martes, 13 de julio de 2010

Ingrid está en todo su derecho


Por: Lázaro Vivero Paniza

Gústenos o no lo que pretende Ingrid Betancourt, está en todo su derecho de conciliar, de demandar al estado colombiano si cree que se le vulneraron los derechos que, como reza en la Constitución Política de Colombia, deben de ser iguales para todos.

Que pensemos que actúa egoístamente, que como dijo el vicepresidente Francisco Santos catalogándola con todos los epítetos que se le vinieron a la cabeza, ella ni ninguno de nosotros, tenemos que actuar como los demás crean cuando de defender los derechos individuales se trata.

Nos acostumbramos a actuar y hablar según el momento, según quien en los medios de comunicación lo afirme y así, dentro de un estado de derecho no son las cosas.

Si creo que se me está dejando sin protección por parte del estado cuando me atracan en una vía concurrida o no, de una ciudad o de algún lugar del territorio colombiano y con ello, se vulneran mis derechos, sería mi obligación demandar.

Es lo mismo en este caso y si los requerimientos que se le hicieron en el momento hacen que la responsabilidad de lo acontecido no recaiga en la fuerza pública, serán los jueces quien lo determine y no la ciudadanía en general.

Se valorarán los hechos, pero todos tenemos el derecho y la obligación constitucional de hacer lo que creamos debemos hacer.

Políticamente tendrá su costo, ya que lo que se afirma es que la mayoría de los colombianos rechazan esta pretensión y se ve incluso como muchos, tratando de hacer que las opiniones sean desfavorables para ella, aduciendo incluso que debería estar agradecida con los militares como lo dijo monseñor Pedro Pubiano, estarán pensando que debería ir a una hoguera para ser quemada en público por desagradecida.

No todos pensamos como ellos. En mi caso respeto la decisión que toma una ciudadana y analizando con cabeza fría, me parece un hecho además plausible que ayuda a determinar quien podría o tiene en últimas la razón.
Voy a dar un ejemplo que puede servir. En la vía Florencia San Vicente del Caguán existían en la época varios retenes militares y, esporádicamente salían retener guerrilleros.

Cuando transitaba uno por allí, si existían los últimos, la fuerza pública no permitía el paso de vehículos así fuera el mismísimo Santo Padre. Me pregunto si la insistencia de la candidata era tan grande, ¿por qué en alguno de estos retenes no se impidió el paso a sabiendas de que como se lo habían dicho, existía mucho riesgo porque había enfrentamientos?

Debería haber sucedido así y esto a mi modo de ver, puede ser una causal para señalar que no se le dio la protección necesaria.

Acá no podemos seguir manejando las cosas por pasión como lo han venido vendiendo. Lo que sucede con esta pretensión es ni más ni menos un acto de derecho dentro de una democracia que entre otras, debemos respetar.

Todos los colombianos sin distingo, si respetamos el principios de que democracia es “un estado mental en donde los derechos y deberes son por igual”, deberíamos aplaudir lo que pretende Ingrid Betancourt y esto, no tiene nada que ver con lo plausible de la operación “JAQUE”

Que sea bien visto o no es otro cuento, pero no tengo duda de que si gana el pleito, serán muchísimos los demandantes y estarían también ellos en todo su DERECHO.

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jueves, 8 de julio de 2010

¡Festival de VOZ en Pereira!


Es el tema de actualidad

Esta nota para invitarlos muy especialmente a que nos acompañen el próximo domingo 11 de julio en el parque Olaya Herrera Sector de las canchas frente a Uniplaza.

Podrán compartir un día muy agradable con sus familiares y amigos. Tendremos comidas, bebidas, presentaciones culturales y artísticas, canta-pisteros , juegos infantiles, inflables, concurso de pintura infantil, es decir todo para que pasemos un día muy entretenido con nuestras familias y amistades en un sano y variado esparcimiento.

Tenemos a su disposición para la venta los bonos de apoyo a $ 10.000. los cuales le dan la oportunidad de compartir el importante espectáculo y a la vez degustar un suculento almuerzo. Por este medio me pueden solicitar sus reservas.

La variedad de comidas, bebidas, Pasabocas y otras viandas no faltaran.

La fabulosa orquesta de Cooeducar con su repertorio muy variado, al igual que el de Hierbabuena y Papa Boco lo harán vivir un día absolutamente inolvidable.

