*El desalojo a las familias de su propia vivienda, pagada hasta diez veces, a los bancos y corporaciones a través del sistema UPAC, es otra aberración del capitalismo salvaje
Por :Hernando López
VOZ edición 2510 del 23 al 29 de septiembre de 2009
Doña Rosa Molina hizo un préstamo de 14 millones de pesos para comprar su vivienda. Pagó hasta $42 millones y no pudo más porque las cuotas mensuales crecieron a la velocidad del rayo y los intereses del Banco de Colombia elevaron la deuda hasta $119.007.000. Perdió su vivienda.
Don Roberto Pérez hizo un préstamo de 10 millones de pesos para pagarlos en 15 años. Canceló a la constructora 8 millones de cuota inicial. El préstamo fue en 1993 y la cuota mensual asignada de $175 mil. Don Roberto pagó puntualmente sus cuotas hasta 1999, año en que la misma ascendió a $780 mil mensuales. A la fecha había cancelado al banco $30 millones y la deuda estaba en $40 millones todavía. Al final, después de procesos judiciales, de pagar abogado, don Roberto cedió al chantaje del banco y entregó su vivienda. Fue desalojado y como no tenía a donde ir el Bienestar Familiar se quedó con los niños menores, confinados en un hogar de niños abandonados.
Son dos ejemplos, sacados de muchos que ocurren todos los días. Desde que fue creado el UPAC, convertido en UVR por este Gobierno, que “es lo mismo con diferente envase”, en el gobierno de Misael Pastrana Borrero, 500 mil familias perdieron su vivienda en iguales condiciones a los ejemplos anteriores, en todo el país. En Bogotá, cada día, se dan entre 100 y 120 desalojos violentos y en el resto del país son 300 desalojos diarios. Es algo infame que desnuda lo inhumano del capital financiero, la voracidad de los bancos y corporaciones que se lucran del dolor humano. Esta fue, entre otras, la vía del enriquecimiento del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, banquero estrella, emblemático y patriarca de tantos galardones concedidos por el régimen debido a su filantropía.
Violencia policial y chantaje de los bancos
Pero el desalojo incluye otros ingredientes como la violencia policial que los acompaña y los efectos psicológicos para la familia. Por lo regular, la Policía saca a los dueños a empellones, destruye los enseres que son arrojados a la calle sin consideración y los niños menores son llevados a la fuerza a hogares del Instituto de Bienestar Familiar, mientras los mayores deambulan buscando un lugar donde pasar la noche. El UPAC se convirtió no sólo en saqueo del patrimonio familiar, sino en motivo de disolución de la familia despojada de su vivienda y abandonada a su propia suerte sin ninguna protección del Estado burgués inconmovible.
Para la Red de Colombianos Unidos por Nuestros Derechos Constitucionales – Redcundecon, que atiende a los damnificados de esta terrible situación, los bancos son terroristas y despojan sin consideración a las familias de sus viviendas. Es más, varios de sus integrantes denuncian que existe un cartel del Remate, integrado por abogados inescrupulosos, jueces prevaricadores, secuestres y bancos, que en concierto para delinquir se ponen de acuerdo para arrebatarle la vivienda a los usuarios del sistema. Inclusive, presionan con el chantaje de que el Bienestar Familiar les quitará a los hijos menores de darse el desalojo.
Las sentencias de la Corte
Es la manera como el sistema financiero acaba con la ilusión de tanto colombiano pobre y medio, porque se la lleva el viento ante la insensibilidad del sector financiero. No hay diferencia entre el UPAC y la UVR, explican los de la Red. Ambos funcionan con la misma filosofía. La Corte Constitucional quiso resolver, o al menos atenuar el problema, pero los jueces ignoran la jurisprudencia y las decisiones constitucionales, porque actúan y fallan de conformidad con el sistema financiero. La pelea judicial es perdida. Es un fracaso anunciado.
Mediante las sentencias C-747 de 1999 y la C-955 de 2000 la Corte Constitucional estableció que el sistema de capitalización de intereses no podía ser empleado en la financiación de vivienda a largo plazo y, además, le dio control constitucional a la ley 546 del 23 de diciembre de 1999, “dejando ciertos artículos condicionados al cumplimiento de ciertos parámetros, de lo contrario serían declarados inexequibles. Es decir, la conveniencia de la legalidad se dejó al “buen uso” para no afectar al usuario. Pero nada se cumplió y nada pasó. Los jueces no cumplen la ley y los bancos continúan haciendo lo mismo de siempre.
“La sentencia SU-813 de 2007 ratifica las anteriores que permiten que todos los procesos judiciales e hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, se debían haber suspendido a petición del usuario o de oficio por el juez, para que se reliquidaran dichos créditos. Si bien esa sentencia reconoció las vías de hecho y la violación del debido proceso en que incurrieron jueces y magistrados, se quedó corta, ya que legalizó en parte el delito de prevaricato en que incurrieron muchos administradores de justicia”, dicen los voceros de la Red.
Así que el drama continúa, sin ninguna consideración. Los damnificados, casi que en la soledad, continúan la lucha denodada para ponerle fin a esta aberración capitalista. Reconocen el interés y la batalla que ha librado la senadora Gloria Inés Ramírez en el Senado de la República por ellos.
Foto: El UPAC y la UVR se convirtieron en formas de atraco a los colombianos de menor ingreso.
VOZ edición 2510 del 23 al 29 de septiembre de 2009
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