El uribazo: Corte confirma compra-venta de reelección

Insólitas contradicciones presidenciales

El Nuevo Siglo

Una diatriba contra la Corte Suprema de Justicia fue lo que emitió el presidente de la República en su alocución radiotelevisada de medianoche.

Y así fue al conocerse el prontuario de las corruptelas que surgieron de la comprobada coyunda para torcer de negativo a positivo el proyecto de reelección presidencial inmediata, desviando ilegítimamente el poder, según la Corporación, y que presupone la sanción judicial sobre varios protagonistas más. No puede, determinó la Corte, justificarse fines políticos con medios inmorales, en lo que cualquier colombiano, hasta el más desprevenido, está de acuerdo.

Frente a ello, el presidente ipso facto y sobre la marcha, recusó la decisión sobre Yidis Medina, calificándola de “autoincriminación”, como si tal circunstancia no hubiera sido sometida debidamente al acervo probatorio puesto que, en efecto, la confesión no es prueba si no está cotejada en los documentos y las pesquisas que han causado pasmo en la nación.

Habló el presidente de antecedentes delictivos de Medina, sin que conste fallo ninguno que así lo acredite. Se abstuvo, ciertamente, de aducir demencia como lo había sugerido a través de su abogado, pues el dictamen de Medicina Legal demostró que estaba plenamente lúcida.

Y luego, fruto del estado de ánimo presidencial, acusó a la Corte de abuso de poder, usurpación de competencias, justicia selectiva, de atemorizar al Congreso y de prestarse a la trampa del terrorismo.

Nunca, en la historia del país, se había presentado semejante rosario, lo que demuestra el tamaño de lo que está en juego.

Un hecho que, sin duda, no sólo corrobora el crac institucional, sino colabora en la tensión económica, la desconfianza inversionista y el demérito internacional. Es la hecatombe por donde menos se pensaba, con visos incalculables y de una incertidumbre inverecunda.

Bajo esa sombrilla, los áulicos saldrán a zaherir a la Corte y fundamentarse en sondeos y zalamerías. Sin embargo, nada bueno suele aposentarse en el tumulto.

Lo sentenciado por la Corte es irreversible y ejemplificante y se mantendrá por el camino de su propia facultad y majestad constitucionales, porque está demostrado que no se arredra.

¿Qué hará el Presidente cuando se profundicen las investigaciones de la Fiscalía sobre sus subordinados, como tendrá que ocurrir acorde con el fallo contra Medina?

El camino correcto, afirmó el primer mandatario, debe ser la regla democrática. No obstante, el credo democrático, que se jura hasta en las posesiones más inanes, es cumplir la Constitución y la ley, comenzando por las sentencias de los jueces.

Es lo que va del credo a la regla, del sistema al parágrafo, de la doctrina al inciso. Y en tal caso todas las corporaciones judiciales tendrán que respaldar a la Corte Suprema.

Y de colofón a la diatriba, el presidente sorprendió al sostener que convocará al Congreso para tramitar una ley de referendo para ordenar la repetición de las elecciones de 2006.

Sorprendió, no por el animus reeleccionista que palpita en la propuesta, sino porque paradójica e implícitamente reconoce que la Corte tiene razón.

Así lo hace al sustentar el referendo en el requerimiento de subsanar el acto espurio en que se funda su segundo mandato.

¿Si no es así para que nuevas elecciones? Además nadie discute los siete millones de votos, que están exentos de debate. Lo que se controvierte es la compraventa de la figura de la reelección presidencial inmediata.

Incurre en otra contradicción el primer mandatario al decir que convocará a un referendo para los efectos señalados. No puede ser así, tanto en cuanto este instrumento está establecido para reformar artículos determinados y explícitos de la Constitución, única y exclusivamente.

O sea, que en ningún caso el referendo puede servir para repetir elecciones, mucho menos cuando ellas ni siquiera han sido anuladas por las autoridades pertinentes.

Estará más bien pensando en un plebiscito, pero éste no puede abrogarse facultades de otros órganos, como los contenciosos y electorales, que son los autorizados para anular elecciones.

Además, según la ley, el plebiscito necesita de una votación de la mitad del censo electoral, catorce millones de votos. Y si lo que pretende es una consulta no es la vía clara al respecto.

En cualquier caso tendrá que justificarse de antemano en la ilegitimidad del asunto, que es el punto central de la Corte. ¿Entonces por qué la ataca?.

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