Ahh… La FINAL DEL MUNDIAL NO SERA EXCUSA, PUES TAMBIEN ESTARA ALLI PROYECTADA .

También podrán adquirir la literatura mas variada libros, revistas ,CD y desde luego VOZ LA VERDAD DEL PUEBLO

Anímese y venga con su familia

SERÁ UN PLACER ATENDERLOS

Los esperamos

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El concejal del Polo Democrático Alternativo, Fernando Arias Cardona: Festival de Voz reivindica el arte pereirano



El concejal del Polo Democrático Alternativo, Fernando Arias Cardona, invitó a la población pereirana a participar en el Festival de Voz, que se realizará en el parque Olaya Herrera, desde las ocho de la mañana, el próximo domingo, 11 de julio, donde se conmemorará los 52 años del periódico Voz, reconocido por ser una prensa alternativa, que ha tenido un duro trasegar por la historia colombiana.

“El Festival de Voz no sólo busca reivindicar la verdad y la otra cara de la noticia, sino también el arte pereirano, la gastronomía de la ciudad, el deporte, los juegos infantiles, mediante una programación variada durante todo el día para los ciudadanos que con sus familias deseen acercarse” aseguró el edil de izquierda, quien explicó que el mencionado Festival se realiza en diferentes partes del país desde hace 26 años como forma de financiación y de visibilizar la prensa alternativa.

Refiriéndose al festival de Voz que se realizará el próximo 11 de julio, en el parque Olaya herrera, en Pereira, desde las 8 de la mañana, el concejal del Polo Democrático Alternativo, Fernando Arias Cardona, expresó, “El Festival no sólo busca reivindicar la verdad, sino también el arte pereirano, la gastronomía de la ciudad, el deporte, los juegos infantiles, por lo que hay una programación variada que se estará desarrollando durante todo el día para todos los ciudadanos que con sus familias deseen acercarse ”.

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“La votación que obtuvo Petro no lo habilita para actuar por su cuenta”


Entrevista a Carlos Gaviria Díaz

Por Otto Ruiz Alcocer, El Heraldo, Barranquilla, julio 6 de 2010

El ex presidente del Polo Democrático Alternativo Carlos Gaviria Díaz criticó los contactos que mantiene el ex candidato Gustavo Petro con el presidente electo Juan Manuel Santos, por considerar que ese tipo de acciones debe depender del Comité Ejecutivo. En entrevista con EL HERALDO hizo un llamado a sus copartidarios para evitar la división de la colectividad.
¿Cómo evalúa el comportamiento del Polo en la campaña?

Yo pienso que la campaña fue buena para el Polo; me parece que Gustavo Petro cumplió un buen papel, especialmente en el momento en que retomó su discurso de izquierda, porque al principio estaba muy desdibujado, pretendiendo asimilarse a los candidatos de centro, que prácticamente eran todos. En los debates me parece que salió muy bien librado y que la votación fue bastante digna. Ahora lo que toca es volver a enfrentar circunstancias que pueden amenazar nuevamente la unidad del Polo, que es necesario preservar.

¿Cómo le parece la entrevista con Santos?

La entrevista de Gustavo Petro con Santos ha producido dentro del Partido distintas opiniones, controversia, lo que es natural, y es necesario preservar la unidad; hacer esfuerzos grandes para que este episodio no sea motivo de división.

Si Petro hizo tan buena representación, ¿por qué no se tiene en cuenta su vocería?

Por una razón: en un Partido como el Polo, que es un partido democrático, hay órganos directivos, instancias que toman decisiones. En un partido democrático las cosas deben ser de esa manera. Yo no creo que la votación que se obtenga habilite a nadie para obrar por su cuenta y riesgo, sin contar con las instancias del Partido. Temas como los que él propone son pertinentes, pero deben ser discutidos en el Comité Ejecutivo.

Pero Petro dice que él tiene los derechos que consagran los estatutos a los miembros de la base…

Pero hay que hacer un esfuerzo grande para interpretar que esos votos lo están autorizando a él para hacer lo que hace. Yo no sé si la consulta con la base ratificaría la actuación de Gustavo o no la ratificaría. De momento a lo que hay que atenerse es a que las propias bases han elegido directivas y que esas directivas toman decisiones democráticas, a las que cualquier militante, incluido el candidato, deben atenerse.

