jueves, 29 de octubre de 2009

“El gobierno no quiere darle posibilidad a la liberación”: Piedad Córdoba



En entrevista con La Fuerza Informativa la Senadora aseguró que el único paso que falta para que se den las liberaciones unilaterales de Pablo Emilio Moncayo, Josué Daniel Calvo y la entrega de restos del mayor Julián Ernesto Guevara lo tiene que dar el Gobierno nacional. También habló del Acuerdo Humanitario y del papel que debe jugar Barack Obama, presidente de EE.UU., como Nobel de Paz.

Esta es una mujer que no necesita presentación. Ella misma, entre risas, asegura que una carta de recomendación suya puede causarle más problemas que beneficios al portador. Su papel como opositora férrea del actual gobierno, defensora incansable de una salida negociada al conflicto social y armado, partidaria del acuerdo humanitario y hasta su amistad con Hugo Chávez, presidente de Venezuela, le han hecho merecedora de apodos nacidos en la mismísima Casa de Nariño como “comunista disfrazada” o “guerrillera vestida de civil”.

Ella es Piedad Córdoba y su objetivo a mediano o largo plazo es llegar a la Presidencia de la República, tal y como lo dijo en un evento de invitación a las inscripciones de cédulas en la ciudad de Medellín para que los ciudadanos participen en las próximas elecciones y la apoyen en términos electorales para su nueva candidatura al Senado de la República.

A pesar de la campaña electoral, su mayor preocupación sigue siendo la paz y por eso, continuar intermediando ante las Farc para lograr liberaciones unilaterales, presionar por el Acuerdo Humanitario y hacer diplomacia –de oposición frente al actual gobierno eso sí- en el ámbito internacional son sus prioridades.

La Fuerza Informativa: ¿Qué tipo de contactos se están estableciendo y en qué momento se pueden dar las liberaciones unilaterales de Pablo Emilio Moncayo, Josué Daniel Calvo y la entrega de resto del Mayor Guevara?

Piedad Córdoba: Los contactos ya están establecidos, la dificultad es que el gobierno no quiere darle posibilidad a la liberación. Ya está definida la logística; están definidas las decisiones por parte de las Farc, tanto para esto como para el intercambio humanitario y todo depende definitivamente es del gobierno. Aquí no hay nada por hacer ya.

L.F.I: El Comisionado de Paz, Frank Pearl aseguró hace varios días que las liberaciones podrían darse en el mes de noviembre en tanto se superen un par de escollos ¿Tiene conocimiento de cuáles son esos escollos del Gobierno nacional?

P.C: No los conoce nadie. Nadie se ha reunido con él.

L.F.I: Tendrán relación con los delegados en esta liberación ¿Quiénes serán? ¿Participará alguna delegación extranjera?

P.C: Yo creo que la logística puede ser posiblemente la misma de Brasil; pero eso ya también está surtido, inclusive la participación de otro país europeo. En la primera liberación no se necesita presencia diferente a la logística.

L.F.I: ¿Ve usted en alguno de los candidatos y precandidatos a la Presidencia de la República la oportunidad de que se consolide un acuerdo humanitario?

P.C: Yo no sabría decirlo. Yo los encuentro ahora más enredados en enfrentarse entre ellos y en descabezarse los unos a los otros. Creo que ni yo ni el pueblo en general ha tenido la oportunidad de conocer propuestas, entonces no sé si tengan la posibilidad algunos de lograrlo. Casi todos se han comprado parte del discurso de la Seguridad Democrática que es más guerra, más pie de fuerza, pero nadie habla del intercambio y nadie habla de la salida política; entonces, yo no tengo la menor idea.

L.F.I: Senadora ¿Cree que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, luego de haber ganado el Premio Nobel de Paz, propugne por una salida política y negociada al conflicto colombiano?

P.C: Yo pienso que el premio fue importante que se lo dieran a Obama porque es una manera de blindar decisiones que tienen que ver con desatar más guerras en el mundo. Nosotros mismos le planteamos el tema de las bases militares, con el que estamos en total desacuerdo. Pero, yo pienso que no hay que esperar mucho tampoco; pero sí creo que hay posibilidades, aunque mucha gente no lo crea, de avanzar más (en una salida política) con Estados Unidos que con el mismo gobierno colombiano.

L.F.I: Pareciese que para la administración Obama no tuviera dentro de sus prioridades a América Latina ¿Qué efectos puede tener esto?

P.C: A mí me parece que es muy bueno que se olvidaran de nosotros del todo, porque si se olvidan no tienen interés en espiarnos, en tender la bota imperialista en esta región y fuera de eso de pronto tendríamos más posibilidades de que se acabara la guerra.

Es que yo creo que una de las cosas que tal vez ha hecho Obama, que no creo que haya avanzado mucho pero que lo plantea, es un cambio de relaciones y es una diplomacia totalmente distinta; una diplomacia de igualdad y no una diplomacia de subyugación.

Aunque a mí me parece que todavía no es prioridad América Latina por el tema de la crisis económica que es muy tenaz en Estados Unidos; el problema que hay ahora con la discusión del nuevo proyecto de salud; Afganistán Irak e Irán son más importantes para ellos por el tema del petróleo y a ellos les interesa Venezuela, por el petróleo, no les interesa América Latina como par. Y por eso es toda la descalificación de muchos esos sectores; por eso es el golpe en Honduras; por eso es la amenaza con Guatemala, con Paraguay; y por eso es el establecimiento de las bases militares. Uno tiene que reconocer que es parte de la política de Bush, que se está todavía ejecutando y que tiene que ver con el sector de halcones que no propicia la paz, sino la guerra.

Entonces, yo pienso que es muy rápido para exigir resultados muchos más resultados, y el solo hecho de que el gobierno gringo haya tenido que redoblar y triplicar la seguridad de Obama por las amenazas de asesinato dan muestra de que para ellos un candidato, que no está haciendo transformaciones revolucionarias, sino planteando igualdad, se convierte en una amenaza. Entonces creo que las cosas hay que mirarlas en su justa proporción.

L.F.I: ¿Alguna vez ha querido dejar de nadar contra la corriente?

P.C: No. Creo que es donde mejor me muevo. Para trabajar al ritmo de la corriente me tendría que pasar para el uribismo o tendría que hacer parte del establecimiento de este país o tendría que ser parte de los beneficiados de Agro Ingreso Seguro y esa no es la corriente en la que yo navego.

L.F.I: Es claro que el país necesita de líderes políticos que adelanten luchas sociales por el mejoramiento de las condiciones de los colombianos, pero ¿serán que en la guerrilla están esos líderes?

P.C: El país si de algo tiene es una inmensa capacidad de liderazgo en los líderes populares y en los líderes invisibles, pues si este país no se ha desfondado se debe a mucha gente que hace un trabajo anónimo, un trabajo que mucha gente no conoce y un trabajo que permite inclusive mantener las redes sociales.

Yo tengo, políticamente, una distinción muy clara frente a la guerrilla. Yo creo que independientemente de que apelen a mecanismos de guerra, que degradan la guerra y que hacen parte de la dinámica del conflicto, esa es una guerrilla político-militar y estoy totalmente convencida, además, que hay muchos dirigentes que podrían estar más bien de este lado, ayudando a construir, pero siempre y cuando el sistema político de este país se desbloqueé. Si no se desbloquea, el gobierno puede ser muy exitoso exhibiendo cadáveres -que parece ser lo que más les gusta-; es más, pueden matar a toda la guerrilla, a toda la comandancia de la Farc, pero en un país donde hay tanta desigualdad, téngalo por seguro que se acaban estos y surgen otros, como lo estamos viendo con el paramilitarismo: Se llevaron todos los jefes paramilitares y el paramilitarismo vuelve y se reacomoda, porque realmente el mal no está en los que extraditaron; el mal está en una sociedad acumuladora de riquezas, propietaria de los recursos de este país y que, de alguna u otra manera, inventa otro mecanismo para volver a reciclarse en el paramilitarismo.

Entonces yo creo que el tema de la democracia, de la discusión política, es mucho más profundo que los efectos terminales que se den. Es decir, creo que las causas no son las consecuencias: ni las Farc como consecuencia, ni el paramilitarismo en algunos sectores como consecuencia, sino un sistema político, social, económico y cultural absolutamente injusto, y cerrado para otros sectores de la vida del país.

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Senadora Piedad Córdoba rechaza declaracionesd del periodista francés Jacques Thomet


Comunicado a la opinión pública
Rechazo las declaraciones en mi contra hechas por Jacques Thomet, periodista francés y ex director de la Agencia de Prensa Francesa AFP, quien aseguró sin prueba alguna, que yo le solicité al presidente de Francia Nicolas Sarkozy, abrir una oficina internacional de las FARC EP en París.

Le recuerdo a la opinión pública que como parte de la autorización que me dio el Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en el año 2007, para gestionar la liberación de varios secuestrados en poder de las Farc, visité distintos países, entre ellos Francia. En ese momento me entrevisté con el presidente Sarkozy, con el fin de conseguir apoyo efectivo para traer a la libertad a los retenidos, apoyo que además fue ofrecido por el mismo presidente francés.

En ningún momento de aquella conversación, que fue dirigida por los presidentes de Francia Nicolas Sarkozy y de Venezuela Hugo Chávez, le solicité al presidente Sarkozy alguna intervención, gestión o acción en favor de ningún grupo, organización o particular, ajenos a la gestión humanitaria para la liberación unilateral de los retenidos en Colombia.

Aquel diálogo con el presidente Nicolas Sarkozy, giró en torno a cómo el gobierno francés podía apoyar el proceso de liberación de secuestrados con la logística necesaria para tal operación. Además, como testigos de la reunión estuvieron varios periodistas de medios de comunicación internacionales y funcionarios del Gobierno de Venezuela en cabeza del presidente venezolano Hugo Chávez, el cual en ese momento tenía la autorización del Presidente de Colombia para participar en dicha gestión.

Considero que éste, es uno más de los ataques que buscan generar desconfianza en el compromiso humanitario que inicié hace varios años, en la búsqueda de la paz en mi país.

Adelantaré las acciones legales pertinentes contra el señor Jacques Thomet, para detener esta ola de calumnias que le hacen daño al país y a las personas que han apoyado esta gestión humanitaria.

Reitero al pueblo colombiano que seguiré trabajando para lograr la liberación de más secuestrados y por la solución negociada al conflicto social y armado que vive Colombia.


