viernes, 23 de mayo de 2008

Comunicado de prensa - Representante a la Cámara por Bogotá Wilson Alfonso Borja Díaz

Comunicado de prensa



En relación con el anuncio emitido por el Fiscal General de la Nación a través de los medios de comunicación en la tarde hoy, en donde señala que compulsó copia a la Honorable Corte Suprema de Justicia para que al suscrito se me investigue, me permito señalar:

Desconozco el contenido de los documentos remitidos por el Fiscal General de la Nación a la Honorable Corte Suprema de Justicia, lo que impide que me pronuncie sobre el particular.

Como en oportunidades anteriores, estoy a disposición de las autoridades a fin de que se adelanten todas aquellas investigaciones que consideren pertinentes, a efecto de que el pueblo colombiano conozca la transparencia en cada una de mis actuaciones, desde la defensa de los derechos de los trabajadores, en la tribuna parlamentaria y como facilitador en los procesos de paz que se han adelantado en el país.


Una vez sea notificado formalmente por la autoridad competente y tenga acceso al expediente, podré ejercer el derecho de defensa y demostrarle al país que he sido y soy un ciudadano honorable.
Bogotá, D.C., 22 de mayo de 2008.

Wilson Alfonso Borja Díaz
Representante a la Cámara por Bogotá
Polo Democrático Alternativo

AMENAZA A LA LIBERTAD DE EXPRESION

DeVer 436
AMENAZA A LA LIBERTAD DE EXPRESION
La penalización a Alfredo Molano

Alfredo Molano Bravo, sociólogo y columnista del diario El Espectador, ha sido demandado por la familia Araujo, por supuesta injuria y calumnia ante lo expresado en su columna: Araújos et al, publicado en este periódico.

Este tipo de demandas pretende coartar la libertad de expresión, al tiempo que se convierte en un nuevo mecanismo de presión que limita la libertad de conciencia y libre pensamiento. El inicio de la investigación contra el reconocido investigador social, es un indicador de cómo el aparato judicial se presta a atender falsas imputaciones, a través de las cuales se socializa el temor y el aleccionamiento colectivo para evitar expresarse en conciencia sobre las responsabilidades de los sectores de poder en la situación actual que vive Colombia.

A esta demanda le han precedido el exilio forzoso en anteriores ocasiones que ha sufrido Molano. Es de anotar que en los períodos del gobierno de Uribe, han continuado las presiones, las amenazas y asesinatos de periodistas. Recientemente debido a sus escritos e investigaciones se vio obligado a exiliarse el periodista Gonzalo Guillen por las referencias y artículos explícitos respecto a las relaciones entre estructuras paramilitares y políticos con el gobierno de Uribe. Fernando Garavito conocido como Juan Mosca, a raíz de un artículo publicado en El Espectador en las que aludió a la trayectoria de Alvaro Uribe Vélez con actuaciones non sanctas se vio obligado a exiliarse.

La misma suerte del exilio ha corrido Holman Morris. El periodista, director del periódico Voz e integrante del Partido Comunista, Carlos Lozano, ha sufrido reiteradas amenazas de muerte por sus apreciaciones públicas y su labor a favor del Acuerdo Humanitario y las salidas negociadas al conflicto armado interno.

Invitamos a la solidaridad con Alfredo Molano, objetando la actuación de la familia Araujo que pretende penalizar la libertad de opinión, de expresión y de conciencia a través de las comunicaciones dirigidas a lector@elespectador.com Fcano@elespectador.com y con la exigencia al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, el cese de toda actuación judicial tendiente a penalizar la libertad y la crítica.


Adjunto
1. Carta a defensores de la libertad de prensa y de los derechos humanos, escrita por Alfredo Molano, en la que adjunta el texto de la columna ARAUJOS ET AL, el Acta de Conciliación y un extracto de la Querella que presentó la Fiscalía.

1. En Colombia no hay, ni debe haber, crímenes de conciencia

Bogotá, D.C. Mayo 20 de 2008
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ


“Carta a defensores de la libertad de prensa y de los derechos humanos.


Estimados amigos:

Como ustedes saben escribo una columna semanal en El Espectador, diario que se ha distinguido por su pluralismo y defensa de la libre expresión desde hace 120 años. Son muchas las amenazas e intimidaciones que tanto el periódico como sus columnistas hemos recibido en los últimos años originados en organizaciones oscuras y – hay que decirlo – en el Estado.

