Un grupo de manifestantes protestó contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) y el Plan Colombia en el Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Cerca de un centenar de activistas pidieron este lunes frente a la Casa Blanca que el presidente de EE.UU., Barack Obama, haga un cambio "radical" en la política hacia Colombia y ayude a erradicar la "crisis invisible" de los desplazados.

Los manifestantes se congregaron en el Parque Lafayette para destacar la crisis humanitaria causada por el conflicto armado en Colombia que, según ellos, ha causado el desplazamiento interno de cuatro millones de personas.

Durante el acto, los activistas portaron mantas con 4.000 muñecos de papel multicolores, uno por cada mil de los desplazados que a su parecer hay en el país. También portaron carteles con mensajes en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la continuidad del Plan Colombia, por considerar que ambas iniciativas solo agravarán la crisis de los desplazados.

En declaraciones a la Agencia Efe, la directora ejecutiva de Testigos por la Paz, Melinda St. Louis, explicó que las protestas simultáneas que el grupo organizó en Washington, Nueva York, Chicago (Illinois), Portland (Oregón), San Francisco y Los Ángeles (California) tienen el objetivo de presionar por un cambio en la política actual.

El grupo mantiene una campaña de movilización nacional para que los contribuyentes presionen al Congreso y a la Casa Blanca, mediante cartas y correos electrónicos, a fijar un nuevo rumbo en la política hacia Colombia, que dé mayor prioridad a la ayuda social y humanitaria.

"Estamos acá para decirle al presidente Obama que si en realidad quiere un nuevo capítulo en las relaciones con la región...no puede haber un futuro para el Plan Colombia y para el TLC", dijo, por su parte, Ben Beachy, del grupo 'Testigos por la Paz'.

Beachy recordó que durante la V Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, que concluyó el domingo, Obama prometió una nueva era de cooperación y de acercamiento con América Latina. En ese sentido, Beachy consideró que ese cambio pasa por "una política nueva y distinta hacia Colombia" que apoye a los defensores de los derechos humanos, aumente el combate al consumo de drogas en EE.UU. que alimenta el narcotráfico procedente del sur, y modifique la agenda comercial para respaldar, por ejemplo, a los pequeños agricultores.

Por su parte, Diana Gómez, del grupo 'Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad', dijo que si Obama "es consecuente con el discurso con el que llegó a la Presidencia, tiene que haber un giro radical en la política hacia Colombia" y descartar medidas que "no contribuyen a mejorar la situación sino a empeorarla".

Aunque las cifras de los desplazados oscilan entre 1,9 millones y cuatro millones, el consenso es que Colombia ocupa el segundo lugar, después de Sudán, en el número de desplazados internos debido al conflicto armado.

Obama, que ganó las elecciones con el espaldarazo de los sindicatos estadounidenses, ha reiterado en el pasado su preocupación por la violencia contra los sindicalistas en Colombia y ha pedido más avances en materia de derechos humanos y laborales en ese país.

El TLC con Colombia fue suscrito en noviembre de 2006, pero continúa bloqueado en el Congreso debido a la oposición de los demócratas. A petición de Obama, el representante de Comercio Exterior de EE.UU., Ron Kirk, dijo hoy que iniciará consultas con el Congreso para definir los temas que deben de resolverse antes de someter a votación el TLC.

Kirk se reunirá la semana próxima con el ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, al igual que lo harán equipos técnicos de ambos países para analizar las trabas pendientes.

Además de los encuentros de la próxima semana en EE.UU., también se espera un viaje del presidente Álvaro Uribe a Washington el mes próximo, y una visita a Colombia de Obama, en el marco de una gira que emprenderá por América Latina antes de fin de año.

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Cifras no mienten

*Carlos A. Lozano Guillén
Artículo de VOZ - Edición 2487 del 15 al 21 de abril 2009

Por fin, después de mucho negarlo, el Gobierno Nacional aceptó que la crisis del capitalismo está afectando la economía colombiana. Los voceros uribistas, en medio de sus limitaciones académicas, creyeron que se trataba de una “simple” crisis financiera, para lo cual en Colombia existe el antídoto, que es la protección al desborde de los bancos y corporaciones para hacer y deshacer. Por ello, entre otras cosas, este país fue terreno abonado para las “pirámides” y todo negocio ilegal de captación de dinero, que no tuvo control ni verificación de las autoridades respectivas.

Uribito, ahora en campaña presidencial, negó la existencia de la crisis a pesar de que su gestión en la cartera de agricultura fue un verdadero fiasco y como nunca el sector agropecuario conoció tanto estancamiento y hasta retroceso en los últimos años. La realidad les cayó encima y las cifras no mienten, hablan por sí solas.

A la fecha y por segunda vez, el Gobierno Nacional se vio obligado a revisar la meta de crecimiento, que ahora la ubica para 2009 en un rango entre el 0.5 por ciento y el 1.5 por ciento, aunque los economistas más optimistas la ubican, por mucho, por encima del 1 por ciento. En enero del presente año, la industria decreció un 10.7 por ciento; el comercio bajó en 4.5 por ciento y el desempleo se volvió a trepar por encima del 12 por ciento. En los últimos doce meses la industria bajo en 4.8 por ciento y el comercio en –0.1 por ciento. El último trimestre del año pasado la economía bajó -0.7 por ciento. De tal manera, que para varios economistas la recesión es una realidad en Colombia. Este cuadro, acompañado del fortalecimiento del dólar, la devaluación y la inflación, disminuyen las condiciones sociales de la población y la calidad de vida. Con razón, la Central Unitaria de Trabajadores está demandando un nuevo ajuste del salario mínimo, pues el precario incremento del presente año quedó borrado con la crisis económica.

