viernes, 30 de mayo de 2008

MANUEL MARULANDA LE GANÓ LA PARTIDA AL MILITARISMO RECALCITRANTE



Por: Nelson Lombana Silva
Es indudable: el comandante Manuel Marulanda Vélez, el legendario "Tirofijo", le ganó finalmente la partida al militarismo recalcitrante, mejor dicho, al inhumano régimen capitalista. Murió "plácidamente" en su terreno, abrazado por su esposa y su escolta personal, sin un rasguño siquiera, según los medios de comunicación.

El pantallero ministro de guerra, Juan Manuel Santos, no puede ocultar su enfado, su frustración, incluso, su vergüenza, pues su sueño era tener al comandante Marulanda rendido, vencido, en las mazmorras del régimen o quizás en las prisiones salvajes de los Estados Unidos.

Ese sueño pérfido también lo acariciaron 17 presidentes de la república, todos sumisos a los dictámenes del imperio del norte, por eso "invirtieron" más de siete mil millones de dólares, más de 250.000 militares, más de 35.000 paramilitares, muchos cientos de mercenarios, cuerpos especializados, boinas verdes, señala James Petras.

Habría que recordar el diluvio casi permanente de pasquines, cayendo de helicópteros y avionetas militares, ofreciendo jugosas recompensas, a lo largo y ancho del territorio colombiano, los afiches, las promesas millonarias, los operativos de tierra arrasada, las múltiples muertes, torturas y amenazas de que fueron víctimas cientos de humildes campesinos, hechos aberrantes con la única excusa de dar de baja al guerrillero más antiguo del mundo. Pero fue infructuoso, porque el comandante Marulanda murió a los 78 años de edad sin contratiempos y apaciblemente. ¡Quién lo creyera!

Ernesto Gaviria Merchán, campesino nacido en el municipio de Chapinero, Huila, el 28 de abril de 1936, recorrió palmo a palmo el sur del tolima organizando el partido comunista. La cruda represión oficial lo llevó de un lado para otro. La presión paramilitar del "rojo atá", invento del militarismo y del senador, Alberto Santofimio Botero, según Gaviria Merchán, lo obligó a salir de Planadas para Coyaima, de allí para Villarrica, de Villarrica por las amenazas del sargento Vélez, para Icononzo, de Icononzo para Roncesvalles.

El compañero Ernesto Gaviria Merchán, tuvo la oportunidad de conocer al comandante Manuel Marulanda Vélez, cuando era inspector de obras del corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, Tolima.

Hablando para el semanario VOZ La verdad del pueblo, el camarada emite su concepto sobre Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez o sencillamente "Tirofijo":


Se afirma que el comandante Manuel Marulanda Vélez fue inspector de obras de Gaitania, municipio de Planadas, Tolima. ¿Eso es cierto?

Sí, yo lo conocí cuando era inspector de carretera. Él trabajó en la carretera que va del Huila, al corregimiento de Gaitania.

¿En dónde lo conoció?

Estaba en el alto de Pinares, en el trayecto Del Carmen al alto de Pinares de la carretera y él estaba como inspector de esa carretera. Ahí lo conocí por primera vez.

¿Cómo recuerda la imagen del inspector de carretera, Pedro Antonio Marín, o mejor dicho, Tirofijo, más adelante?

Yo lo conocí como un campesino normal. Charlaba con la gente, era muy amable, se interesaba por los problemas de los campesinos. Es tanto, que en esa época Gaitania no tenía luz eléctrica y él hizo una campaña, consiguió la planta que la llevó del plan del tolima y la instaló en un punto que se llama El Puerto, punto que queda más arriba de Gaitania. De esta manera le puso luz eléctrica a Gaitania.


Yo llegué a Gaitania en 1959. En ese año conocí al comandante Manuel Marulanda y en ese año se colocó la planta eléctrica. Era muy interesado en el bienestar colectivo de los campesinos, se interesaba para que todos tuvieran lo que tenía la gente en otras partes, como la luz eléctrica, la carretera, camino de herradura, etc.

¿Podría decirse que era un campesino que se preocupaba por su comunidad permanentemente?

Era un campesino que se preocupaba por los habitantes de la región. Se ponía incómodo cuando veía que la gente sufría; él no estaba de acuerdo con esa situación de injusticia.

Su orientación siempre fue la unidad; llamaba a los campesinos a luchar, a apoyar la unidad. Yo soy amigo de los campesinos, decía. No soy enemigo de los campesinos, sean liberales o conservadores. Para él eran iguales, aún siendo pobres. El decía: "La lucha de nosotros los revolucionarios es contra la oligarquía y contra el enemigo número uno: El imperialismo norteamericano. A los campesinos hay que ayudarles, hay que respetarlos y ayudarles a solucionar sus problemas". Esa era su meta.

¿Hacía reuniones, se encontraba con la gente, cómo hacia?


Sí, él hacía reuniones con los campesinos y siempre insistía en la unidad, que no pelearan entre ellos, que la pelea no era entre los campesinos, que no era con el vecino, que se sirvieran mutuamente, que se unieran, que dejaran los rencores, los chismes y las divisiones.

"Hay que dejar todo eso a un lado, porque lo que hay es que unirnos, fíjese que la oligarquía sí está organizada y ustedes en cambio como campesinos y pobres, están desorganizados. Organícense, reclamen, únase a las juntas comunales y echen pa arriba esas juntas, reclamándole al gobierno: las escuelas, los caminos, las carreteras.

Por eso es que hay que peliar. Pero para conseguir eso, hay que unirnos. Dejemos a un lado los colores políticos, esos ya murieron, ya pasaron a la historia, dénos vergüenza hablar de los partidos liberal y conservador; ¿eso para qué? Eso fue una época cuando los liberales eran revolucionarios, pero los liberales ya no son revolucionarios, se volvieron oligarcas y aliados de los gringos. Los liberales eran revolucionarios hasta cuando vivió Jorge Eliécer Gaitán. Pero eso se acabó con la creación del frente nacional. Ellos se unieron para perseguir a los pobres y a los campesinos. Esa política ya no tiene validez". Eso era lo que orientaba el Manuel Marulanda Vélez, siendo inspector de carreteras.

Al lado de Marulanda en esa época también estaba Charronegro. ¿Cómo fue la muerte de éste?

La muerte de Charronegro fue producto de la tal amnistía por parte del presidente Gustavo Rojas Pinilla, en 1957, cuando se abrieron y quedaron Mariachi, Desquite, entre otros, que dejaron de ser guerrillas para convertirse en pájaros.

Ellos se entregaron al gobierno mediante la amnistía y siguieron pero colaborando con el gobierno. Entonces, como el camarada Manuel y Charronegro, se abrieron del Davis y fueron a dar a Gaitania cuando fundaron en la vereda Marquetalia el comando, que era en realidad la fundación de fincas para trabajar y alimentar los campesinos desplazados.

Con la amnistía, el camarada Manuel salió y fue inspector de carretera. Fueron acuerdos de paz. Charronegro estaba ubicado en Gaitania, donde tenía una casa. Marulanda, por su parte, se puso a trabajar la tierra con todos los campesinos amnistiados.

Pero el gobierno traicionero armó un complot con Mariachi para matar a Marulanda y Charronegro, quien envió a cien hombres al mando de un comandante que no me acuerdo a cumplir la misión, toda vez que Charronegro no se movía de Gaitania.

Un lunes, me parece que del mes de enero de 1959, mataron a Charronegro. Cien hombres amanecieron en Gaitania y cuando Charronegro salió de su casa y se metió a una cafetería a tomar tinto, le montaron guardia, y cuando él salió al andén, le quemaron de una esquina con tiro de fusil y lo mataron.

Manuel, estando en la carretera, recibió la noticia y de inmediato marchó a Marquetalia, no teniendo otra alternativa que armarse nuevamente con el apoyo de un grupo de campesinos que lo siguieron. Prácticamente, fue obligado por el gobierno a volver a la lucha armada.

Camarada: usted conoció a Marulanda siendo él muy joven, ¿Verdad?

Sí, él estaba joven. Tenía aproximadamente, 28 – 29 años.

¿Cómo era el comandante Marulanda Vélez a esa edad?

Era muy divertido. Echaba cuentos, hacía reír la gente. Era un paisa, paisa alegre. No era toma trago, (rara vez se tomaba algunos aguardientes) No era vicioso. Pero de vez en cuando se echaba unos tragos para "estar caliente y echar los cuentos", decía. Era buena gente, comprensible, servicial y atento con la gente.

¿Tenía finca en la región de Marquetalia? ¿Cómo se llamaba?

El sí tenía finca en la región pero no recuerdo como se llamaba. Sé que tenía finca en Marquetalia y tenía una casa en Gaitania, casa que yo después conocí.

¿Con quién vivía?

Vivía con una señora que se llamaba Domitila, pero no me acuerdo el apellido, me parece que cuando eso tenía dos hijos.

¿Él trajo sus padres a la región?

El viejito vivía con él en Marquetalia. Inclusive, tengo una anécdota de él que nos contaba Manuel. El viejito fumaba mula (pipa) y la tenía amarrada con una cabuya al cuello. Y se le perdía la pipa y comenzaba a pelear con los nietos: "Vergajos, me botaron la mula y los corría para pegarles. Los niños acudían al papá: papí, mi abuelito me va a pegar porque no encuentra la mula y resulta que la tiene colgada al cuello".

¿Cómo se llamaba el papá del comandante Manuel?

Me parece que Pablo Marín.

¿En dónde murió?

Él murió en los Llanos, por los lados de Mesetas.

Y la mamá de Marulanda, ¿Qué?

De ella no supe mucho, pero sé que ambos andaban juntos.

Bueno, y la señora Domitila, ¿Qué pitos tocó?

No sé. Ella salió de la región y no sé que rumbo tomó. Una hija de ella, supe que estaba estudiando en el exterior, pero no sé mayor cosa del tema.

Ibagué, mayo 29 de 2008

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Guardia Nacional detiene a presunto funcionario de la DEA

Por: VTV / Aporrea.org
Caracas, 29 de mayo de 2008/ Un presunto funcionario de la Oficina Antidrogas de los Estados Unidos de Norteamérica (DEA, por sus siglas en ingles: Drug Enforcement Administration), fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en el punto de control fijo de Orope, portando dos pasaportes, uno canadiense y otro francés, y una cédula venezolana de extranjero.


La información fue suministrada por el General Gabriel Oviedo, jefe del Comando Regional Numero 1 de la Guardia Nacional Bolivariana, quién señaló que el presunto agente del gobierno estadounidense, se trasladaba en compañía de otra persona, y tenía como destino la ciudad de Maracaibo.


Asimismo, informó Oviedo, que se recibió una llamada desde Colombia, de una persona que se identificó como Alexis Navarro, agente de la DEA, quien denunció que el ciudadano detenido trabaja como infiltrado en esa organización.

En el punto de control fijo de Orope, los efectivos de la Guardia Nacional le solicitaron que se identificara, el presunto funcionario del gobierno estadounidense, se identificó como ciudadano canadiense, y luego, al ser requisado, se le encontró, además de ese pasaporte, uno francés y una cédula venezolana de extranjero.


