miércoles, 15 de abril de 2009

Análisis de paz.

Manuel Marulanda

Hace 25 años, el 28 de marzo de 1984, fue firmado el Acuerdo de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur Cuartas y el Secretariado de las FARC, que contempló un cese de fuegos bilateral, además del compromiso gubernamental de adelantar diálogos en la búsqueda de reformas políticas, sociales y económicas que le pusieran fin a la larga confrontación armada. Además, el acuerdo, anunció la creación de un movimiento político de unidad de la izquierda, en el cual pudieran actuar dirigentes y combatientes de las FARC-EP en el evento de lograrse acuerdos de paz estables y sostenibles.

El Acuerdo de la Uribe fue uno de los hechos más importantes del siglo XX en la búsqueda de la solución política negociada del conflicto colombiano.

Fue el primer intento de establecer diálogos de paz desde el Gobierno con la más importante guerrilla colombiana, en la búsqueda de la solución política negociada del conflicto interno. También la primera frustración. Si se preguntan las razones del fracaso, pues son las mismas también de los intentos posteriores en los gobiernos de Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana: el saboteo del militarismo, la oposición de los gobiernos estadounidenses y la ausencia de voluntad de paz de la clase dominante colombiana. Esta última siempre abogó por la pax romana o la paz de los sepulcros, nunca facilitó la negociación de aspectos estructurales y medulares de las raíces del conflicto. Pretendió negociar la rendición de la guerrilla sin modificar para nada las causas políticas, económicas y sociales del largo conflicto colombiano.

El Acuerdo de La Uribe nunca fue respetado por el Establecimiento. Los proyectos de ley en el orden político y social ni siquiera fueron presentados al Congreso de la República, con la excepción de la elección popular de alcaldes y gobernadores, pero esta última, aprobada al margen de la reforma política pluralista y democrática, se convirtió en una institución más al servicio de los caciques regionales y de las clientelas políticas tradicionales. Como lo demostró la historia reciente las elecciones de los alcaldes y gobernadores se convirtieron en instrumentos del narcoparamilitarismo como es evidente en la llamada “parapolítica” que salió a flote en los tres últimos años. Lo más grave fue el exterminio en la más completa impunidad de la Unión Patriótica, movimiento de unidad de la izquierda al cual querían llegar las FARC en el evento de un proceso de paz exitoso. La UP fue borrada del mapa político después del arranque que tuvo con fuerte influencia en ciudades y campos. Después nada fue igual. La desconfianza de la insurgencia en el Estado dominante fue total, como que agentes del mismo participaron de lleno en la protección del paramilitarismo y en la ejecución del genocidio de la Unión Patriótica.

“Los acontecimientos rebasaron la audaz y original política de Betancur, quien careció de la autoridad individual para ejecutar o decretar el cambio, o para negociar la reincorporación de los movimientos guerrilleros de la nación. Internamente no contó con suficientes aliados. La comunidad internacional estuvo ausente del proceso. El proceso de paz murió a causa de mil muertes pequeñas y se ahogó en un creciente mar de violencia”. (CHERNICK, Marc. Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado colombiano. Seis décadas de violencia. Veinticinco años de procesos de paz. Ediciones Aurora. Pág. 86. 2008. El proceso no contó con suficientes aliados dice ele scritor estadounidense Marc Chernick. Lo mismo que ocurrió después, en particular, durante el Gobierno de Andrés Pastrana. El comandante de las FARC, Manuel Marulanda, le diría al autor de este artículo en un reportaje para el semanario VOZ: “El presidente Pastrana está sólo. Lo dejó solo la clase dominante”.(VOZ ed. 2071 del 22 al 28 de noviembre de 2000, “Veo al presidente Pastrana muy débil”). Así advirtió la posibilidad de que agonizará la mesa de diálogo del Caguán.

BB nunca se encontró con Marulanda. Lo haría se encontraría después con Marulanda en Los Pozos, durante los diálogos del Caguán.


Hay un conflicto
El fracaso de Uribe y la seguridad democrática
La posición internacional
Colombianos y colombianas por la paz
Propuestas deben ser bilaterales para que tengan sentido

BB se encontraría después con Marulanda en Los Pozos, durante los diálogos del Caguán.

La gran pregunta es: ¿Por qué fracasó el proceso de paz en el gobierno de Belisario Betancur? Y es lo que elude la “gran prensa”, que prefiere ignorar el acontecimiento histórico. La clase dominante y los analistas burgueses se van por las ramas y le achacan la responsabilidad a la guerrilla, porque realizaron tal o cual acción militar, como si el cese de fuego, hace 25 años, no fuera violado una y otra vez por el Ejército que se dedicó a realizar acciones para dinamitar el proceso de paz y, lo peor, fue el genocidio de la Unión Patriótica, que borró del mapa el movimiento político que albergaría a los combatientes insurgentes tras la firma de un acuerdo de paz. Amén, que Belisario, presionado por los militares, la oligarquía criolla y los gringos, no fue capaz de asumir la discusión de las reformas mencionadas en el Acuerdo de La Uribe. Fue lo que dio al traste con el cese de fuegos, la tregua y la posibilidad de pactar la paz con democracia y justicia social.

