miércoles, 31 de diciembre de 2008

La matanza del colonialismo sionista en Gaza



Heinz Dieterich

1. Los objetivos sionistas

La elite sionista de Israel quiere arreglar tres grandes problemas políticos en los próximos doce meses: 1. ganar las elecciones de febrero, 2009; 2. demostrar a los bárbaros del área---y a sus padrinos sionistas de la Burguesía Atlántica (Europa y Estados Unidos)---que la derrota militar ante Hizbollah (2006) ha quedado atrás, y que ha reconstituido su capacidad destructiva militar (deterrence) y su brutalidad aniquiladora; 3. terminar el proyecto nuclear de Irán antes de fin de año del 2009, ya sea por presiones, ya sea por un ataque convencional-nuclear. Lo único que no está en la agenda de esta elite terrorista es la negociación de una paz duradera sobre las bases del derecho internacional. No quiere negociar la paz: quiere dictarla.


El costo para alcanzar los tres objetivos no es alto, al menos no, si se calcula con los estándares del colonialismo atlántico. La muerte de algunos cientos de palestinos y, posiblemente, algunas decenas de miles en Irán. Un costo simbólico, pero un gran beneficio real para cualquier burguesía expansionista que ocupa territorios que no son suyos y tiene que usar el terrorismo de Estado ad infinitum, para mantener su ocupación.


2. El imperialismo atlántico entiende tardíamente la función del sionismo

Las educadas burguesías de Europa y Estados Unidos simpatizan con el duro papel del civilizador blanco, ante los salvajes pueblos del Tercer Mundo. The white man´s burden, la “carga civilizatoria del hombre blanco” lo había bautizado Rudyard Kipling para la colonización de Asia. “Manifest Destiny” lo cristianaron los puritanos gringos al realizar la limpieza étnica de América del Norte y “evangelización” lo llamaron los asesinos españoles y portugueses en sus colonias.

Durante medio milenio “los blancos” han sido el terror de los pueblos del mundo. La propuesta del sionismo era parte de esta lógica del colonialismo blanco: ser cabeza de playa entre los bárbaros de Medio Oriente, para garantizar los intereses de la burguesía atlántica. Aunque en su momento histórico las elites atlánticas no entendieron a plenitud el alcance estratégico de esta propuesta, hoy la apoyan incondicionalmente. Por eso, el cínico y vergonzoso silencio de los presidentes europeos y de la Casa Blanca, junto con la cobarde inteligencia europea y las dictaduras neocoloniales árabes.

3. Lecciones de Adolf Hitler

Para lograr sus objetivos, la elite colonialista israelí, organizada políticamente en los partidos Likud, Laborista y Kadima, ha asimilado una que otra lección delcolonizador Adolf Hitler. Ir por los triunfos fáciles, es decir, atacar a “enemigos” frente a los cuales se tiene una abrumadora superioridad militar. Tener plena conciencia de la superioridad de una vida propia frente a una vida enemiga, de un israelí comparado con un palestino. Como decía una orden de los nazis: “Por cada soldado alemán muerto por bandidos rusos (partisanos, resistencia armada-HD), hay que colgar a diez rusos.” Tomar a la población civil como rehén, secuestrar a sus miembros y aplicar el concepto fascista de “responsabilidad colectiva” (Kollektivschuld) a las familias, las comunidades, etc., sin importar la responsabilidad individual de las personas. Utilizar acciones de “Nacht und Nebel” (noche y niebla), es decir, escuadrones de la muerte del ejército y de los servicios, para asesinar o desaparecer a palestinos, en la noche. Destruir los medios de subsistencia de la población y sus casas, encarcelarla y torturarla, no conceder el debido proceso jurídico, desplazarla forzosamente y bloquear su regreso a sus comunidades de origen.

Muchos de estos métodos de los nazis fueron codificados por los Tribunales de Nuremberg y Tokio como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Pero, sería ilusorio pensar, que los autores intelectuales y materiales de esos crímenes de Estado de Israel pudieran ser juzgados por la justicia internacional, mientras Washington y Bruselas sigan dominando el sistema mundial.

Por suerte, después de quinientos años, el control mundial del colonizador blanco estállegando a su fin. China e India son contrapesos ya inamovibles del sistema mundial. En este sentido, la política de la elite sionista israelí no es más que otro desesperado y anacrónico intento de mantener el proyecto del apartheid de la humanidad, que los europeos globalizaron a partir de 1492, y del cual el sionismo es parte integral desde el siglo XIX.

4. Lecciones del Gheto de Varsovia

Ante el sufrimiento del gueto palestino de Gaza, a manos del colonialismo sionista, parecen proféticas las palabras del “Himno de los partisanos del Gheto de Varsovia”, donde el pueblo judío resistió heroicamente a las tropas nazis en 1943:





Nunca digas que esta senda es la final,
porque el cielo gris cubrió la luz del sol.
El momento tan ansiado llegará
y el sonar de nuestra marcha escucharán.
El clamor por tanta angustia y el dolor
desde el trópico hasta el polo sonará,
y al regar con sangre nuestra heredad,
la esperanza fuerte y pura crecerá.
No es un canto alegre, es canto de fusil,
no es tampoco pájaro de libertad,
es canción de un pueblo obligado a sufrir,
que con sangre y plomo el verso escribirá.






sábado, 27 de diciembre de 2008

Carlos Lozano, Director del Semanario Voz de Colombia:



“La reelección en Venezuela la determina el pueblo”.


· “El problema está en que la reforma constitucional en Colombia se hizo con nombre propio y no con un sentido democrático”


· “La continuidad de Chávez dará aliento al proceso revolucionario y permitirá la preparación de nuevos cuadros de relevo”.


Debate Abierto y Tribuna Popular, continúan con la campaña “Voces del Mundo por la Enmienda” y entrevistan a Carlos Lozano Guillén, abogado y periodista, profesor universitario. Miembro del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista Colombiano y de la Junta Nacional del Polo Democrático Alternativo de Colombia.


Caracas, 26 de diciembre, Modaira Rubio/Redacción FDA/TP.


Modaira Rubio: Se ha iniciado un gran debate en la sociedad venezolana sobre el tema de la enmienda y la reelección, para el abogado Yul Jabour, miembro del buró político del PCV: “ la existencia de la reelección indefinida a cargos de representación popular forma parte de la profundización de la democracia, pues la ley no debe prohibir a ningún ciudadano(a) la posibilidad de presentarse como candidato/a a elección –con excepción de quienes estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política- y al pueblo la posibilidad de elegir. Al final de decisión si es reelegida o no una persona, si lo hizo bien o mal, será decisión popular, pero no debe ser la ley quien lo prohíba”.


¿Piensa usted que ciertamente este debate profundiza la democracia venezolana?


Carlos Lozano: El debate sobre la reelección profundiza la democracia, creo que es válido que la ley contemple esta posibilidad de tal forma que un buen gobernante pueda adelantar los cambios y las transformaciones democráticas que se toman más tiempo que el estrecho margen que da un periodo presidencial. La ley no puede establecer prohibiciones a la reelección. La reelección la determinará la elección popular, libre de apremios y presiones, y no como suele ocurrir con los gobiernos tramposos de la oligarquía, que por lo general encuentran personajes mesiánicos que se creen imprescindibles. En esto es clave la participación popular. Las masas son las que al fin y al cabo tienen la decisión fundamental.


MR: En su país ¿existe algún instrumento, alguna herramienta constitucional, que permita someter a consideración de la voluntad popular la posibilidad de continuar o no en el gobierno un presidente? De no ser así ¿cómo es su sistema?


CL: En Colombia existe la posibilidad de una sola reelección, mecanismo aprobado en el Gobierno de Uribe Vélez, mediante presiones al Congreso, pues está demostrado el cohecho que significó la compra de dos votos en la Cámara de Representantes que faltaban para aprobar la figura de la reelección. El problema está en que la reforma constitucional se hizo con nombre propio y no con un sentido democrático. Igual se quiere hacer ahora para facilitar la segunda reelección de Uribe mediante un referendo financiado con dinero de dudoso origen y en el mismo espíritu antidemocrático de legislar en favor del Mesías. Así se convierte este instrumento, válido y democrático en su esencia, en algo instrumental y para favorecer a una persona con nombre propio.


MR: ¿Piensa usted que el avance del proceso revolucionario puede estar en peligro de no continuar Chávez en la Presidencia?


CL: Bueno, no se si llegue hasta tanto como poner en peligro la revolución que es un esfuerzo colectivo. Sin embargo, Chávez es un líder y un conductor capaz y carismático del proceso revolucionario. Ello cuenta a la hora de definir si debe o no permanecer en la Presidencia. La continuidad, como criterio general, puede darle más aliento a la revolución y permitir la preparación de nuevos cuadros para el momento del relevo.


MR: ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de enmienda constitucional que permita la reelección del Presidente Chávez para un nuevo período presidencial?


CL: Me parece bien, porque es una enmienda de carácter general, que seguirá rigiendo hacia futuro y no es limitada al actual presidente. La reelección en Colombia siempre tiene nombre propio, además de la hecatombe para el país que han significado los dos gobiernos de Uribe Vélez.




lunes, 22 de diciembre de 2008

Respuesta del Secretariado de las FARC-EP a la segunda Carta de los Intelectuales

Señores
COLOMBIANOS POR LA PAZ
Bogotá
“Aun cuando sean alarmantes las consecuencias de la resistencia al poder, no es menos cierto que existe en la naturaleza del hombre socialun derecho inalienable que legitima la insurrección.” SIMÓN BOLÍVAR

Compatriotas:
Con esta reflexión del padre de nuestras repúblicas, el Libertador Simón Bolívar, -que ayuda a comprender preocupaciones colectivas- damos continuidad al intercambio epistolar respondiendo a los temas planteados en su misiva del 27 de noviembre.

Compartimos con ustedes que la discusión sobre la guerra y la paz en Colombia no puede ignorar fenómenos que estremecen hoy la conciencia nacional. Los denominados eufemísticamente “falsos positivos” –que debieran llamarse asesinatos de civiles no combatientes ejecutados por el Estado- son, como ustedes acertadamente lo perciben, manifestación dolorosa de la guerra sucia que vive Colombia. Constituyen un espeluznante grito de victoria de la “seguridad democrática” del presidente Uribe que siempre midió el éxito de esa política –en su componente militar- en litros de sangre.

No puede considerarse como hecho aislado lo que obedece a una directiva puntual del Ministerio de Defensa y de la Presidencia, repetida sistemáticamente a nivel nacional en todas las guarniciones.