Piedad Córdoba Ruíz
Senadora de la República de Colombia
28 de octubre de 2009

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miércoles, 28 de octubre de 2009

La Constitución del 91



*Carlos A. Lozano Guillén
VOZ del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2009 Edición 2515

Para algunas personas, inclusive de “izquierda moderada” o de centro y desmovilizados de procesos de paz de finales de los años ochenta del siglo pasado, el periódico VOZ y el Partido Comunista detestan la Constitución de 1991, hasta la original, sin los cambios que la clase dominante le introdujo posteriormente, hasta convertirla en harapos, en un auténtico conejo a los ex guerrilleros que pactaron la paz.

Pero tal percepción, de buena o mala fe, no es cierta. Basta con mirar las páginas del periódico VOZ de la época, donde fue muy clara la posición a favor de la Asamblea Nacional Constituyente y, por lo demás, el Partido Comunista participó en ella, representado por Aída Abella, miembro de su dirección nacional y presidenta, después, de la Unión Patriótica, hasta cuando tuvo que abandonar el país debido a un atentado criminal, aún en la impunidad. Aída integro una lista encabezada por el ex canciller Alfredo Vázquez Carrizosa, que tuvo el apoyo entusiasta de dirigentes y militantes del Partido Comunista y la Unión Patriótica. Como activa constituyente suscribió el texto de 1991.

Otra cosa es que no le demos el alcance exagerado que le dan algunos de que dicha Constitución fue la “revolución” en los finales del siglo XX y que la izquierda hoy tiene como principal objetivo restaurar su vigencia primigenia y del Estado Social de Derecho contenido en ella. Objetivo importante pero limitado, porque en realidad los cambios democráticos, económicos y sociales que requiere Colombia son más ambiciosos y deben superar las falencias que la Carta tiene. El desafío de la izquierda es profundo, debe abrir la puerta a la solución política del conflicto colombiano, reconociendo con franqueza los alcances reales del cambio democrático, la necesidad de defender la soberanía nacional mancillada por el imperio del Norte, rechazando las bases militares gringas y la dependencia en política internacional. Tampoco pueden faltar los temas del modelo económico alternativo en contradicción, inclusive, con la Constitución y de una reforma agraria integral y democrática.

El defecto de la Constitución del 91 es que la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente, más que un “pacto político” lo que hizo fue una componenda para que todos quedaran satisfechos. La parte estrictamente política es positiva, como la consagración de los derechos fundamentales, la participación ciudadana, la tutela y el Estado Social de Derecho; pero la parte económica significó consagrar la política neoliberal, las privatizaciones del patrimonio público, al tiempo que lesiona el interés de los trabajadores y de los sectores más empobrecidos. En definitiva, temas como las Fuerzas Militares al servicio de la paz y de la defensa de la soberanía, nunca se discutieron. Quedó intacta la estructura represiva y de “seguridad nacional”. El proyecto de la izquierda va más allá y se nutre en la experiencia revolucionaria de América Latina y el mundo.

carloslozanogui@etb.net.co
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Carlos Lozano en la Universidad Pedagógica


“La paz no está en la agenda reeleccionista de Uribe”

Con asistencia de estudiantes y profesores el director de VOZ y candidato a la Cámara de Representantes, Carlos A. Lozano Guillén, intervino en la Universidad Pedagógica Nacional, el miércoles 21 de octubre pasado, sobre el tema “Las posibilidades de la paz en el momento actual”. Lozano dijo que la situación es adversa porque en la “agenda reeleccionista de Uribe no figura el tema de la paz y ni siquiera del intercambio humanitario”. Explicó que seis meses después que las FARC anunciaron la liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo, del soldado Calvo y de los restos del mayor Guevara, no se ha podido concretar porque el Gobierno Nacional no le ha dado la autorización a la misión humanitaria para que se desplace a lo profundo de la selva.

De otra parte, dijo, “fracasaron los anteriores procesos de paz porque la clase dominante se niega a una negociación de los temas de fondo que están en el origen del conflicto”. “La paz es posible con cambios políticos. Económicos y sociales”, señaló. Al tiempo, advirtió, que la vía política y pacífica es la única que puede conducir a la solución democrática y política de la confrontación con la insurgencia. Propuso que un diálogo de paz en el futuro se adelante sobre la base de una tregua, un cese de fuego y de acuerdos humanitarios que disminuyan la intensidad del conflicto colombiano. Al final de la conferencia sostuvo ameno diálogo con los participantes.

Carlos Lozano también participó el sábado 24 de octubre pasado en el pleno del Comité de Zona de la localidad de Sumapaz, el domingo 25 de octubre en una reunión de inquilinos de la Central Nacional Provivienda, el lunes 26 de octubre disertó ante sindicalistas en Corpeis sobre el tema de la unidad popular y el martes 27 de octubre disertó en la Junta Nacional de Sintracoltabaco.

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lunes, 26 de octubre de 2009

Por el derecho a la paz y la protección a la población civil



El Partido Comunista Colombiano, integrante del Polo Democrático Alternativo, expresa a la opinión pública nacional e internacional:

1. Su rechazo y condena por los lamentables hechos ocurridos el 18 de octubre de 2009 en el corregimiento de Nazaret de la localidad 20 del Sumapaz de Bogotá, donde fueron asesinados los ediles MARIA FANNY TORRES RAMIREZ y FERNANDO MORALES PABON, miembros del Partido Liberal y la retención de dos ediles del PDA, junto con un contratista de la alcaldía local, presuntamente por miembros del frente 53 de las FARC, quienes además preguntaron insistentemente por la alcaldesa de la localidad REINERE JARAMILO HERRERA, conocida defensora de los derechos humanos.

2. Estos hechos ocurren en un territorio del distrito capital que se ha convertido en teatro de operaciones militares como consecuencia de la “política de seguridad democrática”. Con una de las mayores ocupaciones militares del país en comparación con su población, tal presencia ha sido incapaz de preservar la vida e integridad física de tres ediles, así como las amenazas a la administración local.

3. Paralelamente, las comunidades han denunciado transgresiones al Derecho Internacional Humanitario, por efecto de los continuos operativos militares acompañados de ametrallamientos, bombardeos y campos minados, a lo que se añaden violaciones de los Derechos Humanos expresadas en el asesinato de tres jóvenes, la desaparición de otros tres desde hace más de dos años, más las detenciones arbitrarias y judicializaciones en contra de dirigentes populares de reconocida presencia en la región.

4. A pesar de ser la principal área rural y campesina del distrito, productora de alimentos para la ciudad, la región de Sumapaz constituye hoy una zona con profundas desigualdades sociales y económicas. Sin embargo, la grave situación que se describe no es efecto de la delincuencia sino de la política de guerra del gobierno nacional que se impone para avasallar los esfuerzos de la comunidad y la administración distrital por consolidar la institucionalidad, elevar la equidad social, preservar el medio ambiente y el patrimonio hídrico, y desarrollar modalidades civilistas de seguridad ciudadana.

5. Sumapaz ha sido una región pacífica, fruto de la lucha del movimiento agrario que ha desarrollado organizaciones de masas, comunales y veredales, al tiempo que ha formado consciencia para avanzar hacia cambios democráticos, entre los que se incluye la necesidad de una profunda reforma agraria en el país. Es un objetivo justo preservar la convivencia, con base en el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, el mejoramiento continuo de las condiciones de vida y de trabajo, el entendimiento entre las fuerzas políticas y el respeto por las organizaciones sociales.

6. Al mismo tiempo, el Partido Comunista Colombiano como miembro del Polo Democrático Alternativo, ratifica su indeclinable voluntad por la búsqueda de una solución política y negociada al conflicto armado; exige el respeto a los derechos humanos y las garantías ciudadanas en la región; llama a denunciar el clima de provocación que pretende imponerse para justificar mayores medidas castrenses; reclama la aplicación urgente del derecho internacional humanitario para la protección de la población campesina como prioritaria obligación de las autoridades mientras subsista el estado de militarización actual.

6. Expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas asesinadas y los integrantes del Partido Liberal. Pide rodear a la Alcaldesa de la localidad, a la Junta Administradora Local, a las organizaciones populares y llama a unir todos los esfuerzos para defender la región y trabajar en la búsqueda de la paz.

Bogotá, 22 de octubre de 2009.

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Denuncian en Ginebra situación de presos políticos colombianos


Por: E. Jiménez.-Francia - Suiza
Alemania, Bélgica y Francia entre otros países europeos siguieron conociendo esta semana toda la persecución, vejaciones, masacres, encarcelamientos y violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que realiza el gobierno colombiano, las fuerzas de seguridad del Estado, ligado a los grupos narcoparamilitares. Martin Sandoval y Ramiro Orjuela vienen dando testimonios ante los partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales y civiles, de todas las formas de persecución que sufren los luchadores populares, defensores de derechos humanos y presos políticos en Colombia.

Coordinado por el Polo Democrático Alternativo, sección Ginebra, este fin de semana el abogado Ramiro Orjuela y el periodista Eliecer Jiménez, participaron en la Región Rhône- Alpes en el Reencuentro Internacionalista de Lyon Francia, el acto fue auspiciado por el Partido Comunista Francés, sección Vénissieux, Lyon ; el grupo Palenque- Lyon, y el Colectivo de apoyo a los países del ALBA que orienta Mari France Allamand en Grenoble, contò ademas con la presencia de delegaciones de Grecia, Algeria, Honduras, Iran, Irak, Palestina, Cuba, Benin y Libano. Asi como con la alcaldesa de la localidad Michèle Picard y la consejera regional de Lyon Sabiha Ahmine, del partido Comunista Francés.

El debate sobre Colombia, que estuvo orientado por el dirigente Pierre-Alain Millet del PCF. Dejó sorprendidos a más de 250 personas presentes, que salieron horrorizados de todas las atrocidades y denuncias expuestas por los delegados colombianos y mostraron su voz y sentimientos de solidaridad tanto para los luchadores y el pueblo colombiano. Y demandaron del gobierno una pronta salida negociada al conflicto armado en nuestro país que permita la liberación de los miles de prisioneros políticos que se encuentran en las cárceles colombianas.



