”, pero utilizando la justicia para ello.

Permítanme decirle al señor Santos que no soy guerrillero, ni terrorista y que con mi moral, honra y decencia no siga jugando para hacer campaña politiquera.

Que ojala no terminen como siempre hacen en estos casos, presentando falsos testigos que entre otras, siempre son comprados para empañar el buen nombre, porque lo único cierto hasta el momento es que de los computadores supuestamente del guerrillero en mención, no existe correo electrónico alguno entre el y mi persona.

Solo tristeza produce que se siga manejando así esta mal llamada democracia y que estos personajes, busquen silenciar no solo a través de la Ley sino con señalamientos públicos irresponsables que ponen en juego nuestra integridad, a aquellos que todavía nos atrevemos a presentar ante la opinión nacional nuestro pensamiento sobre los temas álgidos del país. Me considero de esa generación que sí estamos equivocados lo reconocemos, pero si creemos tener la razón la defendemos y por ello, seguiré diciendo lo que pienso puede ser benéfico para la consecución y construcción de una verdadera paz en Colombia, además de insistir en la recuperación sanos y salvos de los cientos de secuestrados olvidados por este gobierno.

Estos señalamientos son otros “falsos positivos”, pero esta vez tratando de enredar y presionar a la rama judicial con engaños y así, hacer creer que todo lo controlan.

En otros tiempos esto era catalogado como: dictadura y hoy, como democracia ejemplar.

lviveropaniza@hotmail.com



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miércoles, 18 de marzo de 2009

Caín de América



Columna Mirador, SemanarioVOZ

Edición 2483 del 18 de marzo de 2009

*Carlos A. Lozano Guillén

Como mosco en leche fue la presencia de Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de Colombia, en la primera reunión del Consejo de Seguridad de América del Sur (CDS), en Santiago de Chile, con la cual se inauguró, con la presencia de doce ministros de defensa del subcontinente, este importante organismo suramericano que excluye al gobierno de los Estados Unidos y cuya concreción se hizo al margen también de su opinión y aceptación.

Al gobierno colombiano no le quedó otra alternativa que participar en el CDS, aunque no comparte con plenitud su filosofía y su autonomía frente a Washington, porque de lo contrario hubiera quedado aislado y convertido en el simple peón del imperio en sus planes hegemónicos en la región, cuya mayoría de gobiernos actúan con plena independencia y en defensa de la soberanía nacional. Todo lo contrario del gobierno de Uribe Vélez al que algunos consideran el Caín de América por su nivel de dependencia y sometimiento al dictado yanqui.

La reunión de la semana pasada fue muy inoportuna para el Gobierno de Colombia, en particular para Juan Manuel Santos su delegado, porque el flamante ministro recibió críticas de los gobiernos de Ecuador y Venezuela por la doctrina de la “legítima defensa” que les permitiría intervenir a los militares colombianos más allá de sus fronteras para atacar a las guerrillas en otro país. La típica doctrina Bush, repudiada en todas las latitudes, hasta por el nuevo presidente norteamericano Barack Obama. En contraste, Santos tuvo que tragarse el sapo en la declaración final del primer encuentro del CDS de que debe respetarse la soberanía nacional de cada país y que ningún argumento justifica el intervencionismo y la violación territorial vecina. Para atenuar el golpe político y diplomático a la política reaccionaria de Uribe Vélez, la “gran prensa” decidió decir que de todas maneras se condenó al terrorismo como si ello no fuera un propósito de América Latina en el momento actual, incluyendo el terrorismo de Estado agenciado por Bush en el pasado y representado en América del Sur por la “seguridad democrática” uribista.

