Todos los caminos conducen a la “Casa de Nari”
VOZ edición 2543 del 2 al 8 de junio de 2010
*Redacción Política de VOZ
El país no sale de su asombro por el escándalo de las “chuzadas del DAS”, que no son solo eso, “es el espionaje más horrendo y asqueroso del mundo”, como lo calificó el periodista y escritor Juan Gossaín. En este semanario, tan pronto apareció la denuncia sobre la actividad ilegal del G3, advertimos que asistíamos al descubrimiento de un entramado criminal, con ramificaciones, participación y relaciones estrechas de distintas oficinas gubernamentales, al amparo de la política de “seguridad democrática” y de la “guerra contra el terrorismo”.
Los candidatos presidenciales debatieron en la campaña electoral sobre la gravedad de los procedimientos del DAS, aunque Gustavo Petro fue el único que advirtió de su extrema gravedad y de la responsabilidad política, al menos, del presidente Álvaro Uribe Vélez debido a que el DAS es un organismo de inteligencia que depende de manera directa del Presidente de la República.
Carlos Lozano, director de VOZ y una de las víctimas de la persecución oficial, dijo que “en este asunto nauseabundo, para encontrar a sus inspiradores todos los caminos conducen a la Casa de Nariño”. En las carpetas encontradas por el CTI en el allanamiento a las dependencias de inteligencia del DAS, varios de los informes, archivados en A-Z, estaban dirigidos a la presidencia. Al tiempo, que Jorge Lagos, ex director de inteligencia y José Miguel Narváez, ex subdirector, ambos detenidos, declararon que toda esa información era entregada a altos funcionarios de la Casa de Nariño. Otra “prueba reina” es la de un funcionario del DAS, que se allanó a los cargos y se convirtió en testigo de la Fiscalía, quien hace graves acusaciones a los directores del DAS de los últimos ocho años y asegura que hubo reuniones en la Casa de Nariño donde fueron entregados esos informes.
El responsable es Uribe
En la declaración al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Lozano, en calidad de víctima, señaló sin ambages que “la responsabilidad de esta actividad ilegal se la atribuyo al presidente Álvaro Uribe Vélez; él, si no las ordenó, conoció los informes confidenciales, porque fueron utilizados en sus acusaciones públicas contra varias personalidades de este país y periodistas críticos del Gobierno”. Dio el ejemplo de su caso, porque las acusaciones calumniosas contenidas en los informes secretos, “coinciden en la forma y el contenido con la que me hizo de manera gratuita e irresponsable el señor Presidente de la República, ciudadano Álvaro Uribe Vélez, a través de la cadena radial Caracol en la emisión del día 23 de febrero de 2007, a las 7 y 30 a.m., del programa 6 a.m. con la conducción del periodista Darío Arizmendi”.
De la misma manera, Lozano dejó constancia en la diligencia que la actividad ilegal correspondía a un entramado criminal, que comprometía a varias dependencias de inteligencia del Estado. “La copia de la ficha de la ‘inteligencia política’ que aparece en el folio 218 del sumario con el radicado 67.805 de la fiscalía 19 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, que se adelantó en contra mía por el presunto delito de rebelión y que fue precluído en mi favor en providencia del 23 de julio del presente año (2009) fue aportada al expediente mencionado por la Policía Judicial Dijín; si usted la compara con la que aparece en los documentos hallados en las carpetas del G3 y que aluden al suscrito es casi idéntica, incluyendo la gratuita calificación de asesor ideológico y político del Secretariado” (de las FARC).
Un entramado criminal
También le explicó el Director de VOZ a la Fiscalía que el 6 de enero de 2006 fueron detenidos los sujetos Carlos Alberto Porras Becerra, c.c. 79.857.676 y Jorge Enrique Hurtado Mejía, c.c. 13.722.880, en Bogotá, cuando le hacían seguimientos sin ninguna orden judicial y que resultaron ser agentes de la Dipol de la Policía Nacional al mando del Director Nacional de esta institución. Explica Lozano, analizando esos hechos, que es lo que demuestra la política oficial y el compromiso del presidente Uribe Vélez con esas decisiones y procedimientos.
En la exposición de los documentos del G3 por la Fiscalía y que contienen información de Carlos Lozano, éste encontró documentos confidenciales y correspondencia de la doctora Jahel Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar con el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y las solicitudes hechas por él a la Oficina de Protección del DAS para que se autorizaran las misiones a los escoltas y el acompañamiento en los desplazamientos a otras ciudades, así como los estudios de seguridad que son de estricta confidencialidad. Estos documentos aparecen en esas carpetas del G3 y sólo pudieron llegar allí, a juicio de Lozano, por la colaboración de funcionarios de esas dependencias gubernamentales.