El año pasado escribí una columna titulada Araujos et al comentado los vínculos de esta familia con el poder local y nacional. Al poco tiempo recibí una citación en la Fiscalía para hacer una conciliación con los abogados de la familia Araujo que se sentía agraviada y lesionada por mi opinión. Ante la Fiscalia exigieron que la única conciliación posible consistía en que yo debía publicar un rectificación en El Espectador, previa aprobación de su texto por parte de los demandantes. Naturalmente me negué porque lo consideré un atentado a la libre expresión sin detrimento del derecho que un ciudadano tiene a lo honra. En Colombia hay normas que rigen la rectificación y yo estaría de acuerdo, si mi texto diera lugar a la injuria o a la calumnia, a enmendar de acuerdo a la ley, pero no podré aceptar nunca que una columna de opinión sea prácticamente redactada por otros, sean quienes sean y representen el poder que representen. En estos términos, la conciliación podría ser considerada como un ultraje a la libertad de prensa, derecho también garantizado por la Constitución Nacional. No obstante, en la diligencia de conciliación declaré que solo estaba dispuesto a precisar mi opinión consultando a ciudadanos de Valledupar sobre la conducta histórica de los notables de la región. Los abogados querellantes no aceptaron mi propuesta. Por tanto quedó abierto el proceso.

El pasado 6 de mayo fui citado a una audiencia pública de formulación de imputación; para tal fin solicité la asesoría del bufete de abogados del Doctor Jaime Bernal Cuéllar, quien designó al Doctor Alexander Andrade. En esta diligencia la Fiscalia precisa la querella y hace la imputación. El Juez de Garantías aceptó los términos de la Fiscalia y dio vía libre a las siguientes fases del proceso. Mi defensa se baso en el hecho de que el fragmento invocado por los querellantes no imputaba a la familia Araujo de Valledupar los cargos de contrabando, robo de tierras a los indígenas y compra de votos a los indígenas. Yo agregué y dejé consignado en el acta tres cosas: primera, que el titulo de la columna Araujo et al hace referencia a los Araujo como elite local, y el et al supone un conjunto indeterminado y plural de personas que tienen conductas similares; segundo que el texto no se limita a caracterizar una elite, bien llámese nobles de Cartagena o notables de Valledupar en los últimos años, sino desde los tiempos de la colonia hasta nuestros días; tercero, los notables de Valledupar no son solamente loa Araujo y por tanto los señalamientos que hago no necesariamente implican a los Araujo. Mi intención fue la de pintar un clima social y político donde los Araujo viven y actúan. Los notables son pues, según el diccionario de la RAE, un conjunto de personas “que se hacen notar” y abarca por tanto desde un Rey Vallenato hasta Jorge Cuarenta, que es, dicho sea de paso, el único nombre citado en concreto en el párrafo. Los Notables de Valledupar son pues un sujeto genérico e indeterminado en el tiempo. En su conjunto se trata de uno de esos litigios gramaticales al que somos tan asiduos en la patria y que Malcom Deas pilló con tanto sentido del humor como de compresión de nuestra historia.

Como a todos nos incumbe cualquier ataque a la libertad de opinión, les envió esta comunicación con tres documentos legales: el texto de la columna aparecida en El Espectador, el Acta de Conciliación, y por ultimo, un extracto de la querella que presentó la Fiscaliza. Hagan Uds. de Juez

Cordial saludo,
Alfredo Molano Bravo
Copias
Columna. Los subrayados son míos e indican la “Zona de Litigio”


ARAUJOS ET AL

Alfredo Molano Bravo
Seguro es que los Araujo vallenatos no tienen sangre próxima común con los de Cartagena, aunque para un senador de Texas o para un representante sueco al Parlamento Europeo, la coincidencia les aflojara una sonrisita de lado. El asunto no es de consanguinidad, sino de identidad en el modo de hacer negocios aunque no sean socios. Ambas familias son de esa rancia cúspide regional acostumbrada a manejar haciendas, predios, casas comerciales, y oficinas públicas con los mismos criterios especulativos y endogámicos. Los notables de Valledupar nacieron todos en la misma cuadra y se conocen los trapos íntimos desde niños. Han vivido del contrabando de café y ganado con Venezuela por Puerto López- el de Tite Socarras-, después, sin duda, contrabandearon maracachafa por Bahía Portete; han escriturado, con parientes notarios, haciendas y predios urbanos a sus reconocidos nombres y le han quitado toda la tierra que pueden a los indígenas de la Sierra Nevada y sobre todo a los Kankuamos. Las campañas electorales de estos prohombres son –hoy todavía- un espectáculo deprimente: suben sus delegados en camión a la Sierra, digamos a Atanques, y llevan a los indígenas enchirrinchados a donde necesitan inclinar a su favor la votación. Una vez que, abrazo de por medio, los indígenas botan, los empujan en cualquier esquina para que amanezcan botados, vomitados y sin saber como devolverse a su tierra. El espectáculo se repite con la regularidad del Festival Vallenato. Con el mismo procedimiento los llevan a firmar escrituras.

