Por Rodrigo López Oviedo
Según los datos conocidos, la muerte de Jorge Briceño, segundo al mando de las FARC, ocurrió en una operación militar en la que participaron 400 hombres, 30 aviones y 27 helicópteros, y se utilizaron 50 bombas y siete toneladas de explosivos. Con semejante despliegue, lo que en justicia puede decirse es que allí no hubo propiamente un combate que permitiera cantar victoria, y más bien sí un desborde de recursos y tecnología nunca antes conocido en nuestro país y contra el cual ningún poder humano hubiera podido hacer nunca nada.
Ignorante como soy en presupuestos bélicos, no me atrevería a señalar una cifra de costos de esta operación, pero sí podría aventurarme a conjeturar que si iguales fueran los montos que se requirieran para abatir al resto del estado mayor de esta guerrilla, necesitaríamos varios presupuestos anuales de educación o de salud para lograrlo, sin que con ello quedaran resueltos los problemas de la guerra, pues esta se encuba en los cinturones de miseria de los centros urbanos; en las laderas sin agua, sin luz y sin abono de las pocas parcelas que aún quedan en manos campesinas; en el creciente número de cambuches de desplazados y, en general, en todas las manifestaciones de pobreza que sufre nuestro pueblo.
Cuando la Corte Constitucional se manifestó imperativa sobre la necesidad de nivelar el POS subsidiado con el contributivo para eliminar la odiosa discriminación en salud que sufrimos los colombianos, el candidato Juan Manuel Santos se apresuró a incluir tal compromiso entre sus promesas de campaña. Sin embargo, por continuar sumiso ante los dictados imperiales, que son los que han impuesto sobre la paz las prioridades de la guerra, el hoy Presidente no tuvo empacho en hacerle el quite a ese compromiso, respecto del cual ha dicho que sí lo cumplirá, pero dentro de cinco años.
Por eso, en lugar de aprovecharse de este costosísimo golpe para prolongar una guerra en la cual se han utilizado las más sofisticadas armas con resultados favorables apenas sí esporádicos, Santos debería demostrar que efectivamente tiene en sus manos la llave de la paz y que puede utilizarla, pero no para exigir la rendición incondicional de una guerrilla que ha demostrado no tener ningún interés en proceder a ella, sino para tender puentes de acercamiento hacia la paz, aprovechando las reiteradas ofertas de la Iglesia, de los sectores democráticos y de la comunidad internacional. De seguro que estos caminos son menos caros en vidas y recursos y más efectivos en logros, si se abordan con sinceridad, con propósitos previamente concertados y sin las trampas que hicieron fracasar los diálogos del Caguán.
Según los datos conocidos, la muerte de Jorge Briceño, segundo al mando de las FARC, ocurrió en una operación militar en la que participaron 400 hombres, 30 aviones y 27 helicópteros, y se utilizaron 50 bombas y siete toneladas de explosivos. Con semejante despliegue, lo que en justicia puede decirse es que allí no hubo propiamente un combate que permitiera cantar victoria, y más bien sí un desborde de recursos y tecnología nunca antes conocido en nuestro país y contra el cual ningún poder humano hubiera podido hacer nunca nada.
Ignorante como soy en presupuestos bélicos, no me atrevería a señalar una cifra de costos de esta operación, pero sí podría aventurarme a conjeturar que si iguales fueran los montos que se requirieran para abatir al resto del estado mayor de esta guerrilla, necesitaríamos varios presupuestos anuales de educación o de salud para lograrlo, sin que con ello quedaran resueltos los problemas de la guerra, pues esta se encuba en los cinturones de miseria de los centros urbanos; en las laderas sin agua, sin luz y sin abono de las pocas parcelas que aún quedan en manos campesinas; en el creciente número de cambuches de desplazados y, en general, en todas las manifestaciones de pobreza que sufre nuestro pueblo.
Cuando la Corte Constitucional se manifestó imperativa sobre la necesidad de nivelar el POS subsidiado con el contributivo para eliminar la odiosa discriminación en salud que sufrimos los colombianos, el candidato Juan Manuel Santos se apresuró a incluir tal compromiso entre sus promesas de campaña. Sin embargo, por continuar sumiso ante los dictados imperiales, que son los que han impuesto sobre la paz las prioridades de la guerra, el hoy Presidente no tuvo empacho en hacerle el quite a ese compromiso, respecto del cual ha dicho que sí lo cumplirá, pero dentro de cinco años.
Por eso, en lugar de aprovecharse de este costosísimo golpe para prolongar una guerra en la cual se han utilizado las más sofisticadas armas con resultados favorables apenas sí esporádicos, Santos debería demostrar que efectivamente tiene en sus manos la llave de la paz y que puede utilizarla, pero no para exigir la rendición incondicional de una guerrilla que ha demostrado no tener ningún interés en proceder a ella, sino para tender puentes de acercamiento hacia la paz, aprovechando las reiteradas ofertas de la Iglesia, de los sectores democráticos y de la comunidad internacional. De seguro que estos caminos son menos caros en vidas y recursos y más efectivos en logros, si se abordan con sinceridad, con propósitos previamente concertados y sin las trampas que hicieron fracasar los diálogos del Caguán.
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