Al ser interrogado, el ciudadano detenido manifestó ser funcionario de la DEA, que andaba en “cuestiones familiares y se dirigía hacia Maracaibo”, señaló el jefe del Comando Regional Número 1 de la Guardia Nacional Bolivariana, quien informó que la Fiscalía Militar de la jurisdicción ya conoce del caso, y que el detenido fue trasladado inicialmente al recinto policial en la Fría, y luego fue transferido al Centro Penitenciario de Occidente, donde se profundizan las investigaciones.

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Coronel del Ejército prohíbe la exhibición de documental sobre la masacre de Mapiripán


Una Alerta de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, el 8 de septiembre, dio cuenta de que “pocas horas antes del estreno de un documental sobre la masacre de Mapiripán, un coronel del Ejército exigió la revisión de su contenido. Ante la negativa de los autores, el funcionario militar prohibió la exhibición de la cinta. Ésta hacía parte de la programación de la ‘Semana por la paz’, evento liderado por varias organizaciones sociales en Colombia”, que transcurre actualmente.


“El documental, llamado ‘¿Por qué lloró el general?’, examina el proceso judicial de la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997. Ese año, un grupo de paramilitares - con la colaboración de miembros del Ejército - se tomó esa población del departamento del Meta y torturó y asesinó a 49 civiles. Los autores del filme defienden la inocencia del único alto mando implicado, el general Jaime Humberto Uscátegui, y cuestionan la impunidad en el proceso.

“El director del documental, José Jaime Uscátegui - hijo del general acusado -, y dos jóvenes realizadores, Hernán Ruiz y Gonzalo Rodríguez, contrataron los servicios del Teatro Patria para el lanzamiento, programado para el martes 5 de septiembre de 2006. Si bien este teatro es propiedad del Ejército, fue entregado en arriendo a un particular.

“El día anterior al evento, y después de hacer los pagos correspondientes, recibieron una llamada del administrador del teatro, Manuel Díaz Rivera. Éste les dijo que su asesor tenía que ver el documental antes de la función: ‘Yo no voy a exponerme por un evento. Lo mira el asesor del teatro y el dice si se puede o no se puede’, afirmó Díaz. El ‘asesor’ era realmente un coronel del Ejército, quien según Uscátegui es Julio César Becerra Avellaneda, Comandante del Batallón de Apoyo y de Servicios para la Educación Militar.

En grabaciones que la FLIP conoció, Becerra dice que ‘hasta que nosotros no conozcamos el material, no podemos autorizar la presentación’.

“Aunque se negaron inicialmente, Uscátegui y los realizadores finalmente aceptaron que el coronel Becerra viera la pieza antes de la función. Pero una vez en el teatro, el militar se limitó a decir que el espacio ya había sido destinado para otro evento. A la hora programada para el lanzamiento, la Policía Militar se tomó las afueras del teatro, mientras más de 200 personas protestaban pacíficamente por lo que consideraron un acto de censura. Hernán Ruiz, uno de los realizadores afirmó que no entendía ‘las razones para que los militares prohíban a última hora proyectar el documental, desconociendo el contrato existente y el derecho de todo ciudadano a expresarse libremente’.

“La FLIP contactó telefónicamente al coronel Julio Cesar Becerra Avellaneda quien afirmó: “Es absurdo. No sé a qué se refiere, yo no manejo ningún teatro”. Por su parte, la FLIP no pudo hablar con el administrador del teatro, sin embargo, una asistente de él dijo que la proyección se había cancelado por razones “mucho más importantes” que se negó a mencionar.

(Oiga en http://www.flip.org.co/ las afirmaciones del coronel Becerra y del administrador del teatro y vea la foto de los militares a las afueras del teatro).

La FLIP exhortó al Ejército “para que a la mayor brevedad levante la restricción y permita la proyección de la cinta”.

Agregó la organización que “El alto mando militar desconoció la prohibición general de censura que consagra el artículo 20 de nuestro Constitución Política, su jurisprudencia y los tratados internacionales. Sobre el particular, ha dicho la Corte Constitucional: ‘La censura es el más aberrante de los controles previos a la libertad de la prensa y de los demás medios de comunicación porque representa el mayor grado de invasión del núcleo esencial de dicha libertad.’”

EL CASO MAPIRIPÁN: “RAZONES MUCHO MÁS IMPORTANTES”

Por Constanza Vieira, con información recabada en 2004 para IPS

Cuando ocurrió la masacre de la sudoriental localidad de Mapiripán, en julio de 1997, el hoy general retirado Jaime Alberto Uscátegui era comandante de la 7 brigada del ejército. En el juicio que se le adelanta, es acusado de falsedad intelectual y, por omisión, de homicidio agravado y secuestro agravado.

La matanza ocurrió en una aldea por entonces de 1.000 habitantes en lo que era el epicentro cocalero del sudoriente, en la región de Orinoquia, con presencia histórica de las FARC, alzadas en armas desde 1964.

Doscientos paramilitares de las AUC -unos 50 enviados en avión por el entonces jefe de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño desde Urabá- se tomaron Mapiripán. Entre el 15 y el 20 de julio clausuraron los accesos por río y tierra y, lista en mano, arrancaron de sus casas a civiles desarmados. De los 49 muertos, sólo han sido identificados ocho.

El documental del hijo de Uscátegui se pregunta por qué no está siendo investigada la Brigada 17 del ejército, con sede en Urabá: ¿cómo pudo salir el avión sin su conocimiento?

Leonardo Cortés era por entonces juez de Mapiripán y la única autoridad estatal que permaneció en el pueblo, pues todos los funcionarios de la administración local se habían marchado con sus familias ocho días antes: qué casualidad.

Desde su ventana, el juez vio cómo varios vecinos eran conducidos por los paramilitares a las instalaciones del matadero municipal y escuchó los gritos y súplicas que emanaban de ese lugar, convertido en centro de torturas.

Las víctimas eran colgadas vivas de los garfios destinados a las reses, y allí les cortaban las extremidades con una motosierra.

La seguridad de esa región estaba a cargo de Uscátegui, quien alega inocencia y dice haber descubierto cómo sucedieron las cosas, pero pide un precio por guardar silencio: que la fiscalía allane un final del juicio que le sea favorable.

Una advertencia equivalente a la de los jefes paramilitares a cambio de su desmovilización y su silencio sobre la complicidad de lás élites económicas y sus voceros en la política: “Ni un día de cárcel, ni en Colombia ni en el exterior”, pues varios de ellos tienen pendientes procesos en Estados Unidos por narcotráfico. El pulso apenas se está resolviendo por estos días, cuando ya quizá los ultraderechistas y sus asesores han comprendido que, si no hacen aunque sea un simulacro de reclusión, se van para la justicia universal.

Las investigaciones demostraron que se facilitó el paso y se ayudó logísticamente a los paramilitares para que llegaran a Mapiripán.

Por coordinar la operación, recibió 40 años de condena el coronel Lino Sánchez, entonces comandante de la brigada móvil 2 del ejército, con asiento en San José del Guaviare, a cuatro horas por carretera de la aldea. El sargento Juan Carlos Gamarra recibió una pena de 22 años de prisión y otro suboficial, 32 años.

El día en que comenzó la matanza, el juez Cortés logró comunicarse por teléfono con el entonces mayor Hernán Orozco, comandante del batallón Joaquín París, quien además fue informado por la Inteligencia de su fuerza.

Orozco solicitó a su superior, Uscátegui, que protegiera a los habitantes con la brigada móvil 2, dotada de helicópteros artillados, centenares de soldados comandados por el coronel Lino Sánchez, y a cinco minutos de vuelo de Mapiripán.

El refuerzo nunca llegó, y más tarde Orozco fue “amenazado por el paramilitarismo y por los oficiales de la fuerza pública que son responsables de estos hechos”, afirmó el abogado de derechos humanos Eduardo Carreño.

Orozco está exiliado y protegido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras el juez, blanco de advertencias para que alterara las denuncias, también optó por el exilio.

El posteriormente asesinado Carlos Castaño fue condenado a 40 años de prisión por estos hechos. Según él, sus hombres habían matado guerrilleros. Pero el abogado Carreño asegura que las víctimas eran opositores del alcalde y su equipo, que habían denunciado su corrupción.

“Las personas ejecutadas eran liberales o de la Unión Patriótica“, mientras la administración local pertenecía al Partido Conservador, precisó.

En Barrancón, 35 kilómetros al oeste de Mapiripán, está la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército.

Mientras se perpetraban las muertes, transcurrían allí las sesiones finales de un curso sobre planificación y toma de una decisión militar en la infantería liviana, dictado por boinas verdes del grupo 7 de las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses. El coronel Sánchez actuaba como alumno aplicado.

Pero tres semanas antes de la masacre, Sánchez había propuesto al comandante de la Base Antinarcóticos que facilitara el acceso de los paramilitares al Guaviare, pues “luchaban contra un enemigo común y tenían la posibilidad de dar una lección a la guerrilla” de las FARC, señala la sentencia condenatoria del coronel.

Antinarcóticos se negó a cooperar con Sánchez, pero sólo denunció la propuesta seis meses después, por presión de los investigadores.

Los despavoridos sobrevivientes “salieron de Mapiripán por río, por carretera y por avión”, relató Carreño, reconstruyendo los hechos para una nota de esta periodista en IPS.

Nadie regresó. Según Carreño, la aldea es habitada hoy por “gente que no es de la región”. Sería interesante mirar los resultados de la votación en Mapiripán, como una pista para entender quién los llevó y a quién le están agradecidos por ocupar hoy bienes de víctimas.

LO QUE SABE USCATEGUI

En una conversación cuyo contenido fue filtrado el 29 de marzo de 2004 a la revista bogotana Cambio, Uscátegui manifestaba a un interlocutor no identificado que era inocente, que no pensaba quedar solo como responsable de la matanza y que, si hablaba, sería el peor escándalo del país, y podría llevar al cese de la ayuda militar estadounidense a través del Plan Colombia antinarcóticos.

La justicia ha mantenido en secreto información “porque no conviene que salga a la luz pública”, agregaba Uscátegui.

Gamarra, uno de los condenados en 2003, era jefe de inteligencia del batallón Joaquín París. Uscátegui fue mucho más explícito que la sentencia al describir el contenido de 300 archivos digitales cifrados y guardados en un computador del sargento preso.

“Los panfletos que entregaron las autodefensas en la masacre de Mapiripán los hicieron en ese computador, en el batallón París. Igual hicieron con los panfletos que entregaron ocho meses después en Puerto Alvira” en la misma región, donde se cometió una matanza similar, afirmó Uscátegui.

En el computador “también estaban las planillas de pago mensuales, las nóminas de todo el frente Guaviare de las AUC, que eran 93 hombres y mujeres con los alias, sus cargos y lo que devengaban”, añadió el general retirado.