Es imposible desvirtuar que los miles de civiles asesinados para ser presentados noticiosamente como guerrilleros muertos en combate, lo fueron por el estímulo de los ascensos y recompensas ofrecidas desde el gobierno a los militares. Así como es un hecho destacable, el que después del conocimiento público sobre semejante genocidio, el Ministerio de Defensa no volvió a publicar sus abultadas cifras de "muertos en combate" con las que sustentaban su fantasiosa "derrota de la insurgencia" y el "fin del conflicto".

La conciencia de la nación debe impedir que este tipo de crímenes de lesa humanidad que implican al Estado, terminen en la impunidad. La destitución de algunos altos mandos militares por tales hechos debe ser complementada con una responsabilidad penal, lo que muy seguramente, llevará que las cortes y los tribunales de los pueblos sienten a la "seguridad democrática" - desarrollo de la fascista doctrina de la seguridad nacional - en el banquillo de los acusados.

Tal como lo aprecian ustedes, la escalada del conflicto -que tiene relación directa con la injerencia creciente del gobierno de los Estados Unidos en el conflicto interno de Colombia- ha estado acompañada de una mayor degradación. Algo debemos hacer para desembarazarnos de esa maldición que pareciera perseguirnos desde la destrucción de la Colombia de Bolívar y de su gran obra legislativa concebida de cara al bien común.

Desde las medianías del siglo pasado la degradación acicateada por el Estado no cesa de crecer en espiral. Los mismos métodos brutales que segaron la vida de 300 mil colombianos en la década del 50, ahora más refinados, siguen victimizando a la población, descuartizando con motosierras, enterrando en fosas comunes, desplazando a millones de campesinos para apoderarse de sus tierras, “empapelando” jurídicamente a ciudadanos, hasta alcanzar el nivel de barbarie de los “partes positivos”.

Recordamos la respuesta del comandante de las FARC Manuel Marulanda a una pregunta sobre humanización de la guerra: “la mejor manera de humanizar la guerra es acabarla”. Hoy seguimos teniendo la misma percepción, y para ello es indispensable el cambio de las injustas estructuras.

Celebramos que su alusión a los prisioneros de guerra, esté desprovista de ese “humanitarismo tuerto” diseminado por los medios, que ve a los prisioneros de un sólo lado, ignorando que se trata de dos partes contendientes. Este enfoque ayuda a la búsqueda de una solución realista del problema, para lo cual reiteramos nuestra determinación y voluntad de alcanzarla.

En este esfuerzo colectivo, es importante avanzar en la identificación y precisión de los temas objeto de nuestras reflexiones para ganar certezas en la búsqueda de soluciones. Por ejemplo: en un conflicto armado y social como el que vive Colombia desde hace más de 40 años, integrantes de la fuerza pública debidamente armados, entrenados y uniformados combaten diariamente, de distinta manera y en diferentes escenarios, con la guerrilla revolucionaria, presentándose bajas de parte y parte, como ocurre en toda contienda bélica. Finalmente una de ellas obtiene la victoria y toma prisioneros de la parte contendiente. Eso ha ocurrido, ocurre e inevitablemente seguirá ocurriendo, aquí y en todo el mundo mientras persistan los conflictos. Ese tipo de capturados, son prisioneros de guerra. Esa es su categoría dentro de la confrontación. Salvo que se pretenda, como en el caso del gobierno de Álvaro Uribe, negar la existencia del conflicto.

La propuesta de Manuel Marulanda Vélez al congreso de aprobar una ley permanente que deje abierta la posibilidad del canje, cobra plena vigencia en estas circunstancias. Evitaría un cautiverio prolongado y doloroso. En este mismo sentido y con implicaciones de muy diversos órdenes, hemos planteado en diversas oportunidades la conveniencia de un reconocimiento de las FARC-EP como fuerza beligerante. Se presenta también la retención de personas con algún tipo de representación política, que han tomado partido involucrándose abiertamente a favor de la guerra y en crímenes contra sectores populares, vinculados con el militarismo y el paramilitarismo como lo demuestra todo el proceso de la para política, o, que con sus acciones, golpean al pueblo, al tesoro o los bienes públicos. Estos, ante la ominosa impunidad del régimen y en la lógica de los de abajo, deben responder por su conducta. Y se da también el fenómeno de la retención de personas con objetivos económicos que tiene múltiples autores: policías, militares, DAS, paramilitares, delincuencia común y miembros de la insurgencia. En la responsabilidad que nos cabe y, entendiendo las dificultades que ello nos acarrea, nos hemos hecho esta reflexión: ¿cómo se financia una confrontación como la colombiana? ¿Cómo lo hace, por ejemplo, el Estado? decreta cargas impositivas generales, Impuestos de guerra, aportes de las empresas trasnacionales, entre las que se destacan: BP, Chevron- Texaco OXI, Drummond, Chiquita Brand, Repsol, Monsanto, Cocacola, etc.; pero fundamentalmente financia la guerra con ayuda económica, militar y tecnológica del gobierno de los Estados Unidos. Colombia es el primer receptor de esta "ayuda" en el hemisferio, la cual se paga con soberanía. El prominente sociólogo estadounidense James Petras estima que Washington ha invertido en el plan Colombia más de 10 mil millones de dólares en los últimos 6 años. Es una desproporción de recursos económicos y de medios para una guerra Injusta contra un pueblo.

En el espíritu de minimizar el impacto sobre los no combatientes, las FARC expidió la Ley 002 sobre tributación, que cobra un impuesto para la paz a aquellas personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio sea superior al millón de dólares y que solo en última instancia contempla el recurso de la retención.

La guerra a medida que se generaliza produce efectos dolorosos y no deseados. Con franqueza les comentamos que no está dentro de nuestro ideario ni en nuestros principios la eternización de estos métodos. De hecho, lo hemos manifestado estando inmersos en diálogos que buscaron la paz con anteriores gobiernos, como bien lo resaltan en su nota.

Los temas de esta misiva son más que oportunos para sugerirles lo importante que sería abrir un amplio debate sobre la situación de miles de presos políticos encarcelados luego de redadas masivas utilizadas como táctica para atemorizar y disuadir el apoyo popular a las fuerzas insurgentes. Son millares los ciudadanos acusados de rebelión y terrorismo a través de montajes de la inteligencia militar y del pago de jugosas recompensas. Esta reflexión colectiva debería incluir también la desaparición forzada de personas, la más aberrante forma de secuestro existente ejecutada por el Estado, y que a la pérdida de la libertad agrega la pérdida de la vida luego de espantosas torturas y en medio de la mayor impunidad.

Finalmente, nos piden ustedes, de cara a un eventual intercambio humanitario, avanzar en algunas reflexiones acerca de cómo "diseñar escenarios en donde sea posible debatir con la sociedad alternativas políticas para encontrar una senda transicional hacia una sociedad justa y equitativa".

Al respecto estamos proponiendo a través del manifiesto de las FARC-EP y de la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia (documentos adjuntos), un encuentro de las fuerzas políticas y sociales interesadas en el cambio, que nos permita delinear de manera consensuada un gran acuerdo nacional hacia la paz, para construir colectivamente alternativas políticas a la guerra y a la injusticia social. Estamos seguros que a nosotros y a millones de Colombianos nos gustaría ver florecer un nuevo gobierno, producto de ese pacto social, que convoque al diálogo de paz con participación de las organizaciones políticas y sociales del país, que lleve sus conclusiones a una asamblea nacional constituyente, para que el tratado de paz así logrado, tenga además, sustento constitucional.

Como muestra fehaciente de la voluntad que nos asiste y como gesto que apunta a generar condiciones favorables al canje humanitario, anunciamos la próxima liberación unilateral de seis prisioneros en dos etapas. Estos serán entregados a ustedes, como "colombianos por la paz de Colombia" en cabeza de la senadora Piedad Córdoba. Primero serán liberados tres agentes de policía y un soldado, y a continuación, el señor Alan Jara y el diputado Sigifredo López. Las condiciones de modo, tiempo y lugar serán precisadas en su debido momento.

Reciban nuestro saludo cordial.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, diciembre 17 de 2008


Manifiesto de las FARC

Compatriotas:
1 La dignidad nos está convocando a la resistencia en unidad frente al gobierno forajido, ilegítimo e ilegal que se ha tomado el Palacio de Nariño, a la convergencia y al Acuerdo Nacional para superar la profunda crisis institucional y de gobernabilidad que abate al país, y para concertar caminos ciertos hacia la paz duradera.

Colombia merece respeto. No podemos tolerar más esa mafia narco-paramilitar de latifundistas y ganaderos, narcotraficantes y empresarios que, con el apoyo militar del gobierno de los Estados Unidos y el bombo de los medios de información, convirtieron a Colombia en un infierno de la guerra, las masacres, las detenciones masivas de ciudadanos, las desapariciones, la miseria y el saqueo, y de todos los desafueros del terrorismo de Estado.

2 El gobierno de Uribe marcha al compás de las directrices de Washington y de las exigencias de poderosos capos narco-paramilitares como Salvatore Mancuso, Jorge 40, Castaño, Cuco Vanoy, Isaza, Báez, Macaco, Don Berna, El Alemán, Giraldo, El Tuso, Gordo Lindo y otros siniestros personajes de motosierra y cocaína, socios del Presidente. Esa mafia financió con maletas repletas de dólares las dos campañas presidenciales de Uribe.

Sí; ellos lo eligieron, y son ellos los que están mandando.
Impusieron a punta de fusil, de terror y de fraudes electorales a decenas de congresistas, gobernadores y alcaldes que han actuado como peleles del paramilitarismo en la política y en el gobierno. Como se creían los dueños del país no tuvieron reparo en proclamar con clarines de victoria que habían logrado elegir el 35% del actual congreso, lo que equivale a unos 80 representantes y senadores. Esos mismos votos contaminados llevaron a Uribe a la Presidencia de la República, y por eso y mucho más, su mandato es ilegítimo e ilegal.

Este gobierno está erigido sobre miles de fosas comunes y masacres, sobre tierras despojadas y millones de desplazados, sobre lágrimas y luto… Nada se hizo sin el visto bueno o sin la participación de las fuerzas armadas oficiales.

Toda la cúpula del Estado, empezando por el propio Uribe, cabecilla principal de los “paracos”, está invadida por el monstruo de la narco-para-política que se tomó a Colombia. El Vicepresidente fue el inspirador del bloque paramilitar que actúo sobre la capital. La comandancia del ejército y la policía no puede negar que siempre actuó en concierto para delinquir con ellos. El ministro de Defensa conspiró con Carlos Castaño. La ex canciller Araújo era cuota de Jorge 40. El ex jefe del DAS Jorge Noguera, además de montar con ellos el conocido fraude electoral a favor de Uribe, les suministraba la lista de los dirigentes sindicales y populares que debían asesinar.

