El espionaje y las “chuzadas” del DAS
Las carpetas de la infamia
Publicado en ★VOZ, ed. 2498 del 1 de julio de 2009
*Unidad investigativa
No sólo los ex directores del DAS están comprometidos; los hilos conducen a la “Casa de Nari”. Uribe Vélez utilizó la información clasifi cada para atacar de manera pública a magistrados, políticos de la oposición y a periodistas. No puede argumentar que nada sabía y que todo fue a sus espaldas. Lo que había en el DAS era un concierto para delinquir. Es algo muy grave de lo cual debe responder el presidente Álvaro Uribe Vélez
Son 103 carpetas, con más de dos mil folios cada una, que contiene la información clasificada, desde 2004, de los seguimientos y “chuzadas” del DAS, en complicidad con otros organismos de inteligencia, en particular la Dipol, que preparaban informes que llegaban hasta el mismo despacho del presidente en la “Casa de Nari”. Uribe Vélez, en varias ocasiones, al menos en los casos del maestro Carlos Gaviria Díaz, el Colectivo Alvear Restrepo, de varias ONG y los periodistas Carlos Lozano y Hollman Morris, utilizó dicha información secreta para atacarlos de manera pública y señalarlos de ser miembros de las FARC o de hacerles el juego a los terroristas. Cada alusión de esas en el pasado lo compromete, ahora no puede decir que no conocía lo que se llama “la olla podrida del DAS”. Varios de los informes que allí reposan son casi idénticos a los señalamientos que Uribe Vélez hizo en su momento.
Pero las carpetas son más. Algunas que nunca aparecieron y quizás fueron destruidas y otras que fueron “legalizadas”, porque los seguimientos y las chuzadas obtuvieron la autorización de un fiscal en el curso de la investigación de cualquier proceso, pero una vez lograda la información se sacó del mismo con el argumento que no había nada substancial y se conservó en las carpetas confidenciales del G-3.
El hedor de la información
Con toda razón, el fiscal Mario Iguarán dijo que se percibía un hedor al leer el contenido de las carpetas de la infamia. No eran simples “chuzadas” o seguimientos inofensivos, como lo quiere presentar el actual director del DAS, Felipe Muñoz Gómez; o “acciones irresponsables de manzanas podridas”, como lo explican desde la “Casa de Nari”. El programa, que incluía el espionaje a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, costaba un verdadero dineral (tanto del presupuesto ordinario como de gastos reservados), de tal manera que no podía pasar desapercibido al control de los directores del DAS o de los más altos funcionarios del Gobierno Nacional y la Presidencia de la República.
Era un programa de “inteligencia ofensiva”, útil para la seguridad nacional según sus apologistas, que incorporaba elementos como inteligencia, espionaje, chuzadas, seguimientos, amenazas, “propaganda negra”, información para judicializar y hasta ejecuciones extrajudiciales. Está comprobado que buena parte de esa información le fue entregada a los paramilitares de “Jorge 40” por el entonces director Jorge Noguera, para el asesinato de académicos y sindicalistas en la Costa Atlántica. También que desde allí se adelantaron amenazas y hostilidades contra Soraya Gutiérrez del Colectivo Alvear Restrepo (le colocaron una muñeca ensangrentada al frente de su vivienda) y los periodistas Daniel Coronell, Hollman Morris y Carlos Lozano, los tres que recibieron el mismo día coronas enviadas a su sepelio. De esa oficina del DAS se difundieron por correo electrónico los montajes fotográficos grotescos para desprestigiar a la senadora Piedad Córdoba y al periodista Carlos Lozano. El objetivo era neutralizar las denuncias de violación de derechos humanos contra el Gobierno o de ejecutar a sus autores. El tipo de información que acopiaban conduce a esa conclusión.
Odio a los derechos humanos
El programa lo ejecutaban el G-3 (inteligencia estratégica) y otro que actuaban a nivel internacional, el GONI. Los activistas de derechos humanos eran seguidos en sus viajes al exterior. Hay informes y fotografías de Alirio Uribe del Colectivo Alvear Restrepo y de Gustavo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas. En el caso de Carlos Lozano fue seguido y fotografiado en un viaje a Brasil el 29 de julio de 2004.
