"El presidente Uribe Vélez habría sido el ordenador de las interceptaciones a magistrados, opositores y periodistas"

El watergate colombiano:

"El responsable de esta situación es el Presidente de la República. ¿Cuál debería ser la actitud de un Congreso ético?: la limitación del poder", aseguró el Senador Gustavo Petro en una declaración pública, respaldada por amplios sectores de opinión: académicos, periodistas, artistas y legisladores de todo el país, y en la que terciaron con suma dureza los ex presidentes de la República César Gaviria y Andrés Pastrana.

Ante organismos internacionales será denunciado el presidente colombiano por los llamados falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) y las interceptaciones ilegales a la oposición, a los funcionarios de las Altas Cortes y a periodistas. Este fin de semana un grupo de senadores viajará a instaurar la querella correspondiente sobre este watergate criollo.
Uno de los hechos que mayor alarma ha causado es el asalto a mano armada a la residencia del periodista y escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, a quien después de intimidar le robaron de manera selectiva sus computadores y saquearon sus archivos.
Informe condensado de Radio Caracol de Colombia y el diario El Espectador.

Enviado por Colombia Plural/Inestco

El informe de la Fiscalía sobre las irregularidades cometidas desde el DAS, permite concluir que desde el organismo de seguridad se hacía un intenso seguimiento a las actividades de los familiares de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Caracol Radio tuvo acceso al documento realizado durante más de dos meses por parte de un equipo especial de investigadores del CTI, en el que se evidencia que no solamente eran interceptadas las comunicaciones de altos funcionarios de la rama judicial, sino también de sus allegados.

Según el informe, estuvieron siendo grabados, "chuzados" y monitoreados, la esposa del ex viceprocurador general, Carlos Arturo Gómez Pavajeau; la hermana de la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Marina Pulido de Barón; la hermana de Hernando Barreto Ardila, magistrado auxiliar de la Corte; el hermano del ex magistrado de la Corte Suprema, Mauro Solarte Portilla; la esposa y el cuñado del magistrado Yesid Ramírez; el hermano del magistrado Alfredo Gómez Quintero y el hermano del magistrado Eduardo Adolfo López.

También estaban siendo monitoreados un familiar del ex presidente de la Corte Suprema Silvio Fernando Trejos, recientemente fallecido; un familiar del magistrado Manuel Isidoro Ardila; un hermano del magistrado Jorge Luis Quintero Milanés; la esposa del magistrado Manuel Torres; la esposa del magistrado Carlos Eduardo Mejía; la esposa del magistrado Carlos Augusto Galvis; la esposa del ex magistrado Fernando Enrique Arboleda; la esposa del ex Consejero de Estado Carlos Orjuela; la esposa del Consejero de Estado Rafael Lafont y la hija del consejero Flavio Augusto Rodríguez.
De igual manera, la Fiscalía tiene los nombres de los funcionarios del DAS encargados de hacer los seguimientos a dirigentes políticos, cuyos nombres fueron revelados por la revista SEMANA.

Por ejemplo, cuatro funcionarios de la dirección de inteligencia del DAS eran los encargados de seguir de manera permanente al ex presidente César Gaviria Trujillo. A esos seguimientos les decían "prestarle atención" a los ex jefes de Estado.
En el caso del precandidato presidencial Rafael Pardo Rueda, tres funcionarias eran las encargadas de adelantar los seguimientos.

El proyecto Salomón
El informe de la Fiscalía permite concluir que el proyecto Salomón era el nombre de la recopilación de datos de la vida privada de los magistrados de las Altas Cortes, con sus debilidades, sus actividades íntimas y sus datos más reservados.
Más de 300 miembros del Polo Democrático estaban "chuzados"

De acuerdo con el informe realizado por agentes especializados del CTI de la Fiscalía, además de las interceptaciones ilegales realizadas por el DAS a personalidades del Polo Democrático como Carlos Gaviria, Iván Moreno, Gustavo Petro y Luis Eduardo Garzón, se tiene registro de cerca de 300 "chuzadas" ilegales a miembros de esa colectividad.

Entre las personas que eran víctimas de interceptaciones ilegales estaban Víctor Pérez, Marcos Martínez, Ramiro Trujillo, José Cuesta, Felipe García, Felipe Castrillón, Bruno Díaz, Teresa Páez, Claudia Florez, Angel Velásquez, Roberto Vergara, Jaime Posada, Betsy Rincón y César Arias.

A estas personas, como a periodistas, políticos y servidores públicos, no solo se les "chuzaban" los teléfonos, sino que les armaron unas carpetas muy jugosas con información sobre el pago de impuestos, registros migratorios, certificados de cámara de comercio y datos de centrales como Sifín y Datacrédito.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que los funcionarios del DAS buscaban vigilar supuestas actividades económicas sospechosas y de otra parte, dado el caso, poder chantajearlos para obligarlos a tomar decisiones.
Llamó la atención de los investigadores una carpeta titulada “Seguimiento a organizaciones y personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales con el fin de restringir o neutralizar su accionar”

Guerra Psicológica

Uno de los apartados que investiga la Fiscalía es llamado "Guerra Psicológica", con el que se buscaba "manipular información privada" para "ablandar", en caso de ser necesario, a los funcionarios.

Según se pudo establecer, algunos de los agentes del DAS que prestaban servicios de escoltas presentaban informes de las conversaciones y reuniones de las personas que estaban a su cuidado, e incluso en algunos casos llegaron a grabar las conversaciones.

Hay registros de al menos cuatro reuniones del ex director de Inteligencia del DAS en Casa de Nariño De acuerdo con los documentos analizados por la Fiscalía, Fernando Tabares, en su calidad de director de inteligencia, le resultaba completamente imposible desconocer estas actividades.

Sobre todo las que engrosaban carpetas como la denominada Caso Paseo 1,2,3, en la que se adjuntaron todos los documentos sobre el viaje de varios magistrados de la Corte Suprema a Neiva para celebrar la llegada a la presidencia de la Corte de Yesid Ramírez Bastidas.

De Tabares, aunque él y funcionarios de la Casa de Nariño lo nieguen, hay registro de al menos 4 reuniones clave con funcionarios de gobierno, la más significativa de ellas en el 2008 con presencia de Bernardo Moreno, y José Obdulio Gaviria. Hay un memorando que vincula a Tabares con una reunión con fecha de 21 de abril de 2008 e información que respalda otras reuniones similares entre agosto y octubre.

Seguimientos a la Vicepresidente de la República y Organizaciones sociales y sindicales

De acuerdo con el informe de más de 300 páginas realizado por investigadores de la Fiscalía, las comunicaciones del vicepresidente Francisco Santos y de su familia estaban interceptadas por funcionarios del DAS, y en el mismo paquete, estaban "chuzadas" las comunicaciones de organizaciones como la Asamblea por la Paz, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asfaddes, Asonal Judicial, la CUT y la CTC.

También se venían realizando interceptaciones ilegales a las comunicaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, el Cinep, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, el Movimiento Cimarrón y la Corporación Siempreviva.

La vicepresidencia de la República y las organizaciones sindicales formaban parte del mismo paquete de "chuzadas", porque una de sus principales funciones es tener contacto con todo tipo de organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos.
Seguimientos a cuatro generales (r) del Ejército

La Fiscalía encontró evidencias claras sobre las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de cuatro generales del Ejército en uso de buen retiro, por parte de algunos agentes del DAS.

Caracol Radio estableció que por medio de operativos de Control Técnico de Actividades Oficiales, se hacían interceptaciones telefónicas al general (r) Manuel José Bonnet, ex comandante de las Fuerzas Militares y al general (r) Álvaro Valencia Tovar, ex comandante del Ejército Nacional, columnista muy activo en materia de opinión.

De igual manera, el CTI estableció que el general (r) José Joaquín Matallana, ya fallecido, y al general en retiro Juan Salcedo Lora.

Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, los cuatro generales eran objeto de seguimientos por ser voceros de las Fuerzas Militares ante los medios de comunicación y en otros sectores, no solo de los oficiales en retiro, sino de los militares activos.

Los Grupos de Seguimiento

De acuerdo con el documento realizado por los investigadores de la Fiscalía, grupos como el G-3, el Grupo Especial de Inteligencia, creado durante la administración de Jorge Noguera por sugerencia del entonces asesor José Miguel Narváez y coordinado por Fernando Ovalle, y el GONI, Grupo de Observación y Verificación Nacional e Internacional, estaban encargados de hacer los seguimientos irregulares.

Fernando Ovalle fue el funcionario que salió del DAS luego de que el senador Gustavo Petro revelara seguimientos al Polo Democrático.

También Hay registro de actividades ilícitas de algo que se conoció como el Sistema Integrado de Inteligencia Especial, una mezcla del G-3 y del Goni, y del Gies, el Grupo de Inteligencia Estratégica.

A uno de estos grupos se le comprobó vigilancia a Cáritas Diocesana, una fundación de la cooperativa del clero creada para ayudar a mejorar el nivel de vida de los feligreses.

Todos esos grupos contaban con el respaldo de unos marcos normativos amparados en la ley que se armaban de manera que dieran cierta sustentación dentro de las funciones del DAS y que ayudaran a destinar recursos sin llamar la atención.
300 imágenes de cámaras de seguridad del DAS comprobarían destrucción de material

En el informe de la Fiscalía hay registros de cámaras de seguridad sobre funcionarios que de manera sospechosa se movilizan con voluminosos materiales y de los que se tienen dudas no solo por los vídeos sino por los testimonios de compañeros suyos que terminaron delatando a estos funcionarios.

Para evitar entorpecer las investigaciones, Caracol Radio solamente divulga las iniciales de las personas investigadas, que son E. M., R. V., B. D., W. N., W. B., G. S. y A. G., de las dependencias de Inteligencia, Contrainteligencia, Desarrollo Tecnológico y Logística.

De acuerdo con lo establecido por Caracol Radio, hay cerca de 300 imágenes de los funcionarios involucrados en cargar el material encontrado en las salas de interceptación, presuntamente para desaparecerlo y no dejar huella.
En esas imágenes, el ex subdirector de contrainteligencia, Jorge Alberto Lagos, aparece con un maletín que pasea de arriba abajo, de un piso a otro.

