Un año después

“Fue una victoria militar pero no política”

*Muchos análisis del Gobierno Nacional y de la “gran prensa” alejados de la realidad. Santos presiona a la justicia para que penalice a los facilitadores de paz, pero no tiene autoridad para hablar de este tema porque se reunió con Reyes en Costa Rica, para lograr el apoyo de las FARC en la conspiración contra el presidente Samper

*Hernando López

Un año después de los sucesos de Ecuador, tras la muerte de Raúl Reyes y la destrucción de su campamento en Ecuador, lo que constituyó flagrante violación de su soberanía nacional, no se ve por ningún lado el fin del fin ni la cercanía de la “madre de todas las batallas”, como lo asegura el Gobierno Nacional. La guerra continúa, más degradada y con mayor tragedia, afectada por los “falsos positivos” y las ejecuciones extrajudiciales, eludidas en su responsabilidad política por el locuaz ministro Juan Manuel Santos, quien trata de hacer méritos en su campaña presidencial.
Para Lázaro Vivero, periodista y facilitador de paz, el ataque de hace un año fue una victoria militar pero una derrota política del Gobierno, porque doce meses después las relaciones con Ecuador no se han podido normalizar, además hubo los reconocimientos de la OEA y el Grupo de Río de que sí hubo violación al territorio ecuatoriano.

El Gobierno de Colombia continúa defendiéndose porque existe la sospecha y también serios indicios de que esta operación fue de los Estados Unidos y las autoridades colombianas fueron simples peones, aunque Washington no puede reconocerlo. Para el Gobierno de Ecuador lo que hubo a 1.200 metros de la frontera con Colombia fue una masacre, porque allí no hubo ningún combate, además de la violación de su soberanía nacional. Con razón Bush dijo alguna vez que “Uribe hace todo lo que nosotros le decimos y algo más”.

Con Venezuela se mejoraron las relaciones diplomáticas después de momentos de tensión, pero nunca se normalizaron de manera definitiva hasta el punto que Caracas no ha enviado al nuevo embajador. En realidad Chávez sigue mirando con desconfianza al Gobierno de Uribe Vélez al que en su momento calificó de “mentiroso y mafioso”.

Presión la justicia

En las recientes celebraciones gubernamentales el primero de marzo pasado del primer aniversario de la muerte de Raúl Reyes en un campamento en Ecuador mientras dormía, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, arremetió contra la justicia colombiana porque no ha procesado a los facilitadores de paz, comprometidos, según él, en los hallazgos del computador del jefe guerrillero, convertido por el Gobierno en Lámpara de Aladino que da para todo. En declaraciones a radio Caracol, Santos dijo “que la cárcel está llena de personas por delitos menores que estos”.

Lázaro Vivero Paniza, periodista conservador y facilitador de paz, investigado por la Fiscalía, declaró que las cárceles colombianas también están repletas de gente inocente y que el ministro Santos no puede estar presionando de esta maner a la justicia que es una rama independiente del poder Ejecutivo”. De otra parte, Carlos Lozano, director de VOZ y quien hace cinco meses rindió indagatoria en el proceso judicial que le adelanta la Fiscalía 19 de la Unidad contra el Terrorismo, dijo que “Santos se cree un Emperador y constriñe a la justicia, ¿cómo se puede considerar así que hay garantías para el debido proceso y para un juicio limpio de las autoridades judiciales?”.

Según varios analistas consultados por este semanario, la Fiscalía está “engalletada” con estos procesos, precipitados por la presión gubernamental, y la Corte Suprema de Justicia ni siquiera se ha pronunciado, después de casi un año, en los casos de las senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez y del representante Wilson Borja, también mencionados en los hallazgos del computador.

La declaración de Coy
El hecho más trascendental fue la declaración del capitán Coy, oficial de la policía que conoció los computadores y memorias, que no han sido siquiera mostrados a los procesados y defensores, en el sentido de que no se trata de correos electrónicos, por lo menos el pantallazo o su copia fiel, como lo asegura de manera insistente y desesperada el ministro Santos, sino de documentos en formato Word que se supone provienen de correos electrónicos. Al respecto, destacados abogados penalistas le dijeron a este semanario, que en un juicio penal no sirven las “suposiciones” sino las certezas, lo único que se presume es la inocencia del sindicado hasta que no se le demuestre lo contrario. En este sentido, Lozano ha insistido en que nunca ha visto los famosos computadores o las memorias USB, tan mencionadas en todas partes como cuerpo del delito, “nadie me los ha mostrado, son como fantasmas a los que sólo tienen acceso el ministro Santos y los organismos de inteligencia, para fabricar pruebas y filtrarlas a la prensa”, dijo el director de VOZ.

En los medios de prensa se aseguró, también, que en los casos de William Parra y Alvaro Leyva, van a ser declarados ausentes, porque no han respondido a los llamados de la Fiscalía. Leyva le dijo a este semanario que no es cierto, sólo fue llamado una vez, pidió la postergación de la diligencia y no ha recibido nueva citación.

Santos sin autoridad

“Juan Manuel Santos no tiene autoridad para hablar de este tema, porque tiene rabo de paja”, le dijo a VOZ una persona que trabajó con él en la conspiración contra el presidente Ernesto Samper para tumbarlo y que solicitó la reserva de la identidad. Y anotó, también, que Santos, en 1996, se reunió en Costa Rica con Raúl Reyes, tomó vino con él, como lo registró una conversación de radio teléfono intervenida por las autoridades, y le solicitó apoyo para derrocar a Samper. El “conspireta”, como él mismo se autocalifica, le dijo a este semanario, que Santos también habló con el ELN y las AUC para obtener el mismo apoyo. Así lo han corroborado voceros de estas organizaciones ilegales. “Por ahí como que hay unas fotografías que muestran a Santos en amena tertulia con Reyes, al que ahora califica con los peores epítetos, después de su muerte en Ecuador”, dijo.

Análisis en VOZ 2481 del 4 de marzo de 2009

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