¿Encubrimiento o complicidad?
También ha quedado en evidencia la vinculación de Mario Aranguren y otros funcionarios de la UIAF, que administra la información financiera de los colombianos, a la actividad delictiva del G3 del DAS y la entrega ilegal de información bancaria. En el caso de Carlos Lozano, la presión fue tal sobre el Citibank, donde tenía una cuenta de más de 15 años de manejo cuidadoso y pulcro, que las directivas del banco le iniciaron una investigación interna sin ningún fundamento y que llevó al afectado a cerrar la cuenta bancaria con los perjuicios que eso conlleva.
Sobre estas irregularidades, como seguimientos, inclusive en el exterior, amenazas, hostilidad, fueron informados los directores del DAS y el alto Gobierno, sin que nunca se adelantara la mínima investigación. Como todo el mundo recuerda, cuando la revista Semana hizo las primeras denuncias contra Jorge Noguera, Uribe Vélez montó en cólera y regañó al aire a su director Alejandro Santos con el argumento que Noguera “es un muchacho bien de Santa Marta”. Lo mismo que ha dicho ahora de Mario Aranguren, quien está comprometido a fondo con la actividad delictiva del DAS. Como dijo un periodista: “Uribe tiene que defender a su pandilla”.
Carlos Lozano también fue víctima de las campañas de desprestigio y desinformación, en las cuales participó el propio presidente Uribe Vélez, quien lo acusó de ser cómplice de los terroristas. Pero también fueron divulgadas por la red de internet panfletos infamantes y calumniosos para minar su honor y credibilidad como periodista de la oposición. “Todo ello fue adelantado a nombre de la defensa y la protección del Estado”, le expresó a este semanario una fuente de la Fiscalía General de la Nación. Es una actividad criminal, orquestada desde las alturas del poder, y hasta allá deben llegar las investigaciones y las sanciones, opinan las miles de víctimas de este procedimiento delictivo, incluyendo a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y consejeros de Estado.
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VOZ edición 2543 del 2 al 8 de junio de 2010
*Redacción Política de VOZ
El país no sale de su asombro por el escándalo de las “chuzadas del DAS”, que no son solo eso, “es el espionaje más horrendo y asqueroso del mundo”, como lo calificó el periodista y escritor Juan Gossaín. En este semanario, tan pronto apareció la denuncia sobre la actividad ilegal del G3, advertimos que asistíamos al descubrimiento de un entramado criminal, con ramificaciones, participación y relaciones estrechas de distintas oficinas gubernamentales, al amparo de la política de “seguridad democrática” y de la “guerra contra el terrorismo”.
Los candidatos presidenciales debatieron en la campaña electoral sobre la gravedad de los procedimientos del DAS, aunque Gustavo Petro fue el único que advirtió de su extrema gravedad y de la responsabilidad política, al menos, del presidente Álvaro Uribe Vélez debido a que el DAS es un organismo de inteligencia que depende de manera directa del Presidente de la República.
Carlos Lozano, director de VOZ y una de las víctimas de la persecución oficial, dijo que “en este asunto nauseabundo, para encontrar a sus inspiradores todos los caminos conducen a la Casa de Nariño”. En las carpetas encontradas por el CTI en el allanamiento a las dependencias de inteligencia del DAS, varios de los informes, archivados en A-Z, estaban dirigidos a la presidencia. Al tiempo, que Jorge Lagos, ex director de inteligencia y José Miguel Narváez, ex subdirector, ambos detenidos, declararon que toda esa información era entregada a altos funcionarios de la Casa de Nariño. Otra “prueba reina” es la de un funcionario del DAS, que se allanó a los cargos y se convirtió en testigo de la Fiscalía, quien hace graves acusaciones a los directores del DAS de los últimos ocho años y asegura que hubo reuniones en la Casa de Nariño donde fueron entregados esos informes.