Uscátegui mencionó en su conversación telefónica un elemento clave: “el vínculo con los paramilitares no sólo era en el Guaviare, sino que venía desde el Urabá antioqueño”, bajo jurisdicción del general Rito Alejo del Río cuando gobernaba Antioquia el ahora -y quizá por toda esta generación- presidente Uribe. ¡Guau! ¿Puede ser esta una explicación del extraño comentario de la secretaria del Teatro Patria: que la proyección se había cancelado por razones “mucho más importantes”?

Uscátegui reveló que, tras la matanza, la brigada móvil 2 y el batallón París no persiguieron a los asesinos. Y la brigada hizo “una operación gigantesca, aplastó a las FARC y colocó un colchón de aire o de seguridad para que se salieran los ‘paras’” (paramilitares) de la zona.

“El Ejército no sólo tiene vínculos, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que no golpearan a los paras por habérseles metido en su territorio”, aclaró el militar.

Total: ahora sí, hay que ver la película “¿Por qué lloró el general?”. Debe contener muchos más detallitos, por no decir que “razones mucho más importantes”.

PROPUESTA SECRETA.El asesor presidencial Fabio Valencia Cossio trabaja secretamente en lograr esa coalición


El presidente Uribe dice que no quiere conciliar su demanda a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero silenciosamente su asesor Fabio Valencia Cossio está buscando es conciliación.


PROPUESTA SECRETA. Mientras el presidente Uribe dice públicamente que no tiene ningún interés en conciliar el pleito con César Julio Valencia, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, el asesor presidencial Fabio Valencia Cossio trabaja secretamente en lograr esa coalición… Hace unos días, Valencia Cossio le hizo llegar al actual presidente de la Corte, Francisco Ricaurte, el borrador de un documento al que tuvo acceso Top Secret… El papel dice textualmente.

VOZ HOMBRE: “El presidente Uribe valora el hacho de que el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia reconozca que nunca ha abogado y ni siquiera indagado por la suerte de algún sindicado, en particular por el doctor Mario Uribe Escobar”
En el mismo documento, el presidente se comprometería a retirar la denuncia contra el magistrado César Julio Valencia.

VOZ HOMBRE: “El presidente valora ese reconocimiento en toda su dimensión y por tanto desistirá de las acciones judiciales interpuestas contra el miembro de la honorable Corte."
Según supo Top Secret, ni el magistrado Valencia, ni el presidente de la Corte Suprema, ni la Corporación están interesados en una conciliación en esos términos.

miércoles, 28 de mayo de 2008

Comunicado de la Coordinadora Distrital del PDA, de Cartagena de Indias.

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

La Dirección Distrital del POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, de Cartagena de Indias, expresa su solidaridad con sus parlamentarios Senadora Gloria Inés Ramírez, con el Representante Wilson Borja Díaz, con la Senadora del Partido Liberal Piedad Córdoba y con los defensores del intercambio humanitario Carlos Lozano Guillén, Álvaro Leyva Durán y Lázaro Viveros Paniza, en cuya inocencia creemos, en momentos en que la Fiscalía General de la Nación los sindica de tener nexos con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, basada en el ya célebre computador de Raúl Reyes.
El Estado colombiano, viciado de ilegalidad, abre una nueva fase represiva que consiste en montar procesos judiciales para encarcelar a líderes de la oposición, muchos de ellos sobrevivientes de intentos de asesinatos como Wilson Borja y Piedad Córdoba.
El PDA cree en la actuación de la Corte Suprema de Justicia lo mismo que en la firmeza ideológica y en la vocación de paz de los compañeros señalados, quienes en vez de flaquea en su lucha fortalecerán su papel de predicadores de la justicia social, de la unidad del pueblo colombiano y del trabajo de denuncia para que la parapolítica no quede en la impunidad, como es la intención de los gobernantes Uribistas, desesperados ante el hecho de tener 32 parlamentarios presos, entre ellos el primo del Presidente lo mismo que embajadores, ministros, gobernadores y altos mandos militares implicados como cómplices en masacres y falsos positivos.
El uribismo y su poder mediático intentan criminalizar a la oposición legítima, representada en miles de dirigentes, organizaciones sociales y políticas como ocurrió con la Unión Patriótica, para tener el camino despejado e implementar una dictadura implacable.
El PDA, reafirma su carácter democrático, civilista, pluralista, multicultural y pluriétnico, por consiguiente declara que el empleo de las armas para la solución del conflicto colombiano contradice sus métodos y propósitos. Así lo señalan nuestro programa y los estatutos.
DIRECCIÓN DISTRITAL DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

JOSÉ PADAUI GOMEZ
Vice Presidente.

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sábado, 24 de mayo de 2008

ANTE TODO UNIDAD, SOLIDARIDAD Y RESISTENCIA POPULAR


Comunicado partido comunista colombiano regional tolima, miembro del Polo Democrático Alternativo, PDA

La fiscalía compulsa copia a la corte suprema de justicia con fundamento en información policial judicial, contra la oposición uribista personificada en los parlamentarios del Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista, Gloria Inés Ramírez, Wilson Borja, el director del semanario VOZ La verdad del pueblo, Carlos A. Lozano Guillén, lo mismo que la senadora liberal, Piedad Córdoba, el ex ministro Álvaro Leiva Duran, periodistas democráticos y líderes importantes de la hermana república bolivariana de Venezuela, sindicándolos de tener nexos con las fuerzas armadas revolucionarias de colombia, FARC, de acuerdo al supuesto "mágico" computador del camarada Raúl Reyes.

El señalamiento es un adefesio que la comunidad nacional e internacional debe rechazar con vehemencia, por cuanto es un claro propósito de Uribe y el uribismo, de lanzar "cortinas de humo", con el fin de distraer la opinión pública del escándalo monstruoso y vergonzoso de la parapolítica que tiene el 30% del parlamento uribista en la cárcel y un altísimo porcentaje en capilla. Además, su evidente ilegitimidad por cuanto lo ha denunciado la ex parlamentaria, Yidis Medina, de haber sido supuestamente sobornada por el presidente y el entonces ministros Sabas Pretel de la Vega para que votara la reforma constitucional que facilitara su reelección presidencial.


Es sumamente preocupante y peligroso que el gobierno nacional se empecine en judicializar a los dirigentes políticos, personalidades y periodistas comprometidos hasta los tuétanos con la paz con justicia social, la salida política y el intercambio humanitario. Es un mensaje desobligante y amenazante contra cualquier persona y/o personalidad, que quiera contribuir a la paz de verdad en colombia. Uribe no encuentra camino distinto que no sea la guerra, como si con ella se resolviera el problema social y econónimico del pueblo colombiano.

Al expresar nuestra solidaridad a los compañeros involucrados en este absurdo montaje, creemos en la sensatez jurídica de la corte suprema de justicia, creemos en la verdad y las explicaciones que en su momento darán los involucrados, creemos en la firmeza ideológica, política y vocación de paz de los compañeros, que en vez menguar su lucha, la templarán para seguir predicando la unidad del pueblo colombiano, la justicia social, el fortalecimiento del Polo Democrático Alternativo, el partido comunista y la presión para que el caso de la parapolítica no quede en la impunidad y un sistema distinto al capitalismo, sea verdad más temprano que tarde.

Ibagué, mayo 24 de 2008

Periodista de TeleSUR denuncia ''cacería de brujas'' del Gobierno colombiano

Por: TeleSUR / Aporrea.org

24 de mayo 2008. - El periodista colombiano de TeleSUR William Parra, quien figura en la lista de civiles que la Fiscalía de ese país anunció el jueves que investigará por presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), denunció una "cacería de brujas" por parte del Gobierno de Álvaro Uribe.

Parra deploró lo que consideró una "estrategia" para tapar la parapolítica y el escándalo de los votos comprados para la reelección del mandatario.

Considera que la aprobación de la autorización legislativa para ser reelecto en 2006 que logró el presidente colombiano, en momentos en que la Constitución colombiana prohibía tal figura, es ilegal "ya que la compró a cambio de puestos en el Estado".

El jueves el Fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, anunció que 11 civiles, entre los cuales periodistas, activistas sociales y congresistas, serán investigados por presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Para William Parra, figurar en esta lista significa "ser un chivo expiatorio, formar parte de una cacería de brujas que busca tapar un escándalo que en este momento estaba llegando muy cerca del presidente Álvaro Uribe".

"Era el escándalo de las prebendas que se dieron a varios parlamentarios, en este caso a Yidis Medina y a Teolina Bandaño precisamente para aprobar la reelección", recordó.

Más persecusiones

No es la primera vez que la justicia colombiana o la Policía Nacional persiguen al periodista. Hace tres años y medio, cuando trabajaba para la agencia de noticias Reuters, entrevistó al número dos de las FARC en ese momento, Raúl Reyes.

Luego de publicada la entrevista, el director de la policía de ese entonces, "el general Jorge Daniel Castro me llamó a través de una mentira, me hizo ir a su oficina. Me dijo que tenía una información sobre mi seguridad personal".

Efectivamente acudió a la oficina con otros dos colegas periodistas. "Y el general me tenía preparada realmente una emboscada, estaba allí también el comandante del Ejército de Colombia".

"Después de darme un discurso bastante largo sobre la necesidad de colaborar en el establecimiento de la Seguridad Democrática, el general me dijo prácticamente que tenía que llevarlo hasta donde estaba Raúl Reyes", recordó en la entrevista con TeleSUR.

Invocando la ética periodística y la Constitución de Colombia, la cual garantiza la identidad y la reserva de las fuentes, Parra se opuso a la petición.

"En Colombia decirle que no a un general, al director de la policía en este caso y al comandante del Ejército que era el general Martín Orlando Carreño, era prácticamente firmar una sentencia", destacó. Una sentencia que a partir de allí significó para él una persecución por parte del Estado colombiano.


Apuñalado 8 veces


Este jueves 22 de mayo, cuando el fiscal general anunció la investigación contra los 11 civiles, se cumplían exactamente tres años de un atentado del cual William Parra fue víctima, precisamente dos meses después de haber salido de la oficina del general Jorge Daniel Castro.


"Un atentado en el cual me dieron 8 puñaladas. Ese fue el resultado de haberle dicho no a la policía. Cuando finalmente no pierdo la vida, empieza otro tipo de persecución, intentaron involucrarme por diferentes partes como un colaborador, como un miembro de la guerrilla", denunció Parra, quien aseguró que el ataque "fue organizado desde la Policía Nacional colombiana".


Parra denunció que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, desde su llegada al poder en el 2002, ha silenciado prácticamente a los medios de comunicación.


"Todos los grandes medio impresos, los canales de televisión, las radios, están al servicio de una causa, al servicio de la causa del presidente Uribe. En ese sentido tratan de tapar el escándalo de la 'parapolítica', tratan de tapar el escándalo con el cual el presidente compró los votos para salir reelecto".


Explicó que "cuando hay periodistas que tratamos de buscar el otro lado de la noticia, como nos enseñan en las facultades de periodismo, a buscar esas otras voces, claro, inmediatamente no formamos parte de ese coro aúlico que está siempre exaltando al mesías Álvaro Uribe".


Y por esta razón son perseguidos periodistas, "solamente por ejercer dos principios fundamentales: el derecho a la información y el derecho de información".