¿Usted avalaría que Petro busque que sus programas se ejecuten?

Yo tengo allí serias discrepancias. Soy de quienes piensan que en una democracia el esquema gobierno-oposición es necesario, y que si el gobierno escoge alguno de los temas de la oposición no es necesario que ésta esté allí representada para que los ejecute. En cambio, una entrevista a solas con un presidente puede dar lugar a muchas elucubraciones, que pueden ser evitadas.

La percepción es que hoy el Polo está dividido...

Eso lo vengo oyendo desde que yo era candidato. Naturalmente que son inocultables las discrepancias, pero eso es normal en un partido democrático. El quid del asunto está en que sepamos dirimir esas discrepancias de una manera civilizada; no a través de los medios, sino en el seno de las instancias democráticas del Partido.

¿Es viable la formación de un movimiento petrista en el seno del Polo?

Eso si no lo sé; a mí me parece que no son convenientes los personalismos, los caudillismos, el robledismo, ni el gavirismo, ni el petrismo, etc. Me parece que debe haber unidad en torno al ideario, en torno a los propósitos ideológicos del Partido.

¿Su idea entonces es oposición y cero burocracia para el Polo?

Mi opinión es esa, y yo la vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo. Me parece que no podemos volver al Frente Nacional, cuando los partidos no tenían ninguna discrepancia ideológica.

¿Está de acuerdo con el gobierno de unidad nacional que plantea Santos?

Yo pienso que eso es pura retórica. No es posible que en un país donde hay sectores tan disímiles todos tengan exactamente los mismos propósitos y las mismas metas. Justamente la unidad nacional está en reconocer que hay dentro del país distintas opciones y distintos proyectos ideológico

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martes, 6 de julio de 2010

¿Acuerdo humanitario o rescates militares?


Por: Laura Ardila Arrieta, El Espectador

Marleny Orjuela: Qué bueno tener por fin esta conversación. Con el sentimiento de que el 7 de agosto se van, doctor Pearl. Le hemos dado gracias a Dios por el reciente rescate de nuestros familiares. Son muchos sentimientos encontrados por los que se quedan. Pero bueno, es que somos una sola familia, la familia del dolor.

Frank Pearl: Podemos ser la familia de la esperanza.

M.O.: Sí, doctor. Y yo ahí, bueno, como me ha conocido, sigo como la voz cantante detrás de los que pueden poner un grano de arena para solucionar esto. Verlo ahora me da alegría, porque cuando nos vimos durante la entrega de los restos del mayor Guevara fue muy triste. Ese día todo fue muy triste para la pobre doña Emperatriz, ejemplo de dignidad, de amor y de respeto.

F.P.:Qué señora tan sabia y tan generosa.

M.O.: Nosotros todos les agradecemos por haber traído a tantos vivos y libres, pero nos da mucho miedo, y en esto no podemos mentir, porque ¿quién garantiza que todos los rescates sean exitosos? Por esa razón continuamos pidiendo: acuerdo sí, guerra no. Es muy importante el acuerdo, lo otro no genera seguridad. Vamos a ver qué pasa con el nuevo presidente. Porque las operaciones ‘Jaque’ y ‘Camaleón’ nos trajeron alegría, pero no olvidamos lo que pasó en Urrao, Antioquia. Eso fue fatal. Ahora vivimos esta felicidad, este nuevo rescate. Mire que a mí me cogió tan de sorpresa. Me aprestaba a ver un partido de Alemania en mi casa cuando salió la noticia. Me agarré la cabeza, se me despelucó la piel. Enseguida llamé a las familias y estaban envueltas en un mar de lágrimas. Les dije a las madres: viejitas, así quería verlas. Llorando ya no de dolor, sino de alegría. Usted, doctor Pearl, aunque se vaya del Gobierno en pocos días, es mucho lo que puede seguir haciendo por nosotros.