Pasa lo mismo con los nobles de la Heroica. Son un puñado. Conocidos de todos porque de alguna Miss Bolívar son parientes o, por lo menos, a una han coronado en el Hotel Caribe siendo gobernadores, alcaldes, secretarios de gobierno, almirantes de la Armada. Tienen una larga y noble historia como que fueron los más ardientes enemigos de los piratas ingleses y franceses que venían a quitarles los chancucos comerciales con la Madre España. Siempre han sido comerciantes y, además, hacendados. Han comerciado con todo, aceite en botija, esclavos, géneros, azúcar, y, claro, tierras. Indígenas no tienen a mano, si se exceptúan los que su parentela los Guerra de la Espriella- otros también embollados con la Ley-engañan y emborrachan en Sucre: Joselito convicto del 8000 y especializado en atropellar -digo lo menos-a los indígenas de San Andrés de Sotavento; su hermano Víctor, hoy delegado personal del Presidente Uribe en la Corporación Autónoma de Sucre organizo con paramilitares las CONVIVIR regionales bautizadas con el significativo nombre de Orden y Desarrollo; Miguelito, el de Ralito; su hermana, Ministra de Comunicaciones y su padre Julio Cesar Guerra Tulena.

El nuevo Canciller estuvo untado en el negociado de Chambacú. Y salio bien librado. Explicable, siendo Fiscal Luís Camilo Osorio, que tarde o temprano veremos en los estrados. Pero el problema no es legal. Es social. Chambacú era un pueblo de negros tan autentico como puede ser San Basilio. Vestigios ambos de lo que fue la cultura africana en América. Pero a los casatenientes cartageneros no les gustaba el barrio hecho entre manglares con cartones y tejas de zinc. Daba mal aspecto al Corralito. Y decidieron sacar a la gente a la fuerza y botarla a vivir donde pudiera. Chambacú se volvió uno de los más costosos predios. El negocio fue redondo. Hasta construyeron un edificio inteligente. Los desalojados tuvieron que treparse a La Popa y las Loma de Peyé, terrenos hermosísimos con vista al mar. Hay un nuevo plan para sacarlos de ahí también: la Avenida Perimetral. Limpias esas lomas, vendrá triunfal don Donald Trump, rey inmobiliario de Nueva York y dueño del Concurso Miss Universo a inaugurar, -quizás asociado con los Santos, los Noguera, los Guerra de la Espriella, y, por supuesto con Jean Claude Besudo- un gran vividero residencial para pensionados gringos. De ahí las medidas adoptadas por el Ministro de Defensa para la ciudad.


Diligencia de conciliación
Investigación # 200701527.
Audiencia de Conciliación.

Querellantes: Andrés Alfredo Araujo Ariza y Andrés Alfredo Rafael Molina Araujo.
Indiciado: Alfredo Molano Bravo

Nos presentamos el 10 de diciembre de 2007 en Fiscalia cuarenta unidad tercera delegada ante juzgados penales municipales, etc.
Resultados:

1. Los querellantes exhiben poderes de Hernán Felipe Araujo Ariza y Maria Mercedes Molina Araujo también denunciantes

2. Los denunciantes manifiestan que para conciliar solicitan al denunciado que se retracte o que rectifique las imputaciones deshonrosas y las calumnias que en el artículo efectuó contra los Araujo de Valledupar

3. El denunciado manifiesta que esta dispuesto a efectuar precisiones y que se desplazara a v/par por espacio de tres meses para precisar aspectos de su articulo tanto gramaticales, sociológicos e históricos

4. Ante esta propuesta, los denunciantes manifiestan su desacuerdo y que estarían dispuestos a que el denunciado escriba su texto haciendo retractación o rectificación y que antes de su publicación nos reuniéramos nuevamente para verificar la conciliación, es decir para verificar que el texto escrito por el denunciado repare el daño moral que ha causado en los denunciantes
5. El denunciado manifiesta que no esta dispuesto a escribir un articulo y a que sea revisado por los denunciantes porque se cercenaría la libertad de prensa, él esta dispuesto a hacer precisiones pero en libertad de pensamiento
6. Esto tampoco es aceptado por los querellantes
7. El denunciado manifiesta que no presume que los Araujo hagan parte de los notables de v/par tal como en su columna escribió
8. El fiscal declara fallida la audiencia de conciliación

Fiscal Maria Cecilia Cadena Lleras
Fiscal 40.