La información contemplaba el perfil de cada víctima, de sus familiares, rutinas, contactos y todos los desplazamientos. Lo cual presupone que el G-3 tenía información detallada de las personas sometidas a este tratamiento. Utilizaba fuentes humanas (informantes) y técnicas (interceptaciones telefónicas, de correos electrónicos, seguimientos y fotografías). Acudía a medios de soporte de inteligencia como recoger la basura en las oficinas de ONG, partidos y otras (en VOZ se denunció en 2005 que la basura de su sede era llevada completa en una carretilla por aparentes recicladores, que no la esculcaban ni la dejaban para ser evacuada por el carro recolector) o también a otros métodos más peligrosos y agresivos como simular robos para llevarse los discos duros o de ingresar a las residencia de reconocidos dirigentes, como a la de Alirio Uribe, de la cual los miembros de inteligencia del DAS tenían las llaves.
Actividad delictiva
“Es una información completa, que sólo puede explicarse en la intención de aniquilar el objetivo”, aseguró un ex detective del DAS, experto en estos asuntos. En los documentos hay una especie de acta en que Jorge Noguera le reclama al G-3 que ese material no sirve para abrir procesos judiciales, se podría entender que sólo dejaba abierta la otra opción…
En la actividad delictiva del DAS eran prioritarias las organizaciones de derechos humanos, en coincidencia con el discurso agresivo y descalificador del presidente Uribe contra las mismas. Todo lo que tuviera que ver con la Corte Penal Internacional, los organismos internacionales
y las víctimas, despertaba la sospecha de los sabuesos. No se salvaron de los seguimientos las embajadas y sus funcionarios, como tampoco ilustres visitantes: miembros de parlamentos, ONG internacionales, agencias de cooperación, la Premio Nobel de Paz Shirin Ebadi y Susana Villarán, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que adelantaba el conocimiento de crímenes de Estado y de violaciones a derechos humanos en Colombia. La palabra derechos humanos era peligrosa para ellos.
Otro frente que llamó la atención fue el del sabotaje, porque se proponían impedir la Semana por la Paz de Redepaz y sabotearon un proyecto de convenio entre Inravisión y el Colectivo de Abogados “Alvear Restrepo”. La paranoia era tal que ordenaron la investigación de los concejales de Bogotá que aprobaron el acuerdo de enseñar derechos humanos en las escuelas y colegios públicos del distrito. Hasta hicieron despedir a una profesora de un colegio del norte de Bogotá, porque recomendaba a sus alumnos la lectura de los libros de Alfredo Molano. ¡Como en los tiempos del fascismo! Y todo justificado en la “seguridad democrática”.
Contra el Director de VOZ
En el caso de Carlos Lozano, director de VOZ, existe copiosa información de sus desplazamientos, reuniones y contactos, así como su perfil y el de sus familiares. En los seguimientos del dirigente comunista y conocido periodista, participaron también agentes de la Dipol, pues el 6 de enero de 2006 fueron detenidos los integrantes de esta institución, Carlos Alberto Porras Becerra y Jorge Enrique Hurtado Mejía, cuando le hacían seguimiento y lo filmaban en sus desplazamientos.
El 17 de agosto de 2006 en el aeropuerto El Dorado, cuando Lozano esperaba una delegación de Justice for Colombia de Gran Bretaña, integrada por parlamentarios y sindicalistas de este país, cuatro miembros del DAS (portaban chaleco con los distintivos) se dedicaron a fotografiarlo y a filmar al periodista y a sus acompañantes. Cuando protestó ante el entonces director Andrés Peñate, éste negó que esas personas fueran del DAS. Siempre hubo la misma explicación y la misma negativa. El Director de VOZ también reclamó porque eran evidentes las “chuzadas” de sus teléfonos y los seguimientos hostiles, pero la respuesta siempre fue la misma: “No es cierto”.