F.P.: Ojalá todos podamos hacer algo. Este es sin duda el tema más duro y más difícil de todos los temas sobre los cuales uno tiene responsabilidad. Duele mucho. Es imposible que no duela. Que uno no piense en los secuestrados todos los días. Es un drama horrible. Y es un asunto en el cual hay dilemas éticos, porque el corazón dice que quisiera hacer una cosa, pero las responsabilidades de Estado a veces señalan otra distinta. Tengo la certeza de que cada paso que se dé tiene que ser para que no se vuelva a secuestrar. Sobre el tema de los recientes rescates hay una cuestión que a mí me gusta mucho: ¿en qué se diferencian éstos de las operaciones de rescate humanitario? En ninguno de los dos casos el personal va armado. Lo que hizo el Ejército fue un rescate humanitario. Las Fuerzas Militares han tenido que abortar muchas de estas operaciones de rescate, cuando ven que existe algún riesgo. Eso debe darnos tranquilidad. Y esa es la vía, mientras no haya voluntad por parte de las Farc.

M.O.: Nosotros reconocemos los rescates y también las liberaciones unilaterales en las que ha ayudado la senadora Piedad Córdoba. En ese sentido, vemos que ambas partes quieren. Las Farc, cuando quieren, hacen esas liberaciones. Ahora bien, resalto que ellos, la guerrilla, son los primeros responsables de la vida de nuestros familiares secuestrados. No obstante, el Gobierno tiene la responsabilidad de buscar una salida pacífica. Yo sé que cuando el orgullo político y militar de ambas partes se termine podrá haber un acuerdo. Mire que hasta los términos en los que se refieren los unos a los otros impiden el acercamiento. Por ejemplo, que a las Farc les digan terroristas. Aunque desde hace poco vengo viendo que el Presidente se refiere a ellos como guerrilleros.

F.P.: ¿Cómo interpretas eso del Presidente?

M.O.: Positivo, porque si las partes se hablan con respeto hay posibilidad de diálogo. No más odio, hay que decirles a ambas partes. Cada vez que veo a los que salen me apego más a mi lucha y al Derecho Internacional Humanitario, porque nuestra lucha libertaria va a continuar (llora).

F.P.: Llore tranquilamente. En estos temas a veces es inevitable llorar. Es necesario, incluso. Yo, cuando me reúno con las familias, salgo con el corazón desbaratado de ver sus dramas. Alguien me preguntó recientemente que cuáles eran las satisfacciones de mi trabajo, y yo respondí que nunca me había sentido tan realizado profesionalmente. Pero también la frustración es inmensa. Sobre el tema del DIH hay algo de fondo, y es que no se puede equiparar a las Fuerzas Militares con las Farc. Uno no puede comparar, por decir algo, a un coronel con un mando medio de las Farc. Mientras uno hace cosas que atentan contra la vida, el otro defiende la vida.

M.O.: Usted habla de equipararlos, pero yo digo que la dignidad de uno y otro es la misma. Reconocerlos como humanos es el principio para construir país.

F.P.: Digamos que como personas sí son iguales, pero como miembros de unas entidades sus fines son muy distintos.

M.O.: Yo, leyendo un día un libro de Fals Borda, vi una frase que no se me olvida: si la política la hacen los humanos, ¿dónde están los humanos? Aprovecho para preguntarle a usted, ¿por qué si hay víctimas, el Estado no reconoce el conflicto armado?

F.P.: Ahí entramos en temas de definiciones jurídicas y políticas que pueden ir en contra del proyecto político de una sociedad. No reconocer el conflicto nunca implica el desconocimiento de las víctimas. Cuando uno entra en la discusión de si hay conflicto o no se puede encontrar con barreras grandes. Este Gobierno se va con la frustración de no haber terminado la tarea en el tema de los secuestrados, pero me queda la tranquilidad de que intentamos todo.

M.O.:Le tengo una pregunta de corazón que siempre me ha rondado: ustedes excarcelaron a Granda y a 150 guerrilleros más. Si hubiesen hecho un acuerdo por esos guerrilleros y Granda, los nuestros estarían aquí. Pero ustedes los dejaron libres a cambio de nada. ¿Por qué?

F.P.: Probablemente se hubiera podido hacer, lo que pasa es que las condiciones de ese momento indicaron que lo que querían ver las Farc era un gesto unilateral. De esos 150, liberamos 135. De esos, 120 ingresaron al programa de reinserción, y hay 15 que no sabemos dónde están.

M.O.: 16 con Granda.

F.P.: Claro, pero piense que valió la pena, por 120 familias que volvieron a sonreír.

M.O.: ¿Pero sí ve que lo que digo es verdad? Ambas partes tienen gestos que hacen pensar en una buena voluntad.

F.P.: Por eso la tarea es seguir insistiendo y buscando canales. Eso es lo que estamos haciendo. No se trata de abrir una puerta giratoria y que por un lado salgan 20, pero por el otro entren 100.