La crisis ingresó sin problemas y encontró al Gobierno con los calzones abajo. “La Casa de Nari” improvisa con la esperanza de que es una crisis pasajera. Sin embargo, los industriales, comerciantes, ganaderos y latifundistas, a quienes les interesa sólo sus bolsillos y el ritmo de las utilidades que les garantizó la “seguridad democrática” en los últimos siete años, insisten en que las cosas van muy mal y exigen drásticas medidas, por supuesto encaminadas a descargar el peso de la crisis sobre los hombros del pueblo colombiano.

Roberto Steiner, director de Fedesarrollo, por ejemplo, plantea bajar el salario mínimo, eliminar impuestos a los ricos y aumentar el IVA. Si no es porque ese tipo de propuestas tienen respaldo en la cúpula del poder y en la oligarquía colombiana, podríamos creer que provienen de un clon de Goyeneche.

carloslozanogui@etb.net.co

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Análisis de paz.

Manuel Marulanda

Hace 25 años, el 28 de marzo de 1984, fue firmado el Acuerdo de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur Cuartas y el Secretariado de las FARC, que contempló un cese de fuegos bilateral, además del compromiso gubernamental de adelantar diálogos en la búsqueda de reformas políticas, sociales y económicas que le pusieran fin a la larga confrontación armada. Además, el acuerdo, anunció la creación de un movimiento político de unidad de la izquierda, en el cual pudieran actuar dirigentes y combatientes de las FARC-EP en el evento de lograrse acuerdos de paz estables y sostenibles.

El Acuerdo de la Uribe fue uno de los hechos más importantes del siglo XX en la búsqueda de la solución política negociada del conflicto colombiano.

Fue el primer intento de establecer diálogos de paz desde el Gobierno con la más importante guerrilla colombiana, en la búsqueda de la solución política negociada del conflicto interno. También la primera frustración. Si se preguntan las razones del fracaso, pues son las mismas también de los intentos posteriores en los gobiernos de Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana: el saboteo del militarismo, la oposición de los gobiernos estadounidenses y la ausencia de voluntad de paz de la clase dominante colombiana. Esta última siempre abogó por la pax romana o la paz de los sepulcros, nunca facilitó la negociación de aspectos estructurales y medulares de las raíces del conflicto. Pretendió negociar la rendición de la guerrilla sin modificar para nada las causas políticas, económicas y sociales del largo conflicto colombiano.

El Acuerdo de La Uribe nunca fue respetado por el Establecimiento. Los proyectos de ley en el orden político y social ni siquiera fueron presentados al Congreso de la República, con la excepción de la elección popular de alcaldes y gobernadores, pero esta última, aprobada al margen de la reforma política pluralista y democrática, se convirtió en una institución más al servicio de los caciques regionales y de las clientelas políticas tradicionales. Como lo demostró la historia reciente las elecciones de los alcaldes y gobernadores se convirtieron en instrumentos del narcoparamilitarismo como es evidente en la llamada “parapolítica” que salió a flote en los tres últimos años. Lo más grave fue el exterminio en la más completa impunidad de la Unión Patriótica, movimiento de unidad de la izquierda al cual querían llegar las FARC en el evento de un proceso de paz exitoso. La UP fue borrada del mapa político después del arranque que tuvo con fuerte influencia en ciudades y campos. Después nada fue igual. La desconfianza de la insurgencia en el Estado dominante fue total, como que agentes del mismo participaron de lleno en la protección del paramilitarismo y en la ejecución del genocidio de la Unión Patriótica.

“Los acontecimientos rebasaron la audaz y original política de Betancur, quien careció de la autoridad individual para ejecutar o decretar el cambio, o para negociar la reincorporación de los movimientos guerrilleros de la nación. Internamente no contó con suficientes aliados. La comunidad internacional estuvo ausente del proceso. El proceso de paz murió a causa de mil muertes pequeñas y se ahogó en un creciente mar de violencia”. (CHERNICK, Marc. Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado colombiano. Seis décadas de violencia. Veinticinco años de procesos de paz. Ediciones Aurora. Pág. 86. 2008. El proceso no contó con suficientes aliados dice ele scritor estadounidense Marc Chernick. Lo mismo que ocurrió después, en particular, durante el Gobierno de Andrés Pastrana. El comandante de las FARC, Manuel Marulanda, le diría al autor de este artículo en un reportaje para el semanario VOZ: “El presidente Pastrana está sólo. Lo dejó solo la clase dominante”.(VOZ ed. 2071 del 22 al 28 de noviembre de 2000, “Veo al presidente Pastrana muy débil”). Así advirtió la posibilidad de que agonizará la mesa de diálogo del Caguán.

BB nunca se encontró con Marulanda. Lo haría se encontraría después con Marulanda en Los Pozos, durante los diálogos del Caguán.


Hay un conflicto
El fracaso de Uribe y la seguridad democrática
La posición internacional
Colombianos y colombianas por la paz
Propuestas deben ser bilaterales para que tengan sentido

BB se encontraría después con Marulanda en Los Pozos, durante los diálogos del Caguán.