Publicado en ★VOZ, ed. 2498 del 1 de julio de 2009
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Las carpetas de la infamia
Publicado en ★VOZ, ed. 2498 del 1 de julio de 2009
*Unidad investigativa
No sólo los ex directores del DAS están comprometidos; los hilos conducen a la “Casa de Nari”. Uribe Vélez utilizó la información clasifi cada para atacar de manera pública a magistrados, políticos de la oposición y a periodistas. No puede argumentar que nada sabía y que todo fue a sus espaldas. Lo que había en el DAS era un concierto para delinquir. Es algo muy grave de lo cual debe responder el presidente Álvaro Uribe Vélez
Son 103 carpetas, con más de dos mil folios cada una, que contiene la información clasificada, desde 2004, de los seguimientos y “chuzadas” del DAS, en complicidad con otros organismos de inteligencia, en particular la Dipol, que preparaban informes que llegaban hasta el mismo despacho del presidente en la “Casa de Nari”. Uribe Vélez, en varias ocasiones, al menos en los casos del maestro Carlos Gaviria Díaz, el Colectivo Alvear Restrepo, de varias ONG y los periodistas Carlos Lozano y Hollman Morris, utilizó dicha información secreta para atacarlos de manera pública y señalarlos de ser miembros de las FARC o de hacerles el juego a los terroristas. Cada alusión de esas en el pasado lo compromete, ahora no puede decir que no conocía lo que se llama “la olla podrida del DAS”. Varios de los informes que allí reposan son casi idénticos a los señalamientos que Uribe Vélez hizo en su momento.
Pero las carpetas son más. Algunas que nunca aparecieron y quizás fueron destruidas y otras que fueron “legalizadas”, porque los seguimientos y las chuzadas obtuvieron la autorización de un fiscal en el curso de la investigación de cualquier proceso, pero una vez lograda la información se sacó del mismo con el argumento que no había nada substancial y se conservó en las carpetas confidenciales del G-3.
El hedor de la información
Con toda razón, el fiscal Mario Iguarán dijo que se percibía un hedor al leer el contenido de las carpetas de la infamia. No eran simples “chuzadas” o seguimientos inofensivos, como lo quiere presentar el actual director del DAS, Felipe Muñoz Gómez; o “acciones irresponsables de manzanas podridas”, como lo explican desde la “Casa de Nari”. El programa, que incluía el espionaje a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, costaba un verdadero dineral (tanto del presupuesto ordinario como de gastos reservados), de tal manera que no podía pasar desapercibido al control de los directores del DAS o de los más altos funcionarios del Gobierno Nacional y la Presidencia de la República.
Era un programa de “inteligencia ofensiva”, útil para la seguridad nacional según sus apologistas, que incorporaba elementos como inteligencia, espionaje, chuzadas, seguimientos, amenazas, “propaganda negra”, información para judicializar y hasta ejecuciones extrajudiciales. Está comprobado que buena parte de esa información le fue entregada a los paramilitares de “Jorge 40” por el entonces director Jorge Noguera, para el asesinato de académicos y sindicalistas en la Costa Atlántica. También que desde allí se adelantaron amenazas y hostilidades contra Soraya Gutiérrez del Colectivo Alvear Restrepo (le colocaron una muñeca ensangrentada al frente de su vivienda) y los periodistas Daniel Coronell, Hollman Morris y Carlos Lozano, los tres que recibieron el mismo día coronas enviadas a su sepelio. De esa oficina del DAS se difundieron por correo electrónico los montajes fotográficos grotescos para desprestigiar a la senadora Piedad Córdoba y al periodista Carlos Lozano. El objetivo era neutralizar las denuncias de violación de derechos humanos contra el Gobierno o de ejecutar a sus autores. El tipo de información que acopiaban conduce a esa conclusión.
Odio a los derechos humanos
El programa lo ejecutaban el G-3 (inteligencia estratégica) y otro que actuaban a nivel internacional, el GONI. Los activistas de derechos humanos eran seguidos en sus viajes al exterior. Hay informes y fotografías de Alirio Uribe del Colectivo Alvear Restrepo y de Gustavo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas. En el caso de Carlos Lozano fue seguido y fotografiado en un viaje a Brasil el 29 de julio de 2004.