Al país se lo estaban robando los mandamases paramilitares y Uribe no decía nada. Se robaron los recursos de la salud. Mordieron cuanto contrato aparecía. Saquearon los presupuestos departamentales y municipales. Se les permitió cobrar impuestos…

El Acuerdo de Ralito, pacto de las tinieblas entre el gobierno y sus paramilitares, fue el pacto de la impunidad, en el que el gobierno se comprometió a garantizarles penas irrisorias y simbólicas, participación en política, la no extradición, el respeto a sus riquezas mal habidas amasadas con el despojo, el narcotráfico y el lavado de activos.

Esa es la razón que ha compelido al Presidente Uribe al desacato y al desafío insólitos frente a la providencia de la Corte Suprema de justicia que dictaminó que paramilitarismo y concierto para delinquir no es sedición. Él entiende que sin el rótulo artificial de delito político que pretendía colgarle al paramilitarismo para santificarlo, se le cierra la más importante opción de impunidad con que contaba, no sólo para favorecer a los paramilitares, sino para exculpar al Estado, genitor de esa inhumana estrategia contrainsurgente en la que también están involucradas la CIA y la DEA.

Es que Uribe se ha merecido el repudio de los pueblos que en sus giras internacionales lo recibe con gritos de asesino, asesino; que renuncie por paramilitar, por ilegítimo y por ilegal.
Cualquier gobierno del mundo en tales circunstancias ya habría caído sin remedio. Y los colombianos no somos menos para tolerar semejantes gobernantes, así cuenten con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos.

3 Colombia está siendo violentada además por la política de Seguridad Democrática diseñada por Washington como desarrollo de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional y como estrategia de predominio del imperio sobre los pueblos de Nuestra América. En esencia esta política -explicada por el general Craddock del Comando Sur- busca en el marco de la recolonización neoliberal, asegurar la inversión y el expolio de las trasnacionales mediante la aplicación de leyes severas y la fuerza, para reprimir y aniquilar la resistencia de los pueblos y la inconformidad social.
No podemos permanecer impasibles frente a esta política que ya empieza a ser ejecutada también por otros gobiernos del hemisferio.

Para el caso de Colombia la Seguridad Democrática tiene como componente militar el Plan Patriota, cuyo objetivo principal es la derrota militar de la guerrilla de las FARC, o en su defecto la reducción de su voluntad de lucha para llevarla doblegada a la mesa de negociaciones. Desde luego no se sienten tranquilos con esta alternativa de poder construida por el pueblo como resistencia a décadas de violencia estatal y de opresión.

Con ese objetivo de derrotar a la guerrilla movilizaron decenas de batallones y brigadas móviles hacia el sur y lanzaron grandes y sostenidas operaciones en otras áreas del país. Instalaron puestos de mando con oficiales gringos en Larandia y Tres Esquinas, Caquetá, en los umbrales de la Amazonia que codician. Activaron satélites espías y aparatos con tecnología militar de punta. Desplegaron cercos estratégicos, bloquearon zonas campesinas, desplazaron a la población, asesinaron y desaparecieron civiles, incendiaron parcelas, robaron ganados, bombardearon día y noche, trillaron selva y cordilleras, y no han podido en cinco años mostrar un resultado contundente. Sólo el desgaste inútil y el resquebrajamiento de la voluntad de lucha de las tropas oficiales que mueren en la selva o salen lisiados de ella, porque así lo quiere un loco guerrerista que vocifera en Bogotá y echa generales por ausencia de resultados o partes de victoria.

De la pólvora y el fragor de los combates está surgiendo una fuerza guerrillera de nuevo tipo, fogueada en las maniobras enemigas y en el choque con las nuevas tecnologías de la operatividad contrainsurgente, guerrilla que es verdadero poder de fuego político y militar al servicio de la causa popular.

Pero paralelamente al desarrollo del Plan Patriota en los distintos teatros de operaciones, el gobierno iba entronizando el delito de opinión, la represión de la conciencia, hasta llegar a encarcelar a más de 150 mil ciudadanos acusándolos de simpatizar con la guerrilla. En aras de disuadir el respaldo al proyecto político y social de la insurgencia se está cercenando en Colombia el derecho universal a la opción política. No le bastó eliminar físicamente a toda una generación de revolucionarios que se incorporaron a la Unión Patriótica como alternativa legal de cambio; ahora quieren imponer un pensamiento, el de la nueva inquisición, de la derecha y el fascismo. Un pensamiento que criminaliza la protesta social con el cuento que detrás de toda movilización popular contra las políticas del gobierno está la guerrilla. Un autoritarismo que quisiera barrer con la autonomía y la independencia de las otras ramas del poder público para establecer sin sobresaltos constitucionales el reino de la tiranía, que sólo tolera las oposiciones que no se propongan el cambio del statu quo, de las estructuras de la opresión.

4 Esa derecha fascista activó el presupuesto de la nación en función de la guerra y el resultado es el desastre social. Niños que mueren de hambre, crecimiento de la pobreza y del marginamiento, abandono total de los proyectos de construcción de vivienda popular; la mayoría de la población sin servicios de agua, luz y alcantarillado. Indiferencia del gobierno frente a la carencia de escuelas, colegios y maestros porque optó por la privatización de este servicio, lo mismo que el de la salud. Recorte de las transferencias que paraliza el desarrollo de las regiones. Venta de empresas rentables del Estado para allegar más recursos a la guerra. Privatización paulatina de empresas estratégicas como ECOPETROL. Incremento de los índices de desempleo y subempleo al impulso de la flexibilización laboral que pisotea los derechos de los trabajadores y dispara las ganancias de los empresarios. Hambre y alto costo de la vida es lo que generan las políticas del Estado contra la masa popular. Perspectivas de agudización de la crisis social con la aprobación del TLC que atenta contra la patria, la soberanía y la calidad de vida de los colombianos.

La perfidia con que actúa el Estado debe ser respondida con la movilización de pueblo en acciones de calle y bloqueo de carreteras que paralicen el país en demanda de los derechos conculcados para constatar en la lucha de masas la fuerza de los de abajo y para buscar la convergencia de todos los sectores democráticos bajo una sola bandera política y social con miras a conformar un nuevo gobierno que trabaje por la paz, la justicia social y el rescate de la dignidad y la soberanía del pueblo de Colombia.

5 Para la construcción de esta alternativa ponemos a consideración del país, de sus organizaciones políticas y sociales, de todo el pueblo, la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia para abrir la discusión y el intercambio en torno a las banderas y programa de un nuevo gobierno que sugerimos patriótico, democrático, bolivariano, hacia un nuevo orden social, comprometido en la solución política del grave conflicto que vive el país.

Un nuevo gobierno que materialice el proyecto político y social del Libertador, que conforme un nuevo Ejército Bolivariano para la defensa de la patria y las garantías sociales. Un nuevo orden edificado sobre la democracia y la soberanía del pueblo, que agregue a las ramas del poder público los poderes moral y electoral, que instituya el congreso unicameral y la revocatoria del mandato. Un nuevo sistema de gobierno que castigue con severidad la corrupción y la impunidad, que ponga fin a la política neoliberal, que estimule la producción en sus diversas modalidades, que asuma el control de los sectores estratégicos, que haga respetar nuestra soberanía sobre los recursos naturales y que implemente políticas eficaces de preservación del medio ambiente. Un gobierno que trabaje por la gratuidad de la educación en todos los niveles, que instrumente la redención social, la justicia agraria, que renegocie los contratos con las trasnacionales que sean lesivos para la nación, que deje sin vigencia los pactos militares, tratados y convenios que mancillen la soberanía de la patria, que no extradite nacionales, que objete el pago de la deuda externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Un gobierno cuya divisa en política internacional sea la Patria Grande y el socialismo y que priorice las tareas de la integración de los pueblos de Nuestra América. Por eso la política de fronteras de FARC opta por la hermanación y no por la confrontación con los ejércitos de los países vecinos. Nuestra lucha es de resistencia y liberación frente al régimen opresor colombiano.

Es hora de analizar y seleccionar la ruta que nos conduzca a la paz, a la independencia, la justicia social, la democracia, y la unidad como camino para sobrevivir y enfrentar con éxito las políticas de los imperios.

6 La paz es un proceso, un bien común que requiere de todos la preparación del terreno para que germine. No se logra de la noche a la mañana. Necesita nuevas estructuras económicas, políticas y sociales que la sustenten, cambios como los que sugiere la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.

No habrá paz de los sepulcros. Todos los planes militares de las oligarquías y el imperio para exterminar a la insurgencia, desde el LASO (Latin American Security Operation) ejecutado en Marquetalia, hasta el Patriota, han fracasado porque el alzamiento armado por causas sociales, económicas y políticas, no se derrota ni con bombas, ni con plomo, ni tecnologías recién creadas.

Por chifladura o demagogia electorera, Uribe ha anunciado estar dispuesto a oficializar una zona de encuentro para firmar la paz en tres meses. 43 años de confrontación no se superan en tan corto tiempo. La problemática política, económica, social, cultural, ambiental y de soberanía del país no se puede resolver en 3 meses, a no ser que alguna de las partes haya derrotado al contendor, y este no es el caso. Uribe no es el hombre para la paz en Colombia. No está programado por los gringos para eso. Un tipo que ni siquiera reconoce la existencia del conflicto armado no logrará la paz por ninguna vía. Sólo un nuevo gobierno patriótico y democrático, soberano, podrá lograr la paz negociada, no un gobierno títere de la Casa Blanca. Se necesitaría un gobierno compenetrado con la necesidad de la paz, que apoyado en el pueblo y el interés nacional tome la decisión de regresar las tropas a sus cuarteles, de reducir drásticamente el presupuesto de la guerra a favor de la inversión social y de exigir la salida del país de las tropas y asesores estadounidenses entrometidos en el conflicto interno y factor atizador de la guerra, para darle paso resuelto a los diálogos de paz.

7 La paz merece todos los esfuerzos y sacrificios del país y empieza con el consenso de sus fuerzas fundamentales, de sus organizaciones políticas y sociales, para crear entre todos una nueva alternativa política de poder que se convierta en gobierno soberano y digno, altivo frente a Washington, empeñado en la mayor suma de felicidad posible para el pueblo según el mandato del Libertador.

Es necesario empezar cuanto antes el intercambio y el reencuentro de todos los actores de la transformación social y la paz, incluida la guerrilla, en torno a esta perspectiva. Aquellos que desde la servidumbre del establecimiento pregonan la exclusión de la insurgencia con rebuscados argumentos, lo hacen para inducir a la formación de una alternativa enclenque que sea presa fácil de los poderosos explotadores de siempre.