"En Colombia hay un conflicto armado, pese a que el Gobierno de Álvaro Uribe no lo quiera reconocer. Y un conflicto es entre dos. O sea que no podemos entrevistar solamente a quienes están en los cuarteles, que es lo que están haciendo los medios de comunicación".


Cuando uno se pone a buscar a esa otra parte que es la guerrilla, es visto como un enemigo del Estado por cumplir ese sagrado derecho de la libertad de informar".


"Estoy tranquilo"

Actualmente, Parra está sindicado de un delito que dice no conocer. "Hasta ahora nadie sabe de qué nos están acusando, nadie sabe cuál es delito que nos están acusando. Supuestamente son 'presuntos vínculos con las FARC'", comentó.

Enfatizó que en el ejercicio del periodismo, "uno tiene de adelantar contactos con sus fuentes. Y si las fuentes son ilegales, clandestinas, pues los contactos tienen que ser clandestinos. Allí están absolutamente claros los contactos, allí están todas las entrevistas que he hecho con los dirigentes de las FARC, con los dirigentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN)".

En una época fue acusado de ser el periodista que le hacía el trabajo político al ELN, después de haber hecho la entrevista de unos turistas extranjeros que estuvieron retenidos por el ELN en la Sierra Nevada de Santa Marta.

"Ahora me acusan de ser presuntamente de las FARC. Entonces el ejercicio del periodismo me está llevando a ser víctima de estas acusaciones", dijo.

Pero William Parra está tranquilo y asegura no tener ninguna preocupación. "Todo lo que he hecho lo he hecho absolutamente claro, de cara al país", revindica.

"El gobierno colombiano está interesado en que el conflicto colombiano no salga en las noticias", finalizó.



viernes, 23 de mayo de 2008

Comunicado de prensa - Representante a la Cámara por Bogotá Wilson Alfonso Borja Díaz

Comunicado de prensa



En relación con el anuncio emitido por el Fiscal General de la Nación a través de los medios de comunicación en la tarde hoy, en donde señala que compulsó copia a la Honorable Corte Suprema de Justicia para que al suscrito se me investigue, me permito señalar:

Desconozco el contenido de los documentos remitidos por el Fiscal General de la Nación a la Honorable Corte Suprema de Justicia, lo que impide que me pronuncie sobre el particular.

Como en oportunidades anteriores, estoy a disposición de las autoridades a fin de que se adelanten todas aquellas investigaciones que consideren pertinentes, a efecto de que el pueblo colombiano conozca la transparencia en cada una de mis actuaciones, desde la defensa de los derechos de los trabajadores, en la tribuna parlamentaria y como facilitador en los procesos de paz que se han adelantado en el país.


Una vez sea notificado formalmente por la autoridad competente y tenga acceso al expediente, podré ejercer el derecho de defensa y demostrarle al país que he sido y soy un ciudadano honorable.
Bogotá, D.C., 22 de mayo de 2008.

Wilson Alfonso Borja Díaz
Representante a la Cámara por Bogotá
Polo Democrático Alternativo

AMENAZA A LA LIBERTAD DE EXPRESION

DeVer 436
AMENAZA A LA LIBERTAD DE EXPRESION
La penalización a Alfredo Molano

Alfredo Molano Bravo, sociólogo y columnista del diario El Espectador, ha sido demandado por la familia Araujo, por supuesta injuria y calumnia ante lo expresado en su columna: Araújos et al, publicado en este periódico.

Este tipo de demandas pretende coartar la libertad de expresión, al tiempo que se convierte en un nuevo mecanismo de presión que limita la libertad de conciencia y libre pensamiento. El inicio de la investigación contra el reconocido investigador social, es un indicador de cómo el aparato judicial se presta a atender falsas imputaciones, a través de las cuales se socializa el temor y el aleccionamiento colectivo para evitar expresarse en conciencia sobre las responsabilidades de los sectores de poder en la situación actual que vive Colombia.

A esta demanda le han precedido el exilio forzoso en anteriores ocasiones que ha sufrido Molano. Es de anotar que en los períodos del gobierno de Uribe, han continuado las presiones, las amenazas y asesinatos de periodistas. Recientemente debido a sus escritos e investigaciones se vio obligado a exiliarse el periodista Gonzalo Guillen por las referencias y artículos explícitos respecto a las relaciones entre estructuras paramilitares y políticos con el gobierno de Uribe. Fernando Garavito conocido como Juan Mosca, a raíz de un artículo publicado en El Espectador en las que aludió a la trayectoria de Alvaro Uribe Vélez con actuaciones non sanctas se vio obligado a exiliarse.

La misma suerte del exilio ha corrido Holman Morris. El periodista, director del periódico Voz e integrante del Partido Comunista, Carlos Lozano, ha sufrido reiteradas amenazas de muerte por sus apreciaciones públicas y su labor a favor del Acuerdo Humanitario y las salidas negociadas al conflicto armado interno.

Invitamos a la solidaridad con Alfredo Molano, objetando la actuación de la familia Araujo que pretende penalizar la libertad de opinión, de expresión y de conciencia a través de las comunicaciones dirigidas a lector@elespectador.com Fcano@elespectador.com y con la exigencia al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, el cese de toda actuación judicial tendiente a penalizar la libertad y la crítica.


Adjunto
1. Carta a defensores de la libertad de prensa y de los derechos humanos, escrita por Alfredo Molano, en la que adjunta el texto de la columna ARAUJOS ET AL, el Acta de Conciliación y un extracto de la Querella que presentó la Fiscalía.

1. En Colombia no hay, ni debe haber, crímenes de conciencia

Bogotá, D.C. Mayo 20 de 2008
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ


“Carta a defensores de la libertad de prensa y de los derechos humanos.


Estimados amigos:

Como ustedes saben escribo una columna semanal en El Espectador, diario que se ha distinguido por su pluralismo y defensa de la libre expresión desde hace 120 años. Son muchas las amenazas e intimidaciones que tanto el periódico como sus columnistas hemos recibido en los últimos años originados en organizaciones oscuras y – hay que decirlo – en el Estado.

El año pasado escribí una columna titulada Araujos et al comentado los vínculos de esta familia con el poder local y nacional. Al poco tiempo recibí una citación en la Fiscalía para hacer una conciliación con los abogados de la familia Araujo que se sentía agraviada y lesionada por mi opinión. Ante la Fiscalia exigieron que la única conciliación posible consistía en que yo debía publicar un rectificación en El Espectador, previa aprobación de su texto por parte de los demandantes. Naturalmente me negué porque lo consideré un atentado a la libre expresión sin detrimento del derecho que un ciudadano tiene a lo honra. En Colombia hay normas que rigen la rectificación y yo estaría de acuerdo, si mi texto diera lugar a la injuria o a la calumnia, a enmendar de acuerdo a la ley, pero no podré aceptar nunca que una columna de opinión sea prácticamente redactada por otros, sean quienes sean y representen el poder que representen. En estos términos, la conciliación podría ser considerada como un ultraje a la libertad de prensa, derecho también garantizado por la Constitución Nacional. No obstante, en la diligencia de conciliación declaré que solo estaba dispuesto a precisar mi opinión consultando a ciudadanos de Valledupar sobre la conducta histórica de los notables de la región. Los abogados querellantes no aceptaron mi propuesta. Por tanto quedó abierto el proceso.

El pasado 6 de mayo fui citado a una audiencia pública de formulación de imputación; para tal fin solicité la asesoría del bufete de abogados del Doctor Jaime Bernal Cuéllar, quien designó al Doctor Alexander Andrade. En esta diligencia la Fiscalia precisa la querella y hace la imputación. El Juez de Garantías aceptó los términos de la Fiscalia y dio vía libre a las siguientes fases del proceso. Mi defensa se baso en el hecho de que el fragmento invocado por los querellantes no imputaba a la familia Araujo de Valledupar los cargos de contrabando, robo de tierras a los indígenas y compra de votos a los indígenas. Yo agregué y dejé consignado en el acta tres cosas: primera, que el titulo de la columna Araujo et al hace referencia a los Araujo como elite local, y el et al supone un conjunto indeterminado y plural de personas que tienen conductas similares; segundo que el texto no se limita a caracterizar una elite, bien llámese nobles de Cartagena o notables de Valledupar en los últimos años, sino desde los tiempos de la colonia hasta nuestros días; tercero, los notables de Valledupar no son solamente loa Araujo y por tanto los señalamientos que hago no necesariamente implican a los Araujo. Mi intención fue la de pintar un clima social y político donde los Araujo viven y actúan. Los notables son pues, según el diccionario de la RAE, un conjunto de personas “que se hacen notar” y abarca por tanto desde un Rey Vallenato hasta Jorge Cuarenta, que es, dicho sea de paso, el único nombre citado en concreto en el párrafo. Los Notables de Valledupar son pues un sujeto genérico e indeterminado en el tiempo. En su conjunto se trata de uno de esos litigios gramaticales al que somos tan asiduos en la patria y que Malcom Deas pilló con tanto sentido del humor como de compresión de nuestra historia.

Como a todos nos incumbe cualquier ataque a la libertad de opinión, les envió esta comunicación con tres documentos legales: el texto de la columna aparecida en El Espectador, el Acta de Conciliación, y por ultimo, un extracto de la querella que presentó la Fiscaliza. Hagan Uds. de Juez

Cordial saludo,
Alfredo Molano Bravo
Copias
Columna. Los subrayados son míos e indican la “Zona de Litigio”


ARAUJOS ET AL

Alfredo Molano Bravo
Seguro es que los Araujo vallenatos no tienen sangre próxima común con los de Cartagena, aunque para un senador de Texas o para un representante sueco al Parlamento Europeo, la coincidencia les aflojara una sonrisita de lado. El asunto no es de consanguinidad, sino de identidad en el modo de hacer negocios aunque no sean socios. Ambas familias son de esa rancia cúspide regional acostumbrada a manejar haciendas, predios, casas comerciales, y oficinas públicas con los mismos criterios especulativos y endogámicos. Los notables de Valledupar nacieron todos en la misma cuadra y se conocen los trapos íntimos desde niños. Han vivido del contrabando de café y ganado con Venezuela por Puerto López- el de Tite Socarras-, después, sin duda, contrabandearon maracachafa por Bahía Portete; han escriturado, con parientes notarios, haciendas y predios urbanos a sus reconocidos nombres y le han quitado toda la tierra que pueden a los indígenas de la Sierra Nevada y sobre todo a los Kankuamos. Las campañas electorales de estos prohombres son –hoy todavía- un espectáculo deprimente: suben sus delegados en camión a la Sierra, digamos a Atanques, y llevan a los indígenas enchirrinchados a donde necesitan inclinar a su favor la votación. Una vez que, abrazo de por medio, los indígenas botan, los empujan en cualquier esquina para que amanezcan botados, vomitados y sin saber como devolverse a su tierra. El espectáculo se repite con la regularidad del Festival Vallenato. Con el mismo procedimiento los llevan a firmar escrituras.