La gran pregunta es: ¿Por qué fracasó el proceso de paz en el gobierno de Belisario Betancur? Y es lo que elude la “gran prensa”, que prefiere ignorar el acontecimiento histórico. La clase dominante y los analistas burgueses se van por las ramas y le achacan la responsabilidad a la guerrilla, porque realizaron tal o cual acción militar, como si el cese de fuego, hace 25 años, no fuera violado una y otra vez por el Ejército que se dedicó a realizar acciones para dinamitar el proceso de paz y, lo peor, fue el genocidio de la Unión Patriótica, que borró del mapa el movimiento político que albergaría a los combatientes insurgentes tras la firma de un acuerdo de paz. Amén, que Belisario, presionado por los militares, la oligarquía criolla y los gringos, no fue capaz de asumir la discusión de las reformas mencionadas en el Acuerdo de La Uribe. Fue lo que dio al traste con el cese de fuegos, la tregua y la posibilidad de pactar la paz con democracia y justicia social.

Intentos fallidos

En los intentos posteriores, durante César Gaviria (Caracas y Tlaxcala) y Andrés Pastrana, se dialogó en medio del conflicto y toda acción militar gubernamental se reivindicó como válida, mientras las de la guerrilla, por equivocadas que fueran, se aprovecharon por el Gobierno como pretextos para romper los diálogos con la insurgencia. Es la ley del embudo. Aunque lo que demuestra –y es el análisis de fondo que tendrá que darse alguna vez en el país- es la falta de voluntad de paz del Establecimiento, por lo menos de una paz que abra el camino hacia la nueva Colombia de democracia y mayor justicia social. Distinta a la pax romana a la que aspira la oligarquía dominante, lograda sobre las cenizas de las guerrillas colombianas. Es el modelo que fracasó siempre.

Vale la pena este largo preámbulo a los distintos “hechos de paz” de las dos últimas semanas, incluyendo la larga Semana Santa, en la cual los obispos, el Gobierno Nacional y algunos miembros de “Colombianas y Colombianos por la Paz”, se han pronunciado desde distintos ángulos sobre las posibilidades de paz y formularon propuestas, incluyendo las del presidente Uribe Vélez, estás últimas acompañadas del acostumbrado lenguaje visceral e insultante.

Colombianos por la paz

Para “Colombianas y Colombianos por la Paz” hay que partir del nuevo acento político del Secretariado de las FARC, reflejado en las tres cartas en desarrollo del diálogo epistolar, sobre todo la última, en que se muestran dispuestos a iniciar la negociación del intercambio humanitario, anuncian la entrega de los restos del mayor Guevara, muerto en cautiverio, e insisten en la necesidad de buscar diálogos de paz para ponerle fin a la guerra. El Gobierno Nacional ha guardado silencio ante el importante documento y los grandes medios prefirieron desviar la atención de lo fundamental, porque llevaron el debate a las cifras de secuestrados y al supuesto canje de cadáveres que nunca fue planteado en la carta, como lo han explicado los integrantes de “Colombianas y Colombianos por la Paz”. Estos últimos, como lo informó la senadora Piedad Córdoba, están a la espera de una entrevista con Uribe Vélez para hablar en detalle sobre el contenido de la carta. La audiencia está solicitada pero aún no hay respuesta de la Casa de Nariño.

De otra parte, la Iglesia Católica y la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), casi al comienzo de la Semana Santa, anunciaron la propuesta del “Acuerdo Nacional por la Paz y la Reconciliación en Colombia” en una reunión con directores de medios de comunicación, entre ellos el del semanario VOZ, Carlos Lozano. La Iglesia y la CCN, “Busca que se suscriba un consenso de gobernabilidad por parte de las diferentes fuerzas políticas y sociales del país, en el que se convengan los puntos básicos de una política de paz y reconciliación que permita superar la confrontación armada que vive Colombia y encontrar una salida negociada”. Al respecto, la Iglesia y la CCN establecerán diálogos con la comunidad a través de foros regionales desde el segundo semestre de 2009.

Iglesia contra la reelección

De conformidad con el documento de la CCN es el aporte “a una salida política negociada del conflicto armado, con soluciones que sobrepasen las coyunturas políticas, que estén subordinadas a los intereses de la Nación en su conjunto y que no dependan de intereses particulares o de grupo; que propicien el esclarecimiento de la verdad, preserven la memoria y ayuden a la reparación de las víctimas, y que tengan en consideración criterios de desarrollo humano y social sostenible para la construcción de una Nación en la que reine la justicia”.

Monseñor Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal y de la CCN, ambientó la presentación de la propuesta con una larga entrevista a El Tiempo y declaraciones de prensa, en que convoca al debate nacional, se opone a la reelección de Uribe Vélez y plantea sin ambages la necesidad de cambios democráticos y sociales. Algunas voces criticaron que el prelado no se refiriera, en particular, al intercambio humanitario. Con todo, la posición de la Iglesia, saludada en distintos sectores de izquierda, muestra una actitud de mayor independencia y autonomía del Gobierno, diferente a la “línea Rubiano”, predominante en el pasado.

La “propuesta” de Uribe

También salió a relucir en Semana Santa la propuesta del presidente Uribe Vélez, quien insto a “los bandidos” a declarar un cese de hostilidades de tres o cuatro meses para iniciar un proceso de paz. La oferta fue calificada de ser por lo menos distinta a la guerra de los últimos siete años, aunque tiene la debilidad de ser una exigencia unilateral. A juicio de expertos y analistas en el tema no tiene perspectiva, porque un cese de hostilidades, cese de fuego o tregua, para que sea eficaz debe ser bilateral, es decir, comprometer a las dos partes. Sobre este tema también conversará Colombianos por la Paz en la anunciada audiencia con el mandatario colombiano.