M.O.: Nuestra posición es que se sienten las dos partes, con la comunidad internacional vigilando, y que realmente las Farc terminen con el secuestro para siempre. Que el testigo sea el mundo.

Marleny Orjuela: la luchadora

El 3 de agosto de 1998 cambiaron para siempre los planes de vida de la contadora pública tolimense Marleny Orjuela. Ese día, en Miraflores, Guaviare, la guerrilla secuestró a su primo, el subintendente de la Policía Hernán Alexánder Zambrano. Desde entonces, y aunque el joven fue liberado tres años después, no ha dejado de exigir la libertad inmediata de los uniformados en cautiverio. El 19 de enero de 1999, en compañía de otras familias víctimas, fundó la asociación Asfamipaz, que agrupa a los seres queridos de los militares y policías retenidos. Todos los martes sin falta lidera un plantón libertario en la Plaza de Bolívar, inspirado en las Madres de la Plaza de Mayo, de Argentina. Hace gestiones en pro de su lucha ante el Estado y la comunidad internacional. No es gratuito, pues, que cuando salen todos ellos la llamen con cariño “Mamá Marleny”.

Frank Pearl: el activista

Frank Joseph Pearl González es un economista que desde hace mucho fue tocado por algunas causas sociales, las cuales se ha dedicado a defender y a apoyar públicamente. En 2002, por ejemplo, fue cofundador del movimiento ciudadano ‘No más’, que promovió marchas pacíficas a favor de la paz. De la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas saltó a la oficina del Alto Comisionado para la Paz. El cargo lo dejará dentro de pocas semanas debido a la llegada del nuevo Gobierno Nacional. Se va a estudiar un año en el extranjero. “Ojalá hubiésemos tenido algo más de tiempo, unos seis meses más, para dejar concretadas varias cosas que se están cocinando”, dice.

www.elespectador.com

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Consejo de Estado rechazó demanda contra bases militares estadounidenses en Colombia


La importante y muy sustentada demanda instaurada el 15 de Diciembre de 2009 por el abogado Luis Carlos Domínguez Prada en nombre del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos para que se declarara la nulidad del “Acuerdo Simplificado” suscrito entre los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos para instalar en el país siete bases militares norteamericanas, acaba de ser rechazada por el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo.

No obstante lo fundamentado de la acción interpuesta en la cual se demuestra que el Acuerdo es un verdadero tratado internacional que debió cumplir los requisitos y surtir los trámites constitucionales e internacionales propios de este tipo de instrumentos -ausentes todos en el acuerdo demandado-, el Consejo de Estado se pronunció después de seis meses rechazando la demanda por improcedente.

La Corporación no entró a considerar los argumentos expuestos por el abogado Domínguez Prada, ni se pronunció sobre si el acto cumplía o no los requisitos constitucionales para una derogatoria tan trascendental de la soberanía nacional, sino que reprodujo en extenso lo que la Corporación dijo hace cuarenta años al decidir las numerosas demandas presentadas contra la nota diplomática de la Cancillería que le entregó a Venezuela los islotes de Los Monjes. “Este tribunal -dijo entonces-, carece en absoluto de jurisdicción y de competencia para conocer o pronunciarse contra cualquier acto gubernamental calificado como de gobierno o político, que concierna a su potestad de dirigir las relaciones internacionales e involucre la voluntad de otro Estado”.
Es decir, el Consejo de Estado rechaza de plano la demanda pues considera que el acto no cae bajo la jurisdicción del derecho interno, con lo cual el agravio a la soberanía nacional queda sin posibilidad de reparación o desagravio.