Pasa lo mismo con los nobles de la Heroica. Son un puñado. Conocidos de todos porque de alguna Miss Bolívar son parientes o, por lo menos, a una han coronado en el Hotel Caribe siendo gobernadores, alcaldes, secretarios de gobierno, almirantes de la Armada. Tienen una larga y noble historia como que fueron los más ardientes enemigos de los piratas ingleses y franceses que venían a quitarles los chancucos comerciales con la Madre España. Siempre han sido comerciantes y, además, hacendados. Han comerciado con todo, aceite en botija, esclavos, géneros, azúcar, y, claro, tierras. Indígenas no tienen a mano, si se exceptúan los que su parentela los Guerra de la Espriella- otros también embollados con la Ley-engañan y emborrachan en Sucre: Joselito convicto del 8000 y especializado en atropellar -digo lo menos-a los indígenas de San Andrés de Sotavento; su hermano Víctor, hoy delegado personal del Presidente Uribe en la Corporación Autónoma de Sucre organizo con paramilitares las CONVIVIR regionales bautizadas con el significativo nombre de Orden y Desarrollo; Miguelito, el de Ralito; su hermana, Ministra de Comunicaciones y su padre Julio Cesar Guerra Tulena.

El nuevo Canciller estuvo untado en el negociado de Chambacú. Y salio bien librado. Explicable, siendo Fiscal Luís Camilo Osorio, que tarde o temprano veremos en los estrados. Pero el problema no es legal. Es social. Chambacú era un pueblo de negros tan autentico como puede ser San Basilio. Vestigios ambos de lo que fue la cultura africana en América. Pero a los casatenientes cartageneros no les gustaba el barrio hecho entre manglares con cartones y tejas de zinc. Daba mal aspecto al Corralito. Y decidieron sacar a la gente a la fuerza y botarla a vivir donde pudiera. Chambacú se volvió uno de los más costosos predios. El negocio fue redondo. Hasta construyeron un edificio inteligente. Los desalojados tuvieron que treparse a La Popa y las Loma de Peyé, terrenos hermosísimos con vista al mar. Hay un nuevo plan para sacarlos de ahí también: la Avenida Perimetral. Limpias esas lomas, vendrá triunfal don Donald Trump, rey inmobiliario de Nueva York y dueño del Concurso Miss Universo a inaugurar, -quizás asociado con los Santos, los Noguera, los Guerra de la Espriella, y, por supuesto con Jean Claude Besudo- un gran vividero residencial para pensionados gringos. De ahí las medidas adoptadas por el Ministro de Defensa para la ciudad.


Diligencia de conciliación
Investigación # 200701527.
Audiencia de Conciliación.

Querellantes: Andrés Alfredo Araujo Ariza y Andrés Alfredo Rafael Molina Araujo.
Indiciado: Alfredo Molano Bravo

Nos presentamos el 10 de diciembre de 2007 en Fiscalia cuarenta unidad tercera delegada ante juzgados penales municipales, etc.
Resultados:

1. Los querellantes exhiben poderes de Hernán Felipe Araujo Ariza y Maria Mercedes Molina Araujo también denunciantes

2. Los denunciantes manifiestan que para conciliar solicitan al denunciado que se retracte o que rectifique las imputaciones deshonrosas y las calumnias que en el artículo efectuó contra los Araujo de Valledupar

3. El denunciado manifiesta que esta dispuesto a efectuar precisiones y que se desplazara a v/par por espacio de tres meses para precisar aspectos de su articulo tanto gramaticales, sociológicos e históricos

4. Ante esta propuesta, los denunciantes manifiestan su desacuerdo y que estarían dispuestos a que el denunciado escriba su texto haciendo retractación o rectificación y que antes de su publicación nos reuniéramos nuevamente para verificar la conciliación, es decir para verificar que el texto escrito por el denunciado repare el daño moral que ha causado en los denunciantes
5. El denunciado manifiesta que no esta dispuesto a escribir un articulo y a que sea revisado por los denunciantes porque se cercenaría la libertad de prensa, él esta dispuesto a hacer precisiones pero en libertad de pensamiento
6. Esto tampoco es aceptado por los querellantes
7. El denunciado manifiesta que no presume que los Araujo hagan parte de los notables de v/par tal como en su columna escribió
8. El fiscal declara fallida la audiencia de conciliación

Fiscal Maria Cecilia Cadena Lleras
Fiscal 40.


BASE DEL ARGUMENTO DE LA FISCALIA
Subrayados y en mayúscula el sujeto atribuido y/o añadido por la Fiscalía al formular la imputación; entre paréntesis las palabras de mi columna

Seguro es que los Araujo vallenatos no tienen sangre próxima común con los de Cartagena, aunque para un senador de Texas o para un representante sueco al Parlamento Europeo, la coincidencia les aflojara una sonrisita de lado. El asunto no es de consanguinidad, sino de identidad en el modo de hacer negocios aunque no sean socios. Ambas familias son de esa rancia cúspide regional acostumbrada a manejar haciendas, predios, casas comerciales, y oficinas públicas con los mismos criterios especulativos y endogámicos. Los ARAUJO (notables) de Valledupar nacieron todos en la misma cuadra y se conocen los trapos íntimos desde niños. LOS ARAUJO Han vivido del contrabando de café y ganado con Venezuela por Puerto López- el de Tite Socarras-, después, sin duda, contrabandearon maracachafa por Bahía Portete; LOS ARAUJO (;) han escriturado, con parientes notarios, haciendas y predios urbanos a sus reconocidos nombres y le han quitado toda la tierra que pueden a los indígenas de la Sierra Nevada y sobre todo a los Kankuamos. Las campañas electorales de LOS ARAUJO (estos prohombres) son –hoy todavía- un espectáculo deprimente: suben sus delegados en camión a la Sierra, digamos a Atanques, y llevan a los indígenas enchirrinchados a donde necesitan inclinar a su favor la votación. Una vez que, abrazo de por medio, los indígenas votan, LOS ARAUJO los empujan en cualquier esquina para que amanezcan botados, vomitados y sin saber como devolverse a su tierra. El espectáculo se repite con la regularidad del Festival Vallenato. Con el mismo procedimiento los ARAUJO los llevan a firmar escrituras. Lo que hace Jorge 40 no es más que repetir la historia”




En Colombia no hay, ni debe haber, crímenes de conciencia.

Ante la insólita demanda por injuria y calumnia que varios miembros de la familia Araújo de Valledupar han instaurado ante la Fiscalía General de la Nación contra el sociólogo, escritor y periodista Alfredo Molano, haciendo gala de una prepotencia que recuerda aquello de que en ocasiones son los pájaros los que les disparan a las escopetas, los abajo firmantes nos permitimos hacer públicas las siguientes consideraciones:

En ejercicio de la libertad de prensa que consagra la legislación colombiana, y haciendo uso del derecho inalienable que tiene todo comentarista a interpretar la realidad nacional y a expresar sus ideas al respecto, el 25 de febrero del año 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia comenzó a desenredar el cordón umbilical que une a los caciques electorales de la Costa Atlántica con sus respectivos jefes paramilitares, Alfredo Molano publicó en El Espectador una columna de opinión titulada Araújos et al, en la que hace un somero recuento histórico de lo que ha sido desde los viejos tiempos de la Colonia el dominio económico, político y social del notablato costeño en dicha región del país.

Sintiéndose aludidos por las opiniones de un escritor público, opiniones que por el hecho de ser discutibles no dejan de ser respetables, cuatro miembros de la familia Araújo de Valledupar, parientes cercanos de varias personas que son investigadas por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares, resolvieron recurrir a la Fiscalía General de la Nación para tratar de acallar un punto de vista diferente al suyo.

Estamos en presencia, por lo tanto, de un atropello contra la libre expresión del pensamiento crítico que debe ser condenado sin titubeos de ninguna especie por quienes creemos en la democracia y pensamos que la libertad de prensa es uno de sus fundamentos básicos. En Colombia está comenzando a hacer carrera la costumbre de tratar de intimidar mediante diligencias judiciales a todos aquellos periodistas cuyas opiniones resultan incómodas para la buena imagen que de sí mismos quieren proyectar ciertos sectores de la clase dirigente. Lo que se busca, en pocas palabras, es domesticar a la prensa, coartándole su iniciativa y su creatividad, para así poder domesticar a la opinión pública, un precedente que, de prosperar, desemboca de manera inevitable en una dictadura.

Nuestra solidaridad con Alfredo Molano, por consiguiente, es incondicional.
FIRMAS: Bogotá, 20 de mayo de 2008.

Procedimiento: Si usted está de acuerdo y adhiere firma con nombre y cedula y envía por correo electrónico la presente Declaración a uno de los buzones que aparecen al final de esta comunicación. Puede darse el caso de una salvedad y ella será bien acogida y publicada.

lector@elespectador.com
Fcano@elespectador.com

miércoles, 21 de mayo de 2008

Persecución política contra líderes campesinos


Detenciones masivas en Caquetá
Entre las personas detenidas figuran varios sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista.
Por Camilo Raigozo. Voz


En un operativo en el que intervinieron el CTI de la Fiscalía, el DAS y tropas del Ejército Nacional, el pasado 11 de mayo fueron detenidas de forma irregular 21 campesinos, entre ellos dos mujeres, de los corregimientos de Remolinos del Caguán, Puerto Camelias y Monserrate, pertenecientes a la jurisdicción del municipio de Cartagena del Chirá, Caquetá.


Las víctimas fueron trasladadas inmediatamente a las instalaciones del CTI de la Fiscalía de Bogotá, bajo la sindicación de rebelión, por cuenta del Fiscal 53, delegado ante las Fuerzas Militares


En un operativo en el que intervinieron el CTI de la Fiscalía, el DAS y tropas del Ejército Nacional, el pasado 11 de mayo fueron detenidas de forma irregular 21 campesinos, entre ellos dos mujeres, de los corregimientos de Remolinos del Caguán, Puerto Camelias y Monserrate, pertenecientes a la jurisdicción del municipio de Cartagena del Chirá, Caquetá.


Las víctimas fueron trasladadas inmediatamente a las instalaciones del CTI de la Fiscalía de Bogotá, bajo la sindicación de rebelión, por cuenta del Fiscal 53, delegado ante las Fuerzas Militares.


Las personas detenidas en el operativo de la Brigada Móvil 22 acantonada en Remolinos del Caguán, son víctimas de la Red de Informantes y tanto la Fiscalía como el Ejército los sindican de varios delitos como homicidio, terrorismo, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y rebelión entre otros.


Según informes castrenses suministrados a los medios de comunicación, en el momento de las capturas fueron encontradas armas, explosivos y 500 gramos de alcaloide.


Sin embargo, familiares de varias de las personas detenidas y la comunidad desmienten las acusaciones y advierten que son víctimas de los consabidos montajes con que el gobierno se ha ensañado contra las comunidades rurales en zonas donde se ha venido ejecutando el conflicto social y armado que padece el país.


“Las personas detenidas son conocidos líderes comunitarios y sociales de sus regiones, dirigentes del Partido Comunista que hacen parte del Polo Democrático Alternativo y muchos son sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica y del partido Comunista, que no tienen relación algunaza con grupos alzados en armas y tampoco con las acusaciones que les están haciendo.