“Es inconcebible que en un país “democrático” ocurran centenares de masacres, miles de asesinatos, persecuciones, encarcelamientos, millones de desplazamientos y que un conflicto armado interno quiera ser ocultado internacionalmente y peor que el gobierno actual inmerso en centenares de escándalos por corrupción, masacres, le niega al mundo estos hechos” expreso Jecen Zunino, del Partido Comunista Frances.

Además quedo la preocupación de la posibilidad de extensión del conflicto colombiano hacia los países vecinos con Colombia ante la autorización por parte de Uribe Vélez de la instalación de 7 bases militares en territorio colombiano, a los que Nikos Seretakis del partido Comunista griego, dijo “que es otra estrategia del imperialismo para extender las guerras en el mundo para apoderarse de los recursos naturales y dominar territorios”.

En el acto estuvo presente Tatiana Fajardo, hija del Alan Fajardo, Ministro Consejero del legítimo gobierno del presidente Zelaya de Honduras, quien ratificó la decisión del pueblo y la resistencia hondureña de rechazar la idea de hacer elecciones en su país bajo el dominio de la bota militar.


En Grenoble, Se presentó el documental El Baile Rojo, subtitulado en lengua francesa, que detalla toda la masacre y exterminio contra el partido político opositor Unión Patriótica, “Tenemos que ser solidarios con esta tragedia que ha vivido y vive el pueblo colombiano y condenar al Estado colombiano por no hacer justicia y proteger los derechos de la oposición” dijo Mari France Allamand, del Colectivo apoyo al ALBA.


La Campaña de denuncia continua esta semana en Suiza, este martes 27 de octubre, Ramiro Orjuela y Martin Sandoval acompañados de otros dirigentes del Polo Democratico seccion Ginebra y Aipazcomun, se entrevistaran, con miembros de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de las Naciones Unidas, e igualmente con dirigentes de la Organización Mundial de lucha contra la Tortura, OMCT, las directivas del partido Solidarites, el Sindicato UN1A, se reunirán con la prensa, Le Courrier entre otros. Este mismo martes 27 a partir de las 7 de la noche disertaran en la Maison de las Asociaciones de Geneve, 15-17 Rue de Savoises 1205, Sala Rachel Carson.


El Polo Democrático Alternativo en Suiza, Maloka- Neuchatel, Aipazcomun, el Partido Suizo Solidarites, Asolatino-Berna, el Grupo Minga-Schweiz de Lucerna, tienen organizando toda una agenda con conferencias sobre el tema de Liberación de los prisioneros políticos en Colombia.

A partir de las 7 p.m. Miércoles 28 en Lausanne, Maison de Peuple ; jueves 29 Neuchatel, Maison des Association ; viernes 30 Lucerna, Salsagen-Pilatusstrasse 20ch-6002.


Una vez concluida esta gira por Suiza irán a España donde proseguirá esta campaña por la liberación de los prisioneros políticos en Colombia, a los cuales les decimos que no les olvidamos un minuto.

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miércoles, 21 de octubre de 2009

El mapa de los conflictos laborales en Antioquia










Más de 20 empresas con conflictos sin resolver, algunos viejos—
El Ministerio busca darles solución—

En las últimas semanas el Ministerio de la Protección Social viene promoviendo en el país audiencias públicas con los sindicatos y las empresas que tienen conflictos laborales sin resolver, con el objetivo de buscarles solución antes de que lleguen a conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o de sacarlos de la agenda de esta organización si ya están allí radicados.

Lo que ha ocurrido, según lo explicó Carlos Julio Díaz, presidente de la Subdirectiva de la CUT Antioquia, es que el Gobierno Nacional está preocupado por la cantidad de quejas que llegan a la OIT provenientes de Colombia, por múltiples razones: violación de convenciones colectivas, negativas a negociar pliegos de peticiones, persecución sindical, despidos de trabajadores(as) con fuero, implantación de formas irregulares de relación laboral, etc. Lo que hace que Colombia, debido a la inoperancia de la justicia laboral, sea uno de los países del mundo que más quejas pone en la OIT, situación que preocupa al gobierno y al sector empresarial por sus implicaciones negativas para la imagen del país y los acuerdos comerciales internacionales que están en negociación.

De ahí que ahora busquen que los problemas laborales se resuelvan en Colombia antes de que lleguen al escenario de la OIT, razón por la cual el Ministerio de la Protección Social promueva estas reuniones tripartitas con los empresarios y los sindicatos.

En Antioquia tal gestión resulta particularmente importante porque es la región del país que más conflictos laborales tiene represados, y más quejas hace llegar a la OIT. En este departamento hoy hay más de 20 empresas que tienen conflictos sin resolver con sus sindicatos, en su gran mayoría afiliados a la CUT, y algunos hasta con más de dos años de antigüedad, según lo informó Carlos Julio Díaz.

El siguiente es el mapa de los principales conflictos laborales sin resolver en Antioquia:

ATLAS TRANSVALORES: Esta empresa despidió al presidente del sindicato y a 11 trabajadores(as) más, que fueron reintegrados posteriormente por fallo de tutela. En el transcurso del proceso ha presionado conciliaciones y renuncias con algunos trabajadores del sindicato y otros no sindicalizados.

TEJIDOS DE PUNTO LINDALANA S.A: A la conformación del sindicato (Sintralindalana) el 7 de junio de 2009, la empresa respondió con un pacto colectivo y despidió 5 socios del sindicato, que fueron reintegrados por fallo de tutela el 30 de julio. Este mismo día el sindicato presentó pliego de peticiones, que no se negoció porque la empresa se limitó a citar los negociadores sindicales, instalar y levantar el acta de terminación de la etapa de arreglo directo. El conflicto está a la espera de convocatoria de tribunal de arbitramento.

GLOBAL DE PINTURAS: Tres meses después de firmarse la convención colectiva fueron despedidos 60 trabajadores, 45 de ellos sindicalizados, la mayoría afiliados a Sintrainquigas y unos pocos a Sintraquim, lo que evidencia la motivación anti sindical de los despidos y la violación del derecho de libre asociación.

FINCAS BANANERAS DE URABÁ: En las fincas donde existen dos sindicatos, Sinaitraifrut y Sintrainagro (unas 15 en total), éste último hizo con la empresa acuerdos laborales que no tuvieron en cuenta las expectativas de los trabajadores afiliados a Sintrainagro, situación que afecta a cerca de 1.000 trabajadores y ha generado un ambiente tenso. Asimismo ha motivado a este último sindicato a llevar la cuestión a Tribunal de Arbitramento. Por otra parte, hay empresarios bananeros que vienen desconociendo la convención colectiva que se firmó hace tres meses y que permitió el levantamiento del paro en mayo pasado, e intentan igualmente introducir cooperativas de trabajo asociado, lo que ha provocado malestar y desarmonía laboral.

CORPAUL (Corporación de fomento asistencial del Hospital Universitario San Vicente de Paúl): El mayo del año pasado los trabajadores fundaron un sindicato de empresa: Sintracorpaul, por lo que fueron despedidos 3 miembros de la junta directiva, caso que está en proceso de demanda. Posteriormente presentaron un pliego de peticiones, que no fue resuelto. Fue convocado tribunal de arbitramento, pero aún no sale la resolución de nombramiento de árbitros.

NOEL y ZENÚ: Ambas empresas del Grupo Nacional de Chocolates. Ante la no solución de los pliegos de peticiones presentados por Sinaltrainal y Sintralimenticia, en mayo solicitaron convocatoria de los tribunales de arbitramento, solicitud que ya fue resuelta por el Ministerio de la Protección Social y están a la espera de la resolución que designe los árbitros de las partes.

CLÍNICA MEDELLÍN: Se tramitó el pliego, pero no fue posible un acuerdo definitivo. Entonces se solicitó la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, pero el Ministerio de la Protección Social negó la convocatoria por formalismo legal.

LEONISA: El caso es idéntico al de la Clínica Medellín: fue negando el Tribunal de Arbitramento, con el agravante de que están enviando a los trabajadores(as) para la casa, y despidieron a más de 600 de ellos. La tenencia generalizada ahora es cambiar los contratos de trabajo y el empleador, pasando de la contratación directa al contrato con cooperativas y al contrato sindical, lo que supone una sustitución patronal para evadir la responsabilidad laboral y social. La situación va en la línea de lo ocurrido en Confecciones Colombia EVERFIT, que hace 12 años tenía 2.000 trabajadores vinculados y hoy sólo quedan 50, incluyendo el personal administrativo. Todos se reemplazaron por trabajadores cooperatizados.

FRONTINO GOLD MINES: Los trabajadores de esta empresa minera presentaron pliego de peticiones y acordaron el 30 de julio como día límite para que la empresa fijara las fechas de negociación, pero al día de hoy no las ha fijado, razón por la cual el sindicato Sintramienergetica solicitó al Ministerio de la Protección Social intermediar en el conflicto. Esta empresa está en proceso obligatorio de liquidación; los trabajadores activos presentaron pliego de peticiones y se les suspendió el contrato laboral sin permiso del Ministerio. 65 días después no se ha iniciado la negociación del pliego y hace tres años no han tenido aumento salarial. Los pensionados a cargo de la empresa presionan la venta de ésta para establecer un fondo que les garantice las pensiones y la seguridad social.

CEREALES CORO: Esta empresa vendió sus bodegas con el argumento de reubicación de instalaciones, pero posteriormente aduce no tener licencia para su reubicación en el oriente cercano. Estas bodegas las debe entregar el 15 de enero de 2010, lo cual determinaría la salida de 180 trabajadores, 80 de ellos afiliados al sindicato. No hay protección de acreencias de los trabajadores.

CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE: Esta empresa viene violando la convención colectiva que firmó con el sindicato SINTHOL, y se niega a recibir la comisión de quejas y reclamos.

PHILLIS MORRIS (antes Colombiana de Tabaco): Desde cuando se instaló esta multinacional en el país se han desvinculado más de 300 trabajadores afiliados a SINTRAINTABACO, unos por renuncia presionada y otros por despidos.

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN (hospital público): Desde hace dos años se presentó pliego de peticiones para empleados públicos, el cual no fue solucionado, pretextando que los empleados públicos no tienen derecho a la negociación.

ERECOS: Esta empresa está enviando a los trabajadores a vacaciones anticipadas. Está cerrando la sede de Medellín y piensan enviar a los trabajadores al municipio de la Unión (Antioquia), y a Sogamoso (Boyacá). El sindicato cree que lo que pretende es despedir a los trabajadores o llamarlos a arreglo laboral. Existe también persecución sindical, ya que la empresa solicitó levantamiento del fuero a un trabajador, endilgándole una falta inexistente.