Hubo manipulación de computadores

Según el documento de la Fiscalía, hubo una clara manipulación de los computadores del DAS, pero en la mayoría de los casos no se recurría a la sacada de la CPU, sino que retiraban los discos duros, los sacaban con registro en el que se aducía cualquier diligencia, y los reponían luego con información básica, pero sin lo importante.

Hay una mención, por ejemplo, de salida de un disco Maxter 2HA1KN26 un 13 de enero que regresa, con variaciones en el registro de fabricación, el día 15.

Según el informe, “se procedió a consolidar información de los equipos de cómputo con el siguiente resultado: de los 861 equipos relacionados por la dirección general operativa, 28 se ubicaron por serie, 361 por placa y 465 no tienen ni placa ni serie”.
De acuerdo con las conclusiones del informe, la mayoría de las interceptaciones ilegales se hicieron con los equipos tácticos, es decir, los móviles, pero al parecer, algunas se habrían hecho por medio de la Plataforma Esperanza, lo cual sugiere que hubo participación de gente de la Fiscalía o que fueron objeto de engaño.

Los investigadores también tienen indicios de que los tres grandes operadores de telefonía celular también entregaron información al DAS, engañados por esos funcionarios

Irregularidades en el uso del polígrafo

Según el informe de la Fiscalía, en varios casos, las pruebas del polígrafo sufrieron alteraciones. Además de las pruebas hechas en el DAS, se sabe de la existencia de contratistas externos que hacían una especie de segundas pruebas, de revalidación, de manera que muchos funcionarios pasaban en una prueba y no en la otra.

Con eso, aunque no se puede generalizar, algunas personas cercanos a las mafias que no pasaban polígrafo en el DAS eran enviados a otra prueba que milagrosamente superaban, y funcionarios lejanos de la corrupción también, a pruebas que no pasaban.

Hay 5.858 registros de personas sometidas a polígrafo desde 2001. Hay 303 de ellos que fueron objeto de nuevo examen y tuvieron doble resultado: veraz y no veraz.

¿Usted qué opina?

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Carta de las FARC a CCP sobre libertad del cabo Moncayo

Montañas de Colombia, abril 26 del 2009

Compatriotas
Colombianas y Colombianos por la Paz
Senadora Piedad Córdoba:
Cordial saludo.

Con persistencia continuamos trabajando por materializar, en primer lugar, la liberación del cabo del ejército Pablo Emilio Moncayo, para luego entregar los restos del mayor Julián Guevara a su familia y, finalmente remitir pruebas de supervivencia de los restantes 21 mandos militares y policiales prisioneros de guerra, compromisos que adquirimos unilateralmente ante ustedes y el país, sin contraprestación alguna, allanando el camino por alcanzar acuerdos humanitarios que permitan la libertad de los prisioneros de las dos partes y, luego, en paso posterior, avanzar en el objetivo de excluir la población civil de la confrontación.

Alcanzar cada uno de estos objetivos reclama no solo nuestro esfuerzo sino, necesariamente, la voluntad oficial para lograrlo sin tropiezos, más, si recordamos, que desde hace años el Presidente, sus ministros y los altos mandos de la fuerza pública han pedido su liberación. No tendría sentido que ahora, cuando el cabo Moncayo se apresta a regresar a su hogar, busquen atravesar toda clase de obstáculos en el camino.

La voluntad oficial, si es sincera, debe plasmarse en decisiones y desarrollarse sin ambigüedades y con seriedad.

Porque aún retumban en la conciencia colectiva, las vehementes, mentirosas e impúdicas declaraciones de los ministros Valencia Cossío, Santos Calderón y del general Naranjo, asegurando, con teatral contundencia, que el cadáver del comandante Raúl Reyes había sido entregado a su familia, y luego, 15 días después, escucharse las balbuceantes declaraciones de los mandos policiales reconociendo y justificando puerilmente su responsabilidad en el secuestro de los restos del inmolado revolucionario, que aún no regresan a su familia.

Reclamamos compromisos oficiales serios, porque también recordamos como, en febrero pasado, mientras liberábamos unilateralmente a 6 prisioneros, el ministro Santos, el general Padilla y Luis Carlos Restrepo mentían vehementes y cínicos, sobre su respeto a las garantías acordadas con la Cruz Roja Internacional, mientras agredían a las unidades que custodiaban los prisioneros y por vía aérea provocaban el saboteo de la entrega, como consta en imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Se trata, reiteramos, que en esta ocasión el gobierno cumpla, estrictamente, con las garantías requeridas.

Entendemos las dificultades que atraviesa el Presidente por las crecientes pruebas sobre los millares de sistemáticos crímenes de civiles a manos de militares y cuyas víctimas fueron presentadas como "terroristas dados de baja"; también por las permanentes evidencias sobre nepotismo y corrupción en los más altos niveles oficiales; por el enorme esfuerzo que supone imponer un referendo reeleccionista manchado de truculencias; por las declaraciones de los capos del narcoparamilitarismo por el condenable atentado del que fue víctima el escritor e integrante de CPP Gustavo Álvarez Gardeazabal y, claro está, porque todo esto se presenta en el contexto de una profunda crisis económica, humanitaria y social, sistémica, como consecuencia de la aplicación de las estrategias neoliberales.

En medio de tal vorágine, sería oxigenante para el país, la concreción de estos actos humanitarios unilaterales que gestarían un mejor ambiente en la búsqueda del entendimiento civilizado entre los colombianos.

Para su materialización consideramos indispensable la presencia de CPP en cabeza de la senadora Piedad Córdoba, como garantía de transparencia en los operativos, así como del profesor Gustavo Moncayo en la liberación del cabo, y de la señora madre del mayor Guevara, en la entrega de los restos de su hijo.

No tenemos objeciones a la presencia del CICR y de la iglesia, solo que la consideramos insuficiente, como ya lo señalamos.

Los protocolos que garanticen la seguridad de las unidades guerrilleras participantes en estos acontecimientos se deben conocer pública y previamente. Así evitaremos dificultades como las mencionadas.

Compatriotas de CPP: creemos pertinente y se lo solicitamos comedidamente, analizar si los pactos militares firmados en días pasados por los gobiernos del Brasil y Colombia, pudiesen interferir de alguna manera y si, llegado el caso, fuese necesario, tocar otras puertas.

Los compromisos que adquirimos unilateralmente ante ustedes y el país, son irreversibles y en su concreción continuamos trabajando. Quedamos pendientes sobre las decisiones que entorno a garantías y logística se produzcan para ir precisando fechas y agilizando los detalles finales.

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"SEGUIMOS TRABAJANDO POR LA PAZ, QUE ES LO QUE COLOMBIA QUIERE Y NECESITA " Piedad Córdoba"

Al término de varias reuniones en Brasilia, la Senadora PIEDAD CORDOBA ha manifestado su voluntad de seguir trabajando por la paz en Colombia. Al salir de una reunión con el Ex Presidente Sarney la congresista opositora colombiana agradeció al pueblo del Brasil y a su Presidente Lula Da Silva la disposición de seguir contribuyendo a desentrabar la posibilidad de un intercambio humanitario que permita el regreso a casa sanos y salvos de miembros de la fuerza pública en cautiverio.

Con relación a la invitación del mandatario brasilero a las FARC-EP de examinar la posibilidad de convertise en partido político, la Senadora liberal comentó que "da en el punto preciso, ya que el cuello de botella a superar es el de la negociación política que nos permita acabar con la guerra" dijo además que "en Colombia los llamados deben ser a la Paz y no al exterminio entre hermanos". Piedad Córdoba también propuso que se cree una "zona neutral" entre Brasil y Colombia para que se reunan los negociadores de la insurgencia y el gobierno colombiano con el fin de concretar el intercambio humanitario entre rehenes de la guerrilla y presos políticos.

La líder de "colombianas y colombianos por la Paz" ha desarrollado una intensa agenda que incluyó una reunión con Marco Aurelio García, asesor en relaciones exteriores de la Presidencia del Brasil, entrevistas a medios de comunicación y audiencias con los senadores de la comisión de relaciones exteriores, con miembros del Partido de los Trabajadores, de organizaciones sociales y con José Sarney, Presidente del Senado y ex presidente del Brasil (1985 - 1990) quién se mostró dispuesto a contribuir en el proceso de liberación del cabo segundo del ejército Pablo Emilio Moncayo. Las actividades en ese país continúan con una serie de reuniones de alto nivel en apoyo a su misión humanitaria, entre las que se encuentra una cena con Michel Temer, Presidente de la Cámara de Diputados.

La Senadora Piedad Córdoba regresará al país y estará presente en los eventos del 1 de mayo, DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, marchará en Bogotá con un nutrido grupo de sus seguidores en defensa de la vida y libertad sindical, por un trabajo digno y contra el desempleo. Cabe anotar que hace unos días la Senadora liberal intervino ante la plenaria del Congreso de la República haciendo fuertes cuestionamientos a la política económica que ha generado recesión y precarias condiciones laborales, por eso considera que éste 1 de mayo hay más de 1 millón de razones para marchar.

Brasilia, 29 de abril de 2009

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El cabo Moncayo

*Carlos A. Lozano Guillèn

El 16 de abril pasado, el Secretariado de las FARC anunció que entregaría, cuando las condiciones fueran dadas, al cabo Pablo Emilio Moncayo, hijo del célebre profesor Gustavo Moncayo, quien lleva más de once años de cautiverio. Fue el resultado de la interlocución de “Colombianos y Colombianas por la paz”, en cabeza de la senadora Piedad Córdoba y de la persistente y tenaz actividad de su padre, que recorrió el país y el mundo, inclusive en largas jornadas a pie, por río y en las más difíciles condiciones, para promover la libertad de su vástago y el intercambio humanitario.

El Gobierno Nacional y el presidente Álvaro Uribe Vélez nada tuvieron que ver con esta decisión. Más bien se podría decir que es en contra de su voluntad. Así se desprende de la absurda decisión de Uribe Vélez de no permitir la presencia de «Colombianos y Colombianas por la Paz» en la misión humanitaria, descalificando su gestión con groseros señalamientos como es su costumbre. Esta claro que el cabo Montoya le será entregado a una misión humanitaria, encabezada por el profesor Moncayo y la senadora liberal, así lo dice el comunicado de las FARC.