Proponemos despegar lo más pronto posible con los primeros contactos clandestinos, sin darle importancia al gobierno, para convenir un derrotero y para ir esbozando colectivamente algunos trazos programáticos para la redención de Colombia.

Invitamos a este diálogo a los dirigentes revolucionarios, a los sectores democráticos de los partidos, a la gente avanzada del clero, a los militares patriotas y bolivarianos, a los líderes obreros y campesinos, estudiantiles, comunales, indígenas, a las negritudes, a los educadores, a las mujeres… a todos los liderazgos populares, para juntar anhelos y emprender juntos el camino hacia la Nueva Colombia.

8 El objetivo es la creación de una alternativa para el cambio, surgida de un Gran Acuerdo Nacional por la paz, la justicia, la soberanía y el decoro de la nación, que se proponga un nuevo gobierno para salvar a Colombia del abismo, para recuperar la dignidad mancillada por el gobierno forajido de fascistas narco-paramilitares bendecidos por Washington, una nueva conducción de los destinos de la patria que proscriba la represiva y expoliadora Seguridad Democrática del imperio y la política neoliberal, que rescate la soberanía del pueblo, reestructure el Estado con el fin de garantizar el bien común y conforme un Ejército Bolivariano guiado por el amor al pueblo, la justicia social y la defensa de la patria. En fin, un gobierno que convoque una Asamblea Nacional Constituyente para darnos una nueva Constitución que refrende los cambios a favor del pueblo, hacia la paz y la convivencia, la verdadera democracia, la soberanía y la integración solidaria de los pueblos, como mandatos emanados de ese gran Pacto Social.

No nos queda otra alternativa que buscar unidos el camino para salir de la oscura noche orientados por la vislumbre de la justicia y la alborada nueva de la Gran Colombia.

Hacia la Nueva Colombia, Acuerdo Nacional por la Paz

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC

Montañas de Colombia, septiembre de 2007Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia
Invitamos a todos los colombianos que anhelan una patria soberana, en desarrollo y en paz, a trabajar por la conformación de un nuevo gobierno nacional, patriótico, democrático, bolivariano, hacia el socialismo, que se comprometa a lo siguiente:

1. Solución política al grave conflicto social que vive el país.

2. La doctrina militar y de Defensa Nacional, será BOLIVARIANA. En cumplimiento del mandato del libertador, los militares emplearán su espada en defensa de las garantías sociales. Las nuevas Fuerzas Armadas se distinguirán por su amor al pueblo y el odio a la tiranía. Serán garantes de la soberanía nacional, respetuosas de los derechos humanos, y tendrán un tamaño y un presupuesto acorde a un país que no está en guerra con sus vecinos.

La Policía Nacional dependerá del Ministerio del interior y justicia, reestructurada para que cumpla su función preventiva; moralizada y educada en el respeto de los derechos humanos.

3. Participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. El pueblo se erige en soberano y como tal elige directamente al Presidente, a los miembros del legislativo unicameral, a los titulares del poder moral (Procuraduría, Defensoría y Contraloría) y al titular del poder electoral. Se instituirán los poderes moral y electoral. Todas las instancias de elección popular podrán ser objeto de revocatoria del mandato. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos por voto directo de todos los jueces y Magistrados del país, previa democratización del sistema judicial. Se suprimirá el sistema penal acusatorio.

4. Se pondrá fin a la corrupción y a la impunidad. Los incursos en estas conductas recibirán castigo ejemplar. El nuevo gobierno resarcirá la dignidad de los millones de desplazados, desaparecidos, asesinados, y de todas las víctimas del terrorismo de Estado.
5. Habrá libertad de prensa y democratización de los medios masivos de comunicación. En todo caso primará el interés social.

6.
Rechazo a la política neoliberal. Desarrollo y modernización económica con justicia social. El Estado debe ser el principal propietario y administrador de los sectores estratégicos: el energético, las comunicaciones, los servicios públicos, vías, puertos y recursos naturales en beneficio del desarrollo económico-social equilibrado del país y las regiones.

Se procurará la ampliación del mercado interno, la autosuficiencia alimenticia y el estímulo permanente a la PRODUCCION, a la pequeña, mediana y gran industria, a la autogestión, la microempresa y a la economía solidaria.

La gestión económica oficial se debe caracterizar por su eficiencia, su ética, su productividad y su alta calidad. Habrá participación de los gremios, las organizaciones sindicales, populares, entes académicos y científicos en la elaboración de las decisiones sobre la política económica, social, energética y de inversiones estratégicas.

7. Explotación de los Recursos Naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, el agua y la biodiversidad etc., en beneficio del país y de sus regiones, garantizando la preservación del medio ambiente. Renegociación de los contratos con Compañías Multinacionales que sean lesivos para Colombia. La Comisión Nacional de Energía, con participación del Estado, los trabajadores del sector y las regiones, planificará la política energética.

Se construirán más refinerías y se desarrollará la industria petroquímica. El gobierno le informará a la comunidad con transparencia, los términos de los contratos existentes.
8. El 50% del Presupuesto Nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al ciudadano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado, apoyados en nuestras tradiciones culturales y buscando el equilibrio de la sociedad y la naturaleza. Los derechos de la niñez, la juventud, las mujeres y los ancianos, de los pueblos indígenas y afro-descendiente, serán especialmente reivindicados por el nuevo gobierno.
El 10% del Presupuesto Nacional, será invertido en la investigación científica.

9. Quienes mayores riquezas posean, más altos impuestos aportarán para hacer efectiva la redistribución del ingreso. El impuesto del IVA, sólo afectará bienes y servicios suntuarios.
10. Política Agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo. Estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria. Proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional.

Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elaborado en conjunto con las organizaciones de la comunidad, liquidando el latifundio allí donde subsista, redistribuyendo la tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento nuestras reservas. Ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional.

11. Relaciones internacionales con todos los países del mundo bajo el principio del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y del mutuo beneficio. Priorizar tareas por la integración de Nuestra América. Todos los latinocaribeños serán considerados ciudadanos de Nuestra América. Patria Grande y socialismo será nuestra divisa. Respeto a los compromisos políticos con otros Estados sin menoscabo de la soberanía. Revisión total de los pactos militares, tratados comerciales y convenios lesivos para la nación. Se pondrá fin a la extradición de nacionales. Objeción al pago de la Deuda Externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Para los otros casos se planteará una moratoria en el servicio para facilitar la cancelación de la deuda social.

12. Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes. Materialización de la propuesta de sustitución de cultivos emanada de la audiencia pública internacional sobre cultivos ilícitos y medio ambiente.

Novena Conferencia de las FARC-EP
Por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo

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domingo, 21 de diciembre de 2008

DEL ESTATUTO DE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA



Por Nelson Lombana Silva
Se acentúa la dependencia de Colombia de los Estados Unidos con la política trazada por el presidente norteamericano, James Monroe, a mediados del siglo XIX, sintetizada en: "América para los americanos", por cuanto se auto declara policía del continente, con derecho a meterse en los asuntos internos de cualquier país, con la disculpa de peligrar su seguridad y sus intereses económicos.


Su dominio a lo largo de la historia es imperial, agresivo y violento. En 1912, el presidente norteamericano de la época, William H. Taft, sostenía sin inmutarse: "Todo el hemisferio será nuestro de hecho, como en virtud de nuestra superioridad de raza, ya es nuestro moralmente".[i]


Su principal relación con nuestro país es violenta, gracias a la pusilanimidad de la clase dirigente. Su expresión más contundente tiene que ver con su política de la doctrina de la seguridad nacional y que tuvo desarrollo en la tenebrosa "escuela de las Américas", que funcionó durante algún tiempo en Panamá. Allí se prepararon militares colombianos para luego reprimir cobarde y criminalmente al pueblo colombiano, concretamente a la oposición al régimen liberal – conservador.


Estatuto de Seguridad
Terminada la década de 1970, las fuerzas militares toman el control del país, tras la máscara presidencial y de la supuesta "democracia". El 7 de agosto de 1978, toma la presidencia, Julio Cesar Turbay Ayala, un oscuro turco, gangoso, astuto y taimado. Era militarista a ultranza, pues había sido ministro de la junta militar que gobernó a Colombia en 1958, además, como congresista presentó sendos proyectos de leyes para beneficiar y aumentar los sueldos de los altos mandos.
En el primer mes de su nefasto y antipopular mandato, Turbay sancionó el terrorífico Estatuto de Seguridad, al amparo del Estado de Sitio. Prácticamente, lo traía bajo el brazo. Con todas las arbitrariedades reseñadas por defensores de derechos humanos y connotados juristas del país, la corte suprema de justicia lo declara exequible.


Ni más ni menos, las fuerzas militares y de policía, fueron investidas de facultades judiciales, se inventaron supuestos delitos que atentaban contra el orden público y condenas exageradas. Por ejemplo, una contravención que era sancionada con 30 días de arresto, ahora era de uno a cinco años de prisión. Las condenas proferidas por los comandantes de brigada, carecían de recurso de apelación, es decir, segunda instancia.


Se criminalizó la oposición política en Colombia, es decir, todo tipo de protesta: sindical, popular, libre circulación y expresión, etc. Toda manifestación de inconformidad era catalogada y castigada como subversiva.


El militarismo más recalcitrante era el protagonista, con el aval incondicional de los Estados Unidos, en los últimos dos años del mandato de Alfonso López Miquelsen y la administración de Turbay Ayala. Éstos eran simples arlequines.


En diciembre de 1979, fue editada por el comando del ejército, con el sello de "restringido" el "manual de instrucciones generales para operaciones contra – guerrillas", en uno de sus acápites se lee: "Se establece que se deben organizar grupos de autodefensa (paramilitares) a nivel de caserío y veredas con el fin de que los habitantes del área contribuyan en forma activa en la lucha".[ii]


Otro de las siniestras consecuencias del Estatuto de Seguridad es la tecnificación de la tortura, pues esta se hizo sistemática, tecnificada, "científica", la doctrina de la seguridad nacional propuesta por los Estados Unidos, con el argumento del enemigo interno.
En esas condiciones estaba en la mira de la represión los sindicalistas, los estudiantes, docentes, intelectuales, algunos periodistas, algunos sacerdotes y por supuesto, los comunistas, los demócratas y militantes de izquierda.


