Sobre la acusación de “roscograma”

Por Alvaro Vásquez
Un nuevo pleito se ha ganado el Gobierno con la administración de justicia a propósito de su ofensiva contra ésta, acusándola de clientelismo y de favorecimiento a sus allegados, que se estigmatiza con el apelativo de «roscograma». Estas injurias han exacerbado los choques del Ejecutivo con las cortes y el poder judicial, a los cuales seguramente seguirán otros, avivados por el espíritu agresivo y provocador que caracteriza el estilo del gobierno actual.

Pero más allá de los incidentes que este tema y otros varios puedan tener, hay que buscar las razones de fondo por las cuales se alimentan las confrontaciones internas del sistema, sobre todo en la etapa en que las revelaciones de la parapolítica han abierto un escenario de escándalos y de crisis que golpean la gobernabilidad general.

Es claro que el objetivo principal de los sectores gobernantes es dar la sensación de que se ha desmontado el paramilitarismo como parte de su programa bandera de «seguridad democrática », programa que a su vez disfraza la política general de confrontación armada contrainsurgente.
Porque esa política de desmonte formal del paramilitarismo está concebida al mismo tiempo, para dejar incólume la responsabilidad de los sectores gobernantes, que idearon y llevaron a la práctica la creación de una fuerza paralela auxiliar del Ejército oficial, que pudiera cometer toda clase de crímenes sin que aparecieran sus verdaderos autores.

El logro de esa maniobra, sin embargo, no es fácil de coronar porque implica esconder el hecho histórico de la responsabilidad directa del poder en el ejercicio tenaz de una violencia sin límites para imponerse sobre la rebeldía popular. De allí provienen todas las desesperadas maniobras del Gobierno, destinadas a proteger sus cuadros políticos, sus Fuerzas Militares y a los empresarios que lo promueven y le dan buena parte de su prestigio y popularidad. Y como hay sectores de la sociedad y del propio sistema de poder que no están acordes con esta falsificación histórica, el Presidente y sus incondicionales se revuelven contra ellos y reparten amenazas, insultos y calumnias, con su típico formato de Gobierno, basado en el autoritarismo y la arbitrariedad.

Ante tales expresiones de abuso de poder, el movimiento popular está en la obligación de defender los cuestionamientos que se hacen a la llamada desmovilización de los paramilitares, que no es sino una farsa repugnante y a luchar por una verdadera renovación de la política colombiana, llegando hasta el fondo de las responsabilidades de la clase gobernante.

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