“Todas esas personas forman parte de las juntas de acción comunal de sus respectivas veredas”, le dijo a VOZ, José Yesid Doncel, secretario general de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Cartagena del Chairá.


Entre las personas capturadas está por ejemplo Rafael Orjuela Huertas, quién es el fiscal de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena del Chirá. Él fue también candidato por el Polo al Concejo en las elecciones anteriores.


“Por eso sostenemos que lo que ha ocurrido, es una persecución política. Es que el Gobierno tiene estigmatizados a los habitantes de estas regiones por el hecho de que en su mayoría somos militantes del Polo”, dijo Doncel.


“Son retaliaciones del Ejército”


Para los campesinos, estas detenciones arbitrarias no son más que retaliaciones del Ejército que no les perdona que las comunidades se unan y se organicen para defender sus derechos y por realizar certámenes como foros por la defensa de los derechos humanos en los que han denunciado ante la opinión pública nacional e internacional los atropellos que la fuerza pública comete.


Otro de los motivos por los cuales creen los campesinos que se dan estos actos arbitrarios contra la población, es la venganza por el rechazo a la presencia militar en las asambleas de las asociaciones de juntas de acción comunal en las que los labriegos han obligado a los uniformados a no inmiscuirse por ser ellos los principales causantes de la crisis humanitaria que atraviesa la región.


Las comunidades de Cartagena del Chairá, denunciaron a VOZ que debido a las fuertes restricciones que ejercen los militares en el libre movimiento de artículos de primera necesidad de la canasta familiar, de medicamentos y de insumos propios a las labores agrícolas, hay una crisis humanitaria de grandes proporciones que están padeciendo los pobladores de las diferentes veredas.


“Es denigrante el trato que las tropas nos dan. Como todas las facturas de compra de los mercados tienen que ir firmadas por los comandantes y revisados los mercados, a veces en Cartagena nos dicen que la revisión le corresponde, por ejemplo, a la comandancia de Remolinos, pero cuando llegamos allá, después de cuatro horas de viaje en canoa rápida, nos dicen que no, que es en Cartagena”, dicen en sus quejas los labriegos.


No es la primera vez que las detenciones masivas ocurren en Cartagena del Chairá. El 7 de septiembre de 2003 fueron capturadas bajo las mismas acusaciones más de 90 personas de la región. Las autoridades tuvieron que dejarlas en libertad al poco tiempo al no poderles comprobar su culpabilidad de lo que se les acusaba.

17 FAMILIAS EN LA MIRA PARA SER DESALOJADOS EN CAJAMARCA

Por Nelson Lombana Silva

17 familias de escasos recursos económicos se encuentran en la mira del gobierno nacional para ser desalojados de sus modestas viviendas con el fin de garantizar el desarrollo del megaproyecto del túnel de la línea y el ensanchamiento de la carretera, en el municipio de Cajamarca, Tolima, exactamente en el kilómetro 26.

Diversas acciones legales han interpuesto estas familias con el fin de que sean debidamente indemnizadas y reubicadas, sienten que no pueden quedar a la intemperie con sus niños, ancianos y mujeres, que durante años han vivido en este sector.

En la defensa de sus intereses, tanto el partido comunista, como diversos sindicatos, especialmente Sintragritol y uno más adscrito a la CTC, se han puesto al frente.

Hepolidoro Laverde Suárez, dirigente sindical, hace una síntesis apretada pero interesante del proceso de lucha y resistencia de estas 17 familias.

La noticia del desalojo la dio el compañero José Santiago Bucurú, en el mes de diciembre, reuniéndose de inmediato Raúl Rojas González y Hepolidoro para analizar la situación, orientando de inmediato un censo y una reunión con los damnificados para conocer el tema de fondo.

El partido comunista orientó crear un comité integrado por los campesinos afectados por las políticas del gobierno nacional, el cual fue constituido el 10 de marzo, conformado por Jhon Jairo Buitrago, José Santiago Bucurú y Amparo de Jesús Ayala Loaiza, quienes comenzaron a orientar al grupo.

El 7 de abril, con la presencia de 27 campesinos, se crea la junta con la siguiente directiva: presidente, Hepolidoro Laverde Suárez; vicepresidente, Orsini Hernández Ruiz; secretaria, Miriam Romero Bonilla; tesorera, Ligia Marulanda Morales; fiscal, Jhon Jairo Buitrago; suplentes: Celedonio Romero Ávila, Fabio Nelson Hernández, Euclides Cuellar, José Santiago Bucurú y Clara Inés Calvo.

El 14 de abril, el compañero Hepolidoro viaja al kilómetro 26 con el fin de hacer firmar un derecho de petición, solicitándole al alcalde que estas familias sean incluidas en un plan de vivienda.

El 28 de abril, la inspección de trabajo mediante resolución número 0180, reconoce la junta directiva, lo cual es celebrado con júbilo.

El 30 del mismo mes, Hepolidoro recibe respuesta del alcalde popular, Guillermo Rodríguez, colocándole cita para el 14 de mayo. Asiste puntual acompañado de varios damnificados, planteándole la problemática. El burgomaestre se muestra interesado y los cita para el siguiente día a hacer parte de la reunión con la delegada del ministerio de vivienda y medio ambiente, se trata de la doctora Julia Ramírez, quien expone los requisitos básicos para aspirar hacer parte de un plan de vivienda. Estos son: tener núcleo familiar, ganar menos de cuatro salarios mínimos, no estar afiliado a una caja de compensación, no haber recibido subsidio del gobierno nacional, no tener propiedad raíz, estar en el estrato 1, 2 y tener una cuenta de ahorro programada.

El 19 de mayo, se reunieron nuevamente 14 familias, pues tres, abandonaron la lucha, con el fin de analizar el ofrecimiento del alcalde y comenzar a llenar los requisitos. La reunión se hizo en la casa campesina al calor de un suculento sancocho, participando de ella el presidente de sintragritol, Luis Gómez y un dirigente regional del partido comunista y del Polo Democrático Alternativo.

El dirigente comunista hizo un análisis de la situación política del país y de la región en el marco de la seguridad democrática de Uribe, la parapolítica y los nexos del gobierno nacional con el paramilitarismo. Instó a la unidad y a la lucha por la vivienda en una perspectiva integral, pues al lado de ésta, debe estar la lucha por la educación, la salud, el empleo, la paz con justicia social, la salida política al conflicto, el intercambio humanitario y el esfuerzo mancomunado por fortalecer la propuesta de la constituyente popular, democrática e incluyente. Se propuso el estudio y análisis colectivo del semanario VOZ La verdad del pueblo.

El presidente de Sintragritol, insistió en la necesidad de conocer el proceso, las causas estructurales de la problemática que sacuden a los pobres del país y en tener un espíritu de resistencia y lucha de clases. "Nada de conciliación, dijo, contra Uribe y su mal gobierno, vamos todos".

Por su parte, Hepolidoro Laverde Suárez distribuyó una rifa para comenzar a tener fondos y poder abrir una cuenta de ahorros. Se mostró optimista y dispuesto a trabajar. Dijo que había presentado un proyecto al alcalde para facilitar el transporte a los niños del kilómetro 26 y que el alcalde se mostró dispuesto también a colaborar.

Ibagué, mayo 20 de 2008

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martes, 20 de mayo de 2008

MILITARES UTILIZAN A LOS CAMPESINOS COMO ESCUDOS HUMANOS EN SUR ORIENTE DEL TOLIMA


Por Nelson Lombana Silva

Mediante comunicado público, radicado en la defensoría regional del pueblo, (mayo 19 de 2008) de la ciudad de ibagué, Tolima, los campesinos de Dolores, municipio ubicado en el sur oriente de este departamento, denuncian las arbitrariedades que viene cometiendo los militares en la vasta zona, al utilizarlos como escudos humanos, violando las normas consagradas en el derecho internacional humanitario, DIH, y demás derechos constitucionales.

En el comunicado, los campesinos hacen un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional para que presionen al presidente Uribe a detener inmediatamente el accionar de los citados uniformados, en su condición de comandante supremo.

A partir del 11 de mayo, se instalaron en las casas de los campesinos Fenibal y Adán Novoa y, Benito Peña, habitantes del sector El Roble, vereda San Pedro, municipio de Dolores, convirtiendo los corredores de sus casas y el beneficiadero del café en sus dormitorios.

Con arrogancia, prepotencia e ironía, los uniformados alegan que estando allí la guerrilla no los atacará, convirtiendo de esta manera a los asustados campesinos en escudos humanos y de paso señalándolos como colaboradores.

Los campesinos señalan en el comunicado que no es la primera vez, ésta ha sido práctica recurrente de los militares en sus desplazamientos por la zona, sembrando el pánico entre los moradores que temen quedar en cualquier momento en medio del fuego cruzado o convertidos en objetivo militar.

Por los hechos narrados, dice la denuncia, "la población civil de la región, manifiesta su preocupación y rechazo por las arbitrariedades que realiza el ejército contra los campesinos, quienes son continuamente hostigados, amenazados y asesinados en muchas ocasiones por las fuerzas de seguridad del Estado colombiano".

Solicitan el respeto a la integridad física de los campesinos y al cumplimiento de las normas consagradas en los convenios internacionales vigentes en el país. Piden los campesinos que los comandantes y soldados que vienen violando la norma sean castigados ejemplarmente, se garantice la vida, la integridad física y moral, el libre ejercicio de las actividades y movilización de los habitantes del sur oriente del Tolima.

Finalmente, el comunicado hace un llamado a los campesinos y sus organizaciones populares a estar listos ante cualquier anomalía más que se pudiese presentar en lo sucesivo.

Ibagué, mayo 19 de 2008

lunes, 19 de mayo de 2008

¿Emisarios de quién?

*Carlos A. Lozano Guillén
Especial para el Semanario Voz. A raíz de que el Gobierno “autorizó a los doctores Álvaro Leyva Durán y Carlos A. Lozano Guillén para hacer contactos con las FARC en función del intercambio humanitario”, según las versiones de prensa, hemos recibido numerosas cartas fraternales preguntando sobre esta “designación” y hasta comentarios desobligantes, que no son del caso recordar.

Lo primero es decir que Leyva y Lozano no han sido nombrados mediadores, facilitadores o emisarios del Gobierno Nacional; tampoco de la guerrilla de las FARC. El Gobierno consideró conveniente autorizar contactos en función del intercambio humanitario. Eso y nada más. Los facilitadores autorizados son los “países amigos” y la Iglesia Católica. En este sentido, es pertinente decir que el intercambio humanitario y la paz son objetivos altruistas y revolucionarios, no pertenecen al ámbito de la coyuntura o de un momento determinado, sino que son objetivos estratégicos no importa las dificultades del proceso político. Entre otras cosas, el autor de esta columna recuerda, que así mismo se lo expresó en el año 2000, en un momento de dificultades en los diálogos del Caguán, el jefe de las FARC, Manuel Marulanda, en entrevista publicada en el periódico VOZ y luego reproducida en el libro Reportajes desde el Caguán.
El intercambio humanitario y la paz no le pertenecen a la derecha, obnubilada en los propósitos guerreristas y belicistas, alejados de la solución política negociada del conflicto. Ambos temas son del dominio de la izquierda, comprometida con objetivos nobles, altruistas y humanistas. Es parte de la naturaleza de la izquierda y de su diferencia con la derecha recalcitrante, autoritaria y despótica.