El asesino general Fernando Landazábal Reyes, sostenía: "Nada más nocivo para el curso de las operaciones contrarrevolucionarias que dedicar todo el esfuerzo al combate y represión de las organizaciones armadas del enemigo, dejando en plena capacidad de ejercicio libre de acción a la dirección política del movimiento".[iii]


Se impuso dramáticamente la sentencia del mayor Ñunpo: "Es mejor condenar a un inocente que dejar en libertad a un guerrillero". En el primer año del crudo mandato Turbayista, según datos estadísticos del mismo ministerio de defensa, fueron privados de la libertad 60.000 personas.
Los medios de comunicación se pusieron a la orden de los militares y del Estatuto de Seguridad, aplicando sin descaro la censura y la autocensura. También algunos "médicos fueron fundamentales para indicarle al torturador cuándo debía detenerse: justo antes que el cerebro, el corazón o los pulmones le estallaran a la víctima que aún no debía morir".[iv]


Son apenas acápites del alcance monstruoso del tenebroso Estatuto de Seguridad que tanta sangre humilde, tanta tortura, tanto desplazamiento, tanto dolor humano, tantas lágrimas, tanto desaparecido se sucedió en Colombia.


Pero lo más grave es que este genocidio no es cosa del pasado. Porque el narcotraficante y paramilitar presidente Uribe Vélez, también obedeciendo los dictámenes de los Estados Unidos en cabeza de George W. Bush, implementa su estatuto quizás más criminal que el anterior intitulado: "Seguridad Democrática".


A la sombra de éste, viene violando los derechos humanos, matando la oposición política, desplazando, desapareciendo, originando detenciones masivas, estigmatizando, sindicando a todo luchador por la paz y la democracia de terrorista, negando que en Colombia hay un conflicto social y político hace más de 40 años y cuyas causas permanecen ahí, sin resolver.
En esos términos hay que reconocer que el país se ha mantenido en las garras del terrorismo de Estado. Ayer era "El estatuto de Seguridad" de Julio Cesar Turbay Ayala, hoy es "La Seguridad democrática" de Álvaro Uribe Vélez.


Una guerra contra el pueblo, que el partido comunista colombiano rechaza, condena y repudia. Y a su vez, exhorta a las fuerzas de izquierda condensadas en el Polo Democrático Alternativo, PDA, a la unidad, la organización y la acción de masas, en aras de construir una sociedad democrática que garantice la construcción del Socialismo.


Ibagué, Diciembre 21 de 2008



[i] CALVO OSPINA, Hernando. Colombia laboratorio de embrujos, democracia y terrorismo de Estado. Foca ediciones y distribuciones generales, S.L. 2008, página consultada 31.[ii] Íbid. Página consultada 128.[iii] Íbid. Página consultada 128[iv] Íbid. Página consultada 129



viernes, 19 de diciembre de 2008

Las andanzas del Senador Petro


Las andanzas del Senador Petro
Especial para Un Pasquín


Por: Ricardo Sánchez Ángel
Profesor Universidad Nacional
Profesor Universidad Externado



El proceso político de consulta interna del Polo Democrático Alternativo, confirmó que la democracia en este partido permitía mostrar y demostrar las fuerzas en disputa, y así fue. El Senador Petro levantó la bandera de la amorfidad política, de hacer del Polo una organización de pasarela, de contrabandear con las ideas políticas, y amenazó de ganar, el MOIR, el Partido Comunista y todos los que fueran señalados de izquierda radical, no cabrían en esta colectividad.

El Senador Petro se exhibió como un camaleón, de acuerdo a la afortunada caracterización que de sus actuaciones hizo el maestro Fals Borda. De izquierda, pero de centro, y de allí hacia la derecha. Todo posible en su gaseosa postura de ideas anacrónicas en lo económico: populismo, alianzas con el gran capital -el legal que es el bueno-, de más impuestos a la gran propiedad, pero no de reforma agraria. De defensa de la libertad económica, que sabemos bien es la de los explotadores y opresores. Este personaje pregonó mejorar el Tratado de Libre Comercio, mientras las mayorías aquí y Estados Unidos se oponían a ello.

Petro goza de la complacencia de los grandes medios, la prensa lo entrevista por doquier, la televisión lo promociona. Es un actor mediático, y en la ola de esta popularidad virtual, se atrinchera para dividir al Polo, usurpa su representación y calumnia a su presidente y demás miembros que estamos identificados en el ideario de Unidad.

La consulta interna del Polo la ganó el partido, que salió fortalecido, practicando el pluralismo. Y su inmensa mayoría rodeó el liderazgo de Carlos Gaviria, quien es el arquitecto principal de la unidad. El Senador Petro confunde el divisionismo con el pluralismo, el libre examen con la capitulación ideológica, el insulto con la lucha ideológica.

Ahora, el Senador Petro decidió promover el apoyo y la apología al doctor Alejandro Ordóñez, como nuevo Procurador General de la Nación, y consiguió el apoyo de seis senadores más en una decisión lamentable, que quieren encubrir como de tolerancia y apertura. El doctor Ordóñez es un católico, apostólico y romano. Su soberanía está en la Santa Sede, y tiene el derecho a serlo. Lo que no es serio es promoverlo como respetuoso del Estado laico de la Constitución de 1991.

Lo primero que hizo este Procurador inquisidor, fue atacar la libre postura del director legítimo del Polo, Carlos Gaviria, y a renglón seguido dijo a El Tiempo: “Pero si usted me pregunta en materias de aborto, eutanasia, matrimonio homosexual, son claras mis posiciones, las tengo escritas (en sentencias). No soy partidario de ello.”1 Pero para el Senador Petro y sus otros seis colegas que lo acompañaron, esto no les mereció ninguna consideración. En reportaje a El Espectador el doctor Ordóñez, al defender la conducta criminal (cosa juzgada) del senador William Montes, en el sentido de que no debía perder su investidura dijo, frente a la pregunta sobre el pacto de Ralito: “… que no se configuró un conflicto de intereses y que actuó en derecho porque en su criterio, que acogió la mayoría, no puede colegirse per se que los “paras” se beneficiaron directamente de un acuerdo suscrito cuatro años atrás.”2 ¡Qué tal el sofisma! ¡Qué inmoralidad a la luz de la doctrina de Cristo!!!

El Senador Petro en forma irresponsable proclama su actuación como una alianza de dos extremismos, el suyo, como supérstite del grupo M-19, que tiene en su haber el ser responsable del crimen de Estado del Palacio de Justicia, el otro responsable fue el Estado colombiano. El otro extremista, según Petro sería el magistrado Ordóñez.

La gran mayoría del Polo no procedemos del M-19, no apoyamos sus actuaciones y menos lo ocurrido en el Palacio de Justicia, cuyo significado negativo constituye la mayor desgracia nacional desde el 9 de abril de 1948. Ni la herencia del secuestro, que fue inaugurada por el M-19, y adoptada luego por las FARC y el ELN.

El Senador Petro necesita abrazarse con la ultraderecha, tomarse una botella de Whisky con el embajador de Estados Unidos, algo absolutamente inadmisible para un jefe político de oposición, para que le perdonen por esta vía lo que de forma insultante pretende que olvidemos.

La izquierda radical pacifista no olvida, y está totalmente con las víctimas, los muertos del Palacio de Justicia y sus familiares. Al igual que con todas las víctimas del paramilitarismo y la derecha económica y política. El Polo debe habilitar los espacios para que debatamos el balance de la Violencia en Colombia, de toda la violencia: la de las FARC, el ELN, el M-19. La de los paramilitares y el Estado.

Piden llamar nica o sandinista a estaciones de metro en Rusia


San Petersburgo. EFE. diciembre 18, 2008

La organización de los comunistas de San Petersburgo y la región de Leningrado propusieron este jueves cambiar a "Nicaragüense" o "Sandinista" el nombre a una de las dos nuevas estaciones del metro de la antigua capital imperial.

"Hoy, en el día de la histórica visita a Rusia del presidente de Nicaragua y líder de la revolución sandinista, Daniel Ortega, los comunistas de San Petersburgo y la región de Leningrado llaman a las autoridades a nombrar una de las nuevas estaciones de metro en honor a la heroica república de Nicaragua y a su líder", indicó

En un comunicado, los comunistas señalaron que "es necesario precisamente ahora, con motivo de la visita del presidente Ortega", cambiar el nombre de las estaciones, que serán inauguradas el próximo sábado, "como señal del reconocimiento y de la seriedad de los propósitos de Rusia en su regreso a Latinoamérica".

Recordaron que Nicaragua es el único país en el mundo, además de Rusia, que reconoció oficialmente las independencias de las regiones separatistas georgianas de Osetia del Sur y Abjasia.

"No nombres sin personalidad como Spásskaya (Del Salvador) y Zvenigorodskaya (de la ciudad de Zvenigorod), sino aquellos que expresan plenamente la solidaridad y amistad de los pueblos son los que fortalecen las relaciones ente Rusia y la América Latina revolucionaria", justificaron su propuesta.

Agregaron que con el fin de apoyar su iniciativa, los comunistas celebrarán una manifestación en las nuevas estaciones de metro.

El presidente Ortega y su homólogo ruso, Dmitri Medvédev, se reunieron este jueves en el Kremlin, tras lo cual firmaron una declaración conjunta, así como un paquete de cooperación en diversos ámbitos.

El líder nicaragüense agradeció a Rusia su contribución al desarrollo de las relaciones entre ambos países, interrumpidas durante años y saludó la creciente presencia del país en Latinoamérica.

ECLARACIÒN DE LA TENDENCIA SOCIALISTA “POLO AL SUR” DEL PDA SOBRE LA ELECCIÒN DEL NUEVO PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÒN



El Comité Ejecutivo Nacional del PDA, ha declarado públicamente su desacuerdo y lamenta “la actitud adoptada por siete senadores de la bancada del Polo en el Senado de la Republica de respaldar la elección del nuevo Procurador General de la Nación Dr. Alejandro Ordóñez”. Explica que “Las razones de nuestra posición tienen que ver con la naturaleza política fundamentalista y extremista del nuevo Procurador elegido”. Al mismo tiempo, para despejar dudas de carácter político, aclara que “El Comité Ejecutivo Nacional - C.E.N. - del Polo Democrático Alternativo es la única instancia permanente de dirección política del Partido a lo cual no puede renunciar por mandato estatutario”.

Con esta declaración nuestro Comité Ejecutivo interpreta la posición política de la inmensa mayoría de las bases del partido, de sus simpatizantes y de la opinión expresada por columnistas, académicos, ONGs, organizaciones sociales, defensores de los derechos humanos y en general el pensamiento crítico y democrático que ha expresado de manera enfática su rechazo a la elección del nuevo Procurador; así como, su asombro por la actitud de los siete senadores del POLO, que se supone son los voceros de la Izquierda Democrática y de un proyecto alternativo al del Presidente de la República.

