martes, 22 de abril de 2008

Un canje humanitario sin muchas probabilidades

*Carlos A. Lozano Guillén
Abogado y periodista, director del periódico VOZ

El canje humanitario tiene pocas probabilidades en Colombia. Después del ataque, en territorio ecuatoriano, del campamento guerrillero en donde fue muerto Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las FARC y vocero político público, se enrareció más el ambiente nacional e internacional y se provocó un mayor distanciamiento entre el Gobierno y la guerrilla, que hace difícil un acercamiento para la negociación.

No hay un interlocutor en las FARC, porque éstas temen que su exposición pública, como en el caso de Reyes, lo convierten en vulnerable. La muerte de Reyes significó un duró revés para el intercambio humanitario y la paz. Así lo reconocen tirios y troyanos, en particular después de que fracasó la misión humanitaria promovida por Francia y Suiza, precisamente porque no se encontró el interlocutor apropiado para concretar el acuerdo que garantizara el éxito de las mismas en las selvas colombianas.

Las FARC en un comunicado público anunciaron que no harán más liberaciones unilaterales y que sólo están dispuestas a acudir con sus voceros a Pradera y Florida (dos municipios en el departamento del Valle del Cauca al occidente de Colombia), despejadas de Fuerza Pública, para negociar el intercambio o canje humanitario, que incluye la liberación de los tres norteamericanos a cambios de los guerrilleros Simón Trinidad y Sonia, extraditados y condenados en cárceles de Estados Unidos. A la vez el Gobierno Nacional, en declaración de Luis Carlos Restrepo, alto Comisionado de Paz, dijo que bajo ningún punto de vista será decretada una zona de despeje ni en Pradera y Florida ni en otro sitio. Así las cosas, la posibilidad del intercambio humanitario quedó en un punto muerto.

La única posibilidad está en la colaboración del presidente Hugo Chávez Frías de la República Bolivariana de Venezuela, quien ya logró la liberación unilateral de cinco ex congresistas, el niño Emmanuel y su madre Clara Rojas, que estaban en su poder desde hace seis años. Chávez junto a los países amigos (Suiza y Francia) podría interceder ante las FARC para lograr más liberaciones unilaterales, además de mediar entre esta y el Gobierno en busca de negociaciones directas y positivas.

Sin embargo, también es un obstáculo la situación de crisis política en el país por la investigación que está en marcha contra sesenta parlamentarios de los partidos que respaldan al presidente Álvaro Uribe Vélez por nexos con los paramilitares y el narcotráfico. Es lo que se llama la “parapolítica”. Casi treinta congresistas están en la cárcel y otros treinta están siendo investigados, lo cual coloca al Gobierno y al presidente en difícil situación y en condición de ilegitimidad, pues los mismos votos que eligieron a los congresistas, mal habidos y en componendas con narcotraficantes y paramilitares, le sirvieron al presidente Uribe para ser elegido dos veces como mandatario nacional. Esta situación crea dificultades y un ambiente propicio para el canje humanitario y la paz. Aunque con la presión nacional e internacional, la solidaridad en el país y en el exterior, se podrá buscar caminos de entendimiento y de negociación.

El Gobierno contra la Corte Suprema de Justicia

El Gobierno decidió arremeter desde distintos flancos contra la Corte Suprema de Justicia, con mayor razón después que se conoció la decisión de investigar en previas a los senadores Nancy Patricia Gutiérrez, presidente del Senado y del Partido Cambio Radical y Carlos García Orjuela, presidente del Partido de la U, el mismo del ministro de Defensa Juan Manuel Santos y promotor de la segunda reelección del presidente Uribe Vélez.

El nerviosismo en las filas del Gobierno Nacional es evidente, unido a que ya son sesenta los congresistas uribistas comprometidos con la “parapolítica” en la que están salpicados el primo del primer mandatario, Mario Uribe y el ex director del DAS (policía política), Jorge Noguera, consentido de Uribe Vélez, entre otros, sin que se agote el escándalo, porque son más los senadores y representantes que serán convocados, así como funcionarios y ex funcionarios del Gobierno, militares y empresarios cercanos a la cuerda uribista. La situación es de pánico, hasta el punto que el domingo 20 de abril pasado, en la Casa de Nariño se realizó una reunión apresurada, para discutir el proyecto de la Reforma Política. Lo paradójico es que los asistentes fueron las cabezas de los partidos uribistas, los mismos que están cuestionados por la “parapolítica”. “Es como poner a un gato a cuidar el queso”, dijo un periodista, antes de que salieran los compromisarios uribistas. Los partidos que tienen a sus congresistas tras las rejas o cuestionados, son los que, apoyados en sus mayorías fraudulentas, se aprestan a aprobar la reformar política.