BASE DEL ARGUMENTO DE LA FISCALIA
Subrayados y en mayúscula el sujeto atribuido y/o añadido por la Fiscalía al formular la imputación; entre paréntesis las palabras de mi columna

Seguro es que los Araujo vallenatos no tienen sangre próxima común con los de Cartagena, aunque para un senador de Texas o para un representante sueco al Parlamento Europeo, la coincidencia les aflojara una sonrisita de lado. El asunto no es de consanguinidad, sino de identidad en el modo de hacer negocios aunque no sean socios. Ambas familias son de esa rancia cúspide regional acostumbrada a manejar haciendas, predios, casas comerciales, y oficinas públicas con los mismos criterios especulativos y endogámicos. Los ARAUJO (notables) de Valledupar nacieron todos en la misma cuadra y se conocen los trapos íntimos desde niños. LOS ARAUJO Han vivido del contrabando de café y ganado con Venezuela por Puerto López- el de Tite Socarras-, después, sin duda, contrabandearon maracachafa por Bahía Portete; LOS ARAUJO (;) han escriturado, con parientes notarios, haciendas y predios urbanos a sus reconocidos nombres y le han quitado toda la tierra que pueden a los indígenas de la Sierra Nevada y sobre todo a los Kankuamos. Las campañas electorales de LOS ARAUJO (estos prohombres) son –hoy todavía- un espectáculo deprimente: suben sus delegados en camión a la Sierra, digamos a Atanques, y llevan a los indígenas enchirrinchados a donde necesitan inclinar a su favor la votación. Una vez que, abrazo de por medio, los indígenas votan, LOS ARAUJO los empujan en cualquier esquina para que amanezcan botados, vomitados y sin saber como devolverse a su tierra. El espectáculo se repite con la regularidad del Festival Vallenato. Con el mismo procedimiento los ARAUJO los llevan a firmar escrituras. Lo que hace Jorge 40 no es más que repetir la historia”




En Colombia no hay, ni debe haber, crímenes de conciencia.

Ante la insólita demanda por injuria y calumnia que varios miembros de la familia Araújo de Valledupar han instaurado ante la Fiscalía General de la Nación contra el sociólogo, escritor y periodista Alfredo Molano, haciendo gala de una prepotencia que recuerda aquello de que en ocasiones son los pájaros los que les disparan a las escopetas, los abajo firmantes nos permitimos hacer públicas las siguientes consideraciones:

En ejercicio de la libertad de prensa que consagra la legislación colombiana, y haciendo uso del derecho inalienable que tiene todo comentarista a interpretar la realidad nacional y a expresar sus ideas al respecto, el 25 de febrero del año 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia comenzó a desenredar el cordón umbilical que une a los caciques electorales de la Costa Atlántica con sus respectivos jefes paramilitares, Alfredo Molano publicó en El Espectador una columna de opinión titulada Araújos et al, en la que hace un somero recuento histórico de lo que ha sido desde los viejos tiempos de la Colonia el dominio económico, político y social del notablato costeño en dicha región del país.

Sintiéndose aludidos por las opiniones de un escritor público, opiniones que por el hecho de ser discutibles no dejan de ser respetables, cuatro miembros de la familia Araújo de Valledupar, parientes cercanos de varias personas que son investigadas por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares, resolvieron recurrir a la Fiscalía General de la Nación para tratar de acallar un punto de vista diferente al suyo.

Estamos en presencia, por lo tanto, de un atropello contra la libre expresión del pensamiento crítico que debe ser condenado sin titubeos de ninguna especie por quienes creemos en la democracia y pensamos que la libertad de prensa es uno de sus fundamentos básicos. En Colombia está comenzando a hacer carrera la costumbre de tratar de intimidar mediante diligencias judiciales a todos aquellos periodistas cuyas opiniones resultan incómodas para la buena imagen que de sí mismos quieren proyectar ciertos sectores de la clase dirigente. Lo que se busca, en pocas palabras, es domesticar a la prensa, coartándole su iniciativa y su creatividad, para así poder domesticar a la opinión pública, un precedente que, de prosperar, desemboca de manera inevitable en una dictadura.

Nuestra solidaridad con Alfredo Molano, por consiguiente, es incondicional.
FIRMAS: Bogotá, 20 de mayo de 2008.

