*Carlos A. Lozano Guillén
Mirador, VOZ 2152, edición del 4 al 10 de agosto de 2010
La fanfarronería gubernamental nos quiere convencer que los logros económicos y sociales de los ocho años de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez son extraordinarios, gracias a la confianza inversionista, a la “seguridad democrática” y a un crecimiento económico sostenido, aún en los recientes años de crisis. Sin embargo, hasta los más “furiuribistas” que no racionan por el encanto que les despierta el presidente saliente, dicen que Uribe I de la primera administración se dedicó a la guerra y a la confianza inversionista y que Uribe II centró la atención en la cohesión social.
El análisis idealista parece poco convincente, porque la mayoría de los operativos militares victoriosos fueron en el segundo gobierno, así como los mayores escándalos sociales, la crisis de la agricultura, el robo de Agro Ingreso Seguro y la crisis de la salud, para citar apenas tres casos. Los dos primeros, responsabilidad de Andrés Felipe Arias (“Uribito”) y el segundo del ministro de la desprotección social, Diego Palacio, uno de los presuntos responsables del cohecho con Yidis Medina, Teodolindo Avendaño y otros congresistas, para aprobar la primera reelección.
Política social no existió, porque los ministros del sector se dedicaron a la politiquería en la búsqueda de la primera y la segunda reelección. “Uribito” pretendió despojar las tierras de Carimagua para dárselas a los latifundistas con el argumento que para los pobres esas tierras eran improductivas, mientras que para los ricos significaban un desafío para la inversión y la generación de empleo. Con argumento similar, justificó los multimillonarios desembolsos de Agro Ingreso Seguro a favor de latifundistas, reinas de belleza y amigos del Gobierno (incluyendo familiares de narcotraficantes y paramilitares), porque “dándole recursos a los ricos se estimula la producción y el crecimiento”, explicó con descaro. Acción Social, que controla los dineros presupuestales y de cooperación internacional para desplazados, desmovilizados e indigentes, los dilapidó en politiquería y en asistencialismo barato para tejer redes de apoyo a la reelección y al Gobierno a través de Familias en Acción, Familias Guardabosques, informantes y otras yerbas.
Así que el resultado social es catastrófico. Según Naciones Unidas la pobreza y la indigencia aumentaron en los últimos años y sus cifras no corresponden con las del Gobierno; mientras que el desempleo creció al 14 por ciento en medio de las gárgaras uribistas con el crecimiento y la coyuntura favorable, que siendo ciertas, beneficiaron a los poderosos. La reforma laboral, de la salud y financiera, así como las zonas francas, favorecieron el negocio de los capitalistas, algo propio de un gobierno mafioso y plutocrático.
carloslozanogui@etb.net.co
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Mirador, VOZ 2152, edición del 4 al 10 de agosto de 2010
La fanfarronería gubernamental nos quiere convencer que los logros económicos y sociales de los ocho años de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez son extraordinarios, gracias a la confianza inversionista, a la “seguridad democrática” y a un crecimiento económico sostenido, aún en los recientes años de crisis. Sin embargo, hasta los más “furiuribistas” que no racionan por el encanto que les despierta el presidente saliente, dicen que Uribe I de la primera administración se dedicó a la guerra y a la confianza inversionista y que Uribe II centró la atención en la cohesión social.
El análisis idealista parece poco convincente, porque la mayoría de los operativos militares victoriosos fueron en el segundo gobierno, así como los mayores escándalos sociales, la crisis de la agricultura, el robo de Agro Ingreso Seguro y la crisis de la salud, para citar apenas tres casos. Los dos primeros, responsabilidad de Andrés Felipe Arias (“Uribito”) y el segundo del ministro de la desprotección social, Diego Palacio, uno de los presuntos responsables del cohecho con Yidis Medina, Teodolindo Avendaño y otros congresistas, para aprobar la primera reelección.
Política social no existió, porque los ministros del sector se dedicaron a la politiquería en la búsqueda de la primera y la segunda reelección. “Uribito” pretendió despojar las tierras de Carimagua para dárselas a los latifundistas con el argumento que para los pobres esas tierras eran improductivas, mientras que para los ricos significaban un desafío para la inversión y la generación de empleo. Con argumento similar, justificó los multimillonarios desembolsos de Agro Ingreso Seguro a favor de latifundistas, reinas de belleza y amigos del Gobierno (incluyendo familiares de narcotraficantes y paramilitares), porque “dándole recursos a los ricos se estimula la producción y el crecimiento”, explicó con descaro. Acción Social, que controla los dineros presupuestales y de cooperación internacional para desplazados, desmovilizados e indigentes, los dilapidó en politiquería y en asistencialismo barato para tejer redes de apoyo a la reelección y al Gobierno a través de Familias en Acción, Familias Guardabosques, informantes y otras yerbas.
Así que el resultado social es catastrófico. Según Naciones Unidas la pobreza y la indigencia aumentaron en los últimos años y sus cifras no corresponden con las del Gobierno; mientras que el desempleo creció al 14 por ciento en medio de las gárgaras uribistas con el crecimiento y la coyuntura favorable, que siendo ciertas, beneficiaron a los poderosos. La reforma laboral, de la salud y financiera, así como las zonas francas, favorecieron el negocio de los capitalistas, algo propio de un gobierno mafioso y plutocrático.
carloslozanogui@etb.net.co
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