El presidente Álvaro Uribe Vélez habló desde uno de sus acostumbrados consejos comunales, para invitar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a actuar con objetividad y en derecho, lo cual fue de mal recibo en el organismo jurisdiccional, porque es evidente que así lo están haciendo y porque dicha advertencia se recibe más como una presión indebida que como un consejo paternal. De otra parte, el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, de manera abierta y descarada se fue lanza en ristre contra los magistrados, porque se están “ensañando” con el Congreso de la República. En reportaje al diario El Tiempo, el pasado domingo 20 de abril, Holguín asegura que la Corte actúa con “criterios ligeros” y en actitud desafiante dijo que “En el Gobierno no estamos ni arredrados ni arrugados ante la Corte Suprema de Justicia”.

Al filo de las ocho y media de la noche del domingo 20 de abril, la Casa de Nariño interrumpió la programación dominical de la televisión privada y nacional, para una corta alocución del presidente Uribe Vélez. Leyó un breve discurso sobre la reforma política y de las propuestas que harán a los partidos de la oposición en la cual ignoran la del Polo Democrático Alternativo de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin mucha profundidad, sin nada nuevo en el tema, el presidente se mostró opacado, casi que avergonzado ante las cámaras, en ningún momento exhibió su tradicional actitud pendenciera y arrogante, aunque como era de esperarse alegó sin argumentos y soportes falaces, que las investigaciones jurídicas son anteriores a su Gobierno. Algo está mal, algo le incomoda.

Lo cierto es que la crisis política no tiene precedentes, el Gobierno Nacional es ilegítimo porque está soportado en unas mayorías fraudulentas, logradas con financiación del narcotráfico y la presión criminal del paramilitarismo. A nadie le cabe la menor duda que el presidente Álvaro Uribe Vélez es el principal responsable de la “parapolítica”, se aprovecho de ella para montar su maquinaria electoral.

Colombia, un peligro en la región

En este marco es difícil prever en el corto tiempo espacios para las negociaciones del intercambio humanitario y la paz. Además, el gobierno colombiano incrementó en los últimos días la carrera armamentista, bajo el argumento que es necesario para enfrentar el conflicto interno, aunque tal situación crea nerviosismo en las fronteras, con mayor razón cuando existen contradicciones y distanciamientos con Ecuador y Venezuela, por lo menos. La información de prensa de hace pocos días, en el sentido que Colombia adquirió 25 helicópteros, 8 aviones, 13 mil armas y 187 blindados para transporte, es cínica, pues está precedida de las alarmas por la compra de aviones y otras armas por la República Bolivariana de Venezuela, cuya soberanía está amenazada de manera permanente desde el exterior por el intervencionismo de la Casa Blanca.

¿Cómo se puede criticar el supuesto armamentismo de los vecinos cuando el gobierno de Colombia se está armando hasta los dientes, para combatir a una guerrilla, que según sus voceros más autorizados está derrotada? Es paradójico, como también lo es que las compras bélicas se hagan después de la crisis en las fronteras de los primeros meses del presente año. Huele a provocación. Sin duda la decisión del presidente Uribe Vélez disparará la carrera armamentista, con el evidente peligro para la paz en la región y la afectación que este despilfarro tiene de dineros que bien podrían destinarse a la inversión social tan necesaria en estas latitudes.

Las adquisiciones uribistas tienen un costo de 5.8 billones de pesos, cuantiosa erogación en momentos que el Gobierno Nacional anuncia más privatizaciones en la salud y la educación, que convierten a estos dos sectores en inalcanzables para las clases populares. Hay quienes creen, por cierto con mucha razón, que Uribe Vélez está dispuesto a inventarse una “guerrita” con algún vecino para desviar la atención del espectáculo grotesco de la “parapolítica”, que compromete a su Gobierno, así él mismo pretenda hacerse el gringo, por las detenciones y vinculación jurídica de más de cincuenta congresistas de su cuerda política, entre ellos a varios de los seguidores “purasangre” con los que cuenta en el Congreso.

Realmente lo que está por llegar en el segundo semestre del presente año es un insulto al 60 por ciento de pobres que hay en Colombia. Cinco helicópteros Ml-17, 8 helicópteros Black Hawk, 12 helicópteros Rapaz (artillados), un avión Súper King 350, 3 aviones C-295 Casa, 8 aviones Supertucanos, 187 camiones blindados, 511 motos para la Policía, 3 lanchas patrulleras y 8 mil fusiles Galil, son los juguetes de guerra que adquirió el señor Juan Manuel Santos, con los cuales pretende ganar la guerra interna y amenaza a los vecinos en momentos de poca distensión. En el primer caso es absurdo y lo único que logrará es alejar las posibilidades de paz, además viola el principio de la proporcionalidad en el conflicto; en el caso de lo segundo es una peligrosa actitud en contravía del ambiente de cooperación y amistad que prevalece en América Latina.