Procedimiento: Si usted está de acuerdo y adhiere firma con nombre y cedula y envía por correo electrónico la presente Declaración a uno de los buzones que aparecen al final de esta comunicación. Puede darse el caso de una salvedad y ella será bien acogida y publicada.

lector@elespectador.com
Fcano@elespectador.com

miércoles, 21 de mayo de 2008

Persecución política contra líderes campesinos


Detenciones masivas en Caquetá
Entre las personas detenidas figuran varios sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista.
Por Camilo Raigozo. Voz


En un operativo en el que intervinieron el CTI de la Fiscalía, el DAS y tropas del Ejército Nacional, el pasado 11 de mayo fueron detenidas de forma irregular 21 campesinos, entre ellos dos mujeres, de los corregimientos de Remolinos del Caguán, Puerto Camelias y Monserrate, pertenecientes a la jurisdicción del municipio de Cartagena del Chirá, Caquetá.


Las víctimas fueron trasladadas inmediatamente a las instalaciones del CTI de la Fiscalía de Bogotá, bajo la sindicación de rebelión, por cuenta del Fiscal 53, delegado ante las Fuerzas Militares


En un operativo en el que intervinieron el CTI de la Fiscalía, el DAS y tropas del Ejército Nacional, el pasado 11 de mayo fueron detenidas de forma irregular 21 campesinos, entre ellos dos mujeres, de los corregimientos de Remolinos del Caguán, Puerto Camelias y Monserrate, pertenecientes a la jurisdicción del municipio de Cartagena del Chirá, Caquetá.


Las víctimas fueron trasladadas inmediatamente a las instalaciones del CTI de la Fiscalía de Bogotá, bajo la sindicación de rebelión, por cuenta del Fiscal 53, delegado ante las Fuerzas Militares.


Las personas detenidas en el operativo de la Brigada Móvil 22 acantonada en Remolinos del Caguán, son víctimas de la Red de Informantes y tanto la Fiscalía como el Ejército los sindican de varios delitos como homicidio, terrorismo, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y rebelión entre otros.


Según informes castrenses suministrados a los medios de comunicación, en el momento de las capturas fueron encontradas armas, explosivos y 500 gramos de alcaloide.


Sin embargo, familiares de varias de las personas detenidas y la comunidad desmienten las acusaciones y advierten que son víctimas de los consabidos montajes con que el gobierno se ha ensañado contra las comunidades rurales en zonas donde se ha venido ejecutando el conflicto social y armado que padece el país.


“Las personas detenidas son conocidos líderes comunitarios y sociales de sus regiones, dirigentes del Partido Comunista que hacen parte del Polo Democrático Alternativo y muchos son sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica y del partido Comunista, que no tienen relación algunaza con grupos alzados en armas y tampoco con las acusaciones que les están haciendo.


“Todas esas personas forman parte de las juntas de acción comunal de sus respectivas veredas”, le dijo a VOZ, José Yesid Doncel, secretario general de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Cartagena del Chairá.


Entre las personas capturadas está por ejemplo Rafael Orjuela Huertas, quién es el fiscal de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena del Chirá. Él fue también candidato por el Polo al Concejo en las elecciones anteriores.


“Por eso sostenemos que lo que ha ocurrido, es una persecución política. Es que el Gobierno tiene estigmatizados a los habitantes de estas regiones por el hecho de que en su mayoría somos militantes del Polo”, dijo Doncel.


“Son retaliaciones del Ejército”


Para los campesinos, estas detenciones arbitrarias no son más que retaliaciones del Ejército que no les perdona que las comunidades se unan y se organicen para defender sus derechos y por realizar certámenes como foros por la defensa de los derechos humanos en los que han denunciado ante la opinión pública nacional e internacional los atropellos que la fuerza pública comete.


Otro de los motivos por los cuales creen los campesinos que se dan estos actos arbitrarios contra la población, es la venganza por el rechazo a la presencia militar en las asambleas de las asociaciones de juntas de acción comunal en las que los labriegos han obligado a los uniformados a no inmiscuirse por ser ellos los principales causantes de la crisis humanitaria que atraviesa la región.


Las comunidades de Cartagena del Chairá, denunciaron a VOZ que debido a las fuertes restricciones que ejercen los militares en el libre movimiento de artículos de primera necesidad de la canasta familiar, de medicamentos y de insumos propios a las labores agrícolas, hay una crisis humanitaria de grandes proporciones que están padeciendo los pobladores de las diferentes veredas.


“Es denigrante el trato que las tropas nos dan. Como todas las facturas de compra de los mercados tienen que ir firmadas por los comandantes y revisados los mercados, a veces en Cartagena nos dicen que la revisión le corresponde, por ejemplo, a la comandancia de Remolinos, pero cuando llegamos allá, después de cuatro horas de viaje en canoa rápida, nos dicen que no, que es en Cartagena”, dicen en sus quejas los labriegos.