Intentos fallidos

En los intentos posteriores, durante César Gaviria (Caracas y Tlaxcala) y Andrés Pastrana, se dialogó en medio del conflicto y toda acción militar gubernamental se reivindicó como válida, mientras las de la guerrilla, por equivocadas que fueran, se aprovecharon por el Gobierno como pretextos para romper los diálogos con la insurgencia. Es la ley del embudo. Aunque lo que demuestra –y es el análisis de fondo que tendrá que darse alguna vez en el país- es la falta de voluntad de paz del Establecimiento, por lo menos de una paz que abra el camino hacia la nueva Colombia de democracia y mayor justicia social. Distinta a la pax romana a la que aspira la oligarquía dominante, lograda sobre las cenizas de las guerrillas colombianas. Es el modelo que fracasó siempre.

Vale la pena este largo preámbulo a los distintos “hechos de paz” de las dos últimas semanas, incluyendo la larga Semana Santa, en la cual los obispos, el Gobierno Nacional y algunos miembros de “Colombianas y Colombianos por la Paz”, se han pronunciado desde distintos ángulos sobre las posibilidades de paz y formularon propuestas, incluyendo las del presidente Uribe Vélez, estás últimas acompañadas del acostumbrado lenguaje visceral e insultante.

Colombianos por la paz

Para “Colombianas y Colombianos por la Paz” hay que partir del nuevo acento político del Secretariado de las FARC, reflejado en las tres cartas en desarrollo del diálogo epistolar, sobre todo la última, en que se muestran dispuestos a iniciar la negociación del intercambio humanitario, anuncian la entrega de los restos del mayor Guevara, muerto en cautiverio, e insisten en la necesidad de buscar diálogos de paz para ponerle fin a la guerra. El Gobierno Nacional ha guardado silencio ante el importante documento y los grandes medios prefirieron desviar la atención de lo fundamental, porque llevaron el debate a las cifras de secuestrados y al supuesto canje de cadáveres que nunca fue planteado en la carta, como lo han explicado los integrantes de “Colombianas y Colombianos por la Paz”. Estos últimos, como lo informó la senadora Piedad Córdoba, están a la espera de una entrevista con Uribe Vélez para hablar en detalle sobre el contenido de la carta. La audiencia está solicitada pero aún no hay respuesta de la Casa de Nariño.

De otra parte, la Iglesia Católica y la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), casi al comienzo de la Semana Santa, anunciaron la propuesta del “Acuerdo Nacional por la Paz y la Reconciliación en Colombia” en una reunión con directores de medios de comunicación, entre ellos el del semanario VOZ, Carlos Lozano. La Iglesia y la CCN, “Busca que se suscriba un consenso de gobernabilidad por parte de las diferentes fuerzas políticas y sociales del país, en el que se convengan los puntos básicos de una política de paz y reconciliación que permita superar la confrontación armada que vive Colombia y encontrar una salida negociada”. Al respecto, la Iglesia y la CCN establecerán diálogos con la comunidad a través de foros regionales desde el segundo semestre de 2009.

Iglesia contra la reelección

De conformidad con el documento de la CCN es el aporte “a una salida política negociada del conflicto armado, con soluciones que sobrepasen las coyunturas políticas, que estén subordinadas a los intereses de la Nación en su conjunto y que no dependan de intereses particulares o de grupo; que propicien el esclarecimiento de la verdad, preserven la memoria y ayuden a la reparación de las víctimas, y que tengan en consideración criterios de desarrollo humano y social sostenible para la construcción de una Nación en la que reine la justicia”.

Monseñor Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal y de la CCN, ambientó la presentación de la propuesta con una larga entrevista a El Tiempo y declaraciones de prensa, en que convoca al debate nacional, se opone a la reelección de Uribe Vélez y plantea sin ambages la necesidad de cambios democráticos y sociales. Algunas voces criticaron que el prelado no se refiriera, en particular, al intercambio humanitario. Con todo, la posición de la Iglesia, saludada en distintos sectores de izquierda, muestra una actitud de mayor independencia y autonomía del Gobierno, diferente a la “línea Rubiano”, predominante en el pasado.

La “propuesta” de Uribe

También salió a relucir en Semana Santa la propuesta del presidente Uribe Vélez, quien insto a “los bandidos” a declarar un cese de hostilidades de tres o cuatro meses para iniciar un proceso de paz. La oferta fue calificada de ser por lo menos distinta a la guerra de los últimos siete años, aunque tiene la debilidad de ser una exigencia unilateral. A juicio de expertos y analistas en el tema no tiene perspectiva, porque un cese de hostilidades, cese de fuego o tregua, para que sea eficaz debe ser bilateral, es decir, comprometer a las dos partes. Sobre este tema también conversará Colombianos por la Paz en la anunciada audiencia con el mandatario colombiano.

Lo más importante en el último tiempo, es el alcance de “Colombianas y Colombianos por la Paz”, que se posicionó como el mejor interlocutor ante la insurgencia a través del diálogo epistolar e hizo renacer la esperanza de una nueva oportunidad para la paz negociada y la libertad de los secuestrados, amén de la posibilidad de concretar acuerdos mínimos entre las partes para la humanización del conflicto.

Como colofón de los hechos de paz en la Semana Santa la delegación de parlamentarios y sindicalistas británicos se pronunció antes de partir del país por el intercambio humanitario y por la solución política del conflicto, única vía para superar la degradación de la confrontación armada y la violación de los derechos humanos, dijeron.

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