DEL ESTATUTO DE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Por Nelson Lombana Silva
Se acentúa la dependencia de Colombia de los Estados Unidos con la política trazada por el presidente norteamericano, James Monroe, a mediados del siglo XIX, sintetizada en: "América para los americanos", por cuanto se auto declara policía del continente, con derecho a meterse en los asuntos internos de cualquier país, con la disculpa de peligrar su seguridad y sus intereses económicos.

Su dominio a lo largo de la historia es imperial, agresivo y violento. En 1912, el presidente norteamericano de la época, William H. Taft, sostenía sin inmutarse: "Todo el hemisferio será nuestro de hecho, como en virtud de nuestra superioridad de raza, ya es nuestro moralmente".[i]

Su principal relación con nuestro país es violenta, gracias a la pusilanimidad de la clase dirigente. Su expresión más contundente tiene que ver con su política de la doctrina de la seguridad nacional y que tuvo desarrollo en la tenebrosa "escuela de las Américas", que funcionó durante algún tiempo en Panamá. Allí se prepararon militares colombianos para luego reprimir cobarde y criminalmente al pueblo colombiano, concretamente a la oposición al régimen liberal – conservador.

Estatuto de Seguridad
Terminada la década de 1970, las fuerzas militares toman el control del país, tras la máscara presidencial y de la supuesta "democracia". El 7 de agosto de 1978, toma la presidencia, Julio Cesar Turbay Ayala, un oscuro turco, gangoso, astuto y taimado. Era militarista a ultranza, pues había sido ministro de la junta militar que gobernó a Colombia en 1958, además, como congresista presentó sendos proyectos de leyes para beneficiar y aumentar los sueldos de los altos mandos.
En el primer mes de su nefasto y antipopular mandato, Turbay sancionó el terrorífico Estatuto de Seguridad, al amparo del Estado de Sitio. Prácticamente, lo traía bajo el brazo. Con todas las arbitrariedades reseñadas por defensores de derechos humanos y connotados juristas del país, la corte suprema de justicia lo declara exequible.

Ni más ni menos, las fuerzas militares y de policía, fueron investidas de facultades judiciales, se inventaron supuestos delitos que atentaban contra el orden público y condenas exageradas. Por ejemplo, una contravención que era sancionada con 30 días de arresto, ahora era de uno a cinco años de prisión. Las condenas proferidas por los comandantes de brigada, carecían de recurso de apelación, es decir, segunda instancia.

Se criminalizó la oposición política en Colombia, es decir, todo tipo de protesta: sindical, popular, libre circulación y expresión, etc. Toda manifestación de inconformidad era catalogada y castigada como subversiva.

El militarismo más recalcitrante era el protagonista, con el aval incondicional de los Estados Unidos, en los últimos dos años del mandato de Alfonso López Miquelsen y la administración de Turbay Ayala. Éstos eran simples arlequines.

En diciembre de 1979, fue editada por el comando del ejército, con el sello de "restringido" el "manual de instrucciones generales para operaciones contra – guerrillas", en uno de sus acápites se lee: "Se establece que se deben organizar grupos de autodefensa (paramilitares) a nivel de caserío y veredas con el fin de que los habitantes del área contribuyan en forma activa en la lucha".[ii]

Otro de las siniestras consecuencias del Estatuto de Seguridad es la tecnificación de la tortura, pues esta se hizo sistemática, tecnificada, "científica", la doctrina de la seguridad nacional propuesta por los Estados Unidos, con el argumento del enemigo interno.
En esas condiciones estaba en la mira de la represión los sindicalistas, los estudiantes, docentes, intelectuales, algunos periodistas, algunos sacerdotes y por supuesto, los comunistas, los demócratas y militantes de izquierda.

El asesino general Fernando Landazábal Reyes, sostenía: "Nada más nocivo para el curso de las operaciones contrarrevolucionarias que dedicar todo el esfuerzo al combate y represión de las organizaciones armadas del enemigo, dejando en plena capacidad de ejercicio libre de acción a la dirección política del movimiento".[iii]

Se impuso dramáticamente la sentencia del mayor Ñunpo: "Es mejor condenar a un inocente que dejar en libertad a un guerrillero". En el primer año del crudo mandato Turbayista, según datos estadísticos del mismo ministerio de defensa, fueron privados de la libertad 60.000 personas.
Los medios de comunicación se pusieron a la orden de los militares y del Estatuto de Seguridad, aplicando sin descaro la censura y la autocensura. También algunos "médicos fueron fundamentales para indicarle al torturador cuándo debía detenerse: justo antes que el cerebro, el corazón o los pulmones le estallaran a la víctima que aún no debía morir".[iv]

Son apenas acápites del alcance monstruoso del tenebroso Estatuto de Seguridad que tanta sangre humilde, tanta tortura, tanto desplazamiento, tanto dolor humano, tantas lágrimas, tanto desaparecido se sucedió en Colombia.

Pero lo más grave es que este genocidio no es cosa del pasado. Porque el narcotraficante y paramilitar presidente Uribe Vélez, también obedeciendo los dictámenes de los Estados Unidos en cabeza de George W. Bush, implementa su estatuto quizás más criminal que el anterior intitulado: "Seguridad Democrática".

A la sombra de éste, viene violando los derechos humanos, matando la oposición política, desplazando, desapareciendo, originando detenciones masivas, estigmatizando, sindicando a todo luchador por la paz y la democracia de terrorista, negando que en Colombia hay un conflicto social y político hace más de 40 años y cuyas causas permanecen ahí, sin resolver.
En esos términos hay que reconocer que el país se ha mantenido en las garras del terrorismo de Estado. Ayer era "El estatuto de Seguridad" de Julio Cesar Turbay Ayala, hoy es "La Seguridad democrática" de Álvaro Uribe Vélez.

Una guerra contra el pueblo, que el partido comunista colombiano rechaza, condena y repudia. Y a su vez, exhorta a las fuerzas de izquierda condensadas en el Polo Democrático Alternativo, PDA, a la unidad, la organización y la acción de masas, en aras de construir una sociedad democrática que garantice la construcción del Socialismo.

Ibagué, Diciembre 21 de 2008

[i] CALVO OSPINA, Hernando. Colombia laboratorio de embrujos, democracia y terrorismo de Estado. Foca ediciones y distribuciones generales, S.L. 2008, página consultada 31.[ii] Íbid. Página consultada 128.[iii] Íbid. Página consultada 128[iv] Íbid. Página consultada 129

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