Lo más importante en el último tiempo, es el alcance de “Colombianas y Colombianos por la Paz”, que se posicionó como el mejor interlocutor ante la insurgencia a través del diálogo epistolar e hizo renacer la esperanza de una nueva oportunidad para la paz negociada y la libertad de los secuestrados, amén de la posibilidad de concretar acuerdos mínimos entre las partes para la humanización del conflicto.

Como colofón de los hechos de paz en la Semana Santa la delegación de parlamentarios y sindicalistas británicos se pronunció antes de partir del país por el intercambio humanitario y por la solución política del conflicto, única vía para superar la degradación de la confrontación armada y la violación de los derechos humanos, dijeron.

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Colombia: la nueva fase de la "limpieza social"

Iván Cepeda Castro

En más de 100 municipios y 20 de las principales ciudades del país han aparecido panfletos en los que se anuncia el regreso de la “limpieza social” contra jóvenes, prostitutas, drogadictos, delincuentes y homosexuales.

Progresivamente la lista de amenazados se amplía. Ahora incluye también a los miembros de las ‘barras bravas’, los estudiantes y profesores de colegios, así como a los líderes de organizaciones juveniles. Los comunicados afirman: “Le pedimos perdón a la sociedad si caen inocentes”. A pesar de que el director de la Policía, general Óscar Naranjo, considera que se trata de bandas criminales dispersas, a simple vista es notorio que en esta operación nacional se reconocen los métodos utilizados en el pasado por las estructuras paramilitares, encubiertas hoy con nuevos nombres y símbolos. El procedimiento se despliega especialmente en los barrios populares de las grandes urbes y en las zonas en las que las Auc han ejercido control. El plan busca el miedo colectivo mediante acciones en distintas fases. En un primer momento se lanza el rumor de que van a comenzar los actos de “limpieza”, luego se distribuyen los panfletos, se impone el toque de queda a partir de las diez de la noche, y se procede a realizar los asesinatos. De esta forma, muchas zonas de las principales ciudades del país viven ya sometidas a esta nueva etapa de terror social.

En Bogotá, los habitantes de nueve localidades han recibido los comunicados amenazantes. Bajo esta campaña 30 jóvenes fueron asesinados en los meses de febrero y marzo. La última semana hubo dos cortes de fluido eléctrico en algunos lugares de Ciudad Bolívar. Después del primero, en las entradas de todas las casas se hallaron los panfletos, y durante el segundo se presentó una masacre en la que murieron siete jóvenes. Los líderes locales aseguran que en muchos barrios de la capital hay situaciones similares. Su conclusión es que esa clase de acciones no las hace una banda de ladrones, sino un grupo organizado que cuenta con cuantiosos recursos.

Desde hace meses, a través de informes de riesgo, la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo sobre la gravedad de esta situación. Sin embargo, dado que esos informes no se pueden hacer públicos pues se les ha dado un carácter confidencial, determinadas autoridades impiden que se decrete la alerta temprana para prevenir los crímenes. Ante esa situación de negligencia e inoperancia, la Defensoría Pueblo debería tomar la decisión de comunicar sus informes de riesgo directamente a la opinión pública y permitir de esta forma que al menos se conozca ampliamente lo que está pasando en muchas partes del país.

La mal llamada “limpieza social” hace parte de las operaciones violentas a gran escala propias de sociedades que se internan en procesos totalitarios, en los que se busca despertar en la gente del común el miedo a ultranza que conduce a toda clase de reacciones primarias. En el caso de Colombia, ese ambiente de “depuración” criminal se articula bien con la paulatina consolidación de una institucionalidad cada vez más perversa en la que todas las dependencias del poder público se funden en la voluntad del Ejecutivo. El ambiente de terror y a la vez de fascinación por la mano fuerte de un gobernante arbitrario, corresponde bien al estado anímico que buscan quienes defienden la reelección. Es el ambiente que propicia el apoyo irreflexivo de las mayorías a un poder decadente en tiempos de profunda crisis ética y económica.

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Modelo económico no aporta a la paz, dice el Obispo de Sincelejo

El Tiempo
"La política neoliberal no le apunta a la paz, sino a un crecimiento que no le apunta a todos por igual', sostuvo monseñor Nel Beltrán Santamaría.

El pronunciamiento lo hizo después de la celebración de la eucarística donde se conmemoró la Última Cena y el Lavatorio de Pies, el Jueves Santo.

El jerarca de la Iglesia Católica señaló que la invitación para esta Semana Mayor para el país es recuperar la unidad en la pluralidad, volviendo a una democracia pluralista, en la que no sea ni pecado, ni censurable, pensar diferente.

"Cuando la gente no tolera los pensamientos políticos de los otros, los dirigentes los pueden llevar a enfrentarse; un pueblo que de por si es pacífico. Y vamos a repetir historias como las del siglo pasado, como la Guerra de los Mil Días. Hay que recuperar para Colombia la capacidad crítica y de opinión. Merecernos el respeto todos los que opinan de acuerdo y los que opinan diferente", dijo Monseñor.

Así mismo, criticó la política económica del Gobierno Nacional que solo beneficia a los banqueros, y que no contribuye a encontrar la paz.