Sin embargo, Moncayo padre y “Colombianos y Colombianas por la Paz” no han sido citados para conversar sobre el asunto, que también incluye la entrega de los restos del mayor Julián Ernesto Guevara, decisión anunciada hace más de un mes por el Secretariado guerrillero. Como “gran cosa”, el Gobierno Nacional citó al director de la Oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para “hablar sobre el asunto”, aunque es evidente que la fecha, hora y coordenadas serán del manejo de Piedad Córdoba, como también lo fue en las operaciones precedentes.

Lo más importante, por ahora, es la logística. Lo he dicho con claridad a los medios de comunicación. Si las coordenadas están o no están en poder de Piedad, no es lo más importante en este momento, no tengo la certeza de que las mismas hayan sido entregadas, pero lo relevante es la ausencia de voluntad del Gobierno, porque ni siquiera ha conversado sobre la logística del transporte y la seguridad para la misión humanitaria y la vida del cabo Moncayo. Ahora Uribe Vélez salió con la cantaleta de la autorización al CICR y la exclusión de Piedad y el profesor Moncayo de la misión humanitaria. En estas condiciones es inviable lo que ya era un hecho. Una vez más, el Gobierno Nacional obstaculiza las salidas humanitarias y pacíficas. Y en ese desespero demagógico de Uribe, en Madrid resolvió decir que Yesid Arteta era “gestor de paz” al nivel de Karina y Saldaña. Otra salida en falso. Conozco que Artea está disgustado como también la Escuela de Paz de Barcelona en la que él trabaja. En el día de hoy emitirán un comunicado desmintiendo al presidente de Colombia. Una vez más Uribe Vélez queda desenmascarado. En este caso el afán es desviar la atención de los escándalos de su hijos y del hedor, como dijo el fiscal, de la investigación de las chuzadas del DAS, cada vez más asombrosas.

Es más, se conoce que los militares están adelantando operativos bélicos y bombardeos en la región donde se presume será entregado el suboficial, convertido en símbolo del intercambio humanitario por la heroica labor de su padre el “profe” Moncayo. Quieren arrebatarlo vivo o muerto para exhibirlo como trofeo de guerra, como otro triunfo de la “seguridad democrática” tan saludada por el reciente informe de Crisis Internacional Group. La responsabilidad de que no se haya dado la libertad de Moncayo y la entrega de los restos del mayor Guevara es del Gobierno, sumido en los resentimientos, en las “pequeñas cosas” del despotismo del poder y en el fango de la corrupción. H

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Uribe Vélez cierra liberación de Cabo Moncayo

El presidente Álvaro Uribe Vélez debe reflexionar sobre la decisión de excluir a la senadora Piedad Córdoba y a “Colombianos y Colombianas por la Paz” de la misión humanitaria para recibir de manos de las FARC al cabo Pablo Emilio Moncayo, porque de lo contrario cierra la puerta a la liberación del suboficial, anunciada el 15 de abril del presente año por el Secretariado guerrillero, con la advertencia que lo entregarían a la senadora liberal y a su padre el profesor Gustavo Moncayo.

El anuncio delirante de Uribe Vélez en Facatativá, el sábado 25 de abril, confirma la falta de voluntad del Gobierno para garantizar la liberación de Moncayo y al igual que en ocasiones anteriores, autoriza operativos provocadores que afectan la misión humanitaria y ponen en peligro la vida del soldado de la patria.

Si el Gobierno Nacional quiere favorecer la liberación humanitaria debe proceder a coordinar con Piedad Córdoba y con el profesor Moncayo, todos los aspectos concernientes a la logística de la operación, en la cual seguramente participarán los delegados del CICR y tendrá el apoyo para el transporte del gobierno de Brasil. Todo lo demás son acciones dilatorias y peligrosas, porque le da vía libre al rescate militar.

Los demás señalamientos del presidente para descalificar a “Colombianos y Colombianas por la Paz” son retóricos y provocadores, porque si alguien debe estar en la cárcel es quien abusando del poder ha tolerado y auspiciado la “parapolítica”, la impunidad de los crímenes del paramilitarismo, los “falsos positivos”, la violación de los derechos humanos, la entrega de la soberanía nacional, la corrupción y el favorecimiento para que su familia se enriquezca con las gabelas del Gobierno. Quien convirtió a la “Casa de Nari” en una cueva de Rolando a la que ingresan por la puerta de atrás todo tipo de truhanes y de gente de mala calaña.

Carlos A. Lozano Guillén

Bogotá D.C. 25 de abril de 2009

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Uribe o Iguarán

Lázaro Vivero Paniza

Volvemos a escuchar los gritos del ejecutivo señalando y pidiendo cadena perpetua o en el mejor de los casos pena de muerte contra los que hemos sido señalados por la fiscalía de tener nexos o, ser miembros de la guerrilla colombiana supuestamente por aparecer nuestros nombres en los documentos de work que aparecieron en los computadores blindados de Edgar Devia, “Raúl Reyes”.

Lo escuche en el “consejo comunal” último en Facatativa que entre otras, no se llevó acabo en Mosquera por lo que sabemos de lo que allí sucede con los terrenos que todos a una como en Fuenteovejuna, aprobaron rapidito el cambio de destinación colocando a hijos, ministros, alcaldes y ex alcaldes, en la cuerda floja del tráfico de influencias.

El presidente Álvaro Uribe al igual que su ministro de defensa Juan Manuel Santos en meses anteriores, se refieren a este episodio de los computadores de “Reyes” que mal llaman “farc política”, pidiendo que sean encarcelados los señalados y sindicados pero no como resultado de las investigaciones judiciales y los procesos a que se tienen derecho por la Constitución y las Leyes, sino por su apasionamiento y problemas que salen a luz pública en cualquier momento. Cada vez que algo sucede se va lanza en ristre a pedir la condena y hoguera, como en la época de la inquisición.

Ahora con el pronunciamiento de la guerrilla de las farc de querer hacer entrega del cabo Moncayo unilateralmente, vuelve y juegan las palabras descalificadoras y tendenciosas para que utilizando la justicia, la posible acción no sea bien vista y el regreso de este secuestrado se ponga en riesgo. Como él lo dice y nosotros lo gritamos, nunca ha debido sufrir semejante afrenta, pero ahora, debemos es buscar su regreso a través de una acción humanitaria producto del trabajo de “colombianos y Colombianas por la paz”, sin que ello sea una acción de la subversión. No señores, no podemos seguir escuchando semejantes discursos tendenciosos que solo ayudan a los del ejecutivo a sacar de sus almas el rencor y molestia por lo que sucede a su alrededor y que, los señala directamente de actos que entre otras no son de la comunidad general sino personal de los involucrados. No hay que seguir revolviendo las cosas y utilizándolas para hacer aparecer a los demás como los malos de paseo, como se dice popularmente. Hay que manejar estos temas con la única intensión de que regresen los secuestrados sanos y salvos porque ellos, los plagiados, han sufrido demasiado y solo de tristeza se llenan los hogares colombianos.

No podemos seguir aceptando que el jefe del Estado siga pidiendo cabezas por encima de los procesos que entre otras cosas, los ponen en duda por lo que sus palabras producen y que se convierten en sentencias ante la opinión pública, por venir de quien vienen.

No señor presidente Uribe, se equivoca usted porque he estado y estoy atento al llamado de la autoridad para lo que a bien tenga con relación a los señalamientos que han hecho, pero no acepto más sus palabras temerarias y que solo dicen del interés político que usted tienen de que seamos condenados para poder posar de determinador de las sentencias judiciales y meterle miedo a la sociedad en general para que no hable, diga o denuncie.

Como respeto la Constitución , la Ley , me someto a la justicia en cabeza no de la rama ejecutiva, sino de la rama judicial.

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ACCION URGENTE HUMANITARIA - Carta del Procesor Moncayo

Bogotá D.C. 22 de abril de 2009

El Profesor Moncayo y su familia hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL:

Hace 11 años, cuatro meses y dos días nuestro hijo y hermano el Cabo Segundo del Ejército PABLO EMILIO MONCAYO CABRERA está en manos de las FARC-EP, no hemos parado un sólo día en clamar por su libertad y la de sus compañeros. Con alegría y esperanza rodeados por la solidaridad unánime de millones de colombianos recibimos el pasado 16 de abril la decisión unilateral de las FARC de liberar al Cabo Segundo del Ejército PABLO EMILIO MONCAYO CABRERA, y con su liberación, se abre además una nueva puerta hacia el intercambio humanitario.

Luego de algunos días, ésta noticia tan esperada por nosotros se encuentra con el silencio absoluto del gobierno nacional. Situación que nos invade de preocupación, incertidumbre y dolor debido a la suerte que pueda correr este servidor de la patria.
Hoy, por esto, acudimos a ustedes para que se unan a nuestro clamor de:

1. Solicitar que desde el 16 de abril hasta el día de su liberación, se garantice la vida y la integridad de Pablo Emilio.

2. Desautorizar cualquier dispositivo militar, que en sus diversas formas busque por la fuerza la libertad de Pablo Emilio Moncayo Cabrera.

3. Solicitar el cese de bombardeos, de hostilidades y de operaciones que pongan en riesgo a nuestro familiar y sus compañeros de cautiverio.

4. Hacer un llamado al gobierno nacional para que habilite un inmediato diálogo con la Senadora Piedad Córdoba, con nosotros su familia, con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y con el grupo Colombianas y Colombianos por la Paz para iniciar los preparativos logísticos que se requieran.

Esperamos a que al llamado de una familia colombiana, preocupada por la suerte de uno de los suyos, se unan solidariamente miembros de la comunidad internacional, del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, Naciones Unidas, de las iglesias, de Defensores de derechos humanos, trabajadores y caminantes por la Paz, organizaciones sociales hermanas en el mundo, sindicatos, maestros, organizaciones de mujeres, campesinas, indígenas, jóvenes y todas aquellas personas de buena voluntad, para que juntos agotemos todos los mecanismos que nos permitan abrazar y tener de regreso a casa sano y salvo a nuestro hijo y hermano.