De igual manera avala la posición de los Senadores Gloria Inés Ramírez, Jorge Robledo y Luís Carlos Avellaneda, quienes por considerar lesionados en materia grave la Constitución Nacional y en defensa de los principios democráticos, pluralistas y éticos que orientan la actividad del PDA, recurrieron a la Objeción de conciencia para no comprometerse con la elección del alto funcionario.

En el debate público se han dejado fehacientes demostraciones del fundamentalismo religioso de parte del nuevo Procurador, que ponen en entredicho su imparcialidad, objetividad y transparencia, tanto para tomar decisiones sobre la protección de los Derechos Humanos, los derechos de las mujeres, de las parejas homosexuales, de las comunidades indígenas y negras y de la ciudadanía en general, como para ejercer el Ministerio público a la hora de velar por la correcta aplicación de la Constitución y la Ley.

Contrario a lo que los siete senadores adujeron para apoyar al Dr. Ordóñez, el POLO considera que el extremismo religioso del nuevo procurador debió servir de argumento para votar en su contra, precisamente para defender la libertad de cultos y el pluralismo político y cultural consagrado en la Constitución Nacional. No se combate el extremismo al elegir un extremista de ultraderecha en la máxima magistratura del Ministerio Público.

No cabe duda que los siete senadores que votaron por Ordóñez han lesionado gravemente nuestro Ideario de Unidad y los principios ideológicos, éticos y democráticos que orientan el POLO. No se trata entonces de una posición intolerante ni de persecución por razones de creencias religiosas, sino de una posición por la defensa de la libertad religiosa y de las demás libertades ciudadanas.

Carece de fundamento alegar que para lavar culpas de pasados extremismos cometidos por “algunos” senadores del PDA se apoyó la elección del Dr. Ordóñez, en cambio si es notoria la intención de los firmantes de la constancia dejada en el Senado, cuando hacen referencia al episodio de la revista SOHO, de demeritar al Presidente del POLO.

Nada más intolerante que elegir como Procurador a un personaje declaradamente uribista. Con su elección se ha colocado la pieza que faltaba para consolidar el presidencialismo autoritario que caracteriza el régimen del señor presidente Uribe. Un Procurador de bolsillo, un Congreso de bolsillo, la Fiscalía actuando a discreción de sus designios, el mando unificado de la fuerza pública actuando a favor de sus intereses y de su cercano círculo de mafiosos y oligarcas, obsecuentes agentes de la llamada seguridad democrática y la criminalización de la protesta social, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura decidiendo como el Presidente ordena. De ese tamaño es el regalo navideño otorgado por el Congreso, con la anuencia de siete congresistas del POLO, al señor presidente, que ve legitimado su proyecto político de intolerancia.

Justamente cuando se vislumbra la fase final del modelo de la seguridad democrática y la confianza inversionista, proyecto político de la oligarquía colombiana liderado por el Presidente de la República, sacudido por la resistencia civil de los indígenas y su propuesta de la MINGA de los pueblos, la altiva y digna lucha de los corteros de la caña y la movilización de los trabajadores del Estado, destapado ante la opinión internacional por los falsos positivos, enfrentado a la movilización de cientos de miles de hombres y mujeres damnificados por la caída abrupta de la burbuja de las pirámides y desilusionados por un gobierno que fue complaciente con esas prácticas del enriquecimiento ilegal, nuestros compañeros senadores le tienden la mano para evitar su decadencia.

El paramilitarismo, los falsos positivos verdaderos crímenes de lesa humanidad, las desapariciones forzadas cometidos por sectores de la fuerza pública, el desplazamiento forzado, la crisis humanitaria, el asesinato de dirigentes políticos, sociales, sindicales, indígenas y del POLO, son producto del fanatismo y la intolerancia del régimen de la seguridad democrática, estimulados por el propio presidente de la República y el círculo delincuencial que lo rodea. Se ha oscurecido el horizonte de la justicia y estos crímenes seguirán en la impunidad. La posición del Comité Ejecutivo se debe precisamente al compromiso del POLO con la lucha por la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. No encaja el argumento de la tolerancia como justificación política del apoyo al elegido procurador con la participación de la mayoría de la bancada del POLO en el Senado.

Algunos de los firmantes de la declaración encontraron la ocasión propicia para justificar su giro a la derecha en procura de apoyo a sus aspiraciones políticas personalistas y sus propuestas del llamado “Acuerdo Nacional con los diferentes”, incluidos los uribistas. No es cierto que el camino de la paz se construya fortaleciendo el proyecto guerrerista del señor presidente, precisamente uno de los actores armados del conflicto. Esas posiciones y la de una consulta multipartidista para enfrentar la segunda reelección del presidente Uribe, no lograron imponer la mayoría en las pasadas elecciones internas para elegir los delegados al segundo congreso de nuestro partido.

Es irrebatible que la decisión de nuestros siete parlamentarios ha lesionado en materia grave al POLO Democrático Alternativo; precisamente en momentos en que la coyuntura demanda una organización política y unos liderazgos colectivos que, en sintonía con los vientos de cambio y transformación democrática que soplan en América Latina, en Colombia y en el mundo, se articulen a la lucha social y hagan de los escenarios de la democracia representativa, tribunas de denuncia y de convocatoria a la movilización política, la mayoría de la bancada del Senado de la República ha dado la orientación contraria y en actitud pragmática, con visión cortoplacista, envía unas señales de confusión legitimando la propuesta del régimen, con la elección de un candidato que se ha caracterizado en su actividad política y jurídica por posiciones abiertamente reaccionarias.

Llamamos a las instancias de Dirección, la militancia, a los afiliados y afiliadas a no permitir que el debate en el Congreso se desvíe por las sendas de la confusión, la división y el sectarismo, a estar alerta frente a posibles actuaciones del nuevo Procurador en detrimento de de los derechos humanos y de las libertades políticas y ciudadanas y a liderar las denuncias y la movilización social y política cuando sea menester.


Bogotá, Diciembre 18 de 2008


Procuraduría denuncia que no han devuelto acciones de Invercolsa

Fuente.



La Procuraduría denunció que cinco años después de que el Consejo de Estado le ordenó a Invercolsa cancelar la compra de acciones de esa sociedad realizada por el ex ministro del interior, Fernando Londoño Hoyos, persiste el incumplimiento.


El Ministerio Público señala que pese a que, desde mayo de 2007 la Corte Constitucional se pronunció sobre la vigencia de esa decisión.

El 9 de diciembre de 2003 la Sala Plena del Consejo de Estado amparó los derechos a la moralidad administrativa y al patrimonio público, y dispuso declarar nula la operación con Fernando Londoño y le ordenó a INVERCOLSA cancelar toda inscripción, tener como accionistas suyos a ECOPETROL y sus subordinadas y expedir en su nombre los respectivos títulos de acciones, “como si nunca se hubiese realizado la enajenación en favor de Londoño.”

Sin embargo, Invercolsa se ha negado a dar cumplimiento a las órdenes judiciales. El ex ministro continúa registrado como accionista por la compra realizada en detrimento del patrimonio de todos los colombianos.

En cumplimiento de su función constitucional, el Procurador General de la Nación advirtió de estos hechos al Consejo de Estado y a la Superintendencia de Sociedades, entidades ante quienes INVERCOLSA debió acreditar el cumplimiento de la sentencia, dentro de los 10 días siguientes a su comunicación.


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"SE REPRODUCE EL PARAMILITARISMO EN EL TOLIMA": Defensor Regional del Pueblo



Por Nelson Lombana Silva



Santiago Ramírez, defensor regional del pueblo, se declara impotente ante tanta violación de los derechos humanos en su jurisdicción por parte del mismo Estado. "Es un tema complejo", afirma. Sus argumentos son claros, porque no solo se violan en el conflicto que genera desplazamiento, desapariciones forzadas, sino también se violan derechos económicos, sociales y culturales.


Destaca el alto índice de desempleo, los miles de niños tolimenses que no tienen los recursos económicos para estudiar y cuando pueden asistir, la calidad de la educación es pésima. Lo mismo sucede con la salud y el medio ambiente. A eso hay que sumarle las precarias vías de los campesinos para sacar sus productos. También advierte el defensor, la violencia intrafamiliar, el derecho al espacio público y el deterioro de la malla vial de la ciudad de Ibagué. "Parece una ciudad recién bombardeada", señala.


Advierte Santiago Ramírez sobre el suculento negocio de algunos constructores ladrones de vivienda de interés social, aprovechando el subsidio del Estado. Dice igualmente que se ha visto precisado a instaurar acción de cumplimiento contra invías nacional, la gobernación y el municipio, de una avenida que hace cinco años se adjudicó el dinero pero no se ha terminado, la dejaron los contratistas "mocha".


Mientras el gobierno nacional hace gárgaras afirmando que el paramilitarismo es cosa del pasado y el gobernador Oscar Barreto Quiroga, conservador y de paso uribista "pura sangre", repite maquinalmente, el defensor regional del pueblo, expresa: "Vemos con mucha preocupación que esa etapa que creíamos superada, se empieza a reproducir otra vez, que es el tema del paramilitarismo, de águilas negras y de nueva generaciones, en el norte del Tolima y que nosotros ni siquiera entendemos bien qué es lo que está pasando, pero allí está y están porque están afectando los derechos de la población civil, están porque tiene que la población civil desplazarse, están porque a diario tenemos referencia de secuestros y homicidios; están porque hemos visto panfletos donde amenazan con reclutar forzadamente a los niños".


Pero el gobierno nacional dice que eso es cosa del pasado, lo repite el gobernador, la policía y los mismos militaristas.¿Qué está pasando, entonces?


"Es un problema conceptual. Porque el paramilitarismo que creemos recientemente haber superado, por lo menos en el Tolima, correspondía a unas estructuras de poder del orden nacional, muy poderosas, llamadas AUC, que tenían un mando nacional. Ahora se comienza a presentar unos grupúsculos que tienen una cantidad de nombres extraños como por ejemplo, águilas negras, nueva generación, etc. Son reductos de las organizaciones anteriores, pero que no tienen una estructura a nivel nacional, son estructuras que están al servicio de delincuentes ricos, que casi siempre son narcotraficantes. Esas estructuras son las que vienen ejerciendo violencia sobre todo en zonas donde hay cultivos de uso ilícito. Hemos visto cómo han ido apareciendo en el norte del Tolima, pero también hemos tenido referencia muy clara y contundente de que buena parte media y alta de la cordillera, en la parte norte, está sembrada de amapola y más debajo de coca. Hemos tenido esos referentes y eso hace que aparezcan esos grupos, porque esos grupos les ofertan protección a esos delincuentes. Están en Mariquita, Honda, Ambalema, El Líbano, Villahermosa y otras regiones del departamento", dice y agrega: "En Villahermosa nos generaron un impacto muy fuerte el año pasado, cuando dijeron en un panfleto: Nosotros con sus hijos derrotaremos la subversión. Eso hizo que los campesinos salieran corriendo con sus hijos. Esas "vahándolas" se van fortaleciendo económicamente y con el tiempo serán insuperables como nos pasó con las AUC, que el mismo Estado solía decir que no podía con ellas".