MUNICIPIOS DE SONSÓN y COPACABANA: El sindicato Sintrasema, de Sonsón, presentó pliego de peticiones hace 12 meses; el alcalde del municipio despidió a 13 trabajadores, de los 28 que estaban afiliados al sindicato. La primera demanda instó al alcalde a reintegrarlos y a pagarles los días que dejaron de laborar, pero éste demandó al fallo y lo ganó en segunda instancia, por lo que el caso ahora está en apelación. Se observa la flagrante violación al derecho de sindicalización. Y en Copacabana el alcalde violenta la Convención Colectiva solicitando requisitos adicionales para otorgar los permisos consagrados en la convención.

INVATEX: A los trabajadores(as) afiliados al sindicato les retrasa el salario y los aportes a la seguridad social, a tal punto que varias veces no los han atendido cuando van al médico. La empresa contrata temporales, en detrimento de la contratación directa, arrinconando así al sindicato, que no tiene posibilidad de crecer. Además, niega permisos convencionales y a los trabajadores les retiene descuentos que no trasfiere a los acreedores. Los trabajadores sindicalizados, que son unos 40, tomaron do la decisión de afiliarse a SINTRATEXTIL, sindicato de industria.

SENA: Amenazas de muerte a dos directivos sindicales, presión de la Gerencia Regional a la organización sindical. El 22 y 23 de julio los trabajadores(as) realizaron un paro nacional contra la privatización, la corrupción y la politiquería en el SENA.

GANA (Empresa de chance): Con la concesión de apuestas a favor de GANA, esta empresa recogió a todos los trabajadores y los vinculó a porcentaje y en talonario oficial. Sólo quedaron vinculados directamente los trabajadores de Gildardo Salazar Apuestas. Los mejores vendedores quedaron trabajando a porcentaje, que se les rebajó del 30% al 15%. No tienen prestaciones sociales, desplazan a pequeños vendedores independientes de sitios habituales de trabajo, les decomisan máquinas o las desactivan. Las trabajadoras de los puestos viejos son presionadas a hacer renuncias prestacionales. Dos dirigentes de Ascaplan, el sindicato de los chanceros, han sido asesinados.

PAPELES Y CARTONES S.A PAPELSA. En marzo de 2007 esta empresa, cuya sede principal está en Barbosa (Antioquia), radicó solicitud en la Regional del Ministerio de la Protección Social para cerrar dos plantas, aduciendo cambio en el proceso productivo, solicitud que fue admitida y el cierre se llevó a cabo en octubre de ese año. El sindicato, Sintrapulcar, lo consideró como una persecución sindical, toda vez que en estas plantas laboraban dirigentes sindicales y prácticamente todos eran sindicalizados, con larga trayectoria en la empresa. El sindicato presentó un plan de reubicación para todos los trabajadores, que la empresa condicionó a un cambio en la convención colectiva vigente.

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Por explotación a pilotos y auxiliares de vuelo- En peligro seguridad aérea



VOZ del 21 al 27 de octubre de 2009

*El Gobierno Nacional, en contubernio con los empresarios del transporte aéreo, incrementa la jornada de trabajo de pilotos y auxiliares de vuelo. La fatiga, después de largas jornadas en vuelo, pone en peligro la seguridad aérea

*Unidad Investigativa

En los últimos días se ha especulado sobre la inseguridad aérea debido a los problemas y a las fallas técnicas de numerosos aeropuertos, pero poco se ha dicho de las dificultades que surgen de la explotación y del exceso de trabajo a que son sometidos pilotos y auxiliares de vuelo. En el primer caso, el enfrentamiento es entre empresarios y la Aeronáutica Civil, pero en segundo caso entre estos dos, en maridaje explotador, con la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles y el Sindicato de Auxiliares de Vuelo.
Desde 2004 la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, incrementó la jornada de trabajo de aviadores civiles y auxiliares de vuelo, con la Resolución 5400 del 31 de diciembre de 2004, en contra del Decreto Ley 2058 de 1951, quien otorgó la facultad privativa de legislar sobre jornada laboral al Congreso de la República. Pero también, contraviniendo normas laborales que establecen la contratación colectiva entre patronos y trabajadores, en este caso entre las compañías aéreas y sus empleados.
La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución 5400 de 2004 y el Consejo de Estado, mediante providencia del 12 de marzo de 2009, ordenó la suspensión provisional de dicha resolución, con razones constitucionales, por considerar que la Aeronáutica Civil invadió facultades exclusivas del Congreso y, además, violó lo establecido en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, en particular en el inciso a, que dice: “En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto(…)”.

Desacato a tutela

Pero como si fuera poco, la Unidad Administrativa especial de la Aeronáutica Civil incurre en desacato a la Tutela T-552 de 1993, donde en sus conclusiones considera que si bien la profesión de piloto aviador, implica un grado de riesgo superior al de otras profesiones, este nivel de riesgo no puede sr incrementado por omisiones o negligencias imputables al Estado. A juicio de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, de la tutela mencionada se desprende que el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil ha demostrado cierta desidia en la adopción de las medidas necesarias para garantizar, hasta donde es posible, unas operaciones aéreas seguras y confiables.
Sin embargo, la habilidad de los empresarios, en contubernio con el Gobierno Nacional, fue tal que lograron burlar la decisión del Consejo de Estado, porque el Presidente de la República expidió el decreto 2742 de julio de 2009, en el que trascribe en su integridad la Resolución 5400 de la Aeronáutica Civil. “Es una burla a la decisión del Consejo de Estado y a la contratación colectiva, amén del desconocimiento del riesgo que tiene las labores de pilotos y auxiliares de vuelo”, dice el capitán Alfonso Pinzón, asesor de seguridad aérea de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles. “De acuerdo con la Constitución Política, estamos en un país democrático, pluralista y con separación de las distintas ramas del poder público que lo integran. En la práctica, el señor Presidente de la República y los demás funcionarios que integran la rama ejecutiva, muy a nuestro pesar, se han convertido en personajes autoritarios, violadores de la Carta, expidiendo normas de acuerdo con las necesidades o conveniencias económicas para preservar los intereses del gran capital”, dice el capitán Pinzón.

Efectos del abuso patronal

El incremento de la jornada de trabajo de los pilotos y auxiliares de vuelo, disparó las incapacidades por graves afectaciones a la salud de los tripulantes. Según el coronel ® Germán Ramiro García, Secretario de Seguridad Aérea, en respuesta a un derecho de petición, entre 2005 y 2009, tiempo de vigencia de la incrementación de la jornada, en Avianca-Sam se presentaron aproximadamente 19.500 incapacidades.

“La peligrosa fatiga a la que están siendo sometidos los tripulantes, genera un inminente riesgo que iría a desencadenar incidentes o accidentes, con graves pérdidas económicas y con la consecuencia de inútiles sacrificios de vidas humanas”, dicen los directivos de la Asociación. Ya se conocen situaciones de cuasicolisiones, en buena medida provocadas por la intensidad del trabajo y la superexplotación de los empresarios. Es algo de lo cual deben tener conciencia los usuarios del transporte aéreo.

Cuentan los voceros de la Asociación, que “uno de los resultados del incremento en la jornada de trabajo de los pilotos y de la fatiga de vuelo, fue la grave situación que se presentó con la empresa carguera Cosmos, donde la tripulación, con una fatiga de trabajo acumulada como consecuencia de una extensa jornada de trabajo, efectuado en horas de la madrugada, una aproximación al aeropuerto Eldorado la aeronave impactó con unos árboles en la maniobra de aterrizaje, afortunadamente sin consecuencias fatales, pero sí con algunas averías mecánicas. Este hecho es uno de los varios que nos obliga a reflexionar frente a las peligrosas condiciones derivadas del fenómeno aeromédico denominado fatiga”.

Las auxiliares de vuelo

Con las auxiliares de vuelo la situación es igual, pues son sometidos y sometidas al mismo incremento de la jornada, en condiciones, muchas veces, de permanente actividad en los viajes de cupo completo que les exige durante todo el vuelo estar atendiendo a los pasajeros. Según voceros del Sindicato, es parte de la rutina del intenso trabajo, estar a las tres de la mañana en el aeropuerto para varios vuelos nacionales. Pasado el mediodía se entra en “descanso” y a la una de la mañana del día siguiente hay que estar en el aeropuerto de nuevo, por ejemplo, para un vuelo internacional de larga duración como el de Los Angeles (California), Estados Unidos.

La seguridad aérea está en peligro por esta actitud inhumana de negativa de los empresarios a reconocer los derechos laborales y a entender, de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo, que ésta es una labor de riesgo y peligrosa que requiere de especial protección. El Gobierno Nacional, como suele ocurrir, siempre está del lado de los capitalistas y en contra de los trabajadores, como es evidente en las situaciones denunciadas en este informe especial.

Ojalá el Gobierno y los inescrupulosos dueños de las compañías aéreas actúen ante las denuncias de los trabajadores y sus organizaciones, porque de no hacerlo está ni más ni menos en peligro la vida de tripulantes y pasajeros.

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Lumpen-burguesía



Por: Carlos A. Lozano Guillén

VOZ del 21 de al 27 de octubre de 2009

En Colombia al sector de la clase dominante que controla el poder, desmedido, corrupto e indecente, se le puede calificar de lumpen-burguesía. No es la burguesía tradicional acostumbrada a acumular capital a través de muchos medios ominosos, sino aquella que se dedica a hacerlo mediante procedimientos ilícitos y corruptos. Son delincuentes de cuello blanco que para mantener su base social van más allá de proteger los privilegios del gran capital.

El uribismo tiene su principal soporte y aliados en la narcoparapolítica, un entramado que imbrica al Gobierno y a los políticos, empresarios, comerciantes, banqueros, de su cuerda más oficialista, con mafias ilegales del narcotráfico y de la corrupción en las esferas estatales. Con razón se ha dicho que en los dos gobiernos de Uribe se puede hablar de un Estado mafioso, ligado al narcotráfico y al paramilitarismo.