Para algunos analistas –con bastante razón- el CDS es un golpe mortal a la doctrina Monroe y a la herencia fatídica de la guerra fría del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) liderado por Washington. Hoy priman otros valores y conceptos, que no son los de la “seguridad democrática” por cuya extraterritorialidad abogan Uribe y Santos a la manera de Bush ya en ostracismo. Como siempre, estos dictadorzuelos de poca monta siempre están en la retranca. Aunque deben explicaciones al CDS porque facilitar el territorio colombiano para las labores de espionaje de Estados Unidos es contravenir la razón de ser del nuevo organismo.

carloslozanogui@etb.net.co

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Tercer período de Uribe no es inevitable




Editorial
Voz edición 2483

Con el comienzo del período ordinario de sesiones de las dos cámaras legislativas se podría decir que termina la segunda presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Todo indica, que el mandatario se dedicará de lleno al referendo reeleccionista y a su campaña presidencial por la segunda reelección y el tercer período presidencial. “La seguridad democrática” se manifestará como nunca en planes de guerra, adelantados por las mentes calenturientas y militaristas, mientras Uribe se dedica a su campaña de aspiración personal.

El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, anunció que se dedicará sin reato alguno a la aprobación del referendo sin excluir la posibilidad de que en el acto legislativo de la reelección de alcaldes y gobernadores se le cuelgue el “articulito” de la segunda reelección.

Entre tanto, el presidente Uribe Vélez, desde la “Casa de Nari”, mueve sus alfiles. Luis Carlos Restrepo, Juan Lozano, Uribito y el lentejo Rodrigo Rivera, se lanzan a la campaña por remozar el Congreso uribista, desprestigiado por la “parapolítica” y la corrupción. La misión de Restrepo, Lozano, Uribito y Rivera es asumir como portavoces del Mesías, porque los actuales partidos están deshonrados y divididos. La misión es unir al uribismo y dividir aquellos partidos que tengan duda sobre la reelección como ocurrió con Cambio Radical. Germán Vargas Lleras tuvo que doblegarse y renunciar, por lo menos por ahora, a sus aspiraciones, para asegurar el control de su partido. Quedó unido con babas después de la reunión de Cartagena el fin de la semana pasada.

Hay bastantes ambiciones de por medio, aún de figuras dentro del Gobierno como Juan Manuel Santos, quien no da puntada sin dedal para asegurar para sí la candidatura uribista. El partido de la U no ha podido conseguir presidente, después del descalabro de las cuentas del referendo, además de los diversos intereses, casi irreconciliables, entre sus principales representantes. Convergencia Democrática trata de sobrevivir, reducida su mínima expresión, lanzando anzuelos para conseguir aliados a la derecha.

Mientras todo el mundo le reclama a Uribe Vélez medidas drásticas para contrarrestar la crisis económica y social, éste hace caso omiso porque su principal atención está en el referendo y la reelección. No hay otro tema que le llame la atención.

Pero el triunfo de Uribe no es inevitable, como tampoco el uribismo de capa caída por la corrupción, la incompetencia y la indignidad frente al imperio. No hay soluciones sociales a los acuciantes problemas de la población, mientras la guerra se prolonga con toda la degradación y la barbarie, en medio de “falsos positivos”, guerra sucia y persistente violación de los derechos humanos.

El camino es la unidad de la izquierda. Fortalecer el Polo Democrático Alternativo después del exitoso Segundo Congreso Nacional. Unir a los antirreleccionistas en el frente contra el referendo, en el entendido que si éste se aprueba no es la debacle porque pocas posibilidades tiene Uribe de lograr la votación participativa que se requiere. Los factores económicos y sociales deben unir a los trabajadores en la lucha común y en la resistencia de masas. Este año es dinámico y de movilización en medio del debate de ideas contra el reformismo pequeñoburgués y la derecha reaccionaria que busca prolongarse en el Gobierno, gracias a la debilidad de los timoratos y los pusilánimes.

¡Sí se puede! Acaba de lograrlo el pueblo salvadoreño con el FMLN a la cabeza. ¡Aquí es posible con el PDA y con el respaldo de otras fuerzas políticas y sociales que no sienten temor por los cambios de fondo en la vida nacional!