La información contemplaba el perfil de cada víctima, de sus familiares, rutinas, contactos y todos los desplazamientos. Lo cual presupone que el G-3 tenía información detallada de las personas sometidas a este tratamiento. Utilizaba fuentes humanas (informantes) y técnicas (interceptaciones telefónicas, de correos electrónicos, seguimientos y fotografías). Acudía a medios de soporte de inteligencia como recoger la basura en las oficinas de ONG, partidos y otras (en VOZ se denunció en 2005 que la basura de su sede era llevada completa en una carretilla por aparentes recicladores, que no la esculcaban ni la dejaban para ser evacuada por el carro recolector) o también a otros métodos más peligrosos y agresivos como simular robos para llevarse los discos duros o de ingresar a las residencia de reconocidos dirigentes, como a la de Alirio Uribe, de la cual los miembros de inteligencia del DAS tenían las llaves.
Actividad delictiva
“Es una información completa, que sólo puede explicarse en la intención de aniquilar el objetivo”, aseguró un ex detective del DAS, experto en estos asuntos. En los documentos hay una especie de acta en que Jorge Noguera le reclama al G-3 que ese material no sirve para abrir procesos judiciales, se podría entender que sólo dejaba abierta la otra opción…
En la actividad delictiva del DAS eran prioritarias las organizaciones de derechos humanos, en coincidencia con el discurso agresivo y descalificador del presidente Uribe contra las mismas. Todo lo que tuviera que ver con la Corte Penal Internacional, los organismos internacionales
y las víctimas, despertaba la sospecha de los sabuesos. No se salvaron de los seguimientos las embajadas y sus funcionarios, como tampoco ilustres visitantes: miembros de parlamentos, ONG internacionales, agencias de cooperación, la Premio Nobel de Paz Shirin Ebadi y Susana Villarán, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que adelantaba el conocimiento de crímenes de Estado y de violaciones a derechos humanos en Colombia. La palabra derechos humanos era peligrosa para ellos.
Otro frente que llamó la atención fue el del sabotaje, porque se proponían impedir la Semana por la Paz de Redepaz y sabotearon un proyecto de convenio entre Inravisión y el Colectivo de Abogados “Alvear Restrepo”. La paranoia era tal que ordenaron la investigación de los concejales de Bogotá que aprobaron el acuerdo de enseñar derechos humanos en las escuelas y colegios públicos del distrito. Hasta hicieron despedir a una profesora de un colegio del norte de Bogotá, porque recomendaba a sus alumnos la lectura de los libros de Alfredo Molano. ¡Como en los tiempos del fascismo! Y todo justificado en la “seguridad democrática”.
Contra el Director de VOZ
En el caso de Carlos Lozano, director de VOZ, existe copiosa información de sus desplazamientos, reuniones y contactos, así como su perfil y el de sus familiares. En los seguimientos del dirigente comunista y conocido periodista, participaron también agentes de la Dipol, pues el 6 de enero de 2006 fueron detenidos los integrantes de esta institución, Carlos Alberto Porras Becerra y Jorge Enrique Hurtado Mejía, cuando le hacían seguimiento y lo filmaban en sus desplazamientos.
El 17 de agosto de 2006 en el aeropuerto El Dorado, cuando Lozano esperaba una delegación de Justice for Colombia de Gran Bretaña, integrada por parlamentarios y sindicalistas de este país, cuatro miembros del DAS (portaban chaleco con los distintivos) se dedicaron a fotografiarlo y a filmar al periodista y a sus acompañantes. Cuando protestó ante el entonces director Andrés Peñate, éste negó que esas personas fueran del DAS. Siempre hubo la misma explicación y la misma negativa. El Director de VOZ también reclamó porque eran evidentes las “chuzadas” de sus teléfonos y los seguimientos hostiles, pero la respuesta siempre fue la misma: “No es cierto”.
Publicado en ★VOZ, ed. 2498 del 1 de julio de 2009
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