El Tolima, doctor Santiago, se encuentra súper militarizado. Se dijo en su momento que en este departamento estaba el secretariado de las Farc. Uno se pregunta, con semejante despliegue militar, que ciertamente embriaga, emborracha, esas supuestas bandas desarticuladas se mueven sin ningún contratiempo, podría uno intuir que el binomio militar – paramilitar sigue imperando. Incluso se sabe que en el municipio de San Luis hay escuela de entrenamiento. ¿Cuál es su opinión?


"No, en San Luis había un reducto de una serie de bandidos, delincuentes comunes, que eran reductos de una organización paramilitar, que su jefe se desmovilizó y que algunos quedaron. Grupo que ha tenido algunos jefes, jefes que han venido cayendo uno a uno y están siendo procesados judicialmente. Algunos se acogieron a la ley de justicia y paz y otros vienen siendo juzgados como delincuentes comunes. Sigue existiendo un grupito que extorsiona, que aprieta y que genera violencia. La policía ha detenido en los últimos dos meses algunos y sabemos que aún quedan cinco por capturar, plenamente identificados por cierto, y que se vienen de ese grupo fuerte que se desplazaba por Saldaña, el Guamo, pasaban a Lérida. La verdad es que sí existen bandidos armados que ejercen violencia contra la comunidad y que están al servicio del narcotráfico".


El comentario generalizado en el departamento, es que los militares sacan a los campesinos de sus casas, los asesinan, les colocan prendas militares, un arma vetusta, una granada y luego el parte, es que cayó en crudo combate. Las denuncias vienen de Planadas, Dolores, Ataco, Chaparral, Natagaima, Coyaima, Prado, Anzoátegui, etc. Pero hay algo más, esos campesinos temen denunciar ante la defensoría regional porque dicen que usted inmediatamente les da trámite a los militares, o sea, supuestamente a los victimarios. ¿Qué opina usted al respecto?
"Hay que explicarle a la persona para que no se preocupe por eso. Claro que tengo que informarle a la fuerza pública y al más alto nivel. Cuando un campesino presenta una denuncia, yo la presente ante el inspector general del ejército y solicito que se abra una investigación inmediatamente, de la procuraduría, de la fiscalía, de todos los organismos de control, del comandante del batallón para que se de cuenta en qué andan sus hombres, y sea él primero el que abra la investigación. Eso hay que hacerlo, pero hasta el momento no tengo un solo caso que me diga que a raíz de la denuncia en la defensoría, he sido víctima. Y si se llegara a presentar yo me comprometo que quien trate de retaliar por una denuncia, responda ante el estrado de las autoridades competentes, porque no solo denunciaré sino que me constituiré en parte civil para garantizar que las investigaciones avancen".


En cuanto al medio ambiente, Santiago Ramírez, señala que el Tolima es un de los departamentos más ricos en recursos naturales. Sin embargo, vienen desapareciendo paulatinamente, porque no hay autoridades comprometidas de regular idealmente la relación del hombre con la naturaleza. Su destrucción es frecuente e inevitable, advierte.Sobre el tema de los crímenes de Estado o los "falsos positivos", que los tolimenses denunciaron recientemente en un número de cien, el defensor del pueblo expresó: "Yo no puedo desconocer de ninguna manera la denuncia que hacen los campesinos, pero tampoco puedo alegremente los informes de la fuerza pública. En esos casos quien debe decir la verdad en últimas es la fiscalía general de la nación, que es la que tiene los medios técnicos y científicos para investigar y establecer cuál es la realidad".


El presidente Uribe dice que en Colombia no hay conflicto armado, Santiago Ramírez dice que no está para conceptuar sobre las decisiones de sus superiores, pero tiene una certeza inexorable que hacia los cuatro puntos cardinales del departamento se está violando los derechos de los campesinos en un conflicto que lleva más de 40 años. "Las definiciones que haga el Estado a nivel superior, no son de mi competencia su discusión, ni analizarla, ni colocarlas en entredicho, lo que creo es que en materia de derechos humanos en el departamento, tenemos una cantidad situaciones donde especialmente las víctimas es la población civil, los no combatientes".


Ibagué, diciembre 18 de 2008


jueves, 18 de diciembre de 2008

¿Pidiendo pista?



Por: Cecilia Orozco Tascón

TODOS HEMOS SIDO TESTIGOS: EL prototipo del político colombiano es incoherente; no le da vergüenza decir una cosa hoy y mañana lo contrario, o estar en la oposición y pasarse al Gobierno.

El político colombiano típico no se sonroja porque es cínico. Se encoge de hombros ante los críticos; es soberbio, y sólo se inclina ante quien tiene mayor poder. No tiene principios sino objetivos. Tranza cualquier valor por la burocracia y paga por pertenecer a la manguala de los "ganadores". El político colombiano común es un traidor nato: se alía hasta con el demonio para coronar aspiraciones inmediatas y se ríe de la ideología.

En estos días se han destacado dos ejemplos que se aproximan a la descripción anterior, aunque en otras épocas parecían estar por fuera del marco: el presunto liberal Rodrigo Rivera y el supuesto hombre de izquierda Gustavo Petro. Ambos, de corrientes tan diferentes, andan pidiéndole pista a Álvaro Uribe el primero, y el segundo al establecimiento cuya máxima figura es, de nuevo, Uribe. Rivera no sabe dónde más dar una entrevista con tal de que su jefe —me refiero a Uribe—, se dé cuenta de que existe. Se declaró partidario hasta de la segunda reelección y todavía "está pensando" si se retira del liberalismo. Pero Rivera es menos emocionante que el senador del Polo, porque su conducta corresponde a la tradicional.

Caso aparte es Petro. Éste sí que ha sufrido una transformación difícil de creer: después de haber logrado con éxito traspasar las densas barreras sociales y políticas que se les imponen en Colombia a las vertientes minoritarias del pensamiento, está dando una voltereta digna de medalla olímpica: estructura los debates más contundentes sobre el paramilitarismo y su sucursal, la parapolítica; demuestra la conexidad de ese fenómeno con la clase gobernante y con miembros de las Fuerzas Armadas; investiga el paramilitarismo de Antioquia; lanza fuertes ataques contra el presidente Uribe cuando éste era intocable; habla de desapariciones, masacres y falsos positivos; el jefe de Estado le propina, a su vez, los peores golpes. Cuando nos ha convencido de la corruptela generalizada, modifica su discurso y afirma en público que "una política de seguridad democrática en Colombia debe ser una política de Estado" y que "Uribe va a pasar a la historia" por "construir" ese concepto "tan brillante" (*).


Le tuerce el pescuezo al "ideario de unidad" de su partido para justificar su voto y el de seis senadores más del Polo —sospechosos de clientelismo rampante—, que se dejaron persuadir de votar por el ultraderechista Alejandro Ordóñez, con la cobertura de unos acuerdos que ya están garantizados en la Constitución, qué gracia.


Hay más: Petro aboga en un documento que escribió para explicar su voto por Ordóñez, por un "Acuerdo Nacional" entre "extremistas". Necesario recordar un paso previo que dio: les propuso a las directivas del Polo solicitarle al Presidente que marchara junto a ellos el cuatro de febrero pasado (!). Sobra decir que Uribe no le da ni la hora. ¿Claudicó ante el "extremista" que él ha combatido? ¿Busca que las clases políticas y empresariales le perdonen su pasado guerrillero? ¿Se sumó a los congresistas "pragmáticos"? ¿Todo por el poder?


* Entrevista El Espectador, febrero 2 de 2008.



Cecilia Orozco Tascón

miércoles, 17 de diciembre de 2008

Puntillazos


El uribismo es una vergüenza para el país (1)


La aprobación de la reforma política en el Senado de la República, el lunes 15 de diciembre pasado, mediante la aplanadora uribista, sin permitir la discusión a fondo y sin ninguna garantía para la oposición, es una vergüenza para el país. El procedimiento es muy propio del talante uribista, autoritario y arrogante. Entre otras cosas dicen varios juristas que la aprobación está viciada de ilegalidad, será la Corte Constitucional la que diga la última palabra, después de marzo del próximo año, en el siguiente periodo de sesiones del Congreso, cuando, seguramente, se impondrá el mismo comportamiento de los uribistas, la peor tragedia de nuestro país en el último tiempo.


El uribismo es una vergüenza para el país (2)


En la Cámara de Representantes, el lunes 15b de diciembre, la situación no fue mejor, aunque salió a relucir el carácter gansteril de los uribistas. Varios representantes, en estado de embriaguez, insultaron y atropellaron a la oposición, para imponer la funesta ley de víctimas. Lo importante para estas hordas parlamentarias era obedecer la orden de la “Casa de Nari” de imponer a como diera lugar los proyectos gubernamentales. Y a fe que lo cumplieron. El Mesías durmió tranquilo después del desafuero de sus acólitos.


Referendo y DGM


El general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, informó la semana pasada que en una bodega de la transportadora “Transval” se hallaron en una diligencia judicial seis mil millones de pesos. Según Naranjo, Transval es una conocida empresa de transporte de valores de propiedad de DGM, parte del entramado del señor David Murcia. Lo que olvidó Naranjo fue decir que Transval es la misma empresa que transportó gratis los formularios del referendo desde la oficina de Luis Guillermo Giraldo a la Registraduría del Estado Civil. No queda duda que el referendo es parte del mismo entramado de DMG. Los hechos hablan por sí solos.


Concertación de salarios


Los señores empresarios se opusieron a un salario mínimo justo para los trabajadores, llevando al fracaso la llamada Mesa de Concertación. El Gobierno Nacional, con actitud hipócrita de árbitro, advirtió que fijará por decreto el aumento salarial. ¡Y qué casualidad! El aumento será igual a la oferta mezquina de los empresarios. Estos caimacanes entre más ganan menos distribuyen y el Gobierno ahí, a su lado como siempre.