Por eso, no sorprende, que en la búsqueda de la primera y la segunda reelección, el Gobierno haya acudido a procedimientos ilegales como el soborno y la presión indebida para lograr la mayoría en el Congreso. En ambos casos, el debate democrático y decente fue arrollado por una mayoría, que impuso a la fuerza la aprobación de la reelección. No escucharon razones y menos advertencias, colocando por encima el interés personal del mesías que ocupa la “Casa de Nari” donde se cuecen habas. Tampoco sorprenden los negociados y chanchullos que en la actualidad escandalizan el país.

Hace dos años, por invitación de Alfredo Molano estuvimos con el maestro Carlos Gaviria y con Gustavo Petro, en una amena conversación con el periodista español Miguel Ángel Bastenier. Aunque el tema fue el Polo Democrático Alternativo, sus problemas, dificultades y perspectivas, aparecieron otras inquietudes sobre el mal gobierno de Uribe Vélez, que Bastenier no aceptó mucho. De hecho, tengo la impresión, después creció su ferviente uribismo, ahora desaparecido en buen momento. Varios de sus artículos en El País de Madrid destilaban uribismo.

Sorprendió la columna del periodista hace una semana en El País, muy comentada en Colombia, con el título sugestivo de “Colombia no se mira en el espejo”. En esta dice cosas como las siguientes: “Colombia, como Dorian Grey, no quiere mirarse al espejo porque la lista de desaguisados que amojonan el segundo mandato presidencial, haría sonrojar hasta a un dictador. Enumerarlos es como una visita al museo de los horrores(…)”. Dicho esto por una persona hasta hace pocos días simpatizante de la causa uribista y quizás de su reelección, demuestra el hastío que en gente decente produce tanto escándalo y corrupción, es decir, la monumental “lista de desaguisados” del prestigioso periodista español. Este país está bajo el control de una lumpen-burguesía sin escrúpulos y sin principios. Todo vale para perpetuar su poder, sin respeto por la democracia y la ley.

carloslozanogui@etb.net.co

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Crímenes de Estado -Un año de los “falsos positivos”


Por: Hernando López
Edición voz 2514
Hace un año salieron a flote los llamados “falsos positivos”, que no son más que ejecuciones extrajudiciales y crímenes de Estado, fraguados por mandos militares, con la finalidad de presentar resultados en la lucha contrainsurgente y como parte de un negocio de testaferros que dan la “información” y que cobran la recompensa para repartírsela con los uniformados comprometidos en el delito.

Cuando Fernando Escobar, personero del municipio de Soacha, prendió las alarmas debido a la aparición en el Catatumbo de los cadáveres de unos muchachos, reportados como desaparecidos en esta localidad, pegada a Bogotá, tanto el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ahora con aspiraciones presidenciales, como los altos mandos militares, rechazaron la denuncia y hablaron, como suelen hacerlo los voceros gubernamentales, de un complot contra el Gobierno Nacional y la “seguridad democrática”. El presidente Uribe Vélez desmintió la grave acusación en uno de los consejos comunales. Con el tiempo, los hechos concretos corroboraron la versión del Personero de Soacha, pero entonces el Gobierno Nacional argumentó que eran unos pocos casos de “manzanas podridas” en la institución castrense.

Un año después, no hay tales manzanas podridas, porque en realidad es una situación que está presente en 12 departamentos colombianos y que según la Fiscalía General de la Nación, compromete a 1.273 investigaciones en las que aparecen reportados más de 2.000 colombianos asesinados bajo esta modalidad. Según un informe del periodista Ricardo Ospina de Caracol Radio, “la Fiscalía reveló que 14 civiles en varias zonas del país actuaron como ‘reclutadores’ de por lo menos 85 hombres que fueron aparentes víctimas de los “falsos positivos”, tras ser reportados como muertos en supuestos combates con el Ejército en 12 departamentos. (…) Los ‘reclutadores’, quienes mediante engaños convencían a los hombres que posteriormente fueron asesinados y presentados como abatidos en enfrentamientos, usualmente eran personas que tuvieron vínculos con el narcotráfico y con el paramilitarismo. Según los investigadores, el contacto para la planeación de los ‘falsos positivos’, se iniciaba con los miembros de inteligencia de determinado batallón, denominados G2, B2 o S2, y posteriormente presentaban a esos reclutadores con los oficiales comandantes de las unidades tácticas”.

Un entramado criminal

Según esta investigación, el cuadro delictivo es bastante extenso, casi que un entramado criminal en el que participan mandos militares, agentes de inteligencia del Estado y paramilitares. No cabe la menor duda, es lo que deben decir con claridad los investigadores, que en buena medida esta situación fue estimulada por la “seguridad democrática” en la exigencia presidencial de resultados en la lucha contraguerrillera y en la directiva del Ministerio de Defensa, promulgada por el entonces ministro Camilo Ospina, ahora aspirante al cargo de Fiscal General de la Nación, que estableció las recompensas y sus montos para delatores e informantes.

Según el informe de Ospina en Caracol Radio, los investigadores tienen indicios de que en algunos operativos realizados hace varios meses por integrantes del Gaula (en Meta y Casanare), supuestamente motivados en operativos antisecuestro y antiextorsión, “las víctimas de los falsos positivos son sacadas mediante engaños de las zonas urbanas para luego ser ultimadas y reportadas como dadas de baja en operativos adelantados en zonas rurales”.

Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales alertaron sobre la gravedad de estas ejecuciones extrajudiciales, calificadas por numerosas organizaciones no gubernamentales como delitos de lesa humanidad, sin embargo, el Gobierno Nacional lleno de soberbia lo niega e insiste en que son casos aislados en medio de vacías convocatorias a las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Lo cierto es que un año después, investigadores consultados por este semanario, dicen que la colaboración de las oficinas gubernamentales y de los altos mandos militares es casi ninguna y más bien se están dedicados a torpedear la actividad de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

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ONU pide a Colombia detener hostigamiento a defensores de DD.HH.


La Relatora Especial de la ONU Margaret Sekaggya pidió al Gobierno de Colombia en una audiencia en el Congreso de EE.UU. que cese de "estigmatizar" a los defensores de los derechos humanos e investigue las denuncias que ellos hacen.

Sekeggya, Relatora Espacial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, compareció hoy en una audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes.

Según reseña la agencia EFE en la audiencia la funcionaria de la ONU pidió al Gobierno colombiano que preste más atención a las amenazas y ataques que sufren los defensores de los derechos humanos.

"El Gobierno debería investigar y enjuiciar a los que hacen esas amenazas", dijo Sekaggya, quien aseguró que "aún existe un gran nivel de impunidad".

La relatora visitó Colombia entre el 7 y el 18 de septiembre, y en ese viaje instó al Gobierno a "parar la estigmatización y las declaraciones públicas contra los defensores de los derechos humanos", a lo que éste se comprometió, según dijo en la audiencia.

"Ahora el Gobierno tiene que cumplir su promesa", enfatizó Sekaggya, quien también pidió la destrucción de los archivos de inteligencia recopilados sobre los defensores de los derechos humanos.

El congresista James McGovern, quien presidió la audiencia, recalcó que Colombia ha compartido esos archivos "perjudiciales" con Estados Unidos y otros países, lo que ha hecho a Washington pensarse dos veces antes de otorgar visados a los defensores de los derechos humanos e incluso poner a alguno bajo vigilancia.

"La supresión de los archivos tiene que hacerse. Es un asunto internacional", coincidió Sekaggya, quien durante su viaje se reunió con el presidente de Colombia, Alvaro Uribe.

A la audiencia asistió la embajadora de Colombia ante la Casa Blanca, Carolina Barco, quien defendió al Gobierno en declaraciones posteriores a la prensa.

"Todavía tenemos que hacer unas mejorías, pero están dados unos pasos de diálogo (con los defensores de los derechos humanos), hay que construir más confianza", afirmó.

La embajadora recalcó en un documento presentado a la Comisión que la protección a los defensores de los derechos humanos "es una prioridad" para el Gobierno.

Barco dijo que no cree que las denuncias presentadas hoy dificulten la aprobación por parte del Congreso del Tratado de Libre Comercio firmado por Colombia y Estados Unidos.

En cambio, McGovern dijo a la prensa que no habrá ratificación "a menos que mejore la situación de los derechos humanos" en Colombia.

En la audiencia también comparecieron defensores de los derechos humanos colombianos y estadounidenses.

Reynaldo Villalba Vargas, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se quejó de que funcionarios públicos responsabilizan a las asociaciones de derechos humanos de realizar denuncias falsas, especialmente cuando atañen a los agentes del estado, como en los casos de ejecuciones extrajudiciales.

Con él concordó Gabriel González, ex coordinador en Bucaramanga (noreste) del Comité de Solidaridad con los Prisioneros Políticos en Colombia (CSPP), quien ha sido procesado por vinculaciones ficticias con las FARC, según manifestó.

"Queremos que se cesen los factores de riesgo y eso empieza por creer e investigar las denuncias que hacemos los defensores de los derechos humanos contra particulares o funcionarios públicos", dijo González.

Ellos recibieron el apoyo de organizaciones de derechos humanos estadounidenses.

"Vemos que la situación de los defensores es verdaderamente grave. Es el papel del Gobierno protegerles y eso no ha ocurrido. El Gobierno ha hecho algunas cosas, pero no es eficiente", dijo a Efe Kelly Nicholls, directora ejecutiva de la Oficina de EE.UU. sobre Colombia, una asociación no gubernamental.

"La situación de impunidad es muy, muy grave", añadió.

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martes, 20 de octubre de 2009

Las cuentas suizas del cartel de Medellín

Columna periodística publicada por el periodista Daniel Coronel en la revista Semana.

Una operación de inteligencia financiera suizo-americana para cazar evasores de impuestos de Estados Unidos descubrió la existencia de una serie de cuentas cifradas de miembros de la mafia colombiana. Los depósitos, que pueden sumar al menos 30 millones de dólares, están en cuentas internacionales -abiertas originalmente en Suiza, Luxemburgo y Panamá-

que han permanecido inactivas desde los años 80. Algunos cuentahabientes murieron y otros que sobreviven dejaron quieto el dinero probablemente por temor a que les preguntaran por el origen de los fondos.

La investigación ha encontrado un nombre que se repite como titular y cosignatario de algunas de esas cuentas. Se trata de Carlos Alberto Gaviria Vélez, el hermano de José Obdulio Gaviria.