Consultado el abogado Luis Carlos Domínguez sobre la suerte corrida por esa acción acerca de la cual había justificada expectativa en amplios sectores jurídicos y políticos del país, manifestó que lamentaba el pronunciamiento de la alta Corporación, teniendo en cuenta que la demanda partía de la base indiscutida de que no se había formalizado un Tratado, caso en el cual podría tener razón el Consejo de Estado o al menos la jurisdicción para conocer de él sería de la Corte Constitucional. Pero además, darle apariencia de Tratado –o Acuerdo simplificado basado en uno anterior- a lo que era un simple acto administrativo de la Cancillería, no debería impedir el control de legalidad y de constitucionalidad sobre él, por cuanto ello implica una verdadera derogatoria del Estado de Derecho: el gobierno cede la soberanía nacional, v. y gr. entrega el territorio de un departamento a una nación vecina; pero como no lo hizo mediante un tratado, pues no tiene control de la Corte Constitucional. Y como es un acto de gobierno concerniente a las relaciones internacionales y compromete la voluntad del estado agraciado, pues tampoco tiene control del Consejo de Estado esa donación. En fin, el peor de los escenarios; que por lo absurdo de las posibilidades que él permite como en el caso ejemplificado, debe, tiene que ser replanteado más temprano que tarde. “Panamá y Los Monjes son dos heridas que no se pueden repetir” concluyó el jurista.

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viernes, 2 de julio de 2010

Las víctimas de Mampuján apelan la primera sentencia de Justicia y Paz


Aunque después de cinco años de Justicia y Paz por fin se logró condenar a dos ex ‘paras’, las víctimas rechazaron la decisión y apelaron. El problema de fondo es saber si hay voluntad y dinero para reparar los sobrevivientes de la violencia paramilitar.
El martes pasado una audiencia colmada de abogados de víctimas, funcionarios de la Comisión de Reparación y Reconciliación (Cnrr), empleados de la Defensoría del Pueblo y periodistas esperaban con impaciencia el primer fallo de Justicia y Paz en casi cinco años de proceso (Ver multimedia: Mampuján, la primera sentencia de Justicia y Paz).
El Tribunal Superior de Bogotá juzgó a los dos ex jefes paramilitares Edwar Cobos, alias ‘Diego Vecino’ y Úber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’ por la masacre de 11 campesinos y el desplazamiento de 300 familias en Mampuján, un corregimiento de María La Baja, Bolívar, el 10 y 11 de marzo.

Si bien la magistrada Uldi Teresa Jiménez condenó a los dos ex jefes paramilitares ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ a una pena alternativa de ocho años de cárcel por contribuir con la justicia, la verdad y la reparación, lo que todos los asistentes esperaban era el monto de la reparación que el Tribunal establecería para las víctimas.

Como este fue el primer fallo de Justicia y Paz, tenía que marcar un precedente para la reparación de las más de 281 mil víctimas del paramilitarismo registradas hasta hoy ante la Fiscalía.

Para los hijos, los padres y los esposos de los 11 campesinos que asesinaron las autodefensas el Tribunal ordenó que el Fondo Nacional de Reparación les pague 40 millones a cada uno de los miembros, con un máximo de 240 millones para toda la familia. Y que los hermanos de los asesinados sean indemnizados con cuatro millones de pesos.

Cada uno de los 1081 desplazados de Mampuján recibirá por su parte 17 millones de pesos, con un máximo de 120 millones de pesos por familia y las siete personas que fueron secuestradas, que los ‘paras’ usaron como guías en la arremetida contra el pueblo, obtendrán 30 millones de pesos.

La magistrada Uldi Teresa Jiménez tasó el total de la reparación en 20 mil millones de pesos, además de ordenar inversiones al Estado para construir escuelas, puentes, carreteras, redes de servicios públicos y programas económicos y educativos en Mampuján.

Sin embargo las pretensiones de las víctimas estaban muy por encima de lo que dictó el Tribunal, pues por cada familia de víctimas de la masacre pedían un promedio de mil millones de pesos y por cada familia desplazada entre 460 y 500 millones de pesos. Por eso todos los abogados de las víctimas apelaron la decisión, así como la Procuraduría, la Fiscalía y los paramilitares.

Lo que pudo establecer VerdadAbierta.com es que la estrategia de las víctimas fue pedir grandes cantidades de dinero para llegar a un acuerdo intermedio, sin embargo les sorprendió que sólo les dieran 40 millones de pesos por víctima de homicidio y 17 por desplazado.

Al final del juicio una defensora de víctimas le dijo a VerdadAbierta.com que no les quedaba otra vía que apelar: “Con la reparación administrativa (la que el Estado otorga sin pasar por un juicio) le dan a la víctima de asesinato, desplazamiento o desaparición unos 15 millones de pesos. Para qué someter las víctimas, todo el aparato judicial, al Estado a tanto desgaste para tan poquito”.