¿Qué persigue el presidente con ese aval para contactar a las FARC en la búsqueda del intercambio humanitario? A lo mejor seguir quemando las posibilidades de salidas pacíficas y humanitarias, pero ello no es óbice para actuar, no podemos cruzarnos de brazos y contemplar el paso de los días con episodios trágicos y de barbarie, propios del conflicto y de la crisis nacional. Lo importante es que existen factores importantes, favorables a las salidas políticas y al intercambio humanitario, entre ellos la presencia de la comunidad internacional, que se pronuncia en contravía de la guerra y de la mayor intensidad de la confrontación armada en Colombia.

Es evidente que la crisis política y la campaña uribista hacia la segunda reelección no son propicias para eventuales negociaciones del canje y de la paz, pero existen espacios políticos favorables, con apoyo exterior, como lo han dicho en días recientes los presidentes Chávez y Correa, para el acuerdo humanitario. El gobierno de Francia, pese a la oposición de Uribe, reconoce la importancia de la interlocución de Chávez, al tiempo que los “países amigos” continúan tocando puertas. ¿Por qué abstenernos de participar en este proceso?



Vías alternas para solucionar el conflicto armado

Bogotá, mayo 19 (Comunicaciones UPN). El tema que mereció la asistencia de estudiantes, docentes y funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional fue la consideración de alternativas pacíficas a la solución al conflicto armado colombiano en la conferencia “Diálogo: Una solución cierta al conflicto armado”, a cargo de Carlos Lozano Guillén, el director del semanario Voz.

Un selecto grupo del escenario político nacional e internacional también asistió al evento; personalidades como la doctora Adela Citarella, de la embajada de Italia; el doctor Luis Fernández, de la embajada de Cuba; el general Gustavo Balza, embajador de la República Argentina; Gustavo Oliva, ministro plenipotenciario de la embajada argentina; el doctor Raúl Alameda, secretario perpetuo de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; el doctor Ramón Jimeno, quien participó de una conferencia del Programa a propósito de las relaciones entre Colombia y Venezuela; Jorge Zabala Cubillos, director de la revista ¡alto ahí!; Gerardo Riva, representante de la Fundación para la Investigación y la Cultura (FICA), y Miguel Eduardo Cárdenas, coordinador de programa de Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol).

El evento inició con la presentación realizada por el doctor Alonso Ojeda Awad al conferencista invitado. Este giró en torno a la búsqueda de un consenso entre las partes involucradas en el conflicto, orientado, principalmente, hacia las vías políticas para abrir el escenario, donde múltiples actores reclaman avances en el marco de una posible salida del conflicto colombiano.

La necesidad de retomar el camino del diálogo y de mantener vigente la voluntad pacífica frente al conflicto, fueron descritas por Carlos Lozano Guillén desde su experiencia en la Comisión de la Paz, durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Cuando en una oportunidad pudo preguntar a Manuel Marulanda, comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sobre la importancia de mecanismos como el diálogo, a lo que respondió: “una revolución nunca debe arriar la bandera de la paz y de la solución política”. Después de este recuento, Lozano Guillén manifestó su deseo de que la respuesta de Marulanda siga teniendo vigencia en el discurso y en las acciones de las FARC.

Sobre el tema del intercambio humanitario, el director del semanario Voz señaló que este gesto “se convirtió en una puja de guerra”, criticando, a su vez, que los actos humanitarios no deberían tener condicionamientos o servir de mediadores de intereses.

Carlos Lozano Guillén expresó que en el mundo, actualmente, no existen las condiciones para un intercambio y, en consecuencia, las posibilidades de dar solución a un conflicto por vía de las armas. En cambio, la única salida de los actores del conflicto es tomar conciencia por la vía política negociada, cuyo sustento primordial sea el diálogo y la voluntad pacífica.

Con respecto a la reciente extradición de los 14 principales jefes paramilitares, el conferencista invitado al programa Pedagogía para la Paz dijo que el escenario para el diálogo en este marco está viciado por intereses muy concretos, que no permiten la realización de acciones orientadas a buscar salidas consensuadas y la legitimación de la búsqueda de la paz.

Para finalizar, se dejó abierta la posibilidad de que el doctor Jaime Bernal Cuéllar participe del próximo encuentro del programa Pedagogía de la Paz, con una ponencia sobre Convenios internacionales y Derecho Internacional Humanitario.

jueves, 15 de mayo de 2008

Un papel en blanco tiene más valor legal que las supuestas computadoras de Raúl Reyes



Yvke Mundial consultó a dos expertos legales, los abogados Carlos Reyes y Luis Britto García, así como al ingeniero en Telecomunicaciones Rafael Rico, en torno a cuan confiables pueden resultar las pruebas extraidas de computadores portátiles, supuestamente pertenecientes al comandante guerrillero de las FARC.

Yvke Mundial
Deprimido y cabizbajo, Jairo recogía sus objetos personales y se preparaba para partir de la oficina para la cual había trabajado por 6 meses, convencido de su despido, cuando su jefe le preguntó por un informe que le había pedido el día anterior.
-Pero jefe, usted me acaba de despedir -le respondió Jairo-. Acabo de leer el email que usted me envió... -¿Despedirte? ¿Yo? ¡Déjese de excusas, Jairo! Aquí nadie lo ha despedido... ¡Entrégueme el informe esta tarde!

Jairo respiró aliviado cuando se enteró de que todo había sido una broma de sus compañeros de trabajo, quienes se valieron de una conocida vulnerabilidad de Internet para escribirle un email haciéndose pasar por el jefe de Jairo y decirle que estaba despedido.

En otro lugar del mundo, Guillermo aceptó en su Messenger a mailto:lleana.gonzalez@hotmail.com. Creyendo que era su novia, aceptó un archivo que se le enviaba afirmando que eran unas fotos que ella se había tomado. Pronto Guillermo se enteró de que la cuenta de Messenger "mailto:lleana.gonzalez@hotmail.com" no era su novia, sino un grupito de hackers de su universidad, quienes lo engañaron para introducirle un virus que le dañó su computador

Cualquiera puede suplantar una identidad

Si bien los ejemplos anteriores son ficticios, se basan en hechos reales que se repiten miles de veces al día por todo el mundo. Seguramente usted tiene familiares o conocidos quienes han pasado por experiencias similares. Y es que, en el mundo de los documentos electrónicos, cualquiera puede crear una cuenta en servicios como Gmail o Facebook y hacerse pasar por otra persona con facilidad. Hasta es posible enviar un correo electrónico haciéndose pasar por otra persona, sin necesidad de saber su clave.

Mencionamos esto a propósito del sonado caso de los tres computadores portátiles, los dos discos duros externos y las tres memorias USB que el gobierno de Colombia afirma haber tomado de un campamento de las Farc en Ecuador. El propio gobierno neogranadino afirma haber extraído dichos equipos de allí luego de realizar un bombardeo y penetrar a territorio ecuatoriano sin su consentimiento, efectuando una operación en la cual murieron 25 personas, varias de ellas rematadas con tiros en la espalda o con golpes en la cabeza. De esos computadores, el gobierno colombiano supuestamente ha extraído documentos que ha filtrado a la prensa de forma bastante irregular, con el fin de acusar al gobierno del Presidente Hugo Chávez de financiar a las FARC. Y los medios colombianos, algunos de ellos con estrechos lazos familiares con altos jerarcas del gobierno de Álvaro Uribe, no dudaron en hacer circular estas versiones.


El sentido común pone en duda que:

*Un combatiente guerrillero pueda tener y usar tres computadoras en un campamento en medio de la selva, a decenas de kilómetros de cualquier lugar poblado, en condiciones de temperatura y humedad extremas, completamente desprovisto de servicios eléctricos y de Internet.
*Que use dichas computadoras para guardar documentos confidenciales e información sensible, aún sabiendo que huye de cuerpos militares interesados en capturarlo, y que el contenido de ese computador podría incriminarlo a él y a sus compañeros.

*Que dichas computadoras, extremadamente delicadas, pudieron sobrevivir a un bombardeo y un ataque que mató a 25 personas. Pero vayamos más allá del sentido común. ¿Cuán confiable puede ser una prueba hallada en un computador personal? ¿Cuán fácil es falsificar un documento? ¿Es válida desde el punto de vista jurídico?


El equipo de Yvke Mundial se hace estas preguntas, intrigado por una realidad inobjetable: en un país donde 60 congresistas aliados del Presidente Álvaro Uribe están siendo juzgados y condenados por relaciones con los paramilitares y el narcotráfico, es realmente extraño que la atención pública esté concentrada en unos archivos digitales provenientes de computadores personales que el propio gobierno colombiano reconoce haber manipulado. Yvke Mundial buscó opiniones de especialistas en el área jurídica y técnica, preguntándose cuán fácil o difícil es manipular un documento electrónico en un computador, y qué pasos debe cumplir un documento electrónico para ser tomado como una prueba legítima por un tribunal.

Verosimilitud de las pruebas

"El sólo planteamiento de que alguien en la selva, sin un enchufe al cual conectar, tenga una computadora en la cual centralice toda la información delicada y sensible del grupo que representa, ¡ya es un exabrupto!", razona el abogado Carlos Reyes, entrevistado por la Lic. Cristina González, directora de YVKE Mundial.


El abogado e intelectual Luís Britto García, también entrevistado por la Lic. González, concuerda con Carlos Reyes. "Una cosa debe ser razonablemente posible o verosímil", expresó. Al respecto, indicó que la confiabilidad en una computadora que ha sido sometida a un bombardeo, en el cual perecieron más de 20 personas y quedaron otra gran cantidad de heridos, "no es verosímil, aún suponiendo que hubiese estado allí y que los guerrilleros de las FARC hubiesen sido hackers". El jurista criticó la hipótesis de las autoridades colombianas, considerando poco probable el hecho de que "bombas que mataron a más de una veintena de personas, e hirieron gravemente a muchos más, hayan dejado incólumes computadoras con datos tan importantes". Britto instó a quienes dudan sobre la capacidad de resistencia de las computadoras, a golpearlas contra el suelo, "para ver si siguen funcionando".

Las pruebas fueron manipuladas por una de las partes interesadas

El abogado Reyes además cuestiona la validez de las pruebas, dado que fueron transportadas, guardadas y manejadas por una de las partes, sin ningún control.

"Una vez tomada una computadora por alguien que supongo es su enemigo -si los bombardea, los destruye y los asesina, obviamente no es su amigo-, no pudiendo garantizar la integridad de la información y pasando la prueba directamente a manos de su enemigo sin ningún control, ¿puede tener algún valor? (...) Si usted y yo estamos litigando, yo no puedo tomar sus pruebas y llevarlas a algún lugar, o recoger los resultados de cualquier cosa que usted pida. Y es obvio: Si yo pudiera tener en mis manos las pruebas que usted ha solicitado, o viceversa, podría pensarse que hubo una alteración de las pruebas en el camino".