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martes, 17 de marzo de 2009

Olof Palme y las mentiras de una periodista española en Colombia



En dos mil caracteres

Olof Palme y las mentiras de una periodista española en Colombia

Pascual Serrano Rebelión


Es impresionante la capacidad que tienen algunos columnistas para mentir y manipular la historia. La corresponsal del diario español El Mundo y columnista del colombiano El Tiempo, Salud Hernández-Mora, escribía un artículo de opinión en este último periódico el pasado 8 de marzo con el título Los santuarios europeos. Ahí embiste contra los países nórdicos a los que acusa de apoyar a las guerrillas y afirma:

Hace unas tres décadas, el entonces primer ministro sueco, Olof Palme, se paseaba por las calles de Estocolmo con una hucha pidiendo dinero para la Eta. Para él, millones de españoles, que repudiaban el terrorismo, eran unas bestias, y el puñado de terroristas, unos santos.

A lo que se refiere Salud Hernández-Mora es a que en septiembre de 1975, tras la ejecución en España por el franquismo de cinco militantes del FRAP y de ETA, el congreso de los socialdemócratas suecos se tomó un receso para salir a la calle, efectivamente hucha en mano, para, en palabras del propio Olof Palme, “iniciar una cuestación en apoyo a la democracia en España y en solidaridad con el PSOE. La prensa franquista dijo que reunía dinero para los terroristas. Pero a mí no me preocupó esta versión”. Ahora, más de treinta años después, la mentirosa versión de la prensa franquista sigue diligentemente difundida por esta periodista, por cierto española por lo que bien conoce -o quizás en su caso añora-, el franquismo. Para ella todo vale, desde insultar la memoria de Olof Palme hasta justificar los fusilamientos franquistas. Un ejemplo claro de cómo informará de la realidad colombiana.

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Declaración de la Corporación REDVIVIR en torno a la columna de opinión de Salud Hernández-Mora en El Tiempo


En el diario El Tiempo del domingo 15 de marzo se publicó una columna por parte de la periodista Salud Hernández quien hace graves acusaciones en contra de la Corporación porque supuestamente uno de sus directivos se iba a apropiar de los recursos de un proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla, España. En la nota se denuncia que en la vereda de Brasil en el municipio de Herveo, Departamento del Tolima, nadie conoce de Redvivir lo que llevó a asumir el supuesto delito.
Ante esta situación la Corporación se permite informar:

1. El proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla no tiene como sitio de realización el lugar mencionado y visitado por la periodista. El proyecto se realizará en la vereda Puerto Brasil del municipio de Viotá en el departamento de Cundinamarca. Lugar donde se están ejecutando varios proyectos que han sido auditados por la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, que ha financiado la mayoría de estos proyectos en el marco del Programa Integral de Protección a sobrevivientes y víctimas del Genocidio de la UP.

2. El cronograma del proyecto sólo empezará a ejecutarse en el momento de la entrega de los recursos por el Ayuntamiento de Sevilla, hecho que aún no se ha realizado.

3. La Corporación Redvivir realiza sus proyectos prioritariamente con familias de desplazados, victimas y sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica, familias campesinas que perdieron no solo sus terrenos, semovientes y modos de sobrevivencia sino que además a muchos de sus seres queridos.

4. La columna en mención es una grave acusación contra la honra y la integridad de los Directivos de Redvivir.

5. La Corporación Redvivir espera que realizadas estas aclaraciones, que perfectamente pueden ser corroboradas con el texto oficial del proyecto, se produzcan las rectificaciones pertinentes y adecuadas.

Bogotá, Marzo 16 de 2009


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lunes, 16 de marzo de 2009

Carta al director de El Tiempo

15 de marzo de 2009

Apreciado Roberto:

En la columna de Salud Hernández-Mora de hoy domingo 15 de abril con el título de “Un negocio casi perfecto”, se arremete contra Jaime Cedano y la ONG Red Vivir, integrada por sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano y que promueve proyectos productivos a favor de los desplazados de la violencia política. Salud saca a relucir un proyecto financiado por el ayuntamiento de Sevilla (España) de cuyo buen manejo deben responder ante el país y el ayuntamiento sevillano tanto Jaime Cedano, en la actualidad en el exterior debido a las amenazas contra su vida en Colombia, y Red Vivir. Estoy seguro que sabrán hacerlo. Pero si me llama la atención que en Sevilla (España) este mismo pretexto fue utilizado contra la administración de Izquierda Unida por el derechista Partido Popular, enredado en este momento en irregularidades dolosas en temas financieros con el Estado español. Es descabellado tratar de traer ese debate aquí, estrictamente político y de otra latitud.