Rogamos a ustedes continuar haciendo vigilias por la vida y la libertad, elevando oraciones desde las distintas espiritualidades y hacer llegar su voz al gobierno colombiano mediante mensajes a las embajadas, a los medios de comunicación, canales diplomáticos y declararnos en alerta permanente para que juntos celebremos la buena noticia del regreso de PABLO EMILIO MONCAYO CABRERA a la libertad.

Profesor GUSTAVO MONCAYO y familia Moncayo Cabrera

Caminantes por la Paz

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Embajador de Cuba dicta conferencia magistral sobre el 50 Aniversario de la Revolución cubana en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.

Foto CamiloPuerta

Entre las diferentes actividades que se desarrollan en Colombia para conmemorar el 50 Aniversario de la Revolución cubana, organizada y convocada por la Universidad Pedagógica Nacional en el país andino, el 21 de abril el Embajador cubano José Pérez Novoa dictó allí una conferencia magistral en la que hizo un recuento histórico del proceso revolucionario desarrollado en la isla en el último medio siglo, expuso los triunfos y logros alcanzados por su país a pesar de la política de agresión desplegada por las diferentes administraciones estadounidenses a lo largo de estos años, así como la vigencia y trascendencia de la Revolución cubana en el actual contexto latinoamericano.


En el auditorio colmado por unas doscientas personas estuvieron presentes personalidades políticas como Carlos Lozano, Miembro del CEN del Partido Comunista Colombiano y Director del Semanario VOZ, órgano oficial de esa organización; representantes de la Defensoría del Pueblo; el Embajador y el Ministro Consejero de la Embajada de Argentina; funcionarias de la Oficina Política de la Embajada China; otros diplomáticos acreditados en Colombia; dirigentes sindicales; representantes del Movimiento colombiano de Solidaridad con Cuba; académicos; profesores; estudiantes, otros amigos de la isla y representantes de algunos medios de comunicación. Por la parte cubana también participaron José A. Solana, Segundo Jefe de la Misión diplomática; el Consejero Luis M. Fernández, y el Representante de CUBADEPORTES en Colombia, Mario Peláez.

Entre otros, se leyeron sendos mensajes de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República de Colombia y de la Alcaldía Mayor de Bogotá, trasladando el reconocimiento y saludos respectivos del Presidente Álvaro Uribe y el Alcalde Mayor Samuel Moreno a la conmemoración. De igual manera en las intervenciones por parte del auditorio, donde sobresalieron las del Embajador argentino, Martín Bialza; la de Carlos Lozano; y del Profesor Alonso Ojeda, de la Defensoría del Pueblo, se hicieron patentes las muestras de apoyo y solidaridad a la Revolución cubana.

La ocasión sirvió también para rendir homenaje póstumo al filósofo y catedrático colombiano Germán Zabala, amigo entrañable de Cuba y defensor de su proceso revolucionario.

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Manifestación en la Plaza de Bolívar contra este crimen.

De acuerdo con Jaramillo, que ofreció sus declaraciones en el 'Seminario para la formación de líderes militares con eficiencia y transparencia', adelantado en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en Bogotá, la situación ha llegado al punto de que Inglaterra redujo su ayuda militar tras las denuncias que les llegaron por violación de Derechos Humanos.

De acuerdo con Jaramillo, que fue escuchado por el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, en varias charlas con personalidades internacionales del Congreso de Estados Unidos le han manifestado la preocupación por el caso. "Estoy hablando de funcionarios muy serios y de los miembros del Congreso norteamericano, concretamente el secretario del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quien me dijo que este caso de los falsos positivos que hemos tenido ha sido el más grave en décadas en América Latina". Sobre el tema, el Congreso debatirá este martes.

Y es que seis presuntos nuevos casos de falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales a manos de la Fuerza Pública) y la preocupante situación de inseguridad de la zona, motivaron a un debate de última hora en Soacha entre distintas autoridades y habitantes del municipio para conocer denuncias y plantear soluciones al conflicto. El encuentro se realizará a partir de las 10 de la mañana, y estará liderado por la Comisión Segunda del Senado —encargada de temas de seguridad.

Al parecer, las dificultades en Soacha llegaron al punto en que algunos se atreven a asegurar que ahí funciona “otra oficina de Envigado”, haciendo referencia a la tenebrosa máquina del terror que operaba en Antioquia. Así se lo dijo a El Espectador el senador liberal Juan Manuel Galán, quien explicó que se trata de un frente delincuencial en el que se mezclan sin distinciones paramilitares, guerrilleros y bandas emergentes que trafican droga.

Otra autoridad que también se refirió al tema fue el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, quien no obstante prefirió ser más prudente y afirmar: “Vamos a hacer un seguimiento a los hechos. Tanto a lo que sucede con los llamados falsos positivos, como al problema de los panfletos”.

Se espera que sobre todos estos asuntos respondan este martes también el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el fiscal General, Mario Iguarán, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, quienes fueron convocados a la jornada.

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Un grupo de manifestantes protestó contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) y el Plan Colombia en el Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Cerca de un centenar de activistas pidieron este lunes frente a la Casa Blanca que el presidente de EE.UU., Barack Obama, haga un cambio "radical" en la política hacia Colombia y ayude a erradicar la "crisis invisible" de los desplazados.

Los manifestantes se congregaron en el Parque Lafayette para destacar la crisis humanitaria causada por el conflicto armado en Colombia que, según ellos, ha causado el desplazamiento interno de cuatro millones de personas.

Durante el acto, los activistas portaron mantas con 4.000 muñecos de papel multicolores, uno por cada mil de los desplazados que a su parecer hay en el país. También portaron carteles con mensajes en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la continuidad del Plan Colombia, por considerar que ambas iniciativas solo agravarán la crisis de los desplazados.

En declaraciones a la Agencia Efe, la directora ejecutiva de Testigos por la Paz, Melinda St. Louis, explicó que las protestas simultáneas que el grupo organizó en Washington, Nueva York, Chicago (Illinois), Portland (Oregón), San Francisco y Los Ángeles (California) tienen el objetivo de presionar por un cambio en la política actual.

El grupo mantiene una campaña de movilización nacional para que los contribuyentes presionen al Congreso y a la Casa Blanca, mediante cartas y correos electrónicos, a fijar un nuevo rumbo en la política hacia Colombia, que dé mayor prioridad a la ayuda social y humanitaria.

"Estamos acá para decirle al presidente Obama que si en realidad quiere un nuevo capítulo en las relaciones con la región...no puede haber un futuro para el Plan Colombia y para el TLC", dijo, por su parte, Ben Beachy, del grupo 'Testigos por la Paz'.

Beachy recordó que durante la V Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, que concluyó el domingo, Obama prometió una nueva era de cooperación y de acercamiento con América Latina. En ese sentido, Beachy consideró que ese cambio pasa por "una política nueva y distinta hacia Colombia" que apoye a los defensores de los derechos humanos, aumente el combate al consumo de drogas en EE.UU. que alimenta el narcotráfico procedente del sur, y modifique la agenda comercial para respaldar, por ejemplo, a los pequeños agricultores.

Por su parte, Diana Gómez, del grupo 'Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad', dijo que si Obama "es consecuente con el discurso con el que llegó a la Presidencia, tiene que haber un giro radical en la política hacia Colombia" y descartar medidas que "no contribuyen a mejorar la situación sino a empeorarla".

Aunque las cifras de los desplazados oscilan entre 1,9 millones y cuatro millones, el consenso es que Colombia ocupa el segundo lugar, después de Sudán, en el número de desplazados internos debido al conflicto armado.

Obama, que ganó las elecciones con el espaldarazo de los sindicatos estadounidenses, ha reiterado en el pasado su preocupación por la violencia contra los sindicalistas en Colombia y ha pedido más avances en materia de derechos humanos y laborales en ese país.

El TLC con Colombia fue suscrito en noviembre de 2006, pero continúa bloqueado en el Congreso debido a la oposición de los demócratas. A petición de Obama, el representante de Comercio Exterior de EE.UU., Ron Kirk, dijo hoy que iniciará consultas con el Congreso para definir los temas que deben de resolverse antes de someter a votación el TLC.

Kirk se reunirá la semana próxima con el ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, al igual que lo harán equipos técnicos de ambos países para analizar las trabas pendientes.

Además de los encuentros de la próxima semana en EE.UU., también se espera un viaje del presidente Álvaro Uribe a Washington el mes próximo, y una visita a Colombia de Obama, en el marco de una gira que emprenderá por América Latina antes de fin de año.

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Cifras no mienten

*Carlos A. Lozano Guillén
Artículo de VOZ - Edición 2487 del 15 al 21 de abril 2009

Por fin, después de mucho negarlo, el Gobierno Nacional aceptó que la crisis del capitalismo está afectando la economía colombiana. Los voceros uribistas, en medio de sus limitaciones académicas, creyeron que se trataba de una “simple” crisis financiera, para lo cual en Colombia existe el antídoto, que es la protección al desborde de los bancos y corporaciones para hacer y deshacer. Por ello, entre otras cosas, este país fue terreno abonado para las “pirámides” y todo negocio ilegal de captación de dinero, que no tuvo control ni verificación de las autoridades respectivas.

Uribito, ahora en campaña presidencial, negó la existencia de la crisis a pesar de que su gestión en la cartera de agricultura fue un verdadero fiasco y como nunca el sector agropecuario conoció tanto estancamiento y hasta retroceso en los últimos años. La realidad les cayó encima y las cifras no mienten, hablan por sí solas.

A la fecha y por segunda vez, el Gobierno Nacional se vio obligado a revisar la meta de crecimiento, que ahora la ubica para 2009 en un rango entre el 0.5 por ciento y el 1.5 por ciento, aunque los economistas más optimistas la ubican, por mucho, por encima del 1 por ciento. En enero del presente año, la industria decreció un 10.7 por ciento; el comercio bajó en 4.5 por ciento y el desempleo se volvió a trepar por encima del 12 por ciento. En los últimos doce meses la industria bajo en 4.8 por ciento y el comercio en –0.1 por ciento. El último trimestre del año pasado la economía bajó -0.7 por ciento. De tal manera, que para varios economistas la recesión es una realidad en Colombia. Este cuadro, acompañado del fortalecimiento del dólar, la devaluación y la inflación, disminuyen las condiciones sociales de la población y la calidad de vida. Con razón, la Central Unitaria de Trabajadores está demandando un nuevo ajuste del salario mínimo, pues el precario incremento del presente año quedó borrado con la crisis económica.

