El viernes 19 de septiembre se llevó a cabo en Pasto una audiencia consultiva en relación con el proyecto de Ley 157 que cursa en el Congreso de la República. En el transcurso del Evento se hicieron serias denuncias en contra de los militares y paramilitares por el desconocimiento y violación de los Derechos Humanos.
En tanto estas denuncias se hacían ante miembros del Congreso y las demás instituciones que participaron del certamen, miembros del Batallón No 3 Cabal Mecanizado de la ciudad de Ipiales, arremetieron contra la Guardia Indígena del Resguardo de Cumbal, asesinando a sangre fría a dos integrantes de esa etnia, dejando a otro gravemente herido que busca su recuperación en el Hospital Universitario Departamental de Pasto.
Fue tanta la brutalidad empleada por los miembros del Grupo Cabal que participaron en este operativo, que a pesar de que los indígenas gritaban que no los mataran, que eran de Guardia Indígena, la respuesta fue el tiroteo sobre los cuerpos de estos seres humanos que dejaron sin vida a HUGO GILDARDO ALPALA TARAPUEZ y SEGUNDO OSWALDO TAPIÉ y gravemente herido a LUCIO TAPIÉ TINGUAL, en tanto que JOSÉ CELIMO AZA logró salvar su vida al tirarse en una zanja.
En reunión interinstitucional llevada a cabo en el lugar de los hechos el día sábado 20 de Septiembre en la que participaron funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el Procurador Provincial de Ipiales, Personero Municipal de Cumbal, Gobernación de Nariño, la Comunidad indígena del Resguardo, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Nariño y el Coronel MARCO VINICIO MAYORGA NIÑO, Comandante del Grupo Cabal de Ipiales, quien reconoció que estos hechos se sucedieron en contra de la Guardia Indígena del Resguardo de Cumbal que no pertenecían a ninguna banda delincuencial, por lo que asumió el compromiso de adelantar las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar, lo mismo que se obligo a reconocer y pagar los gastos que demanden tanto el sepelio de los occisos, como los costos que impliquen la recuperación integral de la salud del herido que se encuentra en el Hospital Departamental de Pasto.
La Comunidad del Resguardo de Cumbal hizo serios cuestionamientos a los militares que operan en esta zona por cuanto los están acabando a fuerza de ráfagas y proyectiles de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas; en igual forma denunciaron el estado brutal con que actúan los soldados bajo los efectos de sustancias alucinógenas y de hambre, lo que los lleva a exigir a los indígenas por una parte a que les suministren alimentos en tanto que las familias que transportan sus remesas del vecino País de Ecuador son víctimas del hurto de sus mercancías y productos de la canasta familiar por parte de los militares, como también el cobro de multas y suministro de combustible al retenerles sus motocicletas que utilizan para el transporte de leche desde las Veredas a la cabecera municipal. Bajo el entendimiento y el compromiso asumido por el Coronel MAYORGA NIÑO, la Comunidad espera que las investigaciones arrojen resultados positivos a favor de esta, en la esperanza de que estos actos no se vuelvan a repetir.
Es de anotar que en este caso se alteró la escena del crimen bajo el entendido que a los miembros de la Guardia Indígena les decomisaron 3 escopetas calibre 16 que pasaron luego a manos del Batallón Grupo Cabal No 3 de Ipiales y que a pesar de haberse hecho el levantamiento de cadáveres por parte de funcionarios del CTI de Ipiales, estas no fueron entregadas en su oportunidad por los militares en aras de que hagan parte de los medios probatorios en el proceso de investigación penal que se adelantará.
EDGAR MONTILLA GONZALEZ
Defensor de Derechos Humanos
En tanto estas denuncias se hacían ante miembros del Congreso y las demás instituciones que participaron del certamen, miembros del Batallón No 3 Cabal Mecanizado de la ciudad de Ipiales, arremetieron contra la Guardia Indígena del Resguardo de Cumbal, asesinando a sangre fría a dos integrantes de esa etnia, dejando a otro gravemente herido que busca su recuperación en el Hospital Universitario Departamental de Pasto.
Fue tanta la brutalidad empleada por los miembros del Grupo Cabal que participaron en este operativo, que a pesar de que los indígenas gritaban que no los mataran, que eran de Guardia Indígena, la respuesta fue el tiroteo sobre los cuerpos de estos seres humanos que dejaron sin vida a HUGO GILDARDO ALPALA TARAPUEZ y SEGUNDO OSWALDO TAPIÉ y gravemente herido a LUCIO TAPIÉ TINGUAL, en tanto que JOSÉ CELIMO AZA logró salvar su vida al tirarse en una zanja.
En reunión interinstitucional llevada a cabo en el lugar de los hechos el día sábado 20 de Septiembre en la que participaron funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el Procurador Provincial de Ipiales, Personero Municipal de Cumbal, Gobernación de Nariño, la Comunidad indígena del Resguardo, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Nariño y el Coronel MARCO VINICIO MAYORGA NIÑO, Comandante del Grupo Cabal de Ipiales, quien reconoció que estos hechos se sucedieron en contra de la Guardia Indígena del Resguardo de Cumbal que no pertenecían a ninguna banda delincuencial, por lo que asumió el compromiso de adelantar las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar, lo mismo que se obligo a reconocer y pagar los gastos que demanden tanto el sepelio de los occisos, como los costos que impliquen la recuperación integral de la salud del herido que se encuentra en el Hospital Departamental de Pasto.
La Comunidad del Resguardo de Cumbal hizo serios cuestionamientos a los militares que operan en esta zona por cuanto los están acabando a fuerza de ráfagas y proyectiles de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas; en igual forma denunciaron el estado brutal con que actúan los soldados bajo los efectos de sustancias alucinógenas y de hambre, lo que los lleva a exigir a los indígenas por una parte a que les suministren alimentos en tanto que las familias que transportan sus remesas del vecino País de Ecuador son víctimas del hurto de sus mercancías y productos de la canasta familiar por parte de los militares, como también el cobro de multas y suministro de combustible al retenerles sus motocicletas que utilizan para el transporte de leche desde las Veredas a la cabecera municipal. Bajo el entendimiento y el compromiso asumido por el Coronel MAYORGA NIÑO, la Comunidad espera que las investigaciones arrojen resultados positivos a favor de esta, en la esperanza de que estos actos no se vuelvan a repetir.
Es de anotar que en este caso se alteró la escena del crimen bajo el entendido que a los miembros de la Guardia Indígena les decomisaron 3 escopetas calibre 16 que pasaron luego a manos del Batallón Grupo Cabal No 3 de Ipiales y que a pesar de haberse hecho el levantamiento de cadáveres por parte de funcionarios del CTI de Ipiales, estas no fueron entregadas en su oportunidad por los militares en aras de que hagan parte de los medios probatorios en el proceso de investigación penal que se adelantará.
EDGAR MONTILLA GONZALEZ
Defensor de Derechos Humanos
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