No hago parte de Red Vivir y tampoco soy uno de sus beneficiarios, pero estoy seguro que podrán explicar esta situación al igual que Jaime Cedano, hasta el año pasado dirigente del Partido Comunista o “burócrata del partido” en el lenguaje agresivo de la columnista. Pero averigüé con Red Vivir, lo que no hizo Salud como lo exige el rigor de una investigación periodística, respecto de este proyecto y me han dicho que esta ONG tiene dos proyectos en Puerto Brasil, corregimiento colombiano que sí existe, está ubicado en Viotá, Cundinamarca, municipio legendario y de tradicional presencia comunista, que benefician a decenas de desplazados. Creo que Salud Hernández se fue al lugar equivocado, Brasil en Herveo (Tolima), donde no hay proyectos de esta organización y le quedó fácil a la periodista hacer malabarismos en su columna para establecer relación sospechosa entre el proyecto del “engaño” y la presencia en la zona del ELN y las FARC. Lo mínimo ético de una investigación periodística es escuchar a los cuestionados en una denuncia pública, el daño causado a Red Vivir es irremediable y ello afectará a miles de damnificados que se benefician de sus proyectos. Cordial saludo Carlos A. Lozano Guillén, director de VOZ


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jueves, 12 de marzo de 2009

Así ¿quién no?


Lázaro Vivero Paniza

Seremos reiterativos en que continuamos como antes o, mejor, peor que antes en materia de politiquería y corrupción. Las cifras lo demuestran y los casos de escándalos por mala contratación, de hechos que atentan contra los dineros públicos son permanentes y la propia Contraloría General de la república, permanentemente está haciendo intervenciones como en el caso de las regalías que, entre otras, no solo en el pasado han sido la caja menor para aquellos que quieren fungir de políticos.

Ahora vemos como al igual que en el pasado, se utilizan los puestos públicos para posteriormente presentar sus nombres a cargos de elección popular. Eso no tendría nada de particular si no viéramos como utilizan los programas, no para solucionar los problemas del país, sino para poder amarrar los beneficiarios a sus campañas venideras.

Los vemos viajando por todo el país repartiendo lo que no es de ellos, siempre con un discurso politiquero que les permite en el futuro presentarse como los adalides de la moral y la ética. También posan de frondosos en la repartición de prebendas a sabiendas de que eso no es de ellos, pero pescan en río revuelto ante tantas necesidades de quienes de una u otra manera se ven obligados a solicitar el favor del Estado.

Es grotesco por no decir degradante verlos posar de Mesías ante las comunidades que muestran su propia miseria. Todos lógicamente terminan utilizando los listados de beneficiarios, de madres cabezas de familia, de necesitados de vivienda, de educación, de servicios, para posteriormente y después de creer han cumplido el período necesario para tener un grupo numeroso de agradecidos, pasarles la cuenta de cobro. Eso para muchos como en mi caso lo catalogamos de politiquería barata, de aquella que llevó cambiar la Constitución en el noventa y uno al demostrar que la democracia es de papel y no real como se quisiera.

Ministerios como de defensa, agricultura, protección, medio ambiente y vivienda, en fin todos, terminan manejados no para solucionar los problemas sino como plataforma para que los fungidos se lancen al ruedo político de elección popular.

Ni hablar de otros cargos que ante tanta necesidad se convierten en la caja menor para que ellos, los seleccionados a dedo, lleguen para defender en el período siguiente la supuesta buena obra que hicieron. No solo basta lograr el apoyo para el ejecutivo, sino que tienen que amarrar como lo han hecho a los demás poderes públicos, como el legislativo y el judicial.

Es lo mismo de siempre pero manejado de diferente manera, como Acción Social y otros entes oficiales. Reparten de todo para después dar cifras de las maravillas que han hecho en lo social.
Lo diremos hasta el cansancio: es politiquería barata. Entre mayor subsidios nos muestren, Mientras ellos cuentan con todo lo necesario para la presentación de sus nombres, la mayoría de los demás aspirantes que, entre otras, podrían hacer muchísimo mejor la función, se ven en condiciones de desigualdad y se hace casi imposible su elección. Es la repetición de la repetidora.