Hace un tiempo una rigurosa investigación del diario El Espectador reveló que Carlos Alberto Gaviria era el titular de dos cuentas bancarias -aquella vez en Colombia- usadas por quienes pagaron el asesinato de don Guillermo Cano.

A comienzos de este año, el mismo diario descubrió un viejo negocio de tierras entre Carlos Alberto Gaviria y dos de sus primos: Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gustavo de Jesús Gaviria Riveros, socios y cabezas del narcotráfico en Antioquia para la época de la transacción.

Pues bien, ahora salen a flote las evidencias de la participación de ese hermano de José Obdulio en las operaciones bancarias internacionales de sus primos mafiosos.




En tres de las cuentas descubiertas, Carlos Alberto Gaviria Vélez figura como titular y beneficiario de los fondos. La primera tiene depositada una cifra equivalente a 1.658.894 dólares y fue abierta en el Banco Crédit Lyonnais. La segunda está en el Banque Génerale de Luxemburgo, tiene fondos por 2.037.400 dólares y figuran como titulares una empresa llamada Galex Venture y Carlos Alberto Gaviria Vélez, identificado con el número 8271876, el mismo número de la cédula del hermano de José Obdulio.

Cedula Carlos Alberto Gaviria Vélez

La tercera es la que menos plata tiene, pero quizás es la más reveladora. Fue abierta en el banco suizo UBS y conserva un saldo de 1.037.000 dólares. Sus titulares son Carlos Alberto Gaviria Vélez y alguien llamado Jesús María Rivero García.

Judicialmente está demostrado que ese nombre corresponde a una identidad falsa que solía usar el capo Gustavo de Jesús Gaviria Riveros. En 1990, cuando Gustavo Gaviria fue abatido por la Policía, los agentes encontraron entre sus papeles una cédula falsificada a nombre de Jesús María Rivero García.

Carlos Alberto Gaviria Vélez le dijo a El Espectador que él -al igual que sus hermanos- nunca tuvo relaciones con sus primos mafiosos. Sin embargo, todas estas evidencias lo contradicen.

De la presencia de Gustavo Gaviria en Luxemburgo en 1986, existe una prueba fotográfica. Allí el desaparecido capo posa en un cantón del principado, célebre por la discreción de su banca, al lado de un enigmático acompañante cuya identidad tal vez pueda ayudar a establecer Carlos Alberto Gaviria.





Otros 22 colombianos, algunos de ellos familiares y relacionados del extinto Gustavo Gaviria, figuran como titulares de las millonarias cuentas.

Como se recordará, dos hermanos más de José Obdulio Gaviria Vélez, hoy empleados públicos, tuvieron líos con la justicia de Estados Unidos por temas de narcotráfico.

Ahora viene la pelea entre Suiza y Estados Unidos por la plata perdida del cartel de Medellín. Una pelea que podría pasar por la petición de extradición de los implicados. Por ahora Colombia no se ha mostrado interesada en recuperar ni el dinero, ni la historia.


A propósito de José Obdulio, quiero expresar públicamente mi solidaridad con Claudia López, investigadora brillante y valiente defensora de la verdad, incluso cuando la verdad resulta inconveniente.

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lunes, 19 de octubre de 2009

En la Universidad Nacional Vandalismo uribista y policial


Carlos A. Lozano Guillén
Los incidentes de la Universidad Nacional del viernes 16 de octubre pasado, cuando fue retenido durante varias horas por un grupo de estudiantes el rector de la misma, Moisés Wasserman, casi terminan en una tragedia por la irresponsabilidad del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien ordenó la intervención del Esmad cuando ya la situación estaba bajo control y se había logrado un acuerdo con la mediación de las autoridades del distrito y la Defensoría del Pueblo y el atolondrado rector se encontraba en su despacho sin que hubiera sido víctima de ninguna agresión, distinto a lo que él asegura de forma falaz después de la intervención vandálica de la Fuerza Pública.

Con la mediación de la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá y la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital, hubo un acuerdo entre los estudiantes que rodeaban el vehículo del rector Wasserman y las directivas de la Universidad Nacional, para entablar un diálogo, rechazado hasta el momento, sobre el manejo del gasto y de las finanzas del principal centro de educación pública del país. Moisés Wasseman había rechazado cualquier conversación constructiva con los estudiantes, en el estilo arrogante de los funcionarios uribistas, hasta el punto que se colmó la paciencia de profesores, estudiantes y trabajadores, que decidieron exigirlo en la movilización del viernes pasado. No hubo agresiones ni daños materiales, distintos a los que causó la Fuerza Pública en la irrupción violenta. Todo quedó zanjado con el acuerdo de conversar el día lunes 19 de octubre. Pero una vez se suspendió el mitin estudiantil, Uribe Vélez, alterado y fuera de control, ordenó el ataque violento del Esmad. ¿En qué quedó la palabra empeñada de la Defensoría del Pueblo y de las autoridades de Bogotá, que habían resuelto el incidente mediante el diálogo y la negociación? Con toda razón la doctora Clara López Obregón, Secretaria de Gobierno, expresó su inconformidad y cuestionó la intervención policial violenta en el campus universitario.

Pero el atropello no se detuvo ahí. Uribe Vélez le ordenó a la fiscalía y a los jueces procesar a los 22 estudiantes capturados dizque por secuestro, con el respaldo del rector uribista, quien dice que fue amenazado y ultrajado, lo cual no es evidente en ninguno de los videos de la prensa, aunque los grandes medios se unieron en la magnificación del incidente, que no pasó de ser un tropel estudiantil.

En la noche del viernes 16 de octubre, siete de los muchachos capturados fueron dejados en libertad por ser menores de edad, y al día siguiente, la totalidad de los restantes quedaron libres por la decisión del juez porque la fiscalía no logró mostrar ninguna prueba del delito. Solo la actitud delirante de Uribe Vélez lo lleva a considerar que se trató de un secuestro. Con toda razón, el padre de uno de los estudiantes detenidos dijo mientras esperaba que le resolvieran la situación jurídica a su hijo, que “a este señor (Uribe Vélez) como que se le aflojó una tuerca”. A ninguna persona cuerda le cabe en su cabeza que una protesta estudiantil (que se puede aceptar o no) se considere un delito tan grave como el secuestro. Sólo puede ocurrir en una mente obnubilada por el odio y por el total desprecio por la democracia.

Ante la libertad declarada por un juez de la totalidad de los estudiantes capturados y golpeados por la bestialidad del Esmad, Uribe, quien tiene mucho que explicarle y rendirle cuentas al país por la corrupción en la “Casa de Nari” y en las alturas del poder, decidió ofrecer cincuenta millones de pesos de recompensa, “para quien dé informes del paradero de los responsables del secuestro del rector de la Universidad Nacional”. “Mejor que dé la misma suma o una mayor a manera de recompensa para quien declare sobre los responsables del negociado de Agro Ingreso Seguro, que no son otros que el mismo Uribe y su compinche Uribito”, dijo un estudiante de la Universidad Nacional.

El problema de fondo es que hay muchos desaciertos, como también irregularidades, en la gestión de Moisés Wasseman en la Universidad Nacional, rector de bolsillo de la “Casa de Nari”, porque fue impuesto en contra de la voluntad mayoritaria de estudiantes y profesores. La consulta a los estamentos universitarios favoreció al ex rector Víctor Manuel Moncayo, pero Uribe Vélez la desconoció y prefirió a su amigote. No hay credibilidad en esa dirección, no hay gobernabilidad. Es un rector sin acceso a estudiantes y profesores, aislado y sin mayor posibilidad de influencia en ellos para una política académica en beneficio del país, de la investigación, de la ciencia y la tecnología. Por lo menos debe explicar en qué se está gastando el dinero y cuál es la situación presupuestal real del principal centro docente del país.

Carlos A. Lozano Guillén

Director de VOZ

Octubre 17 de 2009

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sábado, 17 de octubre de 2009

SÍ al Reconocimiento de la Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio

El día de ayer 16 de octubre 2009, la libertad de conciencia y la autonomía de los ciudadanos ha ganado una gran victoria, pues el alto Tribunal Constitucional, en fallo de Constitucionalidad del artículo 27 de la Ley 48 de 1993 reiteró la exequibilidad de las normas que evitan que indígenas y personas con limitaciones físicas presten el servicio militar, y de igual forma destacó la falta de legislación relativa al derecho de objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio, exhortando al Congreso de la República para que reglamente específicamente el tema de los objetores de conciencia.

Objetar conciencia al servicio militar obligatorio, es el derecho que tienen todos los ciudadanos de sustraerse de la obligación de prestar servicio militar, por considerarla contraria a sus creencias religiosas, políticas o filosóficas, y que según criterio de Naciones Unidas, “se deriva del reconocimiento de la libertad de conciencia”.

Aunque el gobierno se empeñe en desconocerlo, en Colombia, existe un conflicto armado interno y, dentro de este contexto, el reconocer el derecho de objetar conciencia al servicio militar obligatorio es no sólo una obligación sino también una forma de rechazar la guerra y violencia sistémica que algunos actores se empeñan en incrustar en nuestros valores sociales y culturales. No hay nada más democrático que oponerse al uso de las armas y de la reproducción de la violencia.

Pese a que en el pasado mes de mayo, algunos Senadores integrantes de la Comisión Segunda decidieron el archivo del Proyecto de Ley 102 de 2008-Senado de mi iniciativa, por el cual se reconocía el derecho de Objetar Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, con el argumento de su inconstitucionalidad e inconveniencia, quiero reiterar mi compromiso de continuar defendiendo el derecho de los jóvenes de este país, a objetar conciencia a la prestación del servicio militar obligatorio, como una contribución para aclimatar la cultura de paz en el país, en razón de lo cual anuncio que en el día de mañana estaré nuevamente radicando en la secretaria del Senado de la República el citado Proyecto de Ley.

Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República de Colombia
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Estudiantes de la Universidad NacionaL rechazan actitud del rector, de los medios y de Uribe




Estudiantes de la Universidad NacionaL rechazan actitud del rector, de los medios y de Uribe

Por Comité de comunicaciones

Protesta pacífica de los estudiantes ante falta de presupuesto para las universidades públicas el pasado 14 de octubre.

Como un servicio a nuestros lectores, a continuación transcribimos en su integridad un comunicado de los estudiantes, tras los acontecimientos de este viernes 16 de octubre en el campus universitario de la Universidad Nacional.