La crisis ingresó sin problemas y encontró al Gobierno con los calzones abajo. “La Casa de Nari” improvisa con la esperanza de que es una crisis pasajera. Sin embargo, los industriales, comerciantes, ganaderos y latifundistas, a quienes les interesa sólo sus bolsillos y el ritmo de las utilidades que les garantizó la “seguridad democrática” en los últimos siete años, insisten en que las cosas van muy mal y exigen drásticas medidas, por supuesto encaminadas a descargar el peso de la crisis sobre los hombros del pueblo colombiano.

Roberto Steiner, director de Fedesarrollo, por ejemplo, plantea bajar el salario mínimo, eliminar impuestos a los ricos y aumentar el IVA. Si no es porque ese tipo de propuestas tienen respaldo en la cúpula del poder y en la oligarquía colombiana, podríamos creer que provienen de un clon de Goyeneche.

carloslozanogui@etb.net.co

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Análisis de paz.

Manuel Marulanda

Hace 25 años, el 28 de marzo de 1984, fue firmado el Acuerdo de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur Cuartas y el Secretariado de las FARC, que contempló un cese de fuegos bilateral, además del compromiso gubernamental de adelantar diálogos en la búsqueda de reformas políticas, sociales y económicas que le pusieran fin a la larga confrontación armada. Además, el acuerdo, anunció la creación de un movimiento político de unidad de la izquierda, en el cual pudieran actuar dirigentes y combatientes de las FARC-EP en el evento de lograrse acuerdos de paz estables y sostenibles.

El Acuerdo de la Uribe fue uno de los hechos más importantes del siglo XX en la búsqueda de la solución política negociada del conflicto colombiano.

Fue el primer intento de establecer diálogos de paz desde el Gobierno con la más importante guerrilla colombiana, en la búsqueda de la solución política negociada del conflicto interno. También la primera frustración. Si se preguntan las razones del fracaso, pues son las mismas también de los intentos posteriores en los gobiernos de Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana: el saboteo del militarismo, la oposición de los gobiernos estadounidenses y la ausencia de voluntad de paz de la clase dominante colombiana. Esta última siempre abogó por la pax romana o la paz de los sepulcros, nunca facilitó la negociación de aspectos estructurales y medulares de las raíces del conflicto. Pretendió negociar la rendición de la guerrilla sin modificar para nada las causas políticas, económicas y sociales del largo conflicto colombiano.

El Acuerdo de La Uribe nunca fue respetado por el Establecimiento. Los proyectos de ley en el orden político y social ni siquiera fueron presentados al Congreso de la República, con la excepción de la elección popular de alcaldes y gobernadores, pero esta última, aprobada al margen de la reforma política pluralista y democrática, se convirtió en una institución más al servicio de los caciques regionales y de las clientelas políticas tradicionales. Como lo demostró la historia reciente las elecciones de los alcaldes y gobernadores se convirtieron en instrumentos del narcoparamilitarismo como es evidente en la llamada “parapolítica” que salió a flote en los tres últimos años. Lo más grave fue el exterminio en la más completa impunidad de la Unión Patriótica, movimiento de unidad de la izquierda al cual querían llegar las FARC en el evento de un proceso de paz exitoso. La UP fue borrada del mapa político después del arranque que tuvo con fuerte influencia en ciudades y campos. Después nada fue igual. La desconfianza de la insurgencia en el Estado dominante fue total, como que agentes del mismo participaron de lleno en la protección del paramilitarismo y en la ejecución del genocidio de la Unión Patriótica.

“Los acontecimientos rebasaron la audaz y original política de Betancur, quien careció de la autoridad individual para ejecutar o decretar el cambio, o para negociar la reincorporación de los movimientos guerrilleros de la nación. Internamente no contó con suficientes aliados. La comunidad internacional estuvo ausente del proceso. El proceso de paz murió a causa de mil muertes pequeñas y se ahogó en un creciente mar de violencia”. (CHERNICK, Marc. Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado colombiano. Seis décadas de violencia. Veinticinco años de procesos de paz. Ediciones Aurora. Pág. 86. 2008. El proceso no contó con suficientes aliados dice ele scritor estadounidense Marc Chernick. Lo mismo que ocurrió después, en particular, durante el Gobierno de Andrés Pastrana. El comandante de las FARC, Manuel Marulanda, le diría al autor de este artículo en un reportaje para el semanario VOZ: “El presidente Pastrana está sólo. Lo dejó solo la clase dominante”.(VOZ ed. 2071 del 22 al 28 de noviembre de 2000, “Veo al presidente Pastrana muy débil”). Así advirtió la posibilidad de que agonizará la mesa de diálogo del Caguán.

BB nunca se encontró con Marulanda. Lo haría se encontraría después con Marulanda en Los Pozos, durante los diálogos del Caguán.


Hay un conflicto
El fracaso de Uribe y la seguridad democrática
La posición internacional
Colombianos y colombianas por la paz
Propuestas deben ser bilaterales para que tengan sentido

BB se encontraría después con Marulanda en Los Pozos, durante los diálogos del Caguán.

La gran pregunta es: ¿Por qué fracasó el proceso de paz en el gobierno de Belisario Betancur? Y es lo que elude la “gran prensa”, que prefiere ignorar el acontecimiento histórico. La clase dominante y los analistas burgueses se van por las ramas y le achacan la responsabilidad a la guerrilla, porque realizaron tal o cual acción militar, como si el cese de fuego, hace 25 años, no fuera violado una y otra vez por el Ejército que se dedicó a realizar acciones para dinamitar el proceso de paz y, lo peor, fue el genocidio de la Unión Patriótica, que borró del mapa el movimiento político que albergaría a los combatientes insurgentes tras la firma de un acuerdo de paz. Amén, que Belisario, presionado por los militares, la oligarquía criolla y los gringos, no fue capaz de asumir la discusión de las reformas mencionadas en el Acuerdo de La Uribe. Fue lo que dio al traste con el cese de fuegos, la tregua y la posibilidad de pactar la paz con democracia y justicia social.

Intentos fallidos

En los intentos posteriores, durante César Gaviria (Caracas y Tlaxcala) y Andrés Pastrana, se dialogó en medio del conflicto y toda acción militar gubernamental se reivindicó como válida, mientras las de la guerrilla, por equivocadas que fueran, se aprovecharon por el Gobierno como pretextos para romper los diálogos con la insurgencia. Es la ley del embudo. Aunque lo que demuestra –y es el análisis de fondo que tendrá que darse alguna vez en el país- es la falta de voluntad de paz del Establecimiento, por lo menos de una paz que abra el camino hacia la nueva Colombia de democracia y mayor justicia social. Distinta a la pax romana a la que aspira la oligarquía dominante, lograda sobre las cenizas de las guerrillas colombianas. Es el modelo que fracasó siempre.

Vale la pena este largo preámbulo a los distintos “hechos de paz” de las dos últimas semanas, incluyendo la larga Semana Santa, en la cual los obispos, el Gobierno Nacional y algunos miembros de “Colombianas y Colombianos por la Paz”, se han pronunciado desde distintos ángulos sobre las posibilidades de paz y formularon propuestas, incluyendo las del presidente Uribe Vélez, estás últimas acompañadas del acostumbrado lenguaje visceral e insultante.

Colombianos por la paz

Para “Colombianas y Colombianos por la Paz” hay que partir del nuevo acento político del Secretariado de las FARC, reflejado en las tres cartas en desarrollo del diálogo epistolar, sobre todo la última, en que se muestran dispuestos a iniciar la negociación del intercambio humanitario, anuncian la entrega de los restos del mayor Guevara, muerto en cautiverio, e insisten en la necesidad de buscar diálogos de paz para ponerle fin a la guerra. El Gobierno Nacional ha guardado silencio ante el importante documento y los grandes medios prefirieron desviar la atención de lo fundamental, porque llevaron el debate a las cifras de secuestrados y al supuesto canje de cadáveres que nunca fue planteado en la carta, como lo han explicado los integrantes de “Colombianas y Colombianos por la Paz”. Estos últimos, como lo informó la senadora Piedad Córdoba, están a la espera de una entrevista con Uribe Vélez para hablar en detalle sobre el contenido de la carta. La audiencia está solicitada pero aún no hay respuesta de la Casa de Nariño.

De otra parte, la Iglesia Católica y la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), casi al comienzo de la Semana Santa, anunciaron la propuesta del “Acuerdo Nacional por la Paz y la Reconciliación en Colombia” en una reunión con directores de medios de comunicación, entre ellos el del semanario VOZ, Carlos Lozano. La Iglesia y la CCN, “Busca que se suscriba un consenso de gobernabilidad por parte de las diferentes fuerzas políticas y sociales del país, en el que se convengan los puntos básicos de una política de paz y reconciliación que permita superar la confrontación armada que vive Colombia y encontrar una salida negociada”. Al respecto, la Iglesia y la CCN establecerán diálogos con la comunidad a través de foros regionales desde el segundo semestre de 2009.

Iglesia contra la reelección

De conformidad con el documento de la CCN es el aporte “a una salida política negociada del conflicto armado, con soluciones que sobrepasen las coyunturas políticas, que estén subordinadas a los intereses de la Nación en su conjunto y que no dependan de intereses particulares o de grupo; que propicien el esclarecimiento de la verdad, preserven la memoria y ayuden a la reparación de las víctimas, y que tengan en consideración criterios de desarrollo humano y social sostenible para la construcción de una Nación en la que reine la justicia”.

Monseñor Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal y de la CCN, ambientó la presentación de la propuesta con una larga entrevista a El Tiempo y declaraciones de prensa, en que convoca al debate nacional, se opone a la reelección de Uribe Vélez y plantea sin ambages la necesidad de cambios democráticos y sociales. Algunas voces criticaron que el prelado no se refiriera, en particular, al intercambio humanitario. Con todo, la posición de la Iglesia, saludada en distintos sectores de izquierda, muestra una actitud de mayor independencia y autonomía del Gobierno, diferente a la “línea Rubiano”, predominante en el pasado.