Se hace necesario y urgente un proyecto que no permita este carrusel de corrupción y politiquería, para que aquellos funcionarios que aspiren, por lo menos deban renunciar cuatro años antesa del propósito de ser elegidos.

Si esto no se corrige, podemos afirmar: así ¿quién no? Lo único que esto demuestra es que no son políticos sino politiqueros.



miércoles, 11 de marzo de 2009

Por violación de Derechos Humanos piden retirar premio a Uribe



Por: Agencia EFE

El premio A la Libertad Cortes de Cádiz fue entregado al primer mandatario por sus esfuerzos en pro de la libertad.

La Asociación Pro Derechos Humanos de la región española de Andalucía (APDHA) y otras 150 organizaciones, algunas colombianas, pidieron que se retire la concesión del Premio "A la Libertad Cortes de Cádiz" al presidente de Colombia, Álvaro Uribe.

El pasado 9 de enero el Ayuntamiento de Cádiz, ciudad del sur de España, concedió el I "Premio a la libertad Cortes de Cádiz" a Uribe por sus esfuerzos en pro de la libertad "y su abierta oposición a situaciones terroristas que la menosprecian".

Después de que Amnistía Internacional (AI) solicitara al Ayuntamiento de Cádiz que "se reconsidere" la concesión de ese galardón a Uribe, este martes la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y otras 150 organizaciones hicieron lo mismo, entre ellas la Asamblea Internacional por la Paz de Colombia y la Plataforma Colombiana por los Derechos Humanos.

Entregaron en el registro municipal del Ayuntamiento una carta pidiendo a la alcaldesa, Teófila Martínez (del conservador Partido Popular), que retire ese premio al presidente colombiano.

El documento incluye cientos de firmas ciudadanas y un informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y las "responsabilidades" del Gobierno en la violación de los mismos.

El presidente de la APDHA, Rafael Lara, explicó a los periodistas que la entrega del documento forma parte de una acción "cívica" de protesta por un premio que creen "inmerecido" y "profundamente injusto".

Según los firmantes del documento, unas 150 organizaciones no solo españolas "sino muchas colombianas", se oponen a este galardón, que "denigra al propio premio" llamado "Cortes de Cádiz: A las libertades", porque Álvaro Uribe "es casi un dictador capaz de manipular al Parlamento para intentar perpetuarse en el poder".

Rafael Lara recordó que la "familia" del presidente colombiano "y buena parte de su partido político está encausado por corrupción y es un señor que ha permitido a los paramilitares y al propio Ejército matar a miles de personas".

A juicio de los firmantes, Uribe "no es un buen ejemplo de democracia, libertades y derechos humanos en América Latina"
Consideran igualmente que habría "miles" de personas merecedoras del premio en toda América Latina y la propia Colombia "luchadoras, honestas, éticas y a favor de la gente del pueblo".

El presidente de la APDHA deseó que el equipo de gobierno municipal sea "sensible" a esta petición y retire la concesión del premio a Uribe.

De lo contrario, advirtieron de que continuarán llevando a cabo acciones cívicas hasta el momento de la concesión del galardón.
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Un conspirador de oficio


Columna Mirador, Semanario VOZ

Edición 2482 del 11 de marzo de 2009

*Carlos A. Lozano Guillén

“Al segundo encuentro arribó con el actual ministro Juan Manuel Santos Calderón y su periodista Germán Santamaría, el esmeraldero Víctor Carranza, Hernán Gómez y dos personas más. (…) Yo tenía claro que de todos los presentes el único hombre respetable para liderar la propuesta públicamente era el señor Juan Manuel Santos Calderón. Él se enderezó nos miró y creo que hasta ese momento se dio cuenta que estaba rodeado de bandidos”.

“Juan Manuel Santos Calderón aceptó ser la carta de presentación y dijo: Esto permanecerá en privado inicialmente y luego se publicará”.(…) “Sólo cumplió con lo acordado Juan Manuel Santos Calderón jugándosela en una rueda de prensa(…): Presidente (Samper), la paz está de un cacho ¡apártese!”. “Horas más tarde el pobre Juan Manuel Santos estaba ridiculizado y solo”.