Luis Britto García dio un ejemplo muy sencillo para demostrar lo delicado del asunto. "Una computadora es como una gaveta -explicó- y en esa gaveta tu puedes meter lo que sea y luego sacarlo. Ahora, ¿quien garantiza de quién son esos mensajes que aparecen en esa supuesta computadora?", se preguntó.

Cualquiera puede modificar un documento electrónico Rafael Rico, Ingeniero de Telecomunicaciones en la Universidad de Malaga, España, explicó que un documento electrónico puede ser alterado por cualquier persona, dado su origen electrónico, sin que queden huellas de las modificaciones. Incluso es posible, si se accede al disco duro de forma especial, alterar la fecha de modificación de los archivos o alterar sus metadatos para afirmar que su creador fue otra persona.

"Tú puedes perfectamente agarrar el disco duro, montarlo en cualquier otro computador, manipular la información y ponerle la fecha que tú quieras. Eso es posible a nivel de bajo código, o sea, a nivel de código-máquina: tú puedes modificar toda esta información, meterla en el disco duro y luego, a la hora de hacer un análisis forense (así se le dice en Informática) puede aparecer la fecha que a ti te interesa que aparezca. Por eso es muy importante en Informática forense, al igual que en cualquier rama de la criminalística, que los órganos de investigación estén en el lugar de los hechos y sigan un protocolo muy estricto a la hora de recoger el material que luego se va a investigar."

Continuó el Ing. Rico: "Ahí hubo un bombardeo irregular, en un país que no es el suyo. Llegaron unos señores, se llevaron todo aquello. Ahí no hay ningún tipo de protocolo, o sea, eso no tiene -desde el punto de vista informático- ninguna validez, ningún peso, aunque se empeñen estos señores -ya sabemos por qué- en condenar al gobierno venezolano por unos intereses políticos ue ya sabemos por dónde van."

El Dr. Reyes coincidió. Señaló que "los contenidos digitales son fácilmente modificables, su integridad es fácilmente alterable. Yo puedo tomar una fotografía digital suya, y a través del manejo de la data en esa fotografía, puedo ponerla al lado de Osama Bin Laden o de George W. Bush".

"El mundo digital es absolutamente maleable, usted puede hacer lo que quiera con él", continuó el abogado. "En el mundo antiguo tal vez no tanto. Si usted hace una carta a mano, hay ciertos rastros como la oxidación de la tinta y rasgos específicos de la mano que son difíciles de reproducir. Además, hay una oxidación del papel, hay una serie de elementos que pueden revisarse y que, si bien no son perfectos, pueden dar una idea de la certidumbre o no del documento y de su fiabilidad. Pero en el caso digital no; usted puede abrir un documento y ese documento puede ser modificado mil veces."
Un computador, en algunos casos, puede guardar una "sombra" o dejar un rastro de archivos borrados, que podrían ser recuperados por especialistas o por cierto software. Pero Reyes explicó que ni siquiera estas evidencias son confiables o concluyentes: si usted tiene el conocimiento suficiente o si usted fabricó la computadora o el disco duro, entonces usted conoce cómo alterar todos los datos. Podría incluso borrar la "sombra" o suplantarla con una sombra falsa de un dato que no existió. "Quien tiene un control del conocimiento de la fabricación del objeto puede hacer lo que le dé la gana con él." Una persona no ducha en esa materia no podría, pero el fabricante sí. ¿Quién hizo esa computadora? ¿Quién la fabricó?" La colaboración de militares estadounidenses con el gobierno de Colombia a través del Plan Patriota sin duda que crea muchas

Reiteró que no hay ningún precedente legal de un país o un gobierno sancionado por pruebas halladas en un computador. "¿Quién va a juzgar a ese país, su enemigo? Para que podamos producir un juicio elementalmente apegado a los principios universales del derecho, quien me juzga no puede ser quien quiera invadirme o asesinarme."

Sólo pueden usarse como prueba judicial si cuentan con un certificado digital
Ambos coincidieron en que hay una excepción: sólo si un documento está acompañado de una firma electrónica y un certificado electrónico válidos y comprobados, se podría certificar más allá de cualquier duda que un documento electrónico fue elaborado por una determinada persona y que dicho documento no fue alterado por nada.
Una firma electrónica es un mecanismo ideado para garantizar que un documento electrónico específico fue creado por determinada persona, y que el mismo no ha sido modificado o alterado por terceros. Es un equivalente, en el mundo electrónico, al sello de cera que monarcas y altas autoridades colocaban a documentos y sobres antiguos, para garantizarle al receptor que dichos sobres realmente procedían del monarca y no habían sido abiertos por los mensajeros.

Una firma electrónica funciona de forma similar a un sello antiguo

"La Firma Electrónica que permita vincular al Signatario con el Mensaje de Datos y atribuir la autoría de éste, tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa", explica el artículo 16 del Decreto con rango de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, vigente en Venezuela desde 2001 y cuyos principios son similares a los de muchas otras leyes en todo el mundo. Sin una firma electrónica, no hay forma de asegurar que un documento electrónico haya sido enviado por una persona específica, ni que su contenido haya sido modificado por terceros. El objetivo de la firma electrónica es que, "si una persona no autorizada llega a hacerle alguna modificación al documento, el cambio sea evidente", explica el abogado Reyes.

Para que una persona pueda tener su propia firma electrónica, debe acudir a un Proveedor de Servicios de Certificación, según señala el artículo 18 de la citada ley. Estos Proveedores exigen una serie de requisitos para comprobar la identidad del solicitante y entonces le otorgan la firma electrónica. Además, exigen un pago anual para emitir y renovar la firma electrónica
Además, la firma electrónica -para que sea útil- debe colocarse en el documento electrónico al momento de generarse éste, y antes de que cualquier otra persona pueda tener acceso al mismo. "Volviendo al ejemplo de la fotografía: si le tomamos la fotografía a usted y se la damos a su enemigo para que la manipule, nada hacemos con agregarle un sistema de certificación posterior", explicó el abogado Reyes.

Por lo tanto, para que el gobierno colombiano pueda probar más allá de cualquier duda que un email supuestamente enviado por Raúl Reyes de verdad provino del comandante guerrillero, dicho email debe contener:

*Una firma electrónica a nombre de Luis Edgar Devia Silva (el nombre real de "Raúl Reyes"), emitida por un Proveedor de Servicios de Certificación. Para Reyes, quien era prófugo del gobierno colombiano, no debió ser sencillo obtener una firma electrónica, aunque lo primero que uno se preguntaría es: ¿para qué querría Raúl Reyes tener una

*El email debe poseer un certificado digital y estar acompañado de una porción de la firma electrónica de Raúl Reyes, conocida como la "clave pública". El certificado digital es único para ese email, y debió ser creado por Reyes antes de enviarlo usando un software especial.

*Al colocarse el documento, el certificado digital y la clave pública en un software de verificación, éste debe indicar que la firma es correcta, que el certificado es válido y que el documento no ha sido modificado por terceros.

Rico explicó que si el documento electrónico no tiene estos mecanismos de verificación, no puede usarse como prueba en un tribunal. En todo caso, podría usarse como indicio, como una guía para que los organismos de investigación continúen investigando y busquen otro tipo de pruebas.

Sólo se han mostrado uno o dos de los supuestos documentos

El gobierno colombiano sólo ha mostrado uno o dos de los supuestos documentos encontrados en la que se presume fuera la computadora de Raúl Reyes. De los demás, sólo ha dado "interpretaciones de los mensajes", explicó Britto García. En ese sentido, calificó de "insensato" el supuesto hallazgo de informaciones sobre las cuales se acusa a las Farc de preparar armas atómicas y adquirir 50 kg. de uranio.

En primer lugar, precisó, "eso tiene un costo que está fuera del alcance de un movimiento insurgente". Luego, indicó que "para la primera bomba atómica, el proyecto Manhattan, hubo que reunir durante 4 años, varios cientos de científicos en una ciudadela aislada", lo que a su juicio resultaría imposible para un movimiento insurgente. Ante todos estos elementos, "los mensajes encontrados en la supuesta computadora de Reyes, no son creíbles", puntualizó Luís Britto García.

Interpol... ¿prepara un show?
Este jueves 15 de mayo, la Interpol presentará sus resultados en torno al análisis de tres computadores, dos discos externos y tres memorias USB que presuntamente se encontraban en el sitio donde fue asesinado Raúl Reyes. El Presidente Chávez ha adelantado que cree que se formará un show mediático en torno a dichos resultados.

El diario El Tiempo (cuyos dueños son la familia Santos, la misma que tiene puestos en la Vicepresidencia y el Ministerio de la Defensa neogranadinos) asegura que la Interpol afirmará que los computadores del portavoz internacional de las FARC no fueron manipulados por las autoridades colombianas y que las agencias de seguridad y civiles que tuvieron en poder el computador respetaron la cadena de custodia. Sin embargo, esta versión contradice el hecho de que muchos documentos supuestamente extraídos de la computadora han llegado a la prensa. ¿Cómo pudieron los periodistas obtener estos documentos si el gobierno colombiano no manipuló los computadores?

La debilidad de las pruebas que puedan obtenerse del supuesto computador de Raúl Reyes contrasta con la fuerza de las evidencias obtenidas por el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, al hacer autopsias de los ciudadanos asesinados en el campamento y comprobar que varios de ellos fueron rematados con tiros en la espalda o fueron asesinados con golpes en la cabeza cuando tenían heridas no fatales. La grabación en video que Colombia presentó mostrando la supuesta recuperación de los computadores no muestra la actuación completa de los militares, que se prolongó por varias horas en territorio de Ecuador sin consentimiento de sus autoridades.
Luís Britto García indicó que hay un principio jurídico que señala que "quien alega algo debe probarlo. No basta con que las autoridades colombianas aleguen millares de infundios de historias. Hay que probar lo que se está diciendo y esas pruebas no pueden ser disparatadas". Si las "pruebas" de Colombia no resultan ser tales, Britto García asegura que el gobierno de ese país habrá cometido varios delitos como difamación y calumnia, porque "se está imputando de actos delictivos a una persona, e intentando llevarlos a instancias internacionales".

Quieren distraer la atención sobre la parapolítica

Aseguró Britto que Colombia, para justificar sus errores, recurre a las provocaciones y está utilizando el tema de las presuntas pruebas encontradas en el computador de Reyes, que vinculan al Presidente Chávez con las Farc, "para no ocuparse ni del paramilitarismo, ni de la desigualdad social en Colombia, ni de todas las zonas invadidas por el ejercito y los paramilitares donde están expulsando a los campesinos para quitarle esas tierras y dárselas a las transnacionales".


Este artículo y sus entrevistas fueron elaboradas por un equipo interdisciplinario, formado por una docente, un comunicador social y un licenciado en computación provenientes de la Universidad Central de Venezuela.