"El problema es que haya disminuido el empleo, que estemos discutiendo el salario mínimo para flexibilizarlo, mientras que un solo banco se gana, en tres meses, 1 billón de pesos. El problema es que estructuralmente el país no es organizado para todos", enfatizó.

Recalcó que está convencido, desde hace tiempo, que en Colombia el problema no es solo la violencia armada.

"En estos momentos calculan 23 mil alzados en armas fuentes serias de las Naciones Unidas. El problema no es que hayan alzados en armas, el problema es que hayan 6 millones con hambre, 15 millones con pobreza. Todos los que sigan la política neoliberal, no están apuntándole a la paz, sino que están apuntándole a un crecimiento que no le apunta a todos por igual, sino a unos con prioridad".

Agregó que la invitación, que hará la semana entrante, en el Foro Nacional de Bogotá en cuanto a la contribución para la paz es la conformación de un proyecto nacional que beneficie a todos por igual.

A revisar modelo económico

Por otra parte, monseñor Nel Beltrán recalcó la primera palabra pronunciada por Jesús en la cruz: "Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen".

"Esa palabra tiene una profunda revelación sobre el misterio de Dios y del hombre.

El misterio de la capacidad de misericordia y de perdón infinito. Padre perdónalos, esto es luz para el hombre. El hombre es tan grande, cuando es capaz de perdonar. Los espíritus pequeños odian, matan, aniquilan al enemigo. Los auténticamente humanos perdonan con el corazón", comentó.

Agregó que esa primera palabra revela la profundidad del corazón humano, "porque no saben lo que hacen", es la explicación de cuando el hombre equivoca su mente, equivoca su comportamiento.

"Por eso Colombia tiene que revisar su modelo económico, su modelo político, su modelo humano. No sea que equivocando los modelos, el hombre cometa equivocaciones de las que después tenga que pedir perdón".

LUZ VICTORIA MARTÍNEZ
Especial para EL TIEMPO
SINCELEJO

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'Debemos ser muy incisivos y críticos con las Farc', dice Carlos Lozano

Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Carlos Lozano, director de 'Voz', espera que las Farc tengan un acento político.

"Quizás no lo habíamos hecho de una manera tan fuerte y tan pública como ahora", reconoce el director del Semanario Voz.

Agrega Lozano que ahora "hay un acento más exigente, porque el conflicto está completamente degradado", agrega.

El endurecimiento del tono lo hizo en una reciente carta publicada en las páginas de opinión de este diario. Allí calificó como una "estupidez y despropósito" el plan de atentar contra el director de la SIP, Enrique Santos, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Lozano argumenta que "llegó el momento de negociar" y que la guerrilla debe renunciar al secuestro y al uso de minas antes de iniciar cualquier proceso de diálogo.

¿Por que sus palabras tan duras hacia las Farc?

La solución política del conflicto exige la voluntad del Gobierno y las Farc. Hay que hacer las críticas oportunas cuando esa falta de voluntad es más evidente. Llegó el momento de negociar, esto no da más. Insistir en la confrontación armada es irracional. Debemos ser muy incisivos y críticos con todas las partes, incluyendo a la guerrilla.

¿No cree que ese acento exigente debió empezar cuando los secuestros superaban los 3.000 al año?

Siempre hemos sido críticos de la guerrilla. Por ejemplo, en el tema del secuestro el Partido Comunista y sus dirigentes hemos sido críticos y nos hemos distanciado de eso. Quizás no lo habíamos hecho de una manera tan fuerte y tan pública como ahora.

Usted le pidió a 'Alfonso Cano' mayor acento político. ¿A qué se refiere?

Las Farc han demostrado en sus últimos pronunciamientos que hay un interés en ese acento político. Ante las exigencias de la realidad se requiere mucho más acento político de la guerrilla para contribuir a la solución pacífica del conflicto. Espero que
'Cano' y todo el secretariado reflexionen sobre esto.

Usted dijo que Colombianos por la Paz debía exigirles a las Farc un compromiso frente al secuestro y las minas antipersonales. ¿Cómo sería eso?

Las tres cartas de Colombianos por la Paz tienen como hilo conductor el intercambio humanitario, pero también el tema del secuestro. La guerrilla tiene que entender que hay que bajarle la intensidad al conflicto, en temas que afectan a la población civil como el secuestro y las minas.

¿Antes de un diálogo, las Farc deben renunciar al secuestro?

Claro, y los compromisos también deben ser del Gobierno. Se requiere arrancar un proceso de paz sobre compromisos de ambos: no a la desaparición forzada, no al secuestro, no a los 'falsos positivos', no a las minas.

El presidente Uribe pide que las Farc cesen acciones por 4 meses para que hayan condiciones. ¿Le suena?

Me suena un cese de hostilidades de ambos. Nada sacamos si siguen los operativos militares contra ellos. Eso hace inviable ese cumplimiento.

ANDRÉS GÓMEZ OSORIO
REDACCIÓN POLÍTICA


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Gobierno de Álvaro Uribe es cómplice en delitos de lesa humanidad

Al culminar su visita de una semana en Colombia, La Misión coordinada por JUSTICIA POR COLOMBIA, e integrada por parlamentarios británicos y sindicalistas de origen británico, estadounidense y canadiense-, emitieron un duro pronunciamiento sobre la situación de derechos humanos en Colombia.

El documento anexo fue leído en rueda de prensa celebrada en el Congreso de la República por la señora Sandra Osborne, diputada Laborista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña.

