Un crimen de Estado

Por: Luis Jairo Ramírez

Editorial, Edición de VOZ 2546 del 30 de junio al 6 de julio de 2010
En un fallo histórico y después de 16 años del magnicidio (9 de agosto de 1994), la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el asesinato del Senador Comunista MANUEL CEPEDA. Ya el pasado 10 de diciembre de 2009 El Consejo de Estado también había condenado a la Nación tras encontrar que hubo omisión en la protección del entonces senador y dirigente del Partido Comunista. Con este fallo toma fuerza el anhelo para que el proceso colectivo por el genocidio de la UP y el PCC que cursa ante la Comisión Interamericana determine la responsabilidad del Estado Colombiano.

La muerte de Manuel Cepeda fue fríamente planeada en las instancias de la inteligencia militar dentro de la “Operación Golpe de Gracia”, que comenzó con el asesinato de Miller Chacón, Secretario de Organización del Partido Comunista Colombiano, el 25 de noviembre de 1993. La denuncia de esta operación militar institucional fue desestimada por el entonces ministro de Defensa Rafael Pardo. Manuel Cepeda Vargas, fue asesinado por seis sicarios; tres de ellos, efectivos del Ejército Nacional que actuaban bajo órdenes del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, quien a su vez respondía a superiores del establecimiento, al parecer pertenecientes el llamado “Grupo de los 8”, integrado por políticos de los partidos tradicionales, Generales y personas influyentes del país y el Estado, cuyas identidades aún no ha sido determinadas por la justicia nacional.

Durante el proceso investigativo se conoció que suboficiales del propio ejército afirmaron que el general Herrera Luna había dado la orden de ejecutar al Senador Cepeda. Esa confesión más otras pruebas, provocaron la detención de los sargentos Justo Gil Zúñiga y Hernando Medina Camacho del Batallón de Artillería No. 12 de Bogotá por su participación en el crimen. El General Herrera ni siquiera fue vinculado.

Estos crímenes se sumaron a la muerte de más de 5 mil militantes, dirigentes y miembros a corporaciones públicas de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano desde los años 80. Como se sabe, con el genocidio de la UP y El Partido Comunista el país perdió la oportunidad colosal de una salida pacífica del conflicto interno y la posibilidad del tránsito hacia una nueva institucionalidad, realmente democrática y progresista.

Lo que vino después para Colombia fue un verdadero holocausto. Durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez se consolidó la estrecha alianza que existía entre altos funcionarios del Estado, el narcotráfico, empresarios, dirigentes políticos tradicionales, altos mandos militares y paramilitares para la ejecución de crímenes políticos con un saldo trágico para la sociedad colombiana, especialmente para organizaciones sociales y de la oposición democrática.

El fallo de la Corte Interamericana exige que el Presidente de la República pida perdón en plenaria del Congreso de la República con transmisión en directo a todo el país. Así mismo deberá comprometerse a producir avances en justicia que permitan la plena identificación de los autores intelectuales del magnicidio y garantizar la vida, dignidad y honra de los sobrevivientes y familiares de víctimas del genocidio contra la UP. Y el PCC, cosa que el actual Ministerio del Interior parece no tener claro.
Como lo han escrito algunos investigadores y especialistas sobre el tema: “Para quien ha sufrido de cerca tanto la violencia como la impunidad, encontrar un reconocimiento internacional y una sentencia que esculpe en mármol una verdad historia es un hecho histórico de enorme relevancia y un gran logro”.

Vendrán nuevos resultados de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad que involucran a altos dirigentes del estado. La condena a 30 años de cárcel del coronel Plazas Vega por la desaparición de 11 personas que salieron vivas del palacio de Justicia y las investigaciones que cursan contra los ex generales Arias Cabrales, Iván Ramírez y Rito Alejo del Rio, entre otros; los procesos judiciales para aclarar la responsabilidad de los llamados “falsos positivos”, mientras el presidente electo Juan Manuel Santos era Ministro de Defensa; los escándalos por el espionaje ilegal del DAS, quizá son algunas de las causas por las que se llama a la “Unidad Nacional”, para lavarse la cara y blindarse ante el clamor de justicia y cese de la impunidad que clama el país. Como ocurrió con la Junta Militar Argentina, con los militares chilenos y con Fujimori, los genocidas colombianos serán sancionados por la justicia y la historia..!!

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