Sacerdote jesuita Javier Girarldo*Carlos A. Lozano Guillén
En reciente reunión en el Cinep, convocada para organizar un plan de acción contra los intentos de judicializar a los defensores de derechos humanos, entre ellos al sacerdote jesuita Javier Giraldo, abogados de los presos políticos denunciaron que en Colombia, inclusive con el aval de la Corte Suprema de Justicia, está funcionando la justicia secreta, con pruebas ocultas, testigos sin rostro y otras modalidades de este tipo de justicia que operó en los años noventa pero que desapareció con el nuevo Código de Procedimiento Penal.
La forma en que fue resucitada por la Fiscalía General de la Nación en el sistema acusatorio es a través de una especie de “macroprocesos” o “procesos madre” del cual se extraen pruebas al detal sin que los abogados tengan acceso libre a ellos para examinarlos y ver las pruebas en el conjunto y no de manera selectiva en la medida que van abriendo los procesos penales. Esos “procesos madre” son secretos, los abogados sólo tienen acceso a las pruebas parciales que esgrime la Fiscalía contra su asistido. Es el caso de los computadores de Raúl Reyes, que nadie los ha visto y ningún abogado los conoce, apenas han salido unos documentos en formato Word, que los investigadores judiciales suponen son correos electrónicos que intercambiaron los acusados con el jefe guerrillero desparecido.
Pero como éste hay otros. Son una especie de “Lámpara de Aladino” de la cual extraen las pruebas que se pueden acomodar para enjuiciar a una persona sin el debido proceso y sin el derecho a la controversia de la prueba. Es una deformación antidemocrática de la justicia. Nada que ver con juicios transparentes y con las garantías procesales necesarias para la defensa. La preocupación que tienen los abogados es que si esta tendencia se generaliza no tiene sentido utilizar el derecho a la defensa que es inexistente en la Fiscalía y que expone a los acusados en la etapa del juicio a no poder controvertir ese tipo de pruebas. De tal manera, sería mejor acudir a instancias internacionales.
Sobre estos aspectos llamó la atención hace una semana el representante Jim MaCGovern de los Estados Unidos, quien alertó sobre el nefasto papel de la Fiscalía colombiana y amenazó, de persistir esta situación, con bloquear ayudas económicas al ente acusador.
En definitiva, la justicia colombiana está entrando en un peligroso callejón antidemocrático. Al padre Javier Giraldo y a otro defensor de derechos humanos los acusaron de “falsa denuncia”, porque acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la impunidad en los crímenes oficiales a la Comunidad de San José de Apartadó. Como también están procesando campesinos obligados por la Fuerza Pública a “desmovilizarse” y acogerse a justicia y paz. Es otra forma de “falsos positivos”.
carloslozanogui@etb.net.co
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La forma en que fue resucitada por la Fiscalía General de la Nación en el sistema acusatorio es a través de una especie de “macroprocesos” o “procesos madre” del cual se extraen pruebas al detal sin que los abogados tengan acceso libre a ellos para examinarlos y ver las pruebas en el conjunto y no de manera selectiva en la medida que van abriendo los procesos penales. Esos “procesos madre” son secretos, los abogados sólo tienen acceso a las pruebas parciales que esgrime la Fiscalía contra su asistido. Es el caso de los computadores de Raúl Reyes, que nadie los ha visto y ningún abogado los conoce, apenas han salido unos documentos en formato Word, que los investigadores judiciales suponen son correos electrónicos que intercambiaron los acusados con el jefe guerrillero desparecido.
Pero como éste hay otros. Son una especie de “Lámpara de Aladino” de la cual extraen las pruebas que se pueden acomodar para enjuiciar a una persona sin el debido proceso y sin el derecho a la controversia de la prueba. Es una deformación antidemocrática de la justicia. Nada que ver con juicios transparentes y con las garantías procesales necesarias para la defensa. La preocupación que tienen los abogados es que si esta tendencia se generaliza no tiene sentido utilizar el derecho a la defensa que es inexistente en la Fiscalía y que expone a los acusados en la etapa del juicio a no poder controvertir ese tipo de pruebas. De tal manera, sería mejor acudir a instancias internacionales.
Sobre estos aspectos llamó la atención hace una semana el representante Jim MaCGovern de los Estados Unidos, quien alertó sobre el nefasto papel de la Fiscalía colombiana y amenazó, de persistir esta situación, con bloquear ayudas económicas al ente acusador.
En definitiva, la justicia colombiana está entrando en un peligroso callejón antidemocrático. Al padre Javier Giraldo y a otro defensor de derechos humanos los acusaron de “falsa denuncia”, porque acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la impunidad en los crímenes oficiales a la Comunidad de San José de Apartadó. Como también están procesando campesinos obligados por la Fuerza Pública a “desmovilizarse” y acogerse a justicia y paz. Es otra forma de “falsos positivos”.
carloslozanogui@etb.net.co
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