Declaración de Prensa

Somos una delegación de parlamentarios británicos, y sindicalistas norteamericanos, canadienses y británicos. Hemos pasado siete días aquí en Colombia, juntando información sobre los abusos de derechos humanos y derechos laborales. Nos hemos reunido con un amplio abanico de la sociedad colombiana, cubriendo intereses cívicos, políticos, jurídicos y militares, incluyendo sindicatos, estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, abogados sindicales, defensores de derechos humanos, y con los retenidos liberados de las FARC. Hemos viajado al departamento de Arauca para escuchar los testimonios de comunidades e individuos afectados por el conflicto en esa región Visitamos la cárcel Buen Pastor y hablamos con las mujeres presas políticas encarceladas allí. También nos reunimos con Martín Sandoval, presidente del CPDH – Arauca, encarcelado injustamente en Arauca. Tuvimos oportunidad de hablar también con altos representantes del gobierno de Álvaro Uribe, y con el Presidente mismo. Estamos agradecidos a todos los individuos y grupos que tan generosamente nos entregaron su tiempo.

Estamos en estado shock por lo que hemos oído, y no tenemos dudas, dadas las evidencias recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, y la fuerza pública son cómplices de abusos de derechos humanos. Además, estamos convencidos que las actividades asesinas de los paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el gobierno y el Ejército. Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan los que cometieron estos delitos, y la falla del sistema judicial para procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes.

En vez de encarcelar los verdaderos criminales, el gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política, y a defensores de derechos humanos como al defensor de derechos humanos, Martín Sandoval. Llamamos por su liberación inmediata, y por la liberación inmediata de otros prisioneros políticos y sindicalistas.

Al regresar al Reino Unido y a Norte América estaremos llamando por la inmediata terminación de todo apoyo militar y político al gobierno colombiano. La no aprobación de cualquier Tratado de Libre Comercio hasta que los derechos humanos y laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable. Exponer públicamente la complicidad de empresas multinacionales en las violaciones de derechos humanos y laborales. Acabar de inmediato con la criminalización de la oposición democrática y legítima, incluyendo a la Senadora Piedad Córdoba, Senadora Gloria Inés Ramírez, Representante Wilson Borja y el Doctor Carlos Lozanos, entre otros. Apoyar el diálogo, un proceso de paz, y un intercambio humanitario. El cese de las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos perpetrados por el Ejército colombiano.

Un informe completo de nuestras investigaciones y recomendaciones será publicado en el cercano futuro.

Miércoles 8 de abril de 2009.

Firmas adjuntas.


Katherine Craig: Abogada de Derechos Humanos. Viajó a Colombia con la Caravana de abogados en Agosto del 2008.

Ian Davidson: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Jeremy Dear: Secretario General del sindicato ‘La Unión Nacional de Periodistas’ (NUJ) – el cual representa 32,000 periodistas, también es el Presidente de ‘Justice for Colombia’ y miembro del Ejecutivo de la TUC y del Consejo General de la TUC.

David Drever: Presidente del sindicato educativo, el ‘Instituto Educativo de Escocia’ (EIS) el cual representa 60,000 maestros

Gobierno de Álvaro Uribe es cómplice en delitos de lesa humanidad


Al culminar su visita de una semana en Colombia, La Misión coordinada por JUSTICIA POR COLOMBIA, e integrada por parlamentarios británicos y sindicalistas de origen británico, estadounidense y canadiense-, emitieron un duro pronunciamiento sobre la situación de derechos humanos en Colombia.

El documento anexo fue leído en rueda de prensa celebrada en el Congreso de la República por la señora Sandra Osborne, diputada Laborista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña.

Declaración de Prensa

Gobierno de Álvaro Uribe es cómplice en delitos de lesa humanidad

Somos una delegación de parlamentarios británicos, y sindicalistas norteamericanos, canadienses y británicos. Hemos pasado siete días aquí en Colombia, juntando información sobre los abusos de derechos humanos y derechos laborales. Nos hemos reunido con un amplio abanico de la sociedad colombiana, cubriendo intereses cívicos, políticos, jurídicos y militares, incluyendo sindicatos, estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, abogados sindicales, defensores de derechos humanos, y con los retenidos liberados de las FARC. Hemos viajado al departamento de Arauca para escuchar los testimonios de comunidades e individuos afectados por el conflicto en esa región Visitamos la cárcel Buen Pastor y hablamos con las mujeres presas políticas encarceladas allí. También nos reunimos con Martín Sandoval, presidente del CPDH – Arauca, encarcelado injustamente en Arauca. Tuvimos oportunidad de hablar también con altos representantes del gobierno de Álvaro Uribe, y con el Presidente mismo. Estamos agradecidos a todos los individuos y grupos que tan generosamente nos entregaron su tiempo.

Estamos en estado shock por lo que hemos oído, y no tenemos dudas, dadas las evidencias recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, y la fuerza pública son cómplices de abusos de derechos humanos. Además, estamos convencidos que las actividades asesinas de los paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el gobierno y el Ejército. Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan los que cometieron estos delitos, y la falla del sistema judicial para procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes.

En vez de encarcelar los verdaderos criminales, el gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política, y a defensores de derechos humanos como al defensor de derechos humanos, Martín Sandoval. Llamamos por su liberación inmediata, y por la liberación inmediata de otros prisioneros políticos y sindicalistas.