No es la primera vez que las detenciones masivas ocurren en Cartagena del Chairá. El 7 de septiembre de 2003 fueron capturadas bajo las mismas acusaciones más de 90 personas de la región. Las autoridades tuvieron que dejarlas en libertad al poco tiempo al no poderles comprobar su culpabilidad de lo que se les acusaba.

17 FAMILIAS EN LA MIRA PARA SER DESALOJADOS EN CAJAMARCA

Por Nelson Lombana Silva

17 familias de escasos recursos económicos se encuentran en la mira del gobierno nacional para ser desalojados de sus modestas viviendas con el fin de garantizar el desarrollo del megaproyecto del túnel de la línea y el ensanchamiento de la carretera, en el municipio de Cajamarca, Tolima, exactamente en el kilómetro 26.

Diversas acciones legales han interpuesto estas familias con el fin de que sean debidamente indemnizadas y reubicadas, sienten que no pueden quedar a la intemperie con sus niños, ancianos y mujeres, que durante años han vivido en este sector.

En la defensa de sus intereses, tanto el partido comunista, como diversos sindicatos, especialmente Sintragritol y uno más adscrito a la CTC, se han puesto al frente.

Hepolidoro Laverde Suárez, dirigente sindical, hace una síntesis apretada pero interesante del proceso de lucha y resistencia de estas 17 familias.

La noticia del desalojo la dio el compañero José Santiago Bucurú, en el mes de diciembre, reuniéndose de inmediato Raúl Rojas González y Hepolidoro para analizar la situación, orientando de inmediato un censo y una reunión con los damnificados para conocer el tema de fondo.

El partido comunista orientó crear un comité integrado por los campesinos afectados por las políticas del gobierno nacional, el cual fue constituido el 10 de marzo, conformado por Jhon Jairo Buitrago, José Santiago Bucurú y Amparo de Jesús Ayala Loaiza, quienes comenzaron a orientar al grupo.

El 7 de abril, con la presencia de 27 campesinos, se crea la junta con la siguiente directiva: presidente, Hepolidoro Laverde Suárez; vicepresidente, Orsini Hernández Ruiz; secretaria, Miriam Romero Bonilla; tesorera, Ligia Marulanda Morales; fiscal, Jhon Jairo Buitrago; suplentes: Celedonio Romero Ávila, Fabio Nelson Hernández, Euclides Cuellar, José Santiago Bucurú y Clara Inés Calvo.

El 14 de abril, el compañero Hepolidoro viaja al kilómetro 26 con el fin de hacer firmar un derecho de petición, solicitándole al alcalde que estas familias sean incluidas en un plan de vivienda.

El 28 de abril, la inspección de trabajo mediante resolución número 0180, reconoce la junta directiva, lo cual es celebrado con júbilo.

El 30 del mismo mes, Hepolidoro recibe respuesta del alcalde popular, Guillermo Rodríguez, colocándole cita para el 14 de mayo. Asiste puntual acompañado de varios damnificados, planteándole la problemática. El burgomaestre se muestra interesado y los cita para el siguiente día a hacer parte de la reunión con la delegada del ministerio de vivienda y medio ambiente, se trata de la doctora Julia Ramírez, quien expone los requisitos básicos para aspirar hacer parte de un plan de vivienda. Estos son: tener núcleo familiar, ganar menos de cuatro salarios mínimos, no estar afiliado a una caja de compensación, no haber recibido subsidio del gobierno nacional, no tener propiedad raíz, estar en el estrato 1, 2 y tener una cuenta de ahorro programada.

El 19 de mayo, se reunieron nuevamente 14 familias, pues tres, abandonaron la lucha, con el fin de analizar el ofrecimiento del alcalde y comenzar a llenar los requisitos. La reunión se hizo en la casa campesina al calor de un suculento sancocho, participando de ella el presidente de sintragritol, Luis Gómez y un dirigente regional del partido comunista y del Polo Democrático Alternativo.

El dirigente comunista hizo un análisis de la situación política del país y de la región en el marco de la seguridad democrática de Uribe, la parapolítica y los nexos del gobierno nacional con el paramilitarismo. Instó a la unidad y a la lucha por la vivienda en una perspectiva integral, pues al lado de ésta, debe estar la lucha por la educación, la salud, el empleo, la paz con justicia social, la salida política al conflicto, el intercambio humanitario y el esfuerzo mancomunado por fortalecer la propuesta de la constituyente popular, democrática e incluyente. Se propuso el estudio y análisis colectivo del semanario VOZ La verdad del pueblo.