La “propuesta” de Uribe

También salió a relucir en Semana Santa la propuesta del presidente Uribe Vélez, quien insto a “los bandidos” a declarar un cese de hostilidades de tres o cuatro meses para iniciar un proceso de paz. La oferta fue calificada de ser por lo menos distinta a la guerra de los últimos siete años, aunque tiene la debilidad de ser una exigencia unilateral. A juicio de expertos y analistas en el tema no tiene perspectiva, porque un cese de hostilidades, cese de fuego o tregua, para que sea eficaz debe ser bilateral, es decir, comprometer a las dos partes. Sobre este tema también conversará Colombianos por la Paz en la anunciada audiencia con el mandatario colombiano.

Lo más importante en el último tiempo, es el alcance de “Colombianas y Colombianos por la Paz”, que se posicionó como el mejor interlocutor ante la insurgencia a través del diálogo epistolar e hizo renacer la esperanza de una nueva oportunidad para la paz negociada y la libertad de los secuestrados, amén de la posibilidad de concretar acuerdos mínimos entre las partes para la humanización del conflicto.

Como colofón de los hechos de paz en la Semana Santa la delegación de parlamentarios y sindicalistas británicos se pronunció antes de partir del país por el intercambio humanitario y por la solución política del conflicto, única vía para superar la degradación de la confrontación armada y la violación de los derechos humanos, dijeron.

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Colombia: la nueva fase de la "limpieza social"

Iván Cepeda Castro

En más de 100 municipios y 20 de las principales ciudades del país han aparecido panfletos en los que se anuncia el regreso de la “limpieza social” contra jóvenes, prostitutas, drogadictos, delincuentes y homosexuales.

Progresivamente la lista de amenazados se amplía. Ahora incluye también a los miembros de las ‘barras bravas’, los estudiantes y profesores de colegios, así como a los líderes de organizaciones juveniles. Los comunicados afirman: “Le pedimos perdón a la sociedad si caen inocentes”. A pesar de que el director de la Policía, general Óscar Naranjo, considera que se trata de bandas criminales dispersas, a simple vista es notorio que en esta operación nacional se reconocen los métodos utilizados en el pasado por las estructuras paramilitares, encubiertas hoy con nuevos nombres y símbolos. El procedimiento se despliega especialmente en los barrios populares de las grandes urbes y en las zonas en las que las Auc han ejercido control. El plan busca el miedo colectivo mediante acciones en distintas fases. En un primer momento se lanza el rumor de que van a comenzar los actos de “limpieza”, luego se distribuyen los panfletos, se impone el toque de queda a partir de las diez de la noche, y se procede a realizar los asesinatos. De esta forma, muchas zonas de las principales ciudades del país viven ya sometidas a esta nueva etapa de terror social.

En Bogotá, los habitantes de nueve localidades han recibido los comunicados amenazantes. Bajo esta campaña 30 jóvenes fueron asesinados en los meses de febrero y marzo. La última semana hubo dos cortes de fluido eléctrico en algunos lugares de Ciudad Bolívar. Después del primero, en las entradas de todas las casas se hallaron los panfletos, y durante el segundo se presentó una masacre en la que murieron siete jóvenes. Los líderes locales aseguran que en muchos barrios de la capital hay situaciones similares. Su conclusión es que esa clase de acciones no las hace una banda de ladrones, sino un grupo organizado que cuenta con cuantiosos recursos.

Desde hace meses, a través de informes de riesgo, la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo sobre la gravedad de esta situación. Sin embargo, dado que esos informes no se pueden hacer públicos pues se les ha dado un carácter confidencial, determinadas autoridades impiden que se decrete la alerta temprana para prevenir los crímenes. Ante esa situación de negligencia e inoperancia, la Defensoría Pueblo debería tomar la decisión de comunicar sus informes de riesgo directamente a la opinión pública y permitir de esta forma que al menos se conozca ampliamente lo que está pasando en muchas partes del país.

La mal llamada “limpieza social” hace parte de las operaciones violentas a gran escala propias de sociedades que se internan en procesos totalitarios, en los que se busca despertar en la gente del común el miedo a ultranza que conduce a toda clase de reacciones primarias. En el caso de Colombia, ese ambiente de “depuración” criminal se articula bien con la paulatina consolidación de una institucionalidad cada vez más perversa en la que todas las dependencias del poder público se funden en la voluntad del Ejecutivo. El ambiente de terror y a la vez de fascinación por la mano fuerte de un gobernante arbitrario, corresponde bien al estado anímico que buscan quienes defienden la reelección. Es el ambiente que propicia el apoyo irreflexivo de las mayorías a un poder decadente en tiempos de profunda crisis ética y económica.

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Modelo económico no aporta a la paz, dice el Obispo de Sincelejo

El Tiempo
"La política neoliberal no le apunta a la paz, sino a un crecimiento que no le apunta a todos por igual', sostuvo monseñor Nel Beltrán Santamaría.

El pronunciamiento lo hizo después de la celebración de la eucarística donde se conmemoró la Última Cena y el Lavatorio de Pies, el Jueves Santo.

El jerarca de la Iglesia Católica señaló que la invitación para esta Semana Mayor para el país es recuperar la unidad en la pluralidad, volviendo a una democracia pluralista, en la que no sea ni pecado, ni censurable, pensar diferente.

"Cuando la gente no tolera los pensamientos políticos de los otros, los dirigentes los pueden llevar a enfrentarse; un pueblo que de por si es pacífico. Y vamos a repetir historias como las del siglo pasado, como la Guerra de los Mil Días. Hay que recuperar para Colombia la capacidad crítica y de opinión. Merecernos el respeto todos los que opinan de acuerdo y los que opinan diferente", dijo Monseñor.

Así mismo, criticó la política económica del Gobierno Nacional que solo beneficia a los banqueros, y que no contribuye a encontrar la paz.

"El problema es que haya disminuido el empleo, que estemos discutiendo el salario mínimo para flexibilizarlo, mientras que un solo banco se gana, en tres meses, 1 billón de pesos. El problema es que estructuralmente el país no es organizado para todos", enfatizó.

Recalcó que está convencido, desde hace tiempo, que en Colombia el problema no es solo la violencia armada.

"En estos momentos calculan 23 mil alzados en armas fuentes serias de las Naciones Unidas. El problema no es que hayan alzados en armas, el problema es que hayan 6 millones con hambre, 15 millones con pobreza. Todos los que sigan la política neoliberal, no están apuntándole a la paz, sino que están apuntándole a un crecimiento que no le apunta a todos por igual, sino a unos con prioridad".

Agregó que la invitación, que hará la semana entrante, en el Foro Nacional de Bogotá en cuanto a la contribución para la paz es la conformación de un proyecto nacional que beneficie a todos por igual.

A revisar modelo económico

Por otra parte, monseñor Nel Beltrán recalcó la primera palabra pronunciada por Jesús en la cruz: "Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen".

"Esa palabra tiene una profunda revelación sobre el misterio de Dios y del hombre.

El misterio de la capacidad de misericordia y de perdón infinito. Padre perdónalos, esto es luz para el hombre. El hombre es tan grande, cuando es capaz de perdonar. Los espíritus pequeños odian, matan, aniquilan al enemigo. Los auténticamente humanos perdonan con el corazón", comentó.

Agregó que esa primera palabra revela la profundidad del corazón humano, "porque no saben lo que hacen", es la explicación de cuando el hombre equivoca su mente, equivoca su comportamiento.

"Por eso Colombia tiene que revisar su modelo económico, su modelo político, su modelo humano. No sea que equivocando los modelos, el hombre cometa equivocaciones de las que después tenga que pedir perdón".

LUZ VICTORIA MARTÍNEZ
Especial para EL TIEMPO
SINCELEJO

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'Debemos ser muy incisivos y críticos con las Farc', dice Carlos Lozano

Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Carlos Lozano, director de 'Voz', espera que las Farc tengan un acento político.

"Quizás no lo habíamos hecho de una manera tan fuerte y tan pública como ahora", reconoce el director del Semanario Voz.

Agrega Lozano que ahora "hay un acento más exigente, porque el conflicto está completamente degradado", agrega.

El endurecimiento del tono lo hizo en una reciente carta publicada en las páginas de opinión de este diario. Allí calificó como una "estupidez y despropósito" el plan de atentar contra el director de la SIP, Enrique Santos, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Lozano argumenta que "llegó el momento de negociar" y que la guerrilla debe renunciar al secuestro y al uso de minas antes de iniciar cualquier proceso de diálogo.

¿Por que sus palabras tan duras hacia las Farc?

La solución política del conflicto exige la voluntad del Gobierno y las Farc. Hay que hacer las críticas oportunas cuando esa falta de voluntad es más evidente. Llegó el momento de negociar, esto no da más. Insistir en la confrontación armada es irracional. Debemos ser muy incisivos y críticos con todas las partes, incluyendo a la guerrilla.

¿No cree que ese acento exigente debió empezar cuando los secuestros superaban los 3.000 al año?

Siempre hemos sido críticos de la guerrilla. Por ejemplo, en el tema del secuestro el Partido Comunista y sus dirigentes hemos sido críticos y nos hemos distanciado de eso. Quizás no lo habíamos hecho de una manera tan fuerte y tan pública como ahora.

Usted le pidió a 'Alfonso Cano' mayor acento político. ¿A qué se refiere?

Las Farc han demostrado en sus últimos pronunciamientos que hay un interés en ese acento político. Ante las exigencias de la realidad se requiere mucho más acento político de la guerrilla para contribuir a la solución pacífica del conflicto. Espero que
'Cano' y todo el secretariado reflexionen sobre esto.

Usted dijo que Colombianos por la Paz debía exigirles a las Farc un compromiso frente al secuestro y las minas antipersonales. ¿Cómo sería eso?

Las tres cartas de Colombianos por la Paz tienen como hilo conductor el intercambio humanitario, pero también el tema del secuestro. La guerrilla tiene que entender que hay que bajarle la intensidad al conflicto, en temas que afectan a la población civil como el secuestro y las minas.

¿Antes de un diálogo, las Farc deben renunciar al secuestro?