Comunicado de los estudiantes a la opinión pública:

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia informamos a la opinión pública en general, que las aseveraciones de los medios hechas el día 16 de octubre de 2009, acerca de los acontecimientos ocurridos en la sede Bogotá, en donde resultó involucrado el rector Moisés Wasserman aclara:

1. Las aseveraciones hechas por los diferentes noticieros de radio televisión y prensa respecto que un grupo de estudiantes secuestraron al rector de la institución son falsas.

2. Un grupo de estudiantes, profesores y directivas presentes en un foro desarrollado en la facultad de Ciencias, en la facultad de Química, intentó pedir explicaciones al rector, asistente a dicho encuentro sobre la problemática presupuestal y académica que afronta la institución, momento en el cual, el rector decide abandonar de manera intempestiva el auditorio en el que se llevaba a cabo dicha actividad.

3. La actitud del rector generó el rechazo de los asistentes al foro y de otros que se encontraban en las afueras del edificio de la facultad de química, situación que llevó a que un número de estudiantes y profesores rodearon el vehículo donde se transporta habitualmente el rector y que reclaman su asistencia en el auditorio en donde se estaba llevando a cabo un foro sobre la financiación de la universidad.

4. Ante esta actitud el rector ordenó la evacuación de la sede.

5. Se llegó al acuerdo que el rector daría las explicaciones solicitadas el día lunes 19 de octubre. En la rueda de prensa después de su salida del campus, el rector dio declaraciones de no estar en disposición de hacerlo.

6. La fuerza pública y escuadrones del Esmad entraron en las instalaciones del campus universitario, usando armas y, finalmente reteniendo a más de veinte personas dentro de ellas.

Frente a estos hechos los estudiantes rechazamos de manera vehemente la actitud del rector de evadir su responsabilidad frente a los problemas que afronta la institución y ante su actitud autoritaria y déspota.

Nos oponemos a la entrada de las fuerzas armadas al campus de la Universidad, puesto que éste es una institución académica y la vulneración de los Derechos Humanos al que estamos expuestos es muy alta.

Comité de Comunicaciones Universidad Nacional de Colombia.

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viernes, 16 de octubre de 2009

Dice Carlos Lozano “La UP está en el corazón del pueblo”


Carlos A. Lozano Guillén, dirigente comunista, director de VOZ y candidato a la Cámara de Representantes, intervino el miércoles 14 de octubre pasado, en el Encuentro Nacional de Víctimas y Familiares de la Unión Patriótica, convocado por la Corporación Reiniciar y la Coordinadora Nacional de Víctimas y Familiares de la Unión Patriótica. Los principales apartes del discurso son los siguientes.

En primer lugar un saludo fraternal y caluroso de la dirección nacional del Partido Comunista Colombiano, acompañado de los mejores deseos de éxitos en esta reunión, que también nos compromete como parte fundamental de la Unión Patriótica. Sus víctimas también son las nuestras. El camarada Jaime Caycedo, Secretario General del Partido Comunista, hubiera querido estar hoy en esta tribuna, pero está en proceso de recuperación satisfactoria de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el sábado anterior.

En segundo lugar, nuestro reconocimiento a la doctora Jahel Quiroga y a la Corporación Reiniciar por el empeño y el trabajo infatigable que le han dedicado a la demanda por el genocidio de la Unión Patriótica en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tienen nuestro agradecimiento, además de nuestro apoyo para que al final brille la verdad, la justicia y la reparación, que no ha sido posible por la actitud mezquina del Estado colombiano, cuya clase dominante está negada a reconocer la responsabilidad en el exterminio, a la vez que continúa estimulando la violencia como forma del ejercicio del poder. El exterminio de militantes y dirigentes de la Unión Patriótica, en su gran mayoría comunistas, es el peor lastre de la casi inexistente democracia colombiana y un factor que perturba los procesos hacia salidas pacíficas y políticas del conflicto colombiano.

No puede haber solución amistosa ni de ninguna índole a esta aspiración de verdad, justicia y reparación, mientras el Estado colombiano no reconozca la responsabilidad en el genocidio de la Unión Patriótica y no le ponga fin al asesinato de dirigentes y militantes de la izquierda, sindicalistas y activistas populares, que proliferan en estos días de la “seguridad democrática uribista”. Uribe Vélez, en cambio de allanar el camino a la solución amistosa, prefirió justificar el exterminio con el manido y falaz argumento de que a los líderes de la UP los mataron por combinar las formas de lucha. Como si a Jaime Pardo Leal, a Bernardo Jaramillo, a José Antequera, a Manuel Cepeda y a tantos mártires revolucionarios upecistas y comunistas, los hubieran asesinado en un campo de batalla o con armas en la mano. Los asesinaron en el escenario de la lucha política democrática, inermes, fueron actos de cobardía, porque todas las víctimas eran civiles, hombres y mujeres de vida pública, congresistas, alcaldes, diputados, concejales, dirigentes sindicales y sociales, dedicados a abrir las puertas de la democracia para que la paz y la justicia social llegaran a Colombia. ¡Miente Uribe Vélez cuando trata de justificar el peor genocidio en la historia del país, que no tiene comparación en ninguna otra latitud!

El Estado es responsable y debe asumir esa condición. En todas las investigaciones judiciales los responsables paramilitares resultan con vínculos con agentes del Estado, cuando no fueron de manera exclusiva miembros de los cuerpos armados o de los servicios de inteligencia del Estado. Son crímenes de Estado, expresión también del terrorismo de Estado. De esto no hay la menor duda. Por eso, no descansaremos hasta que el Estado asuma esta responsabilidad y actúe en consecuencia. Y Uribe Vélez no puede alegar que esto es cosa del pasado. En su Gobierno continúa el exterminio en el marco de la arbitrariedad y los desafueros de la “seguridad democrática”. Hay muchos comunistas asesinados, otros encarcelados, también hay perseguidos, señalados y estigmatizados por este gobierno de corte dictatorial y corrupto. Ayer vincularon al señor José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS de este Gobierno y asesor de los paramilitares, reconocido por los capos de las “AUC”, a la investigación del magnicidio de Manuel Cepeda. Narváez fue ex subdirector durante la gestión de Noriega Cote, el funcionario mimado de Uribe Vélez, hoy en la cárcel por sus nexos con el paramilitarismo y el asesinato de sindicalistas en la Costa Atlántica.

Este esfuerzo irá hasta el final, hasta cuando brille la verdad y se materialice en hechos concretos por el Estado colombiano. La UP aun está en el corazón de los colombianos y las colombianas, justamente porque fue una alternativa de poder, una fuerza de izquierda con el propósito de renovar la vida nacional, sobre la base de transformaciones radicales políticas, económicas y sociales. La Unión Patriótica fue un punto de convergencia democrática y popular avanzado, definida a la izquierda, sin posiciones timoratas ni claudicantes, comprometida con la paz, la democracia y la justa social. Fue una fuerza revolucionaria que con decisión buscó cambios de fondo en la vida nacional, en el escenario democrático y abriendo caminos para la paz con las guerrillas colombianas. Su éxito en el arranque desató la demencial represión de la clase dominante. Ésta no aceptó la posibilidad de una alternativa que conquistar la apertura democrática y social sobre la base de reformas políticas avanzadas. La oligarquía colombiana, al menos su sector más derechista hoy en el poder, le tiene miedo a la tolerancia, al pluralismo, a las libertades y a la democracia. La clave para perpetuarse en el poder ha estado en la violencia, la corrupción y el ventajismo que les da el poder.

Es el retrato de lo que ocurre hoy. Referendo reeleccionista aprobado en el Congreso con trampas, la parapolítica, el narcotráfico, la corrupción, los llamados falsos positivos y la persecución a la oposición; actos de bandidaje como en el caso de Agro Ingreso Seguro, todo para favorecer a los amigos de la “Casa de Nari”. Mientras esta situación persista será muy difícil lograr la paz y la democracia como fue el sueño y la lucha de la Unión Patriótica.

Pero la Unión Patriótica colocó la semilla. Dejó el ejemplo de una lucha de principios, sin pactos con la derecha y con los responsables del desastre nacional. El nuevo poder democrático y popular surge de la voluntad y la lucha del pueblo colombiano. Se construye en la movilización popular y en las conquistas democráticas. No en los acuerdos vergonzosos con la derecha. De alguna manera el ejemplo de la UP anima a la izquierda en la construcción del Polo Democrático Alternativo, por eso la defensa de su unidad debe ser una tarea de todos nosotros, sin tregua y sin descanso.

El Polo Democrático Alternativo es la síntesis de muchos esfuerzos de unidad del pueblo colombiano, tal vez el más avanzado fue el de la Unión Patriótica, exterminada por el vandalismo y la criminalidad de la burguesía colombiana en descomposición. Todos nuestros mártires estarían hoy dedicados a construir este proceso de unidad, superando todo tipo de vicisitudes y dificultades.

En este sentido, hemos aceptado la victoria de Gustavo Petro en la reciente consulta del Polo Democrático Alternativo. Es el candidato de la unidad y así lo aceptamos. Y eso fue lo que se decidió de manera democrática. Otros aspectos que tienen que ver con la táctica electoral, el Ideario de Unidad y el funcionamiento de la dirección, fueron definidos en el Segundo Congreso Nacional del PDA y no están ad referendo de una especie de “estado de opinión” en los resultados de la consulta. Son temas que deben respetarse en las decisiones democráticas del Congreso. No hay un punto de inflexión con la consulta. Como las demás decisiones en lo que tiene que ver con directivos y programa presidencial deben adoptarse por los compromisarios designados por la dirección. La unidad debe hacerse con los sectores sindicales y sociales que están en el escenario de la lucha popular, la unidad se construye en la dinámica de la lucha de clases, en la dinámica de la lucha de masas y no buscando acuerdos con los enemigos del pueblo.

Vamos a la campaña electoral respaldando la candidatura de Gloria Inés Ramírez al Senado de la República, es la única candidata que avala el Partido Comunista en las listas del Polo Democrático Alternativo. Lo ha hecho muy bien y merece permanecer en esta importante tarea parlamentaria. Tendremos candidatos a la Cámara en Bogotá, donde ha sido propuesto mi nombre, y en otros departamentos en que los comunistas presentan candidatos. Es la principal tarea hasta marzo del próximo año.