El presidente de Sintragritol, insistió en la necesidad de conocer el proceso, las causas estructurales de la problemática que sacuden a los pobres del país y en tener un espíritu de resistencia y lucha de clases. "Nada de conciliación, dijo, contra Uribe y su mal gobierno, vamos todos".

Por su parte, Hepolidoro Laverde Suárez distribuyó una rifa para comenzar a tener fondos y poder abrir una cuenta de ahorros. Se mostró optimista y dispuesto a trabajar. Dijo que había presentado un proyecto al alcalde para facilitar el transporte a los niños del kilómetro 26 y que el alcalde se mostró dispuesto también a colaborar.

Ibagué, mayo 20 de 2008

Volver a la página principal

martes, 20 de mayo de 2008

MILITARES UTILIZAN A LOS CAMPESINOS COMO ESCUDOS HUMANOS EN SUR ORIENTE DEL TOLIMA


Por Nelson Lombana Silva

Mediante comunicado público, radicado en la defensoría regional del pueblo, (mayo 19 de 2008) de la ciudad de ibagué, Tolima, los campesinos de Dolores, municipio ubicado en el sur oriente de este departamento, denuncian las arbitrariedades que viene cometiendo los militares en la vasta zona, al utilizarlos como escudos humanos, violando las normas consagradas en el derecho internacional humanitario, DIH, y demás derechos constitucionales.

En el comunicado, los campesinos hacen un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional para que presionen al presidente Uribe a detener inmediatamente el accionar de los citados uniformados, en su condición de comandante supremo.

A partir del 11 de mayo, se instalaron en las casas de los campesinos Fenibal y Adán Novoa y, Benito Peña, habitantes del sector El Roble, vereda San Pedro, municipio de Dolores, convirtiendo los corredores de sus casas y el beneficiadero del café en sus dormitorios.

Con arrogancia, prepotencia e ironía, los uniformados alegan que estando allí la guerrilla no los atacará, convirtiendo de esta manera a los asustados campesinos en escudos humanos y de paso señalándolos como colaboradores.

Los campesinos señalan en el comunicado que no es la primera vez, ésta ha sido práctica recurrente de los militares en sus desplazamientos por la zona, sembrando el pánico entre los moradores que temen quedar en cualquier momento en medio del fuego cruzado o convertidos en objetivo militar.

Por los hechos narrados, dice la denuncia, "la población civil de la región, manifiesta su preocupación y rechazo por las arbitrariedades que realiza el ejército contra los campesinos, quienes son continuamente hostigados, amenazados y asesinados en muchas ocasiones por las fuerzas de seguridad del Estado colombiano".

Solicitan el respeto a la integridad física de los campesinos y al cumplimiento de las normas consagradas en los convenios internacionales vigentes en el país. Piden los campesinos que los comandantes y soldados que vienen violando la norma sean castigados ejemplarmente, se garantice la vida, la integridad física y moral, el libre ejercicio de las actividades y movilización de los habitantes del sur oriente del Tolima.

Finalmente, el comunicado hace un llamado a los campesinos y sus organizaciones populares a estar listos ante cualquier anomalía más que se pudiese presentar en lo sucesivo.

Ibagué, mayo 19 de 2008

lunes, 19 de mayo de 2008

¿Emisarios de quién?

*Carlos A. Lozano Guillén
Especial para el Semanario Voz. A raíz de que el Gobierno “autorizó a los doctores Álvaro Leyva Durán y Carlos A. Lozano Guillén para hacer contactos con las FARC en función del intercambio humanitario”, según las versiones de prensa, hemos recibido numerosas cartas fraternales preguntando sobre esta “designación” y hasta comentarios desobligantes, que no son del caso recordar.

Lo primero es decir que Leyva y Lozano no han sido nombrados mediadores, facilitadores o emisarios del Gobierno Nacional; tampoco de la guerrilla de las FARC. El Gobierno consideró conveniente autorizar contactos en función del intercambio humanitario. Eso y nada más. Los facilitadores autorizados son los “países amigos” y la Iglesia Católica. En este sentido, es pertinente decir que el intercambio humanitario y la paz son objetivos altruistas y revolucionarios, no pertenecen al ámbito de la coyuntura o de un momento determinado, sino que son objetivos estratégicos no importa las dificultades del proceso político. Entre otras cosas, el autor de esta columna recuerda, que así mismo se lo expresó en el año 2000, en un momento de dificultades en los diálogos del Caguán, el jefe de las FARC, Manuel Marulanda, en entrevista publicada en el periódico VOZ y luego reproducida en el libro Reportajes desde el Caguán.
El intercambio humanitario y la paz no le pertenecen a la derecha, obnubilada en los propósitos guerreristas y belicistas, alejados de la solución política negociada del conflicto. Ambos temas son del dominio de la izquierda, comprometida con objetivos nobles, altruistas y humanistas. Es parte de la naturaleza de la izquierda y de su diferencia con la derecha recalcitrante, autoritaria y despótica.