Sin embargo, es claro que por ser el primer fallo de Justicia y Paz, la decisión de la magistrada Jiménez es la base para los demás juicios y reparaciones que deberán asumir los desmovilizados de las Auc. Por eso el Tribunal buscó llegar a un monto realista frente al Fondo de Reparación y al presupuesto nacional.

¿Cómo llegó el Tribunal a esta cifra?
Según los cálculos de la magistrada Uldi Teresa Jiménez, la masacre y el desplazamiento de Mampuján sólo representan 0,39 por ciento de los crímenes de los ‘paras’ en Colombia.

Así, con base en el promedio que cada víctima de Mampuján reclama, 645 millones de pesos, el monto total de reparación para todos los sobrevivientes de la violencia paramilitar en Colombia alcanza 610 billones de pesos, más de tres veces el presupuesto de 2010 del estado colombiano.

Por eso el Tribunal basó su cifra final en lo que el Estado colombiano le tocó pagar a víctimas de las autodefensas por las condenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por las masacres de Pueblo Bello y de Ituango: alrededor de 240 millones de pesos por familia.

Sin embargo, abogados de las víctimas le dijeron a VerdadAbierta.com que “estos cálculos deslegitiman el proceso, no se puede calcular cómo si todas les víctimas fueran a ser reparadas al mismo tiempo. Además no está probado que las 280 mil víctimas registradas en realidad lo sean”.

Otro defensor añadió: “Acá no hacemos consideraciones presupuestales, estamos hablando de vidas destruidas, de muertos, masacres”.

¿Dónde conseguir el dinero para reparar?
A pesar de las diferencias sobre el monto de reparación, la magistrada Uldi Teresa Jiménez constató un evidente problema con el Fondo Nacional de Reparación, que sólo cuenta con 33 mil millones de pesos para reparar las 280 mil víctimas de los ‘paras’. Lo que quiere decir, en palabras de la magistrada Jiménez, que el dinero “sólo alcanzaría para atender 0,39 por ciento de las víctimas” o a darle a cada una 118 mil pesos, menos de la mitad de un salario mínimo.

“El fondo del problema es saber qué voluntad tiene el Estado para reparar a las víctimas. De todos modos hay que meterse la mano al bolsillo, la pregunta es saber qué tan hondo” le dijo a VerdadAbierta.com un defensor de víctimas de la Defensoría del Pueblo.

Según la ley de Justicia y Paz, la reparación tiene que salir del Fondo Nacional de Reparación, que maneja Acción Social. El Fondo está constituido por dineros mixtos que salen del presupuesto del gobierno; los bienes y el dinero que los ‘paras’ han entregado voluntariamente y otra parte constituida por eventuales donaciones extranjeras.

El problema es que los ‘paras’ hasta ahora han entregado sólo 33 mil millones de víctimas (entre bienes y dinero en efectivo), por eso el Tribunal ordenó nuevas medidas para que se obtengan más recursos y así garantizar la reparación a las víctimas de estos dos ex paramilitares.

En primer lugar, el fallo pidió que los parapolíticos también tengan que responder a las víctimas y que sus bienes tienen que pasar al Fondo Nacional de Reparación. También dictó que las posesiones de los políticos que están siendo juzgados por sus presuntos nexos con los ‘paras’ tienen que ser cobijadas por medidas cautelares mientras se define su situación judicial.

Por otra parte el Tribunal le pidió a la Justicia y Paz de la Fiscalía crear una unidad especializada en análisis financiero que se dedique a buscar e identificar los bienes que los paramilitares desmovilizados esconden y que también encuentre a todas las víctimas de robos de tierra en el país.

La sentencia también le exigió a la Fiscalía recuperar todos los bienes de ex paramilitares que ahora están en extinción de dominio, ya que estos terminan en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes y no en las del Fondo Nacional de Reparación.

El Tribunal además propuso crear un impuesto especial para todas las empresas que de una manera u otra financiaron a los paramilitares, como la multinacional estadounidense Chiquita. El dinero iría directamente a las víctimas.

Por último el Tribunal expresó que las posesiones de los herederos de los ‘paras’ muertos, como los hermanos Castaño o Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’, tienen que trasladarse al Fondo de Reparación.

Ahora la Corte Suprema de Justicia tendrá que tomar el caso contra 'Juancho Dique' y 'Diego Vecino' y determinar cómo y de cuánto será la reparación a las más de 281 mil víctimas de los 'paras'.

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