Al regresar al Reino Unido y a Norte América estaremos llamando por la inmediata terminación de todo apoyo militar y político al gobierno colombiano. La no aprobación de cualquier Tratado de Libre Comercio hasta que los derechos humanos y laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable. Exponer públicamente la complicidad de empresas multinacionales en las violaciones de derechos humanos y laborales. Acabar de inmediato con la criminalización de la oposición democrática y legítima, incluyendo a la Senadora Piedad Córdoba, Senadora Gloria Inés Ramírez, Representante Wilson Borja y el Doctor Carlos Lozanos, entre otros. Apoyar el diálogo, un proceso de paz, y un intercambio humanitario. El cese de las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos perpetrados por el Ejército colombiano.

Un informe completo de nuestras investigaciones y recomendaciones será publicado en el cercano futuro.

Miércoles 8 de abril de 2009.

Firmas adjuntas.


Katherine Craig: Abogada de Derechos Humanos. Viajó a Colombia con la Caravana de abogados en Agosto del 2008.

Ian Davidson: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Jeremy Dear: Secretario General del sindicato ‘La Unión Nacional de Periodistas’ (NUJ) – el cual representa 32,000 periodistas, también es el Presidente de ‘Justice for Colombia’ y miembro del Ejecutivo de la TUC y del Consejo General de la TUC.

David Drever: Presidente del sindicato educativo, el ‘Instituto Educativo de Escocia’ (EIS) el cual representa 60,000 maestros en Escocia.

Simon Dubbins: Director del Departamento de Relaciones Internaciones del sindicato ‘Unite the Union’ el cual representa 2,100,000 afiliados in varios sectores, también es miembro del Ejecutivo del TUC Europeo y Presidente del sector grafico de la UNI (federación internacional).
Samuel Gurney: oficial del Departamento Internacional de la TUC, con responsabilidad para Colombia y otros países, también es miembro del consejo de administración de la OIT.

Sally Hunt: Secretaria General del sindicato de educación, ‘La Unión de Universidad y Colegios’ (UCU), el cual representa 118,000 profesores universitarios, también es miembro del Comité Ejecutivo de Justice for Colombia y del Ejecutivo y Consejo General de la TUC donde es la vocero sobre asuntos internacionales.

Peter Kilfoyle: Parlamentario Británico del Partido Laborista, anteriormente fue Ministro de Defensa.

Adam Lee: Oficial del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores de Estados Unidos y Canadá.

Andy Love: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

James McGovern: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Karie Murphy: Asistente Parlamentaria.

John O’Neill: Abogado de la empresa más grande de abogados laboralistas en Gran Bretaña ‘Thompsons Solicitors’.

Sandra Osborne: Parlamentaria Británica del Partido Laborista, Miembro de la Comisión Parlamentaria de Asuntos en el Exterior.

Stephanie Peacock: Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista.

Frederick Redmond: Vice Presidente Internacional del sindicato United Steelworkers (USW), el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá, también es miembro del Consejo Ejecutivo del AFL-CIO.

Mark Rowlinson: Fiscal del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá.

Michael Shaw: Presidente del sindicato de Bomberos británicos(FBU) el cual representa 45,000 afiliados bomberos.

James Sheridan: Parlamentario Británico del Partido Laborista.
Carol Wilson: Asistente Parlamentaria

Anthony Woodhouse: Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato ‘Unite the Union’, el cual representa 2,100,000 afiliados de varios sectores.

en Escocia.

Simon Dubbins: Director del Departamento de Relaciones Internaciones del sindicato ‘Unite the Union’ el cual representa 2,100,000 afiliados in varios sectores, también es miembro del Ejecutivo del TUC Europeo y Presidente del sector grafico de la UNI (federación internacional).
Samuel Gurney: oficial del Departamento Internacional de la TUC, con responsabilidad para Colombia y otros países, también es miembro del consejo de administración de la OIT.

Sally Hunt: Secretaria General del sindicato de educación, ‘La Unión de Universidad y Colegios’ (UCU), el cual representa 118,000 profesores universitarios, también es miembro del Comité Ejecutivo de Justice for Colombia y del Ejecutivo y Consejo General de la TUC donde es la vocero sobre asuntos internacionales.

Peter Kilfoyle: Parlamentario Británico del Partido Laborista, anteriormente fue Ministro de Defensa.

Adam Lee: Oficial del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores de Estados Unidos y Canadá.

Andy Love: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

James McGovern: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Karie Murphy: Asistente Parlamentaria.

John O’Neill: Abogado de la empresa más grande de abogados laboralistas en Gran Bretaña ‘Thompsons Solicitors’.

Sandra Osborne: Parlamentaria Británica del Partido Laborista, Miembro de la Comisión Parlamentaria de Asuntos en el Exterior.

Stephanie Peacock: Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista.

Frederick Redmond: Vice Presidente Internacional del sindicato United Steelworkers (USW), el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá, también es miembro del Consejo Ejecutivo del AFL-CIO.

Mark Rowlinson: Fiscal del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá.

Michael Shaw: Presidente del sindicato de Bomberos británicos(FBU) el cual representa 45,000 afiliados bomberos.

James Sheridan: Parlamentario Británico del Partido Laborista.
Carol Wilson: Asistente Parlamentaria

Anthony Woodhouse: Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato ‘Unite the Union’, el cual representa 2,100,000 afiliados de varios sectores.




Al culminar su visita de una semana en Colombia, La Misión coordinada por JUSTICIA POR COLOMBIA, e integrada por parlamentarios británicos y sindicalistas de origen británico, estadounidense y canadiense-, emitieron un duro pronunciamiento sobre la situación de derechos humanos en Colombia.