¿Qué persigue el presidente con ese aval para contactar a las FARC en la búsqueda del intercambio humanitario? A lo mejor seguir quemando las posibilidades de salidas pacíficas y humanitarias, pero ello no es óbice para actuar, no podemos cruzarnos de brazos y contemplar el paso de los días con episodios trágicos y de barbarie, propios del conflicto y de la crisis nacional. Lo importante es que existen factores importantes, favorables a las salidas políticas y al intercambio humanitario, entre ellos la presencia de la comunidad internacional, que se pronuncia en contravía de la guerra y de la mayor intensidad de la confrontación armada en Colombia.

Es evidente que la crisis política y la campaña uribista hacia la segunda reelección no son propicias para eventuales negociaciones del canje y de la paz, pero existen espacios políticos favorables, con apoyo exterior, como lo han dicho en días recientes los presidentes Chávez y Correa, para el acuerdo humanitario. El gobierno de Francia, pese a la oposición de Uribe, reconoce la importancia de la interlocución de Chávez, al tiempo que los “países amigos” continúan tocando puertas. ¿Por qué abstenernos de participar en este proceso?



Vías alternas para solucionar el conflicto armado

Bogotá, mayo 19 (Comunicaciones UPN). El tema que mereció la asistencia de estudiantes, docentes y funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional fue la consideración de alternativas pacíficas a la solución al conflicto armado colombiano en la conferencia “Diálogo: Una solución cierta al conflicto armado”, a cargo de Carlos Lozano Guillén, el director del semanario Voz.

Un selecto grupo del escenario político nacional e internacional también asistió al evento; personalidades como la doctora Adela Citarella, de la embajada de Italia; el doctor Luis Fernández, de la embajada de Cuba; el general Gustavo Balza, embajador de la República Argentina; Gustavo Oliva, ministro plenipotenciario de la embajada argentina; el doctor Raúl Alameda, secretario perpetuo de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; el doctor Ramón Jimeno, quien participó de una conferencia del Programa a propósito de las relaciones entre Colombia y Venezuela; Jorge Zabala Cubillos, director de la revista ¡alto ahí!; Gerardo Riva, representante de la Fundación para la Investigación y la Cultura (FICA), y Miguel Eduardo Cárdenas, coordinador de programa de Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol).

El evento inició con la presentación realizada por el doctor Alonso Ojeda Awad al conferencista invitado. Este giró en torno a la búsqueda de un consenso entre las partes involucradas en el conflicto, orientado, principalmente, hacia las vías políticas para abrir el escenario, donde múltiples actores reclaman avances en el marco de una posible salida del conflicto colombiano.

La necesidad de retomar el camino del diálogo y de mantener vigente la voluntad pacífica frente al conflicto, fueron descritas por Carlos Lozano Guillén desde su experiencia en la Comisión de la Paz, durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Cuando en una oportunidad pudo preguntar a Manuel Marulanda, comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sobre la importancia de mecanismos como el diálogo, a lo que respondió: “una revolución nunca debe arriar la bandera de la paz y de la solución política”. Después de este recuento, Lozano Guillén manifestó su deseo de que la respuesta de Marulanda siga teniendo vigencia en el discurso y en las acciones de las FARC.

Sobre el tema del intercambio humanitario, el director del semanario Voz señaló que este gesto “se convirtió en una puja de guerra”, criticando, a su vez, que los actos humanitarios no deberían tener condicionamientos o servir de mediadores de intereses.

Carlos Lozano Guillén expresó que en el mundo, actualmente, no existen las condiciones para un intercambio y, en consecuencia, las posibilidades de dar solución a un conflicto por vía de las armas. En cambio, la única salida de los actores del conflicto es tomar conciencia por la vía política negociada, cuyo sustento primordial sea el diálogo y la voluntad pacífica.

Con respecto a la reciente extradición de los 14 principales jefes paramilitares, el conferencista invitado al programa Pedagogía para la Paz dijo que el escenario para el diálogo en este marco está viciado por intereses muy concretos, que no permiten la realización de acciones orientadas a buscar salidas consensuadas y la legitimación de la búsqueda de la paz.

Para finalizar, se dejó abierta la posibilidad de que el doctor Jaime Bernal Cuéllar participe del próximo encuentro del programa Pedagogía de la Paz, con una ponencia sobre Convenios internacionales y Derecho Internacional Humanitario.