El responsable es Uribe
En la declaración al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Lozano, en calidad de víctima, señaló sin ambages que “la responsabilidad de esta actividad ilegal se la atribuyo al presidente Álvaro Uribe Vélez; él, si no las ordenó, conoció los informes confidenciales, porque fueron utilizados en sus acusaciones públicas contra varias personalidades de este país y periodistas críticos del Gobierno”. Dio el ejemplo de su caso, porque las acusaciones calumniosas contenidas en los informes secretos, “coinciden en la forma y el contenido con la que me hizo de manera gratuita e irresponsable el señor Presidente de la República, ciudadano Álvaro Uribe Vélez, a través de la cadena radial Caracol en la emisión del día 23 de febrero de 2007, a las 7 y 30 a.m., del programa 6 a.m. con la conducción del periodista Darío Arizmendi”.
De la misma manera, Lozano dejó constancia en la diligencia que la actividad ilegal correspondía a un entramado criminal, que comprometía a varias dependencias de inteligencia del Estado. “La copia de la ficha de la ‘inteligencia política’ que aparece en el folio 218 del sumario con el radicado 67.805 de la fiscalía 19 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, que se adelantó en contra mía por el presunto delito de rebelión y que fue precluído en mi favor en providencia del 23 de julio del presente año (2009) fue aportada al expediente mencionado por la Policía Judicial Dijín; si usted la compara con la que aparece en los documentos hallados en las carpetas del G3 y que aluden al suscrito es casi idéntica, incluyendo la gratuita calificación de asesor ideológico y político del Secretariado” (de las FARC).
Un entramado criminal
También le explicó el Director de VOZ a la Fiscalía que el 6 de enero de 2006 fueron detenidos los sujetos Carlos Alberto Porras Becerra, c.c. 79.857.676 y Jorge Enrique Hurtado Mejía, c.c. 13.722.880, en Bogotá, cuando le hacían seguimientos sin ninguna orden judicial y que resultaron ser agentes de la Dipol de la Policía Nacional al mando del Director Nacional de esta institución. Explica Lozano, analizando esos hechos, que es lo que demuestra la política oficial y el compromiso del presidente Uribe Vélez con esas decisiones y procedimientos.
En la exposición de los documentos del G3 por la Fiscalía y que contienen información de Carlos Lozano, éste encontró documentos confidenciales y correspondencia de la doctora Jahel Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar con el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y las solicitudes hechas por él a la Oficina de Protección del DAS para que se autorizaran las misiones a los escoltas y el acompañamiento en los desplazamientos a otras ciudades, así como los estudios de seguridad que son de estricta confidencialidad. Estos documentos aparecen en esas carpetas del G3 y sólo pudieron llegar allí, a juicio de Lozano, por la colaboración de funcionarios de esas dependencias gubernamentales.
¿Encubrimiento o complicidad?
También ha quedado en evidencia la vinculación de Mario Aranguren y otros funcionarios de la UIAF, que administra la información financiera de los colombianos, a la actividad delictiva del G3 del DAS y la entrega ilegal de información bancaria. En el caso de Carlos Lozano, la presión fue tal sobre el Citibank, donde tenía una cuenta de más de 15 años de manejo cuidadoso y pulcro, que las directivas del banco le iniciaron una investigación interna sin ningún fundamento y que llevó al afectado a cerrar la cuenta bancaria con los perjuicios que eso conlleva.
Sobre estas irregularidades, como seguimientos, inclusive en el exterior, amenazas, hostilidad, fueron informados los directores del DAS y el alto Gobierno, sin que nunca se adelantara la mínima investigación. Como todo el mundo recuerda, cuando la revista Semana hizo las primeras denuncias contra Jorge Noguera, Uribe Vélez montó en cólera y regañó al aire a su director Alejandro Santos con el argumento que Noguera “es un muchacho bien de Santa Marta”. Lo mismo que ha dicho ahora de Mario Aranguren, quien está comprometido a fondo con la actividad delictiva del DAS. Como dijo un periodista: “Uribe tiene que defender a su pandilla”.
Carlos Lozano también fue víctima de las campañas de desprestigio y desinformación, en las cuales participó el propio presidente Uribe Vélez, quien lo acusó de ser cómplice de los terroristas. Pero también fueron divulgadas por la red de internet panfletos infamantes y calumniosos para minar su honor y credibilidad como periodista de la oposición. “Todo ello fue adelantado a nombre de la defensa y la protección del Estado”, le expresó a este semanario una fuente de la Fiscalía General de la Nación. Es una actividad criminal, orquestada desde las alturas del poder, y hasta allá deben llegar las investigaciones y las sanciones, opinan las miles de víctimas de este procedimiento delictivo, incluyendo a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y consejeros de Estado.
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