El documento anexo fue leído en rueda de prensa celebrada en el Congreso de la República por la señora Sandra Osborne, diputada Laborista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña.

Declaración de Prensa

Gobierno de Álvaro Uribe es cómplice en delitos de lesa humanidad

Somos una delegación de parlamentarios británicos, y sindicalistas norteamericanos, canadienses y británicos. Hemos pasado siete días aquí en Colombia, juntando información sobre los abusos de derechos humanos y derechos laborales. Nos hemos reunido con un amplio abanico de la sociedad colombiana, cubriendo intereses cívicos, políticos, jurídicos y militares, incluyendo sindicatos, estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, abogados sindicales, defensores de derechos humanos, y con los retenidos liberados de las FARC. Hemos viajado al departamento de Arauca para escuchar los testimonios de comunidades e individuos afectados por el conflicto en esa región Visitamos la cárcel Buen Pastor y hablamos con las mujeres presas políticas encarceladas allí. También nos reunimos con Martín Sandoval, presidente del CPDH – Arauca, encarcelado injustamente en Arauca. Tuvimos oportunidad de hablar también con altos representantes del gobierno de Álvaro Uribe, y con el Presidente mismo. Estamos agradecidos a todos los individuos y grupos que tan generosamente nos entregaron su tiempo.

Estamos en estado shock por lo que hemos oído, y no tenemos dudas, dadas las evidencias recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, y la fuerza pública son cómplices de abusos de derechos humanos. Además, estamos convencidos que las actividades asesinas de los paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el gobierno y el Ejército. Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan los que cometieron estos delitos, y la falla del sistema judicial para procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes.

En vez de encarcelar los verdaderos criminales, el gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política, y a defensores de derechos humanos como al defensor de derechos humanos, Martín Sandoval. Llamamos por su liberación inmediata, y por la liberación inmediata de otros prisioneros políticos y sindicalistas.

Al regresar al Reino Unido y a Norte América estaremos llamando por la inmediata terminación de todo apoyo militar y político al gobierno colombiano. La no aprobación de cualquier Tratado de Libre Comercio hasta que los derechos humanos y laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable. Exponer públicamente la complicidad de empresas multinacionales en las violaciones de derechos humanos y laborales. Acabar de inmediato con la criminalización de la oposición democrática y legítima, incluyendo a la Senadora Piedad Córdoba, Senadora Gloria Inés Ramírez, Representante Wilson Borja y el Doctor Carlos Lozanos, entre otros. Apoyar el diálogo, un proceso de paz, y un intercambio humanitario. El cese de las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos perpetrados por el Ejército colombiano.

Un informe completo de nuestras investigaciones y recomendaciones será publicado en el cercano futuro.

Miércoles 8 de abril de 2009.

Firmas adjuntas.


Katherine Craig: Abogada de Derechos Humanos. Viajó a Colombia con la Caravana de abogados en Agosto del 2008.

Ian Davidson: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Jeremy Dear: Secretario General del sindicato ‘La Unión Nacional de Periodistas’ (NUJ) – el cual representa 32,000 periodistas, también es el Presidente de ‘Justice for Colombia’ y miembro del Ejecutivo de la TUC y del Consejo General de la TUC.

David Drever: Presidente del sindicato educativo, el ‘Instituto Educativo de Escocia’ (EIS) el cual representa 60,000 maestros en Escocia.

Simon Dubbins: Director del Departamento de Relaciones Internaciones del sindicato ‘Unite the Union’ el cual representa 2,100,000 afiliados in varios sectores, también es miembro del Ejecutivo del TUC Europeo y Presidente del sector grafico de la UNI (federación internacional).

Samuel Gurney: oficial del Departamento Internacional de la TUC, con responsabilidad para Colombia y otros países, también es miembro del consejo de administración de la OIT.

Sally Hunt: Secretaria General del sindicato de educación, ‘La Unión de Universidad y Colegios’ (UCU), el cual representa 118,000 profesores universitarios, también es miembro del Comité Ejecutivo de Justice for Colombia y del Ejecutivo y Consejo General de la TUC donde es la vocero sobre asuntos internacionales.

Peter Kilfoyle: Parlamentario Británico del Partido Laborista, anteriormente fue Ministro de Defensa.

Adam Lee: Oficial del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores de Estados Unidos y Canadá.

Andy Love: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

James McGovern: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Karie Murphy: Asistente Parlamentaria.

John O’Neill: Abogado de la empresa más grande de abogados laboralistas en Gran Bretaña ‘Thompsons Solicitors’.

Sandra Osborne: Parlamentaria Británica del Partido Laborista, Miembro de la Comisión Parlamentaria de Asuntos en el Exterior.

Stephanie Peacock: Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista.

Frederick Redmond: Vice Presidente Internacional del sindicato United Steelworkers (USW), el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá, también es miembro del Consejo Ejecutivo del AFL-CIO.

Mark Rowlinson: Fiscal del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá.

Michael Shaw: Presidente del sindicato de Bomberos británicos(FBU) el cual representa 45,000 afiliados bomberos.

James Sheridan: Parlamentario Británico del Partido Laborista.
Carol Wilson: Asistente Parlamentaria

Anthony Woodhouse: Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato ‘Unite the Union’, el cual representa 2,100,000 afiliados de varios sectores.

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