“Juan Manuel Santos Calderón esperaba jugar un papel determinante en el inicio y desarrollo de las conversaciones con las FARC y las Autodefensas. Carranza buscaba ser de alguna forma intermediario y pescar en río revuelto. Yo era un imbécil convencido de las intenciones altruistas que en un principio motivaron la conspiración (subrayado, C.L.)”.

Las anteriores citas textuales son extraídas del libro Mi Confesión. Carlos Castaño revela sus secretos (págs. 233 a 240, capítulo “Días de conspiración”) del periodista Mauricio Aranguren Molina y que la Editorial Oveja Negra publicó en noviembre de 2001, antes de la ruptura de los diálogos del Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana del cual Juan Manuel Santos fue ministro de Hacienda. Hacen alusión a la conspiración que un grupo de personalidades del Establecimiento adelantó contra el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano, al que pretendía derrocar con la colaboración de militares activos y en retiro, la Embajada de los Estados Unidos y mediante pactos con las “AUC” y las guerrillas.

De las cínicas declaraciones de Castaño se desprende que Santos fue el que condujo la conspiración y que no vaciló en pactar acuerdos con el capo paramilitar, quien dice en el largo reportaje que el único que cumplió con lo acordado fue Santos Calderón.

Al tiempo, Santos se entrevistaba en Colombia con miembros del COCE del ELN y en Costa Rica con Raúl Reyes, con quien bebió costoso y fino vino según sus propias palabras, en la búsqueda de vincular a los insurgentes en la conspiración. El anzuelo era que derribando al gobierno de Samper se podría pactar la paz con los irregulares. “La paz está de un cacho”, repetía. El documento de Castaño es evidente, como también lo es la declaración de Mancuso ante Justicia y Paz. Con todo, no hay ninguna investigación en marcha y el ahora Ministro de Defensa sigue conspirando con los militares contra los gobiernos de Ecuador y Venezuela. Ese es su oficio.

carloslozanogui@etb.net.co

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La muerte de “Mariana Páez”


Juez investiga posibles irregularidades

Semanario VOZ edición 2482, 11 de marzo de 2009

Un juez Penal Militar abocó la investigación de los militares que atacaron la semana pasada el campamento de “Gaitán”, quien perdió la vida y del “Negro Antonio”, capturado y en prisión. Tres guerrilleras muertas en los hechos, abatidas por tropas de la XIII Brigada del Ejército presentan tiros de gracia, entre ellas “Mariana Páez”, quien fue delegada de las FARC en las Comisiones Temáticas durante los diálogos del Caguán.

Según la versión de los uniformados, las guerrilleras se suicidaron cuando quedaron doblegadas por la tropa, pero han surgido varias dudas, según los abogados defensores de las personas capturadas en el campamento guerrillero, porque la primera información sobre “Mariana” es que había sido capturada. De todas formas, VOZ conoció que las guerrilleras presentan tiros de gracia y eso lo van a aclarar, aunque los abogados desconfían de la justicia militar. A su juicio, esta investigación debe adelantarla la Fiscalía General de la Nación –Unidad de Derechos Humanos-.

Una de las tres guerrilleras muertas, ex alumna de la Universidad Distrital, despertó la atención de las autoridades, porque fue detenida por la XIII Brigada hace como dos meses y luego dejada en libertad porque el Juez de Garantías sentenció que su captura fue irregular. Desde entonces no se sabía de ella, pero según la información de sus familiares se encontraba en Bogotá, sin embargo el cadáver apareció en el campamento ocupado en los altos del Sumapaz y surge la sospecha de que fue desaparecida y asesinada para luego dejar su cuerpo en el sitio de los combates.

Son elementos que deberán investigarse, aunque la averiguación la tiene un juez penal militar y ya se sabe cómo terminan esas investigaciones, dicen los abogados de los detenidos en estos acontecimientos.

Semanario VOZ edición 2482, 11 de marzo de 2009

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