Claro, y los compromisos también deben ser del Gobierno. Se requiere arrancar un proceso de paz sobre compromisos de ambos: no a la desaparición forzada, no al secuestro, no a los 'falsos positivos', no a las minas.

El presidente Uribe pide que las Farc cesen acciones por 4 meses para que hayan condiciones. ¿Le suena?

Me suena un cese de hostilidades de ambos. Nada sacamos si siguen los operativos militares contra ellos. Eso hace inviable ese cumplimiento.

ANDRÉS GÓMEZ OSORIO
REDACCIÓN POLÍTICA


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Gobierno de Álvaro Uribe es cómplice en delitos de lesa humanidad

Al culminar su visita de una semana en Colombia, La Misión coordinada por JUSTICIA POR COLOMBIA, e integrada por parlamentarios británicos y sindicalistas de origen británico, estadounidense y canadiense-, emitieron un duro pronunciamiento sobre la situación de derechos humanos en Colombia.

El documento anexo fue leído en rueda de prensa celebrada en el Congreso de la República por la señora Sandra Osborne, diputada Laborista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña.

Declaración de Prensa

Somos una delegación de parlamentarios británicos, y sindicalistas norteamericanos, canadienses y británicos. Hemos pasado siete días aquí en Colombia, juntando información sobre los abusos de derechos humanos y derechos laborales. Nos hemos reunido con un amplio abanico de la sociedad colombiana, cubriendo intereses cívicos, políticos, jurídicos y militares, incluyendo sindicatos, estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, abogados sindicales, defensores de derechos humanos, y con los retenidos liberados de las FARC. Hemos viajado al departamento de Arauca para escuchar los testimonios de comunidades e individuos afectados por el conflicto en esa región Visitamos la cárcel Buen Pastor y hablamos con las mujeres presas políticas encarceladas allí. También nos reunimos con Martín Sandoval, presidente del CPDH – Arauca, encarcelado injustamente en Arauca. Tuvimos oportunidad de hablar también con altos representantes del gobierno de Álvaro Uribe, y con el Presidente mismo. Estamos agradecidos a todos los individuos y grupos que tan generosamente nos entregaron su tiempo.

Estamos en estado shock por lo que hemos oído, y no tenemos dudas, dadas las evidencias recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, y la fuerza pública son cómplices de abusos de derechos humanos. Además, estamos convencidos que las actividades asesinas de los paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el gobierno y el Ejército. Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan los que cometieron estos delitos, y la falla del sistema judicial para procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes.

En vez de encarcelar los verdaderos criminales, el gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política, y a defensores de derechos humanos como al defensor de derechos humanos, Martín Sandoval. Llamamos por su liberación inmediata, y por la liberación inmediata de otros prisioneros políticos y sindicalistas.

Al regresar al Reino Unido y a Norte América estaremos llamando por la inmediata terminación de todo apoyo militar y político al gobierno colombiano. La no aprobación de cualquier Tratado de Libre Comercio hasta que los derechos humanos y laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable. Exponer públicamente la complicidad de empresas multinacionales en las violaciones de derechos humanos y laborales. Acabar de inmediato con la criminalización de la oposición democrática y legítima, incluyendo a la Senadora Piedad Córdoba, Senadora Gloria Inés Ramírez, Representante Wilson Borja y el Doctor Carlos Lozanos, entre otros. Apoyar el diálogo, un proceso de paz, y un intercambio humanitario. El cese de las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos perpetrados por el Ejército colombiano.

Un informe completo de nuestras investigaciones y recomendaciones será publicado en el cercano futuro.

Miércoles 8 de abril de 2009.

Firmas adjuntas.


Katherine Craig: Abogada de Derechos Humanos. Viajó a Colombia con la Caravana de abogados en Agosto del 2008.

Ian Davidson: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Jeremy Dear: Secretario General del sindicato ‘La Unión Nacional de Periodistas’ (NUJ) – el cual representa 32,000 periodistas, también es el Presidente de ‘Justice for Colombia’ y miembro del Ejecutivo de la TUC y del Consejo General de la TUC.

David Drever: Presidente del sindicato educativo, el ‘Instituto Educativo de Escocia’ (EIS) el cual representa 60,000 maestros

Gobierno de Álvaro Uribe es cómplice en delitos de lesa humanidad


Al culminar su visita de una semana en Colombia, La Misión coordinada por JUSTICIA POR COLOMBIA, e integrada por parlamentarios británicos y sindicalistas de origen británico, estadounidense y canadiense-, emitieron un duro pronunciamiento sobre la situación de derechos humanos en Colombia.

El documento anexo fue leído en rueda de prensa celebrada en el Congreso de la República por la señora Sandra Osborne, diputada Laborista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña.

Declaración de Prensa

Gobierno de Álvaro Uribe es cómplice en delitos de lesa humanidad

Somos una delegación de parlamentarios británicos, y sindicalistas norteamericanos, canadienses y británicos. Hemos pasado siete días aquí en Colombia, juntando información sobre los abusos de derechos humanos y derechos laborales. Nos hemos reunido con un amplio abanico de la sociedad colombiana, cubriendo intereses cívicos, políticos, jurídicos y militares, incluyendo sindicatos, estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, abogados sindicales, defensores de derechos humanos, y con los retenidos liberados de las FARC. Hemos viajado al departamento de Arauca para escuchar los testimonios de comunidades e individuos afectados por el conflicto en esa región Visitamos la cárcel Buen Pastor y hablamos con las mujeres presas políticas encarceladas allí. También nos reunimos con Martín Sandoval, presidente del CPDH – Arauca, encarcelado injustamente en Arauca. Tuvimos oportunidad de hablar también con altos representantes del gobierno de Álvaro Uribe, y con el Presidente mismo. Estamos agradecidos a todos los individuos y grupos que tan generosamente nos entregaron su tiempo.

Estamos en estado shock por lo que hemos oído, y no tenemos dudas, dadas las evidencias recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, y la fuerza pública son cómplices de abusos de derechos humanos. Además, estamos convencidos que las actividades asesinas de los paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el gobierno y el Ejército. Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan los que cometieron estos delitos, y la falla del sistema judicial para procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes.

En vez de encarcelar los verdaderos criminales, el gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política, y a defensores de derechos humanos como al defensor de derechos humanos, Martín Sandoval. Llamamos por su liberación inmediata, y por la liberación inmediata de otros prisioneros políticos y sindicalistas.

Al regresar al Reino Unido y a Norte América estaremos llamando por la inmediata terminación de todo apoyo militar y político al gobierno colombiano. La no aprobación de cualquier Tratado de Libre Comercio hasta que los derechos humanos y laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable. Exponer públicamente la complicidad de empresas multinacionales en las violaciones de derechos humanos y laborales. Acabar de inmediato con la criminalización de la oposición democrática y legítima, incluyendo a la Senadora Piedad Córdoba, Senadora Gloria Inés Ramírez, Representante Wilson Borja y el Doctor Carlos Lozanos, entre otros. Apoyar el diálogo, un proceso de paz, y un intercambio humanitario. El cese de las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos perpetrados por el Ejército colombiano.

Un informe completo de nuestras investigaciones y recomendaciones será publicado en el cercano futuro.

Miércoles 8 de abril de 2009.

Firmas adjuntas.


Katherine Craig: Abogada de Derechos Humanos. Viajó a Colombia con la Caravana de abogados en Agosto del 2008.

Ian Davidson: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Jeremy Dear: Secretario General del sindicato ‘La Unión Nacional de Periodistas’ (NUJ) – el cual representa 32,000 periodistas, también es el Presidente de ‘Justice for Colombia’ y miembro del Ejecutivo de la TUC y del Consejo General de la TUC.

David Drever: Presidente del sindicato educativo, el ‘Instituto Educativo de Escocia’ (EIS) el cual representa 60,000 maestros en Escocia.

Simon Dubbins: Director del Departamento de Relaciones Internaciones del sindicato ‘Unite the Union’ el cual representa 2,100,000 afiliados in varios sectores, también es miembro del Ejecutivo del TUC Europeo y Presidente del sector grafico de la UNI (federación internacional).
Samuel Gurney: oficial del Departamento Internacional de la TUC, con responsabilidad para Colombia y otros países, también es miembro del consejo de administración de la OIT.

Sally Hunt: Secretaria General del sindicato de educación, ‘La Unión de Universidad y Colegios’ (UCU), el cual representa 118,000 profesores universitarios, también es miembro del Comité Ejecutivo de Justice for Colombia y del Ejecutivo y Consejo General de la TUC donde es la vocero sobre asuntos internacionales.

Peter Kilfoyle: Parlamentario Británico del Partido Laborista, anteriormente fue Ministro de Defensa.

Adam Lee: Oficial del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores de Estados Unidos y Canadá.

Andy Love: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

James McGovern: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Karie Murphy: Asistente Parlamentaria.

John O’Neill: Abogado de la empresa más grande de abogados laboralistas en Gran Bretaña ‘Thompsons Solicitors’.

Sandra Osborne: Parlamentaria Británica del Partido Laborista, Miembro de la Comisión Parlamentaria de Asuntos en el Exterior.

Stephanie Peacock: Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista.

Frederick Redmond: Vice Presidente Internacional del sindicato United Steelworkers (USW), el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá, también es miembro del Consejo Ejecutivo del AFL-CIO.

Mark Rowlinson: Fiscal del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá.

Michael Shaw: Presidente del sindicato de Bomberos británicos(FBU) el cual representa 45,000 afiliados bomberos.

James Sheridan: Parlamentario Británico del Partido Laborista.
Carol Wilson: Asistente Parlamentaria

Anthony Woodhouse: Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato ‘Unite the Union’, el cual representa 2,100,000 afiliados de varios sectores.

en Escocia.

Simon Dubbins: Director del Departamento de Relaciones Internaciones del sindicato ‘Unite the Union’ el cual representa 2,100,000 afiliados in varios sectores, también es miembro del Ejecutivo del TUC Europeo y Presidente del sector grafico de la UNI (federación internacional).
Samuel Gurney: oficial del Departamento Internacional de la TUC, con responsabilidad para Colombia y otros países, también es miembro del consejo de administración de la OIT.

