La columna Antonio José de Sucre de las FARC reconoció la muerte de ocho de los indígenas Awá, asesinados en el departamento de Nariño, con el argumento de que fueron ajusticiados por darle información al Ejército.
No hay ninguna justificación para un hecho tan execrable. La masacre de los Awá merece todo nuestro repudio. Afecta el ambiente político favorable, creado por las recientes liberaciones unilaterales por decisión de Secretariado de las FARC y el empeño de “Colombianos y Colombianas por la Paz” por buscar salidas humanitarias y políticas. Las FARC deben comprometerse a no repetir este tipo de acciones contra civiles inermes.
Del mismo modo, las Fuerzas Militares no pueden seguir involucrando a los civiles, en este caso a la población indígena, en sus operativos militares y menos aún forzarlos a proporcionar información sobre la presencia de insurgentes. Ello los coloca en singular peligro por las retaliaciones en su contra.
Al repudiar este hecho criminal despreciable y el involucramiento de civiles al servicio de la inteligencia militar, hay que persistir en las salidas pacíficas, humanitarias y políticas del conflicto colombiano. Lo que está demostrado, con el nuevo aliento de las recientes liberaciones y del clamor nacional y mundial por el intercambio humanitario, es que el único camino para superar el conflicto es la negociación política y el diálogo que conduzcan a la paz y a la reconciliación nacional.
Todo acto que afecte esta firme decisión de los colombianos y las colombianas debe ser rechazado sin vacilaciones, porque de hecho estimula la guerra, las salidas de fuerza, la reelección y los métodos antidemocráticos y represivos ocultos en el agresivo mensaje belicista gubernamental.
Carlos A. Lozano Guillén
Bogotá D.C. 17 de febrero de 2009
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No hay ninguna justificación para un hecho tan execrable. La masacre de los Awá merece todo nuestro repudio. Afecta el ambiente político favorable, creado por las recientes liberaciones unilaterales por decisión de Secretariado de las FARC y el empeño de “Colombianos y Colombianas por la Paz” por buscar salidas humanitarias y políticas. Las FARC deben comprometerse a no repetir este tipo de acciones contra civiles inermes.
Del mismo modo, las Fuerzas Militares no pueden seguir involucrando a los civiles, en este caso a la población indígena, en sus operativos militares y menos aún forzarlos a proporcionar información sobre la presencia de insurgentes. Ello los coloca en singular peligro por las retaliaciones en su contra.
Al repudiar este hecho criminal despreciable y el involucramiento de civiles al servicio de la inteligencia militar, hay que persistir en las salidas pacíficas, humanitarias y políticas del conflicto colombiano. Lo que está demostrado, con el nuevo aliento de las recientes liberaciones y del clamor nacional y mundial por el intercambio humanitario, es que el único camino para superar el conflicto es la negociación política y el diálogo que conduzcan a la paz y a la reconciliación nacional.
Todo acto que afecte esta firme decisión de los colombianos y las colombianas debe ser rechazado sin vacilaciones, porque de hecho estimula la guerra, las salidas de fuerza, la reelección y los métodos antidemocráticos y represivos ocultos en el agresivo mensaje belicista gubernamental.
Carlos A. Lozano Guillén
Bogotá D.C. 17 de febrero de 2009
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