Entre tanto, denunciaremos el carácter ilegal y fraudulento del referendo reeleccionista. No puede haber reforma constitucional reeleccionista con nombre propio, menos para Uribe Vélez, responsable del incremento de la confrontación, de los desafueros de la seguridad democrática y de la podredumbre que existe en el país. Acudiendo al ejemplo de la Unión Patriótica y del legado de los miles de mártires que dieron la vida por la causa revolucionaria debemos persistir en la lucha revolucionaria, por la unidad de la izquierda con sectores democráticos y sociales, por la verdad, la justicia y la reparación. Es el homenaje a todos y a todas los que son parte de este martirologio de la lucha revolucionaria en Colombia.

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La ONU advierte que hubo voluntad de exterminio contra la UP


La muerte de más de 5 mil personas pertenecientes a la Unión Patriótica, hace más de 20 años, es para expertos internacionales uno de los hechos más horrendos de la historia de Colombia.

Durante una jornada en contra del olvido de las víctimas, Cristian Salazar, el representante de la Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, advirtió que en el genocidio hubo una voluntad de exterminio.

"El estado colombiano ha reconocido que agentes del Estado, con grupos paramilitares, han sido los autores de los asesinatos como en el caso del congresista Manuel Cepeda, al que se vinculó al subdirector del DAS, José Miguel Narváez", explicó.

Además de compartir el dolor con los familiares y sobrevivientes de la matanza, diversas organizaciones nacionales e internacionales exigen al Estado identificar y castigar a los responsables, al tiempo que se repare a la totalidad de las víctimas.

Agentes del Estado y armados ilegales participaron en el genocidio: Fiscalía

Aunque las víctimas del genocidio contra la Unión patriótica sienten que la impunidad reina en este caso, la Fiscalía destaca que por estos hechos la Unidad de Derechos Humanos ha proferido 34 sentencias condenatorias y 19 personas están cumpliendo su condena como responsables. Sandra Castro, directora de la Unidad confirmó que son varios los autores de la matanza.

"Hemos podido determinar que son varios los agentes responsables en el exterminio de la Unión patriótica. Participaron también miembros de la guerrillas, sobre todo en el Urabá, Antioqueño; agentes del Estado vinculados, así como miembros de grupos ilegales como paramilitares", indicó la jefe de la Unidad de Derechos Humanos.

Pese a que ha pasado mucho tiempo, la Fiscalía advierte que sigue aportando personal y experiencia para determinar los responsables.

Sobre las personas pertenecientes a la Unión patriótica y reportadas como desaparecidos, la Fiscalía tiene 630 casos asignados y se han ubicado 546 personas.

Caracol

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miércoles, 14 de octubre de 2009

La demagogia uribista


Por: Carlos A. Lozano Guillén

Con el acostumbrado estilo mediático del presidente Álvaro Uribe Vélez, el jueves 8 de octubre pasado hizo declaraciones en las que se rasgó las vestiduras, porque, “al parecer”, algunas familias “bien” del Magdalena engañaron al programa “Agro Ingreso Seguro”, para cobrar dineros destinados a inversiones en el campo. Uribe Vélez, quien tres días antes defendió las donaciones o subsidios, en cuantiosas cantidades, a ricos latifundistas, reinas de belleza e influyentes amigos del Gobierno, de la noche a la mañana, tan pronto se desató el escándalo, cuando se conocieron dudosos procedimientos y sobre todo formas engañosas para burlar la ley sin que el Ministerio de Agricultura desde la época de Uribito los detectara, apareció de víctima, anunciando la rigurosa investigación de siempre que nunca termina en nada.

De inmediato, Andrés Felipe Arias, orgulloso de que le digan “Uribito”, saltó a respaldar a su fotocopia mayor e hizo idéntico pronunciamiento. Sin embargo, Arias, ese mismo día, en el diario El Tiempo, publicó una larga columna en las páginas editoriales, en las que no sólo defendió el Programa Agro Ingreso Seguro y a los ricos beneficiados con las multimillonarias partidas asignadas, sino que escribió lo siguiente: “AIS fue diseñado con paredes de cristal; es transparente y blindado de presiones políticas o electorales(…) El que varias personas pertenecientes a ciertas familias del Magdalena hayan recibido incentivos de riego quiere decir que cada una de esas personas presentó un proyecto diferente, en un predio diferente, con fuente hídrica independiente, que cumplió todos los requisitos, todas las condiciones(…)”. Y con el descaro que caracteriza a los altos funcionarios de este Gobierno, dispuestos a mentir si es el caso, Andrés Felipe Arias sostuvo que el AIS bajó el desempleo rural “a niveles que no veíamos hace muchos años”.

Hacia el mediodía del miércoles 8 de octubre, horas después de que se conociera la circulación impresa de El Tiempo que de forma generosa le abrió sus páginas editoriales al encartado ex ministro y ahora precandidato conservador, Arias cambió el libreto y asumió la misma posición de Uribe Vélez, quien dio el viraje ante la magnitud del escándalo. Para el ex ministro, con carita de yo no fui, los señores del Magdalena, hasta pocas horas antes, ciudadanos ejemplares para él, debían ser investigados “por si cometieron alguna irregularidad”.

Es la acostumbrada demagogia uribista, lavarse las manos, mientras la “gran prensa” les otorga la condición ventajosa del efecto teflón. Muy difícil que Uribe, Uribito y sus secuaces puedan defender su inocencia en este asunto que huele a feo. Es la misma corrupción que los llevó a tapar los negociados de los hijos del Ejecutivo y a tanto chanchullero en las alturas del poder.

carloslozanogui@etb.net.co

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5 pasos para inscribir la cédula próximo lunes 19 de octubre -2 de noviembre 2009



Deben inscribir su cédula quienes desean cambiar su puesto habitual de votación

SIGA 5 PASOS FÁCILES PARA INSCRIBIR SU CÉDULA A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES 19 DE OCTUBRE



1. Verifique en www.registraduria.gov.co su actual lugar de votación.

2. Identifique el puesto de votación en donde quiere sufragar el próximo año.

3. Acuda a la Registraduría correspondiente a partir del próximo lunes, o al puesto de votación elegido desde el 26 de octubre.

4. Lleve su cédula, indique su dirección e inscríbase con su firma y huella.

5. Conserve el comprobante de inscripción.


Bogotá D.C., martes 13 de octubre de 2009. A partir del próximo lunes 19 de octubre las oficinas de la Registraduría en los 1.102 municipios del país empezarán a atender a todos los colombianos interesados en inscribir su cédula para participar en las elecciones de 2010.

Entre el lunes 19 de octubre y el viernes 23 de octubre, la inscripción se realizará en las Registradurías Especiales, Municipales o Auxiliares. Allí los ciudadanos indicarán en cuál puesto desean votar el próximo año, siempre y cuando ese puesto corresponda a la circunscripción de la Registraduría que el ciudadano visitó. Del 26 de octubre al 2 de noviembre, la inscripción se extenderá a todos los puestos de votación del país, de 10:00 am a 6:00 pm en jornada continua, incluyendo sábados, domingos y festivos.

Adicionalmente, entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, realizará inscripción de cédulas en todos los consulados de Colombia en el exterior, para los colombianos que viven fuera del país.

La inscripción de cédulas es un proceso fácil, gratuito, diseñado para que todos los colombianos residentes en el país o en el exterior puedan votar el próximo año cerca de su lugar de residencia. Son dos los grupos de ciudadanos que deben inscribir su cédula: quienes cambiaron de lugar de habitación y quienes no están en el censo electoral.

Si usted tiene dudas sobre el proceso de inscripción de cédulas, siga los siguientes pasos:

1.Consulte www.registraduria.gov.co:

En la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil usted puede verificar el puesto de votación donde usted está habilitado para votar. Si al digitar su cédula aparece el puesto en el que desea votar el año próximo, usted no debe inscribir su cédula. Si por el contrario, aparece un puesto que queda lejos de su actual residencia, o aparece un mensaje indicando que su cédula no está vigente y las causas de pérdida de vigencia de la cédula ya desaparecieron, usted debe inscribir la cédula entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre.

2.Identifique el puesto de votación:

Hay 9.975 puestos de votación en todo el país, así como 180 oficinas consulares. Identifique cuál punto está más cerca de su lugar de residencia.

3.Acuda a la Registraduría correspondiente o al puesto de votación:

Entre el lunes 19 de octubre y el viernes 23 de octubre, la inscripción se realizará en las Registradurías Especiales, Municipales o Auxiliares. Allí usted podrá indicar que desea inscribirse para votar en determinado puesto de votación, siempre y cuando ese puesto corresponda a la circunscripción de la Registraduría que usted visitó. Tenga en cuenta que en las ciudades más grandes hay varias Registradurías Auxiliares, dependiendo de la organización por comunas o localidades. Del 26 de octubre al 2 de noviembre, la inscripción se realizará directamente en todos los puestos de votación del país.

4.Cédula, huella y dirección:

Una vez esté frente al funcionario electoral, diplomático o consular, éste le exigirá la presentación de su cédula original (o pasaporte si se inscribe en el exterior). A continuación, el funcionario diligenciará el Formulario de Inscripción E – 3 (o EX – 3 si el trámite es en el exterior). Allí anotarán su nombre completo, número de cédula y dirección de residencia, y a continuación le tomarán la impresión de su huella del índice derecho. Si no tiene dedo índice, tomarán la huella de otro dedo y dejarán la anotación correspondiente.

5.Conserve el comprobante:

Una vez el funcionario diligencie el formulario E-3, procederá a diligenciar el formulario E-4 o “Comprobante de inscripción”, en el cual consigna la fecha de la inscripción, su número de identificación, los códigos de inscripción y puesto, el lugar en donde realizó la inscripción y el puesto de votación en donde queda habilitado para votar. Conserve este comprobante.

Inscripción en la web: Encuentre toda la información sobre el proceso de inscripción de cédulas en el Portal Web www.registraduria.gov.co: Preguntas frecuentes, datos y cifras, formularios, explicación del proceso paso a paso y consulta en línea del puesto de votación, entre otros servicios.

El Servicio es Nuestra Identidad

Gracias por su difusión

Oficina de Comunicaciones y Prensa

Registraduría Nacional del Estado Civil

Información adicional: www.registraduria.gov.co

Tel: 2200885 – 2202880 ext 1335

Correo electrónico: prensa@registraduria.gov.co, avillegasb@registraduria.gov.co

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