Sally Hunt: Secretaria General del sindicato de educación, ‘La Unión de Universidad y Colegios’ (UCU), el cual representa 118,000 profesores universitarios, también es miembro del Comité Ejecutivo de Justice for Colombia y del Ejecutivo y Consejo General de la TUC donde es la vocero sobre asuntos internacionales.

Peter Kilfoyle: Parlamentario Británico del Partido Laborista, anteriormente fue Ministro de Defensa.

Adam Lee: Oficial del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores de Estados Unidos y Canadá.

Andy Love: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

James McGovern: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Karie Murphy: Asistente Parlamentaria.

John O’Neill: Abogado de la empresa más grande de abogados laboralistas en Gran Bretaña ‘Thompsons Solicitors’.

Sandra Osborne: Parlamentaria Británica del Partido Laborista, Miembro de la Comisión Parlamentaria de Asuntos en el Exterior.

Stephanie Peacock: Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista.

Frederick Redmond: Vice Presidente Internacional del sindicato United Steelworkers (USW), el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá, también es miembro del Consejo Ejecutivo del AFL-CIO.

Mark Rowlinson: Fiscal del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá.

Michael Shaw: Presidente del sindicato de Bomberos británicos(FBU) el cual representa 45,000 afiliados bomberos.

James Sheridan: Parlamentario Británico del Partido Laborista.
Carol Wilson: Asistente Parlamentaria

Anthony Woodhouse: Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato ‘Unite the Union’, el cual representa 2,100,000 afiliados de varios sectores.




Al culminar su visita de una semana en Colombia, La Misión coordinada por JUSTICIA POR COLOMBIA, e integrada por parlamentarios británicos y sindicalistas de origen británico, estadounidense y canadiense-, emitieron un duro pronunciamiento sobre la situación de derechos humanos en Colombia.

El documento anexo fue leído en rueda de prensa celebrada en el Congreso de la República por la señora Sandra Osborne, diputada Laborista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña.

Declaración de Prensa

Gobierno de Álvaro Uribe es cómplice en delitos de lesa humanidad

Somos una delegación de parlamentarios británicos, y sindicalistas norteamericanos, canadienses y británicos. Hemos pasado siete días aquí en Colombia, juntando información sobre los abusos de derechos humanos y derechos laborales. Nos hemos reunido con un amplio abanico de la sociedad colombiana, cubriendo intereses cívicos, políticos, jurídicos y militares, incluyendo sindicatos, estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, abogados sindicales, defensores de derechos humanos, y con los retenidos liberados de las FARC. Hemos viajado al departamento de Arauca para escuchar los testimonios de comunidades e individuos afectados por el conflicto en esa región Visitamos la cárcel Buen Pastor y hablamos con las mujeres presas políticas encarceladas allí. También nos reunimos con Martín Sandoval, presidente del CPDH – Arauca, encarcelado injustamente en Arauca. Tuvimos oportunidad de hablar también con altos representantes del gobierno de Álvaro Uribe, y con el Presidente mismo. Estamos agradecidos a todos los individuos y grupos que tan generosamente nos entregaron su tiempo.

Estamos en estado shock por lo que hemos oído, y no tenemos dudas, dadas las evidencias recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, y la fuerza pública son cómplices de abusos de derechos humanos. Además, estamos convencidos que las actividades asesinas de los paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el gobierno y el Ejército. Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan los que cometieron estos delitos, y la falla del sistema judicial para procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes.

En vez de encarcelar los verdaderos criminales, el gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política, y a defensores de derechos humanos como al defensor de derechos humanos, Martín Sandoval. Llamamos por su liberación inmediata, y por la liberación inmediata de otros prisioneros políticos y sindicalistas.

Al regresar al Reino Unido y a Norte América estaremos llamando por la inmediata terminación de todo apoyo militar y político al gobierno colombiano. La no aprobación de cualquier Tratado de Libre Comercio hasta que los derechos humanos y laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable. Exponer públicamente la complicidad de empresas multinacionales en las violaciones de derechos humanos y laborales. Acabar de inmediato con la criminalización de la oposición democrática y legítima, incluyendo a la Senadora Piedad Córdoba, Senadora Gloria Inés Ramírez, Representante Wilson Borja y el Doctor Carlos Lozanos, entre otros. Apoyar el diálogo, un proceso de paz, y un intercambio humanitario. El cese de las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos perpetrados por el Ejército colombiano.

Un informe completo de nuestras investigaciones y recomendaciones será publicado en el cercano futuro.

Miércoles 8 de abril de 2009.

Firmas adjuntas.


Katherine Craig: Abogada de Derechos Humanos. Viajó a Colombia con la Caravana de abogados en Agosto del 2008.

Ian Davidson: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Jeremy Dear: Secretario General del sindicato ‘La Unión Nacional de Periodistas’ (NUJ) – el cual representa 32,000 periodistas, también es el Presidente de ‘Justice for Colombia’ y miembro del Ejecutivo de la TUC y del Consejo General de la TUC.

David Drever: Presidente del sindicato educativo, el ‘Instituto Educativo de Escocia’ (EIS) el cual representa 60,000 maestros en Escocia.

Simon Dubbins: Director del Departamento de Relaciones Internaciones del sindicato ‘Unite the Union’ el cual representa 2,100,000 afiliados in varios sectores, también es miembro del Ejecutivo del TUC Europeo y Presidente del sector grafico de la UNI (federación internacional).

Samuel Gurney: oficial del Departamento Internacional de la TUC, con responsabilidad para Colombia y otros países, también es miembro del consejo de administración de la OIT.

Sally Hunt: Secretaria General del sindicato de educación, ‘La Unión de Universidad y Colegios’ (UCU), el cual representa 118,000 profesores universitarios, también es miembro del Comité Ejecutivo de Justice for Colombia y del Ejecutivo y Consejo General de la TUC donde es la vocero sobre asuntos internacionales.

Peter Kilfoyle: Parlamentario Británico del Partido Laborista, anteriormente fue Ministro de Defensa.

Adam Lee: Oficial del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores de Estados Unidos y Canadá.

Andy Love: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

James McGovern: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Karie Murphy: Asistente Parlamentaria.

John O’Neill: Abogado de la empresa más grande de abogados laboralistas en Gran Bretaña ‘Thompsons Solicitors’.

Sandra Osborne: Parlamentaria Británica del Partido Laborista, Miembro de la Comisión Parlamentaria de Asuntos en el Exterior.

Stephanie Peacock: Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista.

Frederick Redmond: Vice Presidente Internacional del sindicato United Steelworkers (USW), el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá, también es miembro del Consejo Ejecutivo del AFL-CIO.

Mark Rowlinson: Fiscal del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá.

Michael Shaw: Presidente del sindicato de Bomberos británicos(FBU) el cual representa 45,000 afiliados bomberos.

James Sheridan: Parlamentario Británico del Partido Laborista.
Carol Wilson: Asistente Parlamentaria

Anthony Woodhouse: Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato ‘Unite the Union’, el cual representa 2,100,000 afiliados de varios sectores.

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Decreto 535: Machacando sobre el engaño

Por Rodrigo López Oviedo

Resulta curioso: Mediante el decreto 535 del 24 de febrero de 2009, el Gobierno nacional reglamentó un artículo del Código Sustantivo del Trabajo, el 416, que está próximo a cumplir, ríanse, ¡59 años de existencia! 59 años que dan una idea de lo paquidérmicas que son nuestras instituciones, pero también de lo dispuestos que están a defender los intereses de las castas oligárquicas quienes los representan en ellas.

El 416 es un artículo esencialmente denegatorio de derechos laborales. Su contenido excluye a los empleados públicos de las posibilidades de presentar pliegos de peticiones, de celebrar convenciones colectivas y de declarar la huelga, que sí son reconocidas a los demás trabajadores, aunque se los reprime con saña cada vez que hacen uso de ellas.

También resulta curioso que en el decreto se hayan invocado las leyes 411 de 1997 y 524 de 1999. Estas leyes fueron expedidas con la intención de incorporar formalmente a nuestra legislación laboral los Convenios 151 y 154 de la OIT, y son mucho más favorables a la actividad sindical en el sector público. Sin embargo, tal invocación es un engaño. No tiene más propósito que distraer a la opinión pública con supuestas buenas intenciones, pues bien se sabe que una norma reglamentaria no puede ir más allá de lo autorizado por la reglamentada, siendo ésta la que le marca la pauta al funcionario reglamentador. Si las intenciones del Gobierno hubieran sido realmente buenas, hubiera hecho más reglamentando las leyes 411 y 524, con lo cual habría dejado superado el lesivo marco del mencionado artículo 416.

¿Qué pretendió el Gobierno con esta reglamentación? Indudablemente, debilitar la resistencia ofrecida por la bancada demócrata del Congreso estadounidense a la aprobación del TLC, induciéndola al error de creer que está dispuesto a sepultar en el pasado las prácticas antisindicales que lo han caracterizado y que ahora le resultan un obstáculo para la aprobación del Tratado.

Pero también buscó recordarles a los trabajadores estatales la existencia de una norma que los ha excluido de todo derecho a negociar con su patrón, y ahora especialmente en aspectos relacionados con “la estructura organizacional, las plantas de personal, las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado, los procedimientos administrativos y el principio del mérito como presupuesto esencial de la carrera administrativa”, pues ya sobre aspectos salariales y prestacionales estaba excluida, por otras normas, toda posible discusión.

Sobre lo demás, si algo queda, sí se podrá concertar, siempre que existan disponibilidades presupuestales y no se contradigan los lineamientos del CONPES. Si hay acuerdo, lo acordado se elevará a ley entre las partes, pero si no, a los trabajadores les quedará el recurso de acudir, por toda acción reivindicativa, a la lectura de la “respuesta motivada de las razones por las cuales (el Gobierno) no accede a la petición”.

Este Decreto es solo un elemento más de la dictadura hacia la cual el uribismo ha ido empujando al país y de los disimulos que se toma para hacerlo. Por estos días, expidió otro par de decretos con el supuesto fin de facilitar la reactivación de las cooperativas que están en liquidación, pero solo reafirmó con ellos las dificultades que existían para hacerlo desde ante de su expedición. Estamos, entonces, ante una estrategia engañosa que ojalá no dejemos convertir en maña.

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