Rechazo a acusaciones contra Serpa


Carlos A. Lozano Guillén, director de VOZ, le envió un mensaje al doctor Horacio Serpa Uribe, gobernador de Santander, en que rechaza el grosero señalamiento del narcoparamilitar “Jorge 40”, quien lo acusa de haberse favorecido con los votos de los paramilitares en las elecciones de 1998. Serpa se ha distinguido por sus posiciones democráticas, en defensa de las libertades y de los derechos humanos, declaró Lozano.


El referendo sucio


Después de media noche, mediante la trampa de convocar a sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional logró la aprobación del referendo reeleccionista en la Cámara de Representantes, en la madrugada del miércoles 17 de enero, un día después del término de las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Lo consiguió a través de trampas, igual que lo hizo hace tres años, cuando compró los votos de dos representantes, ahora en la cárcel, para asegurar la reforma constitucional que estableció la reelección inmediata. Con el mayor cinismo y descaro demostró que ese sí era su proyecto, después de tantos meses de negarlo con hipocresía.


La historia se repite. Al fin y al cabo este es un Gobierno de tahúres y de truanes, acostumbrado a este tipo de maniobras y a eludir el rigor de la ley. Pero queda la sensación de que el referendo es sucio. Luis Guillermo Giraldo, el bufón de la “Casa de Nari”, que dio la cara para promoverlo, porque tras bambalinas los hilos conductores estaban en la oficina presidencial, no logró explicar la dudosa financiación de la recolección de firmas, que no sólo superó los topes establecidos por la ley sino que no está claro quiénes fueron los generosos aportantes. El referendo fue aprobado en la Cámara sin que cuente con paz y salvo del Consejo Nacional Electoral, que apenas está en el proceso de investigación del asunto de dudosa ortografía y por el cual Giraldo tuvo que renunciar a la Secretaría General del Partido de la “U”.


Con este nuevo zarpazo a la Constitución, urdido desde la “Casa de Nari”, está claro que al presidente Uribe Vélez, a sus voceros y a las grotescas mayorías parlamentarias, le importan un bledo la Constitución y la ley, saben cómo torcerle el cuello a la institucionalidad; la burlan, en función de sus mezquinos intereses. Uribe continúa abusando del poder. Utiliza las mayorías en el Congreso, al tiempo que con ellas logra poner de su lado a las entidades de control y a la rama judicial aunque con la resistencia honrosa de la Corte Suprema de Justicia.


Pero como dijo el célebre caudillo liberal, asesinado por la oligarquía en 1948: “El pueblo es superior a sus dirigentes”. El derrumbe del uribismo está anunciado. Ayer (martes 16 de diciembre) me encontré en un supermercado con una familia tradicional bogotana, pero muy honesta, que se me acercó a saludarme y a felicitarme por mi lucha democrática, al tiempo que me explicaron que vivieron en Perú durante los gobiernos de Fujimori. Uribe parece clonado por él, me dijo la señora. Mientras su esposo, optimista, me aseguró que el destino de Uribe es el mismo. No me cabe la menor duda. El tirano caerá a consecuencia de la movilización popular y por el desprecio de los trabajadores.


Carlos A. Lozano Guillén


martes, 16 de diciembre de 2008

20 CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO


DECLARACIÓN POLÍTICA

POR UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO HACIA LA SEGUNDA EMANCIPACIÓN

La celebración del XX Congreso del Partido Comunista Colombiano durante los días del 14 al 16 de noviembre de 2008 se ha llevado a cabo en un contexto prometedor que abre nuevas posibilidades y genera nuevas esperanzas para avanzar en el proyecto histórico de los comunistas de la segunda y verdadera emancipación:

1.- El sistema capitalista mundial asiste a una de sus más profundas y agudas crisis, no desplegada aún en forma plena, en la que los aspectos económicos y financieros, se entrelazan con aquellos energéticos, alimentarios, sociales y ambientales, al tiempo que son también evidentes los signos de deterioro político y cultural. La crisis muestra de manera descarnada los límites históricos del sistema y genera nuevas condiciones para la lucha mundial y la acción colectiva organizada contra el capitalismo, así como para la producción de nuevas subjetividades a favor de los ideales de la emancipación humana y el socialismo. La crisis conduce a una nítida revalorización y vigencia del marxismo, como teoría y fundamento de la acción política de los trabajadores y las clases contrahegemónicas.

2.- La crisis pone en cuestión la hegemonía imperialista estadounidense de Bush, sus pretensiones de control económico y territorial del mundo, y sobre todo su política de intervencionismo militar de guerra preventiva con el pretexto de la "lucha mundial contra el terrorismo". En ese sentido, la presidencia de Barak Obama, más allá de los cambios de acento y de forma en la estrategia imperialista, representa el intento de encontrar una salida capitalista de la crisis y de recomponer las fuerzas del capitalismo mundial.

3.- La crisis capitalista mundial se constituye en un factor que acelera el creciente resquebrajamiento del régimen de la "seguridad democrática" de Álvaro Uribe. En efecto, junto con los evidentes signos de descomposición avanzada de las configuraciones criminales y mafiosas del régimen político, de los signos de debilitamiento de la unidad en el bloque de poder, la crisis pone en cuestión el "modelo económico" de la ultraderecha, para mostrar que las aparentes bondades del reciente proceso de neoliberalización en Colombia respondían en realidad a la coyuntura favorable del ciclo económico. La nueva situación que ha generado la crisis pretende minimizarse y mostrarse simplemente como "una desaceleración del crecimiento económico".

4.- La crisis coincide sobre todo con un movimiento social y popular en ascenso, que sintetiza y estimula, a través de diversas formas, los acumulados, no solo de resistencia, sino de aspiraciones políticas, sociales, económicas y culturales del pueblo trabajador a favor del cambio y la transformación de la sociedad. Destacamos el renovado espíritu de lucha del pueblo colombiano en esas movilizaciones; resaltamos la actitud valerosa y heroica de la huelga de los corteros de caña, de los estatales, de las acciones del movimiento sindical y de otras múltiples e innumerables movilizaciones sociales y populares. Todas ellas son una muestra más del resquebrajamiento del régimen de la "seguridad democrática" y una demostración de que el terrorismo de Estado y, en general, los componentes del proyecto político económico de la ultraderecha, que se pretende prolongar con una segunda reelección de Uribe, o con un continuismo del uribismo sin Uribe, pueden ser derrotados si se logra consolidar una amplia movilización social y popular organizada.

5.- El resquebrajamiento del proyecto uribista no representa el final de las pretensiones de las clases dominantes de establecer un régimen de excepcionalidad permanente, ni la conclusión del proyecto de acumulación capitalista basado en el despojo, el desplazamiento forzado de millones de colombianos y colombianas, las violaciones de los derechos humanos, principalmente a través de grandes proyectos minero-energéticos, de agrocombustibles y de infraestructura, y de grandes beneficios monopolistas a las empresas multinacionales, al gran empresariado capitalista, así como a la gran propiedad latifundista y terrateniente. Pone sí en evidencia, la contradicción fundamental de la sociedad colombiana en la actualidad, entre un régimen autoritario, criminal y militarista, exponente de los intereses financiero-terratenientes y proimperialistas, por una parte, y los intereses y aspiraciones democráticas y emancipatorias del conjunto de la sociedad, en especial del pueblo trabajador, por la otra; y señala, al mismo tiempo, hacia donde debe encauzarse la acción política organizada.

6.- La tendencia histórica de la acumulación capitalista en Colombia, así como las configuraciones actuales del régimen político imponen lecturas más complejas del conflicto histórico, social y político armado y de su misma dinámica, que trasciendan los enfoques meramente militares, los cuales llevan a aseveraciones equivocadas en el sentido de que nos encontraríamos en el fin del conflicto e incluso en el posconflicto. A las causas históricas del conflicto armado, se le agregan actualmente otras que resultan precisamente de las dinámicas territoriales de la acumulación capitalista y de los cálculos del intervencionismo imperialista en el continente. En ese sentido, la necesidad del intercambio humanitario y de una salida política negociada al conflicto histórico, social y político armado representa una urgencia histórica y una tarea inaplazable. De ahí que los comunistas apoyamos toda iniciativa en esa dirección y llamamos a la amplia movilización social y popular por la paz democrática con justicia social y económica.

7.- La constitución de un amplio movimiento político a favor de la paz democrática que derrote los proyectos de militarización de la sociedad y de una "solución militar" al conflicto, que pretenden erigir a la población en el estandarte de la contrainsurgencia y buscan disciplinar y organizar la sociedad entre "amigos y enemigos del terrorismo", o incluso de promover en sectores democráticos tesis contrainsurgentes, se constituye en una tarea central. Los problemas de la sociedad colombiana no se explican por la persistencia del conflicto histórico, social y político armado. Éste se debe más bien a ellos. Se debe entender que la paz en Colombia exige diálogo entre las partes, acuerdos justos, compromisos mutuamente consentidos con sanción popular, como también cambios políticos, económicos y sociales de signo democrático.

8.- El resquebrajamiento paulatino del proyecto de la ultraderecha en un contexto de crisis mundial del capitalismo, de nuevas dinámicas territoriales de la guerra y de un movimiento social y popular en ascenso, abre posibilidades para considerar la opción de un nuevo poder y de un gobierno democrático en Colombia. El Partido Comunista hace un llamado al pueblo colombiano, a las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, a los movimientos sociales y populares, indígenas y afrodescendientes, a trabajar en forma mancomunada en esa dirección. Ha llegado la hora de sintonizar más decididamente las luchas colombianas con los procesos de cambio y transformación y de nueva integración latinoamericana que se adelantan por parte de algunos gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina. Es la hora de avanzar hacia la democracia económica y social, para sentar las bases de una nueva sociedad.

9.- En ese sentido, el Polo Democrático Alternativo adquiere el mayor significado. Los comunistas manifiestan su compromiso de continuar construyendo el Polo, de hacerlo una fuerza coherente y consecuente de la izquierda colombiana, con voluntad de poder, a tono con las demandas y aspiraciones sociales y populares; que aglutine las más amplias expresiones organizadas del pueblo colombiano, y sea expresivo del más grande esfuerzo de unidad de las fuerzas populares, democráticas y progresistas del país. Vamos al segundo congreso del Polo con la aspiración que este se constituya en la fuerza política para la transformación democrática del país. La precandidatura de Carlos Gaviria Díaz es un paso importante en desarrollo de ese propósito.

10.- El Congreso del Partido Comunista presenta un saludo y expresa su admiración a luchadores sociales y populares, a los obreros y campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, los jóvenes y las mujeres, a los defensores de los derechos humanos, a los presos políticos, a la militancia comunista y, en general, al pueblo colombiano, y los invita a no cesar en su empeño por construir una nueva sociedad.